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La Paz, Baja California Sur (BCS). A raíz de las desventajas laborales en las que se encuentran personal de telebachilleratos y del Programa Nacional de Inglés (PRONI), diputados del Congreso del Estado de Baja California Sur, exhortaron a la Secretaría de Educación Pública estatal, para que destinen una parte del presupuesto 2020 del Gobierno del Estado en el rubro de educación, para que a esos trabajadores se les proporcione seguridad social y prestaciones, informó el propio Congreso del Estado.

Mediante un punto de acuerdo presentado por la fracción de MORENA a través de su coordinador, Esteban Ojeda Ramírez, expuso que 165 trabajadores del telebachillerato comunitario y 320 docentes del PRONI, se encuentran en esa situación de injusticia laboral, ya que nunca han contado con derechos a vacaciones, ni estímulos, ni aguinaldos.

Ojeda Ramírez expuso que una necesidad que debe ser atendida por las autoridades correspondientes como un acto de justicia por tan importante labor en cada comunidad, en cada escuela, en cualquier rincón del estado, y llamó a sus homólogos a que sin distingos de partidos apoyen la moción.

El legislador recordó que el legislativo recién aprobó en el presupuesto estatal  7 mil 689 millones 811 mil 136 pesos a la Secretaría de Educación Pública en la entidad en el presupuesto 2020, del que se tendría que destinar el recurso.

Al llamado se sumó la propuesta de la diputada Anita Beltrán para integrar una mesa para revisar la situación de los trabajadores de la Secretaría de Bienestar, de guarderías y monitores.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por mayoría una nueva Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad para el Estado, la cual contempla múltiples y variados tópicos de regulación de asentamientos humanos y desarrollo urbano, ordenamiento territorial, vivienda, así como un libro segundo de movilidad, que crea el Instituto de Movilidad como el ente estatal responsable de la planeación, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de movilidad en el orden público Estatal, informó el propio Congreso del Estado.

Esta nueva ley fue armonizada con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano publicada en 2016, abroga la Ley de Desarrollo Urbano y la de tránsito terrestre de Baja California Sur, fue propuesta por las fracciones de Morena y Juntos Haremos Historia y dictaminada por las comisiones de infraestructura y de asuntos fiscales. El diputado Héctor Ortega Pillado, presidente de la Comisión de Infraestructura afirmó que la nueva ley tiende las bases para mejorar las condiciones del lugar donde vivimos

Ortega Pillado afirmó que el libro segundo de movilidad no tiene relación con la legislación vigente en materia de transporte, si no que se refiere a garantizar los derechos a la movilidad, garantizar que se construya o modifique la infraestructura adecuada.

La ley contempla la creación del Programa Estatal de Movilidad como el instrumento de planeación por medio del cual se establecen los objetivos, metas y acciones a seguir en la materia, que deberán implementarse para el periodo que corresponda a la administración estatal que lo emita; en tanto que para la operación del Instituto de Movilidad se constituirá el Fideicomiso para el Movilidad y la Sustentabilidad Ambiental.

En el capítulo segundo contienen disposiciones especiales relativas a la movilidad de las personas con discapacidad, mientras que en el capítulo tercero habla de los vehículos no motorizados, estableciendo reglas para su tránsito y disponiendo que el instituto y los ayuntamientos en el ámbito de su competencia fomentarán el tránsito seguro de estos vehículos.

La ley consta de 186 artículos, 30 % más que la ley en vigor, contenidos en 14 títulos, casi el triple que la vigente), que se componen de 46 capítulos en total (más del 40% en relación con la ley vigente.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Maricela Pineda García, representante del Partido de la Revolución Democrática en la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, presento iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el Artículo  145  y se adiciona un Artículo 145 Bis al Código Civil para el Estado, que tiene que ver con los casos en los que se pueden hacer cambios a las actas de nacimiento por diferentes motivos, informó el Congreso del Estado.

Señaló que actualmente el Código Civil establece en su Artículo 145, que para modificar el contenido de un acta del Registro Civil que implique una modificación del estado civil de las personas, el interesado debe plantear su solicitud ante la autoridad judicial. Sin embargo este Artículo no prevé situaciones que en la actualidad se han resuelto a través de criterios jurisprudenciales. Refirió que existen diversos Artículos de legislaciones civiles de entidades federativas, que ya han sido objeto de reflexiones en relación a las implicaciones de la modificación del  “nombre”, mencionado las tesis aisladas con número de registro: 2000342 y 2001628, las cuales  brindan diversos criterios en relación a la modificación del “nombre propio” o “apellidos” de las personas.

Por ello propone ajustar la norma local a estos criterios, para darle una mayor claridad y alcance normativo, así como ajustarlo a la realidad actual, atendiendo al reconocimiento progresivo del derecho humano a la identidad y en particular al nombre.

La iniciativa propone que el ciudadano esté en posibilidad de ajustar su acta de nacimiento a su realidad social, cuando el accionante ha usado invariable y constantemente un nombre propio o apellidos diversos en su vida social y jurídica al que aparece en su acta de nacimiento.

También con esta modificación legislativa se pretende que el ciudadano pueda adecuar el acta si el nombre propio del ciudadano le pueda causar afrenta, sea infamante o lo exponga al ridículo, “ya de ninguna forma el nombre debe afectar a la dignidad humana, por tanto debe preverse normativamente la posibilidad de cambiar al nombre en estos casos”, afirmó.

De igual forma se considera que se pueda ajustar el nombre propio o apellidos en los casos homonimia, que con el aumento del número de la población son cada vez comunes, y se presentan diversas situaciones que afectan a los ciudadanos, desde la negación de créditos por encontrarse su homónimo en el buró de crédito o bien por deudas de carácter fiscal o civil que le acarrean molestias.

