Colaboración Especial

Por Elisa Morales Viscaya

La Paz, Baja California Sur (BCS). Apenas llegar al recinto legislativo, la media mañana de este martes, parecería una ocasión especial: decenas de personas se encontraban a sus puertas; muchas de ellas aún terminando de garabatear alguna consigna en sendas cartulinas fosforescentes, y de lejos se podían apreciar conglomerados de periodistas alrededor de algunas figuras de interés. Este 11 de junio se esperaba que se llevara a cabo la discusión acerca de la iniciativa para reconocer el matrimonio igualitario en Baja California Sur. Tema que mueve las masas. Sí, los hay. Los hubo.

Las posturas son tan evidentes y definidas, como las hay oscuras y ambiguas. Los líderes del movimiento que convocó a la manifestación presente, se expresan con claridad y firmeza al respecto del tema, con oralidad fluida y una forma cálida —incluso carismática—, al dirigirse a los medios, aunque no tanto a la tribuna legislativa.

En cambio, los manifestantes de a pie, aquellas personas que sostenían las pancartas en las que se leían consignas a favor de la llamada familia natural y en contra del matrimonio igualitario en diversos tonos, desde aquellos simplistas “hombre+mujer=matrimonio” hasta los que acusaban al matrimonio entre personas del mismo sexo como obra de Satanás, se mostraban más bien reacios a decir algo. Varias personas fueron interceptadas por algún medio para saber de su propia voz a causa de qué se manifestaban y sólo se recibieron miradas hoscas, risas nerviosas y someros “venimos con el Frente”, “hable con el pastor”, “estamos aquí apoyando la vida”, “defendemos a la familia”… Algunos, hasta se cubrían el rostro con sus cartulinas, cuando notaban una cámara cerca.

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A pocos minutos de haberse iniciado la sesión, el representante del Frente Nacional por la Familia Natural (FNFN) en Baja California Sur, Alan Loubet, cobijado por estos manifestantes, alzó la voz desde las gradas y se expuso como víctima de la discriminación del Congreso que, a su parecer, le cerraban las puertas y no le permitían dialogar para tratar el punto de vista del Frente acerca del controvertido tema.

Quedó de lado la afable sonrisa con que Loubet se dirigía a los medios que le dieran foro a la entrada del recinto. Con el rostro desencajado de indignación, de pronto, acusó a los diputados de ser dictadores impositivos y directamente señaló a la diputada Rosalba Rodríguez López —quien presentara la iniciativa en controversia el pasado 7 de mayo—, de discriminarlos y negarse a tomarlos en cuenta. La diputada le respondió, dirigiéndose mas bien a la audiencia caldeada que al propio representante del FNFN, informando que no ha recibido la solicitud de este movimiento para entablar este diálogo.

Para Loubet no parece haber claridad al respecto de los medios y formas para solicitar foro ante esta autoridad; continúa manifestándose a la brava señalando y repitiendo que los diputados los evaden y los discriminan. Finalmente, y ante la insistencia del Congreso, cede y permite que la sesión continúe. Pero no por mucho tiempo.

A este punto, el ánimo de los presentes bullía. Las pancartas se agitaban y se escuchaba el cuchicheo de los manifestantes —niños, mujeres y personas de la tercera edad, en su mayoría—  asintiendo a las palabras de su líder. Poco avanzó la sesión, cuando un nuevo protagonista tomó la voz, igualmente sin mediar formalidad alguna.

Un hombre al que algunos a baja voz llamaban el extranjero, y que posterior a la jornada se identificó como Javier González Pantoja. Tomó la palabra increpando a los legisladores por querer aprobar el matrimonio gay, y pretendiendo educar a gritos a la audiencia informando que los homosexuales son pederastas, que así han sido llamados por millones de años, y que apoyar al matrimonio igualitario es fomentar la pederastia en detrimento de la niñez.

