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Ius et ratio
Por Arturo Rubio Ruiz
La Paz, Baja California Sur (BCS). El próximo 14 de febrero, deberá renovarse la plantilla de integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el entendido que ningún consejero puede reelegirse, con excepción del presidente, que permanece en el encargo mientras sea al mismo tiempo presidente del Tribunal.
Conforme a lo establecido en el Artículo 95 la Constitución del Estado, el presidente del Tribunal de Justicia estatal solo puede durar 3 años en el encargo, pero como en Baja California Sur la Constitución es letra muerta, con la complicidad por omisión del gobernador y gracias a la ignorancia e indolencia de nuestros diputados locales, el actual magistrado presidente del Tribunal de Justicia estatal detenta el encargo por 11 años, tras su cuarta “reelección” directa y consecutiva.
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El gobernador tiene la obligación de denunciar ante el Congreso dicha violación constitucional, y el Congreso debe actuar en consecuencia, instaurando el procedimiento que pudiera tener como consecuencia la destitución del magistrado presidente; pero el primero no denuncia y los diputados, aun pudiendo actuar de oficio, por ignorancia, negligencia y carencia de asesoría parlamentaria adecuada, son simples observadores mudos del ilegal actuar del titular de los designios que emite el Tribunal Superior de Justicia.
Con el escenario planteado, se renueva el Consejo de la Judicatura local. Cuatro consejeros entonces, serán removidos. Uno será designado por el gobernador, otro por el Congreso del Estado, y dos más por el pleno, bajo la férula del presidente del Tribunal, quien seguirá teniendo el control decisorio, pues el Consejo de la Judicatura, dada la sumisión y dependencia de sus integrantes, es un mero apéndice caro, una simulación, un costoso parapeto que pretende legitimar el control vertical que ejerce el presidente del Tribunal, con la solapadora venia del gobernador, y la penosa ignorancia inoperante de nuestros diputados locales.
El presidente en turno, por conducto del Pleno, elige a dos representantes: un magistrado y un juez. El magistrado será uno de sus incondicionales, y como “representante” de los jueces, la elección recaerá seguramente en una funcionaria judicial, cuyo mayor mérito es el ser actualmente y desde hace dos años… la secretaria particular del presidente.
El tercer consejero, será designado de manera directa, sin concurso ni examinación, con secrecía y en la privacidad de su despacho, por el gobernador, y el nombramiento recaerá sobre uno de sus allegados, alguno sin mayores aspiraciones en la próxima contienda electoral, y con los méritos suficientes para ganarse esta beca de ocio por los próximos cuatro años, con sueldo completo y prestaciones de primer nivel.
El último consejero será nombrado por el Congreso, mediante votación secreta, y la beca que ello implica se disputa entre un exmagistrado judicial, del grupo leonelista, dos “defensores” de los derechos humanos, un abogado civilista, y un asesor del Congreso, uno de ésos cuyas directrices poco afortunadas alimentaron el conflicto al seno del Congreso, que nos llevó a calificar la actual legislatura como la peor de la historia en el Estado.
En resumen, por el sistema de designación de sus integrantes, el Consejo seguirá siendo una burla, un mal chiste, y chiste caro.
A menos que el próximo gobernador y/o la nueva legislatura tomen cartas en el asunto y lleven a cabo una reforma judicial integral, constitucional y orgánica, el Tribunal de Justicia y la charada denominada “Consejo de la Judicatura”, seguirán siendo el coto de poder de un grupúsculo, al servicio del gobernador en turno.
Tal como está actualmente integrado, atendiendo a su ley orgánica, el Consejo carece de autonomía pues responde ante el Pleno, en casos de responsabilidad patrimonial1 quejas administrativas2 o responsabilidad administrativa3 depende presupuestalmente del presidente del TSJE4; sus actuarios dependen presupuestal, orgánica y jerárquicamente, del TSJE5 y las facultades de autoridad, supervisión y determinación, están reservadas en exclusiva para el presidente, y no se ejercen de manera colegiada ni se delibera en conjunto6.
En resumen, por su estructura, organización, funcionamiento y dependencia, el llamado Consejo de la Judicatura, que por mandato constitucional debiera ser un órgano autónomo, encargado de la administración, vigilancia, disciplina del Poder Judicial, así como de la selección, formación, actualización y evaluación de los funcionarios y auxiliares del Poder Judicial, y el desarrollo de la carrera judicial, misma que se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, pero… en realidad, solo es un apéndice inútil y costoso, al servicio del presidente del Tribunal, y su principal objetivo, es “legitimar” el ejercicio vertical del poder al seno del Tribunal, y el manejo discrecional, opaco e irregular, de los millonarios dividendos que genera el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, integrado con fondos públicos provenientes del pago de multas y depósitos.
(todos los Artículos en cita son de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de BCS)
1.- Artículo 14 fracción III
2.- Art. 14 fr. XVI
3.- Art. 14 fr. XXIX
4.- Art. 22 fr. XIII
5.- Art. 38
6.- Arts. 41, 49 fr. III, 53, 59 fr. III y XIII
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