Propone que también pueda realizarse el ajuste del acta cuando existan situaciones de orden moral que pueden llevar a la persona a la decisión de realizar el ajuste de sus apellidos, por lo cual, se considera que la ley civil debe proveer la posibilidad de transformar el primero de los apellidos de simple a compuesto, o de compuesto a simple y así salvar la homonimia.

También se propone la adición de un Artículo 145 Bis, para establecer la directriz de que la sentencia que cause ejecutoria en el juicio de modificación de un acta del Registro Civil, se comunicará al Oficial del Registro Civil para que haga las anotaciones en libro y acta correspondientes, lo anterior para darle la debida publicidad a este acto modificatorio y se haga efectivo el derecho tutelado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante los recurrentes incumplimientos a la disposición normativa en materia de reparación de guarniciones y vialidades tras haber realizado trabajos de instalación de tomas o mantenimiento a la red de drenaje por parte de los organismos operadores de agua potable, la diputada Maricela Pineda García (PRD) presentó una iniciativa en el Congreso del Estado de Baja California Sur que impone un término de 5 días hábiles para que estos hagan las reparaciones, o en su caso 7 días para que los ayuntamientos asuman la responsabilidad cuando no lo hagan, informó el Congreso del Estado.

La iniciadora refirió los problemas comunes que ciudadanos afrontan en La Paz y otros municipios para su movilidad, causando en ocasiones accidentes viales con daños materiales en automóviles y en la integridad física de conductores, personas a bordo y peatones debido a la falta de reparaciones de las calles y guarniciones.

Con la adición a la Ley Estatal de Aguas en su Artículo 86, quedaría establecido que “en los casos en que con motivo de la instalación de la toma o las descargas, se destruya el pavimento, la guarnición o la banqueta, el prestador de los servicios (organismos operadores de agua potable) estará obligado a realizar de inmediato su reparación, con cargo al usuario, y que los trabajos deberán efectuarse en un plazo improrrogable de siete días hábiles contados a partir de la fecha en que se ordene su reparación”.

Fija también que cuando no lo hagan, el Ayuntamiento asuma las reparaciones en 5 días.

La adición establece que el síndico municipal deberá dar vista al Órgano de Control Interno del prestador de servicios a fin de que inicie al procedimiento administrativo sancionador en contra de los responsables de la obra de reparación por el incumplimiento de la obligación. Y a  efecto de prevenir accidentes, durante el desarrollo de los trabajos de reparación de pavimentos, guarniciones y banquetas se deberá colocar la debida señalización. El incumplimiento de esta disposición hará acreedor a los responsables y ejecutantes de la obra de reparación de las sanciones de conformidad con las leyes de la materia.

También establece el derecho a los ciudadanos para exigir al prestador de los servicios la reparación de los pavimentos, guarniciones y banquetas en los términos de la ley. La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente del Agua.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por mayoría de 11 votos sobre 10, se dio por desechado el dictamen de la Nueva Ley de Movilidad para el Estado de Baja California Sur, tras 3 horas y media de la primera lectura y dispensa de la segunda durante la sesión de este martes 29 de octubre en la que hubo presencia de transportistas, ciudadanos y representantes de partidos políticos, informó el Congreso del Estado.

El dictamen que inicialmente fue integrado por las tres comisiones dictaminadoras, ayer fue presentada por solo dos de ellas, la de Puntos Constitucionales y de Justicia y la de Comunicaciones y Transportes, no así de la de Infraestructura, la diputada Milena Quiroga solicitó que se bajara del orden del día, sin embargo no fue así. Una vez terminada la lectura de las 86 cuartillas del dictamen, nuevamente la legisladora, y a petición el diputado Humberto Arce, se sometió a votación la omisión de la segunda lectura y discusión, aprobándose por mayoría el siguiente paso parlamentario de discusión en lo general y en lo particular.

En la lista de oradores se registraron a favor los diputados Ramiro Ruiz Flores de la fracción Juntos Haremos Historia, el diputado José Luis Pérpuli Drew y la diputada Elizabeth Rocha Torres de la fracción del Partido Acción Nacional.

Al someterse a la votación en lo general el resultado arrojado fue de diez votos a favor y once en contra, por lo que la presidenta de la mesa directiva del periodo ordinario de sesiones, Daniela Rubio Avilés decretó por desechado el dictamen de la iniciativa del Gobernador del Estado.

El sentido de la votación fue el siguiente, a favor: Lorenia Montaño Ruíz (PES), Anita Beltrán(PRI), Mercedes Maciel(PT), Rigoberto Murillo Aguilar(PES), Perla Flores Leyva (PES), Maricela Pineda García(PRD), Elizabeth Rocha Torres(PAN), Ramiro Ruiz Flores (JHH), José Luis Pérpuli Drew (PAN) y Daniela Rubio Avilés (PH).

En contra: Homero González Medrano (sin partido), Humberto Arce Cordero (MORENA), Petra Juárez Maceda (MORENA), Sandra Moreno Vázquez (JHH), Esteban Ojeda Ramírez  (MORENA),  Héctor Ortega Pillado (JHH), Milena Quiroga Romero (MORENA), Rosalba Rodríguez López (MORENA), Soledad Saldaña Bañalez (sin partido), Carlos Van Wormer Ruiz (JHH), Marcelo Armenta (MORENA).

Al desecharse el dictamen de la referida ley, el transporte continúa regulado por la Ley Estatal de Transporte vigente en tanto que las plataformas digitales como Uber y Didi, operando como hasta el momento.