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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los diputados, como representantes populares, tienen derecho a ser tan ignorantes como su personal situación se los imponga. No puede exigirse como requisito previo ningún título, grado o especialización profesional, pues ello implicaría condicionar el acceso a los cargos de elección popular, y sería violatorio del espíritu constitucional de máxima representatividad.

Atendiendo a ese principio, no podemos exigirles preparación o formación profesional como requisito indispensable a nuestros legisladores. Lo que sí podemos, es exigirles, es que cuenten con la mejor asesoría parlamentaria disponible en el Estado.

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La historia reciente ha dejado muy en claro que es un costosísimo error, permitir que cada diputado designe a su antojo a sus asesores, pues en su gran mayoría se trata de improvisados desconocedores de la materia, designados más por su cercanía con el diputado que por su conocimiento sobre el quehacer legislativo. Son designados los parientes, amigos, amantes, guachomas, chalanes o equivalentes, para un encargo en el que se necesita auténticos profesionales, especializados en el proceso legislativo.

La actual legislatura de Baja California Sur —fruto de la improvisación y el oportunismo—, pasa a la historia de la entidad como la peor generación que ha existido, y deja en claro que debemos impedir a toda costa que se vuelvan a conjugar los tres factores: falta de asesores calificados, incapacidad de diálogo e inclinación a la beligerancia, que actualmente tienen hundido el quehacer legislativo en el abandono y la ilegalidad.

A seis meses de que estallara un conflicto generado por una deficiente interpretación de la normatividad que rige la vida interna del Congreso del Estado, las labores se encuentran paralizadas y las partes en conflicto se encuentran inmersas en un laberinto de suspensiones judiciales, denuncias, acusaciones, agresiones y reyertas, cuando deberían estar atendiendo a las labores propias de su encargo legislativo.

Las redes sociales y medios impresos son el escenario cotidiano de señalamientos y acusaciones recíprocas, demostrando con ello los legisladores, que no tienen capacidad de gestión, ni perfil político ni vocación de servicio, pues todo indica que sólo atienden a intereses de grupo.

De los dos grupos en pugna, el mayoritario es el que más requiere asesoría legal adecuada. Son mayoría, y en lugar de hacerla valer por los cauces legales, se empeñan en seguir la contienda en el plano de la ilegalidad. A estas alturas, ya deberían haber entendido lo que hace seis meses les adelantamos: la Suprema Corte no resuelve conflictos caseros, o no al menos, con celeridad. Bien pueden pasar otros seis meses, y no hay poder humano que obligue a la Corte a dirimir la contienda, por lo que el pleito doméstico de nuestros legisladores puede seguir en el limbo de la espera indefinidamente.

Lo que deben hacer, en calidad de urgente, ese grupo mayoritario en el Congreso, es firmar la pipa de la paz con el grupo minoritario, zanjar las diferencias, desistirse de las demandas planteadas ante la justicia federal, reconformarse en poder legalmente constituido y entonces sí, hacer valer su calidad de grupo mayoritario.

Es una pena que se la pasen culpando al Gobernador de ser el causante del conflicto, cuando ellos, mayoría numérica, legalmente constituidos, tienen el poder soberano de fincarle responsabilidad y llevarlo a juicio. Si el Gobernador es el responsable, aplíquenle todo el peso de la ley, que para eso son un poder soberano, pero primero arreglen el desbarajuste interno en que tienen hundido el Congreso del Estado.

Sólo necesitan voluntad política, madurez, sensatez, capacidad de diálogo y asesoría legal adecuada. Hay muchas ofertas de mediación, deben atender urgentemente una de ellas, o el costo será irreparable. Y debemos exigirles a éstos, o a los siguientes, que se instituya ya la exigencia de profesionalización de los asesores o volveremos a tropezarnos con la misma piedra.

El Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines presentará en breve un proyecto de ley al respecto. Ojalá que prive la mesura, se ponga fin al conflicto y para evitar que en lo sucesivo se repita, establezcan la obligatoriedad de contar con asesores parlamentarios profesionales, certificados, calificados y especializados. Sería un gran acto de desagravio de la actual legislatura, emitir una ley al respecto. Sería un acierto que lo hicieran, incluso con la salvedad de hacerla obligatoria hasta que entre en funciones la próxima legislatura, por si quieren seguir manteniendo a su ejército de improvisados, pero blindando al Estado, para que, en el futuro, desaparezca esa nefasta práctica de designar como asesores a quienes carecen del perfil necesario para el cargo.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde el inicio de la XV Legislatura sus integrantes nos hemos esforzado para legislar con el único objetivo de beneficiar a personas de la tercera edad, grupos vulnerables, mujeres, hombres, niñas y niños, pero desafortunadamente “por Ley de Herodes que ejerce el Gobierno del Estado de Baja California Sur (BCS), no ha publicado más de 40 decretos emitidos por el Poder Legislativo de BCS de 2019 a 2020”, declaró el presidente de la mesa directiva del Congreso de BCS, diputado Ramiro Ruiz Flores.

Ruiz Flores reveló que la oficialía mayor registra cuarenta y un decretos, acuerdos y nombramientos pendientes de publicar desde mayo de 2019 al 30 de agosto de 2020; sostuvo que la XV Legislatura ha sido la que más trabajo legislativo ha generado, pero que desafortunadamente por una postura evidentemente política, el Gobierno del Estado no publica los decretos.

En un mensaje a la población, informó que el Gobernador del Estado sudcaliforniano “no va publicar la ley que defiende a la mujer, a participar en una vida pública y que se le respeten sus aspiraciones, no va publicar la ley que defiende el derecho a una ciudad limpia libre de contaminación, no va publicar la ley que defiende el derecho para recibir atención prehospitalaria en caso de accidente o urgencia y con ello salvar vidas, no va publicar la ley que defiende el derecho a realizar acciones para detener la pandemia, no va publicar la ley con la que se crea la primera Universidad de Medicina para que tu o tus hijos puedan estudian en ella, no va publicar la ley que defiende el derecho para que todos los empresarios y comerciantes tengan el derecho a recuperarse de esta pandemia”.

En el listado de decretos sin publicar por el Ejecutivo se encuentran reformas al Código Civil, la Ley de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, la ley de comunicación Social, la Ley de Fomento de Cultura del Agua, Ley de Desarrollo Urbano, Ley de Austeridad Republicana entre muchas más.

El presidente de la mesa directiva asintió que efectivamente es tiempo de estar unidos y que las legisladoras y los legisladores del Congreso del Estado, que siempre hemos estado trabajando, estamos unidos exclusivamente con todas las familias de Baja California Sur.

Ustedes son los más importante y que no se les olvide que ustedes son quienes nos pusieron en gobierno y congreso sea cual sea el partido que nos postuló, concluyó.

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, habla del “secuestro” del Congreso estatal, refiriendo que hay violación de leyes en manera legal por parte del grupo “usurpador” parlamentario mayoritario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en un galimatías que sólo es apto para su comprensión, pues si es el grupo mayoritario y por votación se ha determinado su superioridad y en consecuencia la aprobación de asuntos, que al mandatario estatal le desagradan, no se está transgrediendo ley alguna, simplemente se está haciendo uso de las facultades que una bancada mayoritaria tiene en un Congreso; es una acción de estrategia política que —por supuesto— harían las bancadas opositoras si tuvieran los números y la fuerza necesaria; esos factores de los que hoy carece el Partido Acción Nacional (PAN) en todo el país y, por lo visto, en nuestro Estado.

El asunto aprobado por la bancada de Morena que parece haber molestado más al Gobernador es la destitución de las diputadas: Perla Flores Leyva, de pecados políticos banales y corruptos ya conocidos; Lorenia Lineth Montaño Ruiz, conocida por asegurar que las oficinas del Congreso son suyas y por llevarse la campana del mismo; Daniela Viviana Rubio Avilés, con amplia trayectoria de destituciones en contra y desconocida ya una vez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); y Elizabeth Rocha Torre, así como del diputado Rigoberto Murillo Aguilar, quienes quedaron inhabilitados por dos años del ejercicio público por haber faltado a cinco sesiones de trabajo continuas. Todos ellos conocidos por sus afinidades políticas con Mendoza Davis.