¡Yo lo estoy traduciendo bonito! El manifestante, más bien, vociferaba insultos, agresiones y descalificaciones personales hacia los diputados, a quienes no bajaba de contadores malogrados, recamareras incultas,  fracasados que de ningún modo tenían derecho ni capacidad para decidir sobre el tema. La intensidad con que se expresaba llegó al punto que incluso Alan Loubet instó a su comparsa a abandonar el recinto con el fin de deslindarse de él.

Una vez fuera la mayor parte del grupo de manifestantes, el ambiente dentro del recinto se asedó. Aunque la sesión prosiguió con calma, no era una calma fina sino más bien aquella que queda después del primer temblor, cuando no sabes si habrá réplicas. Se sabía que puertas afuera estaban los líderes de la protesta organizando a su gente y no había claridad sobre si habría o no alguna nueva intervención escandalosa.

Pero el tiempo hace mella, y el poco dinamismo de una jornada larga discutiendo temas legislativos sin controversia terminó por mermar el ánimo de los manifestantes. Aunque cerca del cierre de la sesión volvieron a ingresar a la sala una gran cantidad de personas del FNFN, ya no tenían la mirada convencida de unas horas atrás. Más bien se podía escuchar a los niños preguntar cuánto faltaba para irse; a algunas personas ligeramente confundidas que preguntaban a qué hora sería el debate entre los diputados por el matrimonio gay …Y a algunos cabecillas que les respondían murmurando Ya casi se acaba, ya casi terminamos.

En el último punto de la sesión tomó la voz la diputada Rosalba Rodríguez López exponiendo sobre un tema que ninguna relación tenía con el controversial matrimonio igualitario, y hubo un destello de protesta que, por fuera de lugar, no llegó ni a chispa. Una voz solitaria se escuchó interrumpiendo a la legisladora, gritando No queremos lesbianas en el Congreso. Muchos de los presentes parecían abochornados.

La jornada concluyó con un Javier González Pantoja pretendiendo tomar el estrado —ya vacío—, para finalmente abandonarlo y terminar por repetir las mismas rancias reclamaciones al presidente del Congreso del Estado, Homero González Medrano, a la salida del recinto. Entre descalificaciones e insultos, todos fuimos abandonando la sala.

Y, entonces, ¿el matrimonio igualitario en BCS, para cuándo?

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FOTO: Archivo.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la intención de que los diputados tengan tiempo suficiente para recorrer sus respectivos distritos, realizar los trabajos de las comisiones permanentes y actividades relacionadas con sus responsabilidades, el diputado Esteban Ojeda Ramírez presentó en sesión ordinaria una propuesta que modifica el segundo período ordinario de sesiones del Congreso del Estado de Baja California Sur para iniciar del 15 de febrero al 30 de Junio.

Cabe destacar que actualmente, el primer período ordinario de sesiones del Congreso del Estado de Baja California Sur abarca del 1 de septiembre al 15 de diciembre, el cual puede prolongarse hasta el 31 de diciembre del mismo año y el segundo período, que se propone modificar, comprende del 15 de marzo al 30 de junio.

Lo anterior, a través de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur e incluye modificar el primer párrafo del artículo 5to de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, para implementar una dinámica constante y equivalente en tiempo para ambos períodos legislativos.

Dicha iniciativa, como todo trámite parlamentario, fue turnada a la comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para ser analizada y dictaminada.

FOTO: Gladys Navarro.

Agenda Comunitaria

Por Frank Aguirre

La Paz, Baja California Sur (BCS). Estamos a unos días de comenzar una transición histórica en nuestro país, pues en los últimos 80 años sólo dos partidos políticos han ocupado lo que conocemos como El Poder. A partir de diciembre entrará un tercer partido político en la mayoría de los puestos de relevancia: congresos locales, gobiernos estatales, alcaldías en ciudades claves, una mayoría en el Senado y una mayoría de diputados federales, con su consecuente Presidencia de la República, todos de un solo color; lo que prácticamente constituirá la hegemonía de un solo partido sobre el país entero.

