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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para implementar mejoras en derechos mínimos de los trabajadores que brindan seguridad a los sudcalifornianos garantizándoles herramientas y medios para cumplir con sus funciones, comisiones, la diputada Milena Quiroga presentó ante el pleno iniciativa con proyecto de decreto que crea la “Ley de prestaciones de seguridad social de las instituciones de seguridad pública, policiales y de procuración de justicia del estado de Baja California Sur”, informó el Congreso sudcaliforniano.

En su exposición de motivos, la legisladora enfatizó que entre las Instituciones de Seguridad Publica, Policiales y de Procuración de Justicia, son los más, las mujeres y hombres que actúan con apego al Estado de Derecho y que luchan día a día para su conservación y respeto, sin embargo, el trato que generalmente se les da, no corresponde al sacrificio y lealtad para nuestro que Estado y País demuestran ellos.

Cabe recordar que recientemente, representantes de corporaciones de seguridad pública entregaron a la legisladora la iniciativa ciudadana que busca mejorar los derechos de los trabajadores, así como sus condiciones salariales, solicitando que se adaptara al marco jurídico estatal.

“Desde que recibí el planteamiento de esta nueva ley, la acogí convencida que los miembros de las Instituciones de Seguridad Publica, Policiales y de Procuración de Justicia, son mujeres y hombres de gran valía, que merecen un trato digno y el pleno respeto de sus derechos humanos como cualquier otra persona, tal y como lo estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, expresó en tribuna la representante popular.

Así mismo, reconoció que no se puede hablar y exigir seguridad ciudadana, si no se empieza por crear condiciones que favorezcan aquellos que son precisamente los directamente encargados de su preservación.

Dicha iniciativa, fue turnada a las Comisiones de Asuntos laborales Salud de la familia y Asistencia Pública, para su estudio y análisis.

FOTO: Ayuntamiento de La Paz

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Representantes de corporaciones de seguridad pública entregaron a la diputada Milena Quiroga Romero una iniciativa ciudadana que busca mejorar los derechos de los trabajadores así como sus condiciones salariales, informó el Congreso sudcaliforniano.

Los iniciadores solicitaron a la diputada Milena Quiroga Romero que presente la iniciativa que busca diversas adecuaciones para adaptarlas al marco jurídico estatal.

Buscan implementar mejoras en derechos mínimos de los trabajadores que brindan seguridad a los sudcalifornianos, específicamente que se les garanticen las herramientas y medios para cumplir con sus funciones, comisiones y desempeño en general, ya que testificaron que a raíz de raíz del cambio del Sistema de Seguridad han carecido de estas.

Esta es una lucha que tenemos para elevar un poco más los derechos de trabajadores del Sistema Penitenciario, del Sistema de Seguridad Publica en la Ley de Seguridad Pública estatal, expusieron a la legisladora.

Manifestaron que a raíz de esos cambios se recrudecieron los abusos laborales en contra de trabajadores, horarios excesivos, falta de ayuda para trasladarnos de un lugar a otro.

Expusieron que en otras corporaciones si se han tratado de cambiar y se han logrado mejoras exitosas como en los estados de Tlaxcala, Sinaloa y Morelos, donde los elementos de las corporaciones policiacas han mejorado sus condiciones laborales y salariales.

No es algo extraordinario, es algo ordinario que está en leyes, está el presupuesto y no lo aplican como debe de ser, lo que buscamos es que se proteja el salario de los trabajadores, apuntaron.

La legisladora reconoció el trabajo y valor de su lucha por recuperar sus condiciones laborales y derechos, ya que lo merecen por estar al frente de la seguridad de los sudcalifornianos.

Anunció que en la sesión del próximo martes presentará esta iniciativa ciudadana en material de justicia laboral en el área de seguridad.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Debido a que las tarifas de copias fotostáticas por derechos que deben pagar los ciudadanos que solicitan información a las instituciones públicas e Institutos de Transparencia y Acceso a la Información Pública son muy elevados, la diputada Milena Quiroga Romero (MORENA) propuso reformar el Artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur y el Artículo 15 de la Ley de Derechos y Productos del Estado de Baja California Sur, informó el Congreso sudcaliforniano.

La intención es que la reproducción de copias simples tenga un costo directamente relacionado con el material empleado y que los montos faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, y no impliquen lucro a favor de la autoridad generadora de la información.

Y es que la diputada Quiroga acreditó que actualmente cada hoja certificada tiene un costo de $108 pesos y cada copia simple $3 pesos, es decir, en el caso de una solicitud de información puede hacer económicamente imposible el acceso a la información pública, ya que la cuota actual no guarda proporción con el costo de reproducción, que es de aproximadamente $50 centavos y en el caso de las copias certificadas, es desproporcional e inequitativo con el costo real.

