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La Paz, Baja California Sur (BCS). Este día, los diputados del Partido Encuentro Social, Lorenia Lineth Montaño Ruíz, Rigoberto Murillo Aguilar y Perla Guadalupe Flores Leyva, presentaron proyecto de decreto para instituir en Baja California Sur el llamado “Pin Parental”; se trataría de una herramienta para que los padres de familia puedan oponerse a que sus hijos reciban educación en temas controvertidos como la sexualidad, tanto en escuelas públicas como privadas.

La propuesta es que se reforme los Artículos 9º y 10º. de la Constitución Política del Estado para establecer que “los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad tendrán derecho a expresar su oposición o negativa a que su hijo o pupilo participe en actividades que contravengan sus principios morales, éticos o religiosos”, se lee en el documento oficial.

Además, se pretende intervenir en la participación de los educados en charlas, talleres o actividades que afecte lo que en el documento señala como “cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad”, lo que debería ser informado previamente a los padres o tutores y requerir su autorización formal y por escrito, para que los menores reciban educación sobre temas “que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad”.

Aunque estos conceptos que no se desarrollan claramente en el documento, se podría inferir que la idea es que los padres de familias podrían impedir que sus hijos participen en temas