Esta transición me ha obligado a documentarme sobre procesos similares en Latinoamérica, y así es como he dado con Golpe en Brasil. En este libro los autores ayudan a entender cómo se ha gestado el proceso de desestabilización del orden democrático que vive actualmente Brasil, con la destitución de la primer Presidente en su historia, así como la victoria en las recientes elecciones brasileñas, de la ultraderecha abiertamente racista y conservadora.

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Una de las constantes de éste texto es mostrar como los gobiernos de izquierda y democráticos dejaron de disputar la lógica social, la consciencia común. ¿A qué me refiero? a regresar al barrio. Regresar no consiste únicamente en hacer encuestas de bienestar, organizar votaciones a modo, alrededor de temáticas polémicas, o censar las carencias, aspiraciones e ilusiones y con ello prometer programas, financiamiento y becas.

Cuando escribo regresar, tampoco me refiero al acto presencial de tocar las mismas puertas, y saludar de mano a la misma gente conocida y reconocida en las pasadas elecciones del 1 de julio. Regresar consiste en: estar, vincular, organizar y acompañar a las personas comunes en su propio fortalecimiento, en su autosuficiencia, en pocas palabras lo que se conoce como soberanía. Regresar, significa compartir un conocimiento y un pensamiento en comunión con lo que cada uno pueda aportar para un México de iguales, una construcción en comunidad de una idea/ideología, o sea: disputar la lógica individualista, consumista, extractivista y enajenante, y reivindicar la memoria histórica; hacer comunalidad, y fortalecer los derechos civiles aumentando la conciencia política.

En la pasada elección protagonicé la campaña independiente más joven en la historia de Baja California Sur, en ella logramos victorias simbólicas al terminar por encima de diez partidos quienes, con décadas de experiencia y millones de pesos, no fueron suficientes para comprar votos en masa o convencer voluntades. Realizamos una campaña que demostró que es posible pasar del dicho al hecho en materia de austeridad, y no decir mentiras ni hacer guerra sucia. Lo que no fue suficiente para obtener una victoria electoral.

Uno de las frases con las que más nos encontramos al interactuar con vecinos en campaña fue: ¡Es que nunca vuelven! Sí, efectivamente los partidos políticos, salvo los líderes seccionales de colonia, y los jefes de cuadra, ambos cooptados por el clientelismo electoral, sólo trabajan durante seis meses, cada 3 años. Este reclamo es común porque de manera consciente e inconsciente, la sociedad ha notado que difícilmente cualquiera de los tres poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se ha dedicado a fortalecer el tercer poder político: el poder social, las personas, la gente común.

Quienes quedamos de este maravilloso equipo de campaña hemos decidido honrar nuestra palabra y regresar al barrio, después de tanto escuchar que no volveríamos. Tras 80 días de deliberar sobre lo que somos, qué representamos, a dónde vamos y qué queremos, optamos por darle continuidad a nuestra línea discursiva de #LograrLoImposible, y consideramos que #EsPosible hacer innovación y pedagogía política —conocimiento colectivo y compartido— fuera de la dinámica electoral. Consideramos posible que la voluntad de un pequeño grupo de personas puede generar aproximación entre vecinos que no se conocen para hacer comunidad, y que Es posible la vinculación entre funcionarios y el barrio.

Hemos realizado ya un par de activaciones con vecinos para consolidar un comité de vecinos vigilantes, una comunidad de colonos con la finalidad de recuperar sus espacios públicos, talleres internos y abiertos en los que se analizará el modelo económico que pone en peligro nuestra comunidad, nuestras fuentes de vida (agua, aire, comida, salud), así como nuestro primer Festival Ciudadano, un concepto de evento de aproximación entre organizaciones de la sociedad civil y zonas barriales a donde difícilmente se conoce su trabajo.

Puedes encontrarnos en redes sociales como @esposible_mx, en Facebook como Es posible BCS, también por Instagram, y si de casualidad quién me lee y está por Villahermos,a Tabasco, también por allá nos puedes encontrar como es posiblemx. Si crees que #EsPosible un #MéxicodeIguales y construir desde el barrio #ElPaísQueQueremos te esperamos en nuestras asambleas quincenales, o en nuestros eventos al aire libre, pues este espacio es abierto ya que sabemos que, como dice MariChuy, la obligación de cuidar la vida, la madre tierra y la dignidad, sólo se puede hacer de forma colectiva.