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Se escuda el Gobernador para intervenir hasta con memes, del periódico Reforma, en el Congreso, diciendo que la bancada morenista mayoritaria es artificial; y al llamar a Morena a no adueñarse del Congreso hace lo propio al intervenir desde el Poder Ejecutivo estatal en una cargada de toda fuerza en contra de la mayoría del Congreso, pues la minoría opositora a la que pertenecían los hoy destituidos es la que lo avala y apoya sus políticas.

El mandatario estatal está violentando el principio de la independencia de los poderes al hacer anuncios públicos y tomar acciones directas al respecto. Y justifica su vendetta política diciendo que el comportamiento del Congreso retrasa las acciones indispensables para el bienestar de la población en medio de la pandemia por la Covid-19. En fin, el Gobernador anda más temerario que nunca inmiscuyéndose en los asuntos del Congreso de manera abierta y haciendo llamados a la población para desconocer a la mayoría de Morena en el máximo palacio legislativo de Baja California Sur, justo en tiempos en que los juicios políticos acechan hasta a los ex presidentes; por lo que un Gobernador sería peccata minuta si es el pueblo bueno y sabio el que lo juzga, otra cosa sería que la mayoría de nuestro Congreso le solicitará el juicio político al Senado de la República.

Mención aparte merece el meme racista, clasista y denigrante que ha usado el Gobernador para hacer mofa de la bancada morenista de nuestro Congreso del Estado, pero no sólo a ellos sino a todo mexicano con rasgos físicos relacionados al del individuo de la caricatura, tema que deberá ser objeto de un análisis aparte y es que una imagen dice más que mil palabras sobre la persona que la usa.

Polilla política es que los diputados destituidos sean cesados por flojos y faltistas y no por otros asuntos más turbios que ya los caracterizan, como las vacaciones pagadas por el pueblo de la diputada parisina o por acusaciones de desvíos monetarios y por agresiones físicas a otros miembros del Congreso, asuntos en los que se han visto involucrados algunos de los destituidos.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para revisar y proponer  medidas en materia de salud por motivo de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se creó un Comité Interno en materia de salud integrado por médicos, enfermeros, enfermeras, un biólogo, un psicólogo y diputados y diputadas, que pueda aportar en los efectos de la pandemia en Baja California Sur.

Informó el Congreso del Estado que el Pleno aprobó invitar a los delegados del IMSS, a la subdelegada del ISSSTE y al Secretario de Salud en el Estado para que informen sobre planes y programas institucionales y el estatus y cantidades de insumos con los que cuentan para hacer frente a la pandemia.

La propuesta fue presentada por la Comisión de la Salud y Asistencia encabezada por el diputado Humberto Arce Cordero así como por los diputados Carlos Van Wormer, Homero González y la diputada Arely Amador Aldaco.

El Comité quedó conformado por el enfermero Agustín Collins Avilés, la enfermera quirúrgica Claudia I. Sánchez Vargas, el psicólogo Carlos A. Romero Tirado, Trabajadora Social Shirley Collins Sánchez, Doctores Ricardo Ibarra Yee, Mario Gómez, Natanael López Zavala, Julián Castro Camargo, Ángel Cervantes Cruz, los diputados Homero González, Carlos José Van Wormer, Marcelo Armenta, Humberto Arce, Esteban Ojeda, las diputadas Areli Amador Aldaco, Alba Josefina Ceseña, Amalia Camacho, Alba Ildefonsa Payen y María del Rocío Ventura.

Previo a la aprobación de dicho punto de acuerdo se llevó a cabo una mesa de trabajo con representantes del sector salud de 4 municipios, quienes expusieron las necesidades más apremiantes en clínicas y hospitales con casos de COVID-19 y que carecen de equipamiento desde lo básico hasta lo indispensable para pacientes como lo es la ventilación mecánica.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La inminente reforma a la legislación local sudcaliforniana, relativa al contrato matrimonial, ha generado una polémica que ha enfrentado en diversos escenarios a dos posturas diametralmente opuestas, alimentadas y sostenidas, respectivamente, por dos grupos antagónicos, radicales y beligerantes. La controversia ha convertido el recinto parlamentario local en una carpa de circo, ante la incapacidad de nuestros diputados, que rebasados por el escenario montado, no atinan a darle el manejo adecuado a las expresiones de los grupos en conflicto.

La polémica es compleja, por las implicaciones del tema, pero la pugna es estéril, y la tardanza del Congreso por adecuar nuestro marco normativo local, no hace sino alimentar la contienda, cuando es de todos sabido, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha manifestado al respecto, y su interpretación, como máxima acepción sobre el tema, resulta obligatoria para todas las autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, y por ende, en México —acorde a la jurisprudencia de la Suprema Corte—, el contrato civil matrimonial se entiende como la unión libre, monogámica, entre dos personas, sin importar la preferencia sexual de los contrayentes; y se reconoce como un derecho de las parejas homosexuales el poder casarse legalmente. Cualquier disposición contraria al criterio jurisprudencial, resulta combatible en la vía de amparo.

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Siguiendo la interpretación jurisdiccional en cita, para celebrar un contrato matrimonial, la heterosexualidad,  la procreación, la fidelidad, el respeto mutuo, desaparecen como requisitos, y lo que era un vínculo indisoluble de manera incausada, se convierte en un convenio de convivencia monogámica entre dos adultos, de temporalidad indefinida, unilateralmente disoluble, que solo genera obligaciones patrimoniales y alimentarias; ubicable un escalón arriba del concubinato –que sólo impone obligaciones alimentarias—, y dos arriba del amasiato, que no genera ninguna obligación.

La reingeniería conceptual del contrato matrimonial consagrada en la jurisprudencia, que significa un triunfo igualitario para unos, resulta una degradación moral para otros. Sin embargo, el Congreso no puede tomar partido faccionario, debe ajustarse al mandato jurisdiccional y, a menos que encuentre argumentos suficientemente sólidos, como para sostener ante la Suprema Corte la constitucionalidad de la heterosexualidad como requerimiento para obligarse en un contrato civil matrimonial, deberá suprimir dicho requisito del Código Civil del Estado.

Corresponde entonces al Congreso local adecuar la legislación civil y familiar sobre el tema, tal y como lo ha hecho ya el legislativo federal, en materia procesal. Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en la fracción XXX del Artículo 73 —adicionada el 15 de septiembre de 2017 y reformada el 14 de marzo de 2019— que, el Congreso de la Unión, tiene facultad exclusiva para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, de tal suerte, que en breve, todos los procesos relacionados con controversias familiares, se regirán por un código nacional de procedimientos civiles y familiares, buscando con ello la unificación de criterios y la uniformidad en la aplicación e interpretación de las leyes que rigen el derecho de familia.

Podemos afirmar entonces, desde la academia, que en México ha evolucionado el concepto y la naturaleza jurídica de la familia, para definirla actualmente como una institución de derecho, de orden público e interés social, integrada por personas físicas que, habitando o no en la misma casa, se encuentran vinculadas por:

1. El acto jurídico del contrato civil matrimonial y/o la adopción;
2. El hecho jurídico del concubinato;
3. El hecho material de la inseminación artificial —cuando origina la filiación— y
4. Los parentescos de consanguinidad civil y afinidad.

El marco legal debe garantizar la protección de la familia, tanto en en su constitución e integración, como en su desenvolvimiento, por ser el pilar de la estructura social del estado.

El objetivo primordial de la familia, es la sana convivencia de sus miembros, por medio de la permanencia y estabilidad de sus relaciones, lo cual satisface las necesidades de subsistencia y defensa.

El Estado Mexicano le reconoce a la familia la personalidad jurídica necesaria para ser persona moral y, en consecuencia, titular para ejecutar derechos de sus miembros, y cumplir las obligaciones individual o colectivamente consideradas (Artículos: 3º fracción II inciso C, fracción III, 4º párrafo primero y séptimo, 16 párrafo primero, 18 párrafo sexto, 27 fracción XVII in fine, 29 párrafo segundo, 107 fracción III inciso a), 123 apartado A fracciones VI, XXIV, XXV, XXVIII y XXIX, apartado B fracciones VIII, VIII inciso c), XI inciso d) y e), XIII párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

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