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La Paz, Baja California Sur (BCS). Al presentar la iniciativa que crea la Ley de Manejo Integral de Residuos Sólidos del Estado de Baja California Sur, el diputado Ramiro Ruiz Flores afirmó que con esta legislación se fortalece el marco jurídico desde la base, sobre la problemática de la disposición de los residuos en el Estado, conforme al marco de competencias planteado por la Constitución Federal  y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur, informó el Congreso del Estado.

La propuesta de la nueva ley fue presentada por la diputada Sandra Moreno Vázquez, los diputados Héctor Ortega Pillado, Carlos José Van Wormer y Ruiz Flores

Ruiz Flores enfatizó que es necesario someter a una regulación el proceso de los residuos sólidos, no peligrosos, sobre todo los que se producen en los miles de hogares de todo el estado y en la mayor parte de los comercios, que contemple un manejo integral, desde su generación hasta su disposición final.

Aportó datos importantes sobre la generación diaria en el país y en los dos principales municipios de Baja California Sur, pues para finales de 2019, eran alrededor de mil 500 toneladas en tiempos normales, siendo en el municipio de Los Cabos donde se generaban más de 600 y en La Paz arriba de 500 toneladas diariamente, lo que convierte al tema de los desechos sólidos en un problema complejo.

En la propuesta, se establece un marco para que el Estado y los municipios conjunten esfuerzos enfocados al aprovechamiento de los residuos, reconociendo su potencial económico y los múltiples beneficios que dicho aprovechamiento trae consigo, como el desarrollo de la economía, la generación de fuentes de empleo, la reducción de los impactos al medio ambiente y la sobre explotación de recursos naturales a través del reuso y el reciclaje de materiales.

Entre su contenido destacan el Título Segundo, que determina puntualmente cuáles serán las autoridades encargadas de la aplicación de las disposiciones de la Ley, ámbitos competenciales.

En el Título Tercero, se centra en la Política Estatal para el manejo integral de residuos y en sus disposiciones se establece un aspecto muy importante respecto de la multifacética realidad del Estado, dando paso a la figura de la regionalización para la gestión integral de los residuos, por parte del Gobernador, a través del Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de Manejo Especial del Estado.

En el Título Cuarto son establecidas las diversas obligaciones de quienes generen residuos en el Estado, entre otras nuevas disposiciones.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los diputados, como representantes populares, tienen derecho a ser tan ignorantes como su personal situación se los imponga. No puede exigirse como requisito previo ningún título, grado o especialización profesional, pues ello implicaría condicionar el acceso a los cargos de elección popular, y sería violatorio del espíritu constitucional de máxima representatividad.

Atendiendo a ese principio, no podemos exigirles preparación o formación profesional como requisito indispensable a nuestros legisladores. Lo que sí podemos, es exigirles, es que cuenten con la mejor asesoría parlamentaria disponible en el Estado.

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La historia reciente ha dejado muy en claro que es un costosísimo error, permitir que cada diputado designe a su antojo a sus asesores, pues en su gran mayoría se trata de improvisados desconocedores de la materia, designados más por su cercanía con el diputado que por su conocimiento sobre el quehacer legislativo. Son designados los parientes, amigos, amantes, guachomas, chalanes o equivalentes, para un encargo en el que se necesita auténticos profesionales, especializados en el proceso legislativo.

La actual legislatura de Baja California Sur —fruto de la improvisación y el oportunismo—, pasa a la historia de la entidad como la peor generación que ha existido, y deja en claro que debemos impedir a toda costa que se vuelvan a conjugar los tres factores: falta de asesores calificados, incapacidad de diálogo e inclinación a la beligerancia, que actualmente tienen hundido el quehacer legislativo en el abandono y la ilegalidad.