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FOTO: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En breve, la administración pública estatal vivirá una profunda transformación estructural y operativa. Por primera vez en su historia, el Gobernador en turno ejercerá su mandato, compartiendo el poder público en la Entidad, con un Congreso mayoritariamente opositor. Sin lugar a dudas, el escenario es propicio para una adecuación funcional de todos los sectores del servicio público. Mucho qué hacer en los rubros fundamentales del Estado: salud, educación, seguridad pública, procuración y administración de justicia, economía, cultura, desarrollo social, y en el tema que hoy nos ocupa, el ámbito de difusión y respeto a los Derechos Humanos.

Desde su nacimiento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a operado como una figura decorativa, cuya Presidencia se otorga sin mayores méritos, a quien así deba ser premiado, por los servicios prestados al interés político del titular del ejecutivo en turno.

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Carente de fuerza de imperio y autonomía, la CEDH se constituye en una maquinaria burocrática estéril y costosa, cuya existencia obedece originalmente a una exigencia generada por la firma de un tratado internacional suscrito con el afán de buscar a nivel internacional, el reconocimiento de México como una nación respetuosa de los Derecho Humanos, y que actualmente, a nivel estatal, sólo sirve para simular oficialmente que en la Entidad se ejerce el poder, respetando los Derechos Humanos.

Lo cierto es que para fines prácticos, atendiendo al servicio público, este organismo es inútil y costoso. Ahora que contaremos con un Congreso que al menos en el papel no estará sujeto al capricho del Gobernador en turno, podemos pedir una reestructuración de este organismo, que lo haga operativo y funcional.

En los últimos seis meses, la CEDH ha sido noticia incluso a nivel nacional, por los escándalos derivados del manejo desaseado de los recursos públicos, la inconstitucionalidad del proceso de designación de la actual Presidente, cuyo nombramiento ha sido sancionado como ilícito por la justicia federal, y al ventilarse el procedimiento seguido, se ha puesto en evidencia el servilismo de la actual legislatura, hacia los designios caprichosos del Gobernador.

Los graves conflictos internos, se ventilan en juzgados federales y ante la CNDH; e incluso ante la PGJEBCS donde ya obran denuncias en contra de la defenestrada Presidente. Es urgente poner orden al seno del organismo, pero en lugar de ello, el Congreso del Estado ha decidido postergar la atención del caso. Que sea la nueva legislación la que se encargue de resolver el entuerto.

La ciudadanía en general, tiene la idea de que la CEDH sólo sirve para defender delincuentes, ello —entre otras causas—, es debido a que la mayoría de las quejas que se presentan, son derivadas de actos de autoridad abusivos, cometidos en el ejercicio de las facultades de prevención, investigación y persecución de los delitos. Y es por eso que el modelo de la Comisión ha fracasado, porque se ha convertido en una simple receptora de quejas, y ha descuidado o incluso abandonado, las funciones que conforme a protocolos de actuación internacional, le competen.

Atendiendo a las funciones que debiera cumplir la comisión, partiendo de la información pública disponible nos encontramos que de las 13 funciones fundamentales, la CEDH sólo atiende la recepción de quejas. Se anexa cuadro sinóptico referencial.

Se trata de una maquinaria burocrática inútil y costosa, como para seguirla manteniendo únicamente como simple receptora de quejas. Debe desaparecer, o reestructurarse y evolucionar hacia los modelos modernos y eficaces.