La propuesta de reforma presentada en sesión ordinaria, propone que las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.

Así como que cuando se trate de la certificación de expedientes o legajos de expedientes, se cobrará solamente la certificación que se haga en general del documento y no por hoja, cada una de las hojas que los componen se cobrara al costo equivalente al de copias simples.

Y que las cuotas de los derechos aplicables por expedición de copias y copias certificadas relacionadas con solicitudes de información pública deberán establecerse en la Ley de Derechos y Productos del Estado de Baja California Sur y en las Leyes de Hacienda Municipales, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En acato a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reanudó la sesión ordinaria del 17 de marzo de 2020 ante la controversia constitucional 84/2020 promovida por el titular del Gobierno del Estado de Baja California Sur, informó el Congreso de Baja California Sur.

La sesión fue presidida por diputada Daniela Rubio Avilés, quien fungía como presidenta del periodo en cuestión y como lo indicó la resolución del máximo órgano de justicia mexicana.

Luego del pase de lista y tras un receso para tomar acuerdos, la diputada Presidenta sometió a votación el orden del día, pues se registró un desacuerdo entre legisladores y legisladoras respecto al desahogo de la sesión.

Al reanudarse la sesión la entonces Presidenta de dicho periodo, la diputada Rubio Avilés dio lectura a la resolución del recurso de queja 03/2020 de la Segunda Sala de la SCJN de fecha 13 de enero de 2021, presentado el 22 de junio por el Gobierno del Estado en contra de Poder Legislativo por supuestos excesos en funciones, lo cual generó la controversia constitucional 84/2020.

Por espacio de poco más de un ahora la diputada dio lectura a la resolución y al termino declaró un receso para la elaboración del acta de la sesión reanudada.

En esta sesión la diputada destacó la presencia del Notario Público número 29,  Gonzalo Hernández Lezama para dar fe de la reanudación de la sesión ordinaria.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de dialogar con ministros de diversas manifestaciones religiosos en la entidad, los representantes de distintas iglesias le solicitaron al diputado Ramiro Ruiz Flores, que plantee a las autoridades del Sector Salud y en especial al Comité Estatal en Salud, que revisen el acuerdo tomado la semana pasada en el sentido de no permitir servicios religiosos en el transcurso de la Semana Santa 2021, es decir que los templos permanezcan cerrados, informó el Congreso de Baja California Sur.

Ante la petición, el legislador en su representación  envió este miércoles 10 una solicitud al Secretario de Salud del Gobierno del Estado, Víctor George Flores para que sea el conducto en la próxima sesión del Comité Estatal, de las inquietudes de los ministros de culto, quienes manifiestan que los servicios religiosos se pueden proporcionar “estableciendo esquemas dinámicos en cuanto a la organización para la celebraciones de Semana Santa en donde en todo momento se privilegie la salud de las mujeres y hombres que a ellos acudan”.

En la misiva Ruiz Flores le manifiesta al responsable de la política pública en materia de salud en Baja California Sur que los ministros religiosos le externaron la molestia existente en amplios grupos de la feligresía en las diversas denominaciones por este tipo de medidas, “y haciendo eco de estas demandas sociales, es que respetuosamente le hago el planteamiento”, le señala al Secretario Víctor George.

Le dice el diputado Ramiro Ruiz al titular de Salud en la Entidad que a un año de iniciada la pandemia en nuestro estado, “es mucho lo que la sociedad sudcaliforniana ha padecido, y estimo en forma personal que un segundo año con templos cerrados no es saludable para muchas familias que han perdido seres queridos en estos 12 meses, y que en la fe encuentran y encontramos un consuelo a un dolor que en este año no han podido ni hemos podido externar.

Como legislador y como ciudadano, en apego a la división de poderes existente, le solicito respetuosamente, en nombre de muchos ciudadanos y ciudadanas que lleve esta inquietud al interior del Comité Estatal de Seguridad en Salud para que se analice, y de ser posible se revierta la medida asumida la semana anterior”.

El legislador resalta que en los ministros existe un sentimiento de discriminación, dado que la autoridad en este caso particular está usando dos criterios totalmente diferentes para los días de Semana Santa, puesto que mientras permite la apertura de bares, restaurantes, centros de diversión y hoteles, muchos de ellos, en donde no se guardan los protocolos de salud establecidos para la pandemia, se cierran las iglesias sin haber existido un dialogo previo para tomar tal medida.