A seis meses de que estallara un conflicto generado por una deficiente interpretación de la normatividad que rige la vida interna del Congreso del Estado, las labores se encuentran paralizadas y las partes en conflicto se encuentran inmersas en un laberinto de suspensiones judiciales, denuncias, acusaciones, agresiones y reyertas, cuando deberían estar atendiendo a las labores propias de su encargo legislativo.

Las redes sociales y medios impresos son el escenario cotidiano de señalamientos y acusaciones recíprocas, demostrando con ello los legisladores, que no tienen capacidad de gestión, ni perfil político ni vocación de servicio, pues todo indica que sólo atienden a intereses de grupo.

De los dos grupos en pugna, el mayoritario es el que más requiere asesoría legal adecuada. Son mayoría, y en lugar de hacerla valer por los cauces legales, se empeñan en seguir la contienda en el plano de la ilegalidad. A estas alturas, ya deberían haber entendido lo que hace seis meses les adelantamos: la Suprema Corte no resuelve conflictos caseros, o no al menos, con celeridad. Bien pueden pasar otros seis meses, y no hay poder humano que obligue a la Corte a dirimir la contienda, por lo que el pleito doméstico de nuestros legisladores puede seguir en el limbo de la espera indefinidamente.

Lo que deben hacer, en calidad de urgente, ese grupo mayoritario en el Congreso, es firmar la pipa de la paz con el grupo minoritario, zanjar las diferencias, desistirse de las demandas planteadas ante la justicia federal, reconformarse en poder legalmente constituido y entonces sí, hacer valer su calidad de grupo mayoritario.

Es una pena que se la pasen culpando al Gobernador de ser el causante del conflicto, cuando ellos, mayoría numérica, legalmente constituidos, tienen el poder soberano de fincarle responsabilidad y llevarlo a juicio. Si el Gobernador es el responsable, aplíquenle todo el peso de la ley, que para eso son un poder soberano, pero primero arreglen el desbarajuste interno en que tienen hundido el Congreso del Estado.

Sólo necesitan voluntad política, madurez, sensatez, capacidad de diálogo y asesoría legal adecuada. Hay muchas ofertas de mediación, deben atender urgentemente una de ellas, o el costo será irreparable. Y debemos exigirles a éstos, o a los siguientes, que se instituya ya la exigencia de profesionalización de los asesores o volveremos a tropezarnos con la misma piedra.

El Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines presentará en breve un proyecto de ley al respecto. Ojalá que prive la mesura, se ponga fin al conflicto y para evitar que en lo sucesivo se repita, establezcan la obligatoriedad de contar con asesores parlamentarios profesionales, certificados, calificados y especializados. Sería un gran acto de desagravio de la actual legislatura, emitir una ley al respecto. Sería un acierto que lo hicieran, incluso con la salvedad de hacerla obligatoria hasta que entre en funciones la próxima legislatura, por si quieren seguir manteniendo a su ejército de improvisados, pero blindando al Estado, para que, en el futuro, desaparezca esa nefasta práctica de designar como asesores a quienes carecen del perfil necesario para el cargo.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de actualizar el marco normativo conforme a la realidad actual, la diputada Milena Quiroga Romero y los diputados Humberto Arce Cordero (MORENA) y Homero González Medrano (sin partido) propusieron reducir el porcentaje de la población que deba participar en los plebiscitos de los territorios que deseen constituirse como municipio, informó el Congreso de Baja California Sur.

La ley vigente en la Constitución Política estatal cita, entre uno de los requisitos para este fin, que cuando menos las dos terceras partes (66.6%) de los ciudadanos del territorio que se pretenda erigir en Municipio, no solo participen si no que manifiesten su conformidad en plebiscito que al efecto se lleve a cabo, es decir que la totalidad esté de acuerdo, por lo que los iniciadores la consideran una disposición totalmente absurda al pretender que el 66.6% de los ciudadanos participen en un plebiscito y a la vez que lo hagan de manera unánime.

De ahí que proponen reformar  la fracción octava del Artículo 122 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, para que cuando menos la mitad más uno, de los ciudadanos que participen en el plebiscito del territorio que se pretenda erigir en Municipio, manifiesten su conformidad.