Nuestra propuesta

Que desaparezca la figura del Presidente de la Comisión, y que todas las funciones que en la ley se le asignen, sean entregadas al Consejo. Convertir la institución en una Procuraduría de transición hacia la democracia plena, en la que el respeto a los Derechos Humanos sea el imperativo del acontecer oficial cotidiano, mediante la constante difusión, formación, capacitación, y educación en materia de Derechos Humanos. Migrar de una simple oficina receptora recomendadora a una Procuraduría persecutora protectora de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, que tutele a todos los gobernados de cualquier abuso que resulte lesivo de derechos fundamentales.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde el artero asesinato —que se mantiene impune— del entonces Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur, dicho organismo público autónomo se encuentra acéfalo, hundido en un caos interior por la rebatinga interna ocasionada por la lucha del poder entre los Consejeros y quien fuera la suplente del ausente.

Para completar el estatus de anarquía, nuestros Diputados, nuestros representantes, nuestros empleados del Congreso local, en lugar de ocuparse de solventar la situación, contribuyen con su arrogancia, ignorancia jurídica, falta de tacto e insensatez, a empeorar la situación.

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Resulta que para cubrir la vacante, el Congreso lanzó la convocatoria dirigida a interesados en ocupar el cargo de Presidente de la CEDH de BCS; y uno de los abogados que se apuntó, fue desestimado por razones que el postulante consideró discriminatorias e ilegales, y por ello, acudió ante la justicia federal en demanda de amparo, y de manera provisional, el juzgado federal que admitió la demanda, le otorgó la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que no se lleve a cabo por el Congreso, la designación del nuevo Presidente de la CEDH, hasta en tanto y cuanto no se resuelva el juicio de amparo promovido por el abogado excluido.

La notificación del amparo al Congreso, y la inanición que ello provocó, puso de manifiesto el desconocimiento que del procedimiento de amparo, adolecen nuestros diputados y su séquito de “asesores”.

Una semana después, en lugar de aplicarse a solventar el asunto y darnos a los gobernados la certeza jurídica de que la CEDH cuenta ya con un titular —como niños berrinchudos e insensatos—, nuestros Diputados, nuestros representantes, nuestros empleados, se ponen a pelear con el Juez de Distrito, y elevan sus lastimosos lloriqueos jurídicos –infundados– ante el Tribunal Colegiado.

El trámite del ocioso recurso interpuesto por los Diputados, prolongará el procedimiento, en agravio del servicio público, lesionando los legítimos intereses de los cientos de gobernados que se encuentran en espera de que la CEDH reanude labores de manera plena y funcional.

Mal asesorados, mal aconsejados, nuestros diputados están haciendo más grande un problema que pudiera resolverse de una manera muy simple y sencilla.

La costosa maquinaria burocrática que integra la estructura de la CEDH permanecerá acéfala hasta que nuestros Diputados enmienden el procedimiento, lo que bien puede tardar meses en ocurrir, si se empeñan en pelearse con el juzgador federal que conoce del amparo.

El errático proceder de nuestros empleados del Congreso local, deja de manifiesto la carencia de asesoría jurídica profesional.

Esa falta de verdaderos profesionales encargados de asesorar a nuestros empleados del Congreso, es un problema que nos cuesta cientos de millones de pesos al año, y que no se solventará mientras se permita que cobren como “asesores” del Congreso familiares, amigos, compadres, recomendados, queridas, queridos y guachomas, en lugar de auténticos profesionales del Derecho, asesores parlamentarios capacitados, calificados y certificados.

¿Qué tienen qué hacer nuestros Diputados?

En lugar de empantanar el proceso de amparo, a la brevedad posible deben convocar al abogado quejoso, darle la garantía de audiencia, dejarlo hacer la pasarela como cualquier otro solicitante, y luego, elegir entre éste los demás comparecientes, el más apto para desempeñar el cargo de Presidente de la CEDH de BCS. El amparo no es para que elijan al quejoso, es únicamente para que lo dejen participar en la pasarela. ¿Por qué no llamarlo, dejarlo hacer la pasarela, y fin del problema? El amparo será sobreseído por falta de materia, nuestros Diputados eligen al nuevo Presidente, conforme al dedazo ya apuntado, y fin de la historia.

Sentido común, y debida asesoría jurídica. Eso es todo lo que necesitan nuestros representantes en el congreso.