La iniciativa fue turnada a la comisión de puntos constitucionales y de justicia para su análisis y dictaminación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada del PT María Mercedes Maciel Ortiz, propuso en sesión virtual de la XV Legislatura, iniciativa con proyecto de decreto para realizar modificaciones a diversas leyes locales, de tal manera que se pueda establecer el marco legal y bajo la directriz de la Secretaría de Salud Pública, la estrategia integral para fomentar los buenos hábitos alimenticios y de activación física que deben ser considerados desde edades tempranas de los seres humanos, con la finalidad de fomentar la constitución de hábitos vitalicios que rompan con la realidad que actualmente enfrenta el país, incluyendo a la población de Baja California Sur, informó el Congreso de Baja California Sur.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que mediante la construcción de políticas públicas integrales en las que se otorgue participación a las autoridades competentes, se podrá enfrentar el grave problema del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, modificando las costumbres que han sido arraigadas en los últimos años en la niñez mexicana.

Las leyes en la que se plantean modificaciones son la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado; la Ley Orgánica del Gobierno Municipal, la Ley de Salud de Baja California Sur y la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado.

Coordinar programas de atención y promoción de educación nutricional y deportiva para niñas y niños: prohibición de venta de alimentos chatarra en un perímetro cercano a las escuelas; actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas a fortalecer el núcleo familiar y promover la salud física y mental de sus integrantes; fomento de buenos hábitos alimenticios; limite a la venta a menores de alimentos ricos en sodio y azúcares son entre otras, las reformas o adiciones a las leyes anteriormente enlistadas que buscan un verdadero cambio en la alimentación y hábitos de los escolares y niñez Sudcaliforniana.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Permanente de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En rueda de prensa celebrada el miércoles 2 de septiembre en el municipio de Los Cabos, el presidente de la Mesa Directiva del periodo de sesiones del Congreso de Baja California Sur, diputado Ramiro Ruiz Flores entregó a la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, los decretos de la autorización al municipio cabeño para suscribir 2 convenios para desarrollar el proyecto de una desaladora y un proyecto de Mejora Integral de Gestión (MIG) para Cabo San Lucas, informó el Congreso del Estado.

En instalaciones del Pabellón de la República, el legislador hizo la entrega acompañado de la diputada Alba Josefina Ceseña y el diputado Sebastián Quintino Perea; informó que en el siguiente paso del proceso legislativo, este mismo miércoles 02 de septiembre el Poder Legislativo envió ambos decretos al Poder Ejecutivo para su publicación conforme a su responsabilidad establecida en la Constitución Política, sin embargo, refirió que el titular del Ejecutivo tiene la facultad de observar decretos para lo cual tiene un lapso de diez días, en caso de no hacerlo, deberá publicarlo para el inicio de su vigencia.

Ruiz Flores afirmó que como congreso las legisladoras y legisladores cumplieron con recibir las solicitudes del Ayuntamiento de Los Cabos, se analizaron, trabajaron y aprobaron, siempre priorizando el beneficio de miles de ciudadanos sudcalifornianos que habitan en Cabo San Lucas y que aún adolecen de un servicio básico.

Por su parte, la alcaldesa Armida Castro Guzmán puntualizó que con el proyecto se resolverá el problema de escasez de agua en la creciente ciudad de Cabo San Lucas así como que también ayudará a mantener la calidad como destino turístico. De igual manera informó a los medios de comunicación que el siguiente paso como gobierno municipal es emitir la convocatoria pública para la licitación en este mismo mes de septiembre.

Cabe recordar que la planta desaladora aportará 250 litros por segundo a la Ciudad de Cabo San Lucas, siendo de gran  beneficio para decenas de colonias que han adolecido del recurso y una vez que entre en funciones abastecerá de agua los 7 días de la semana, durante las 24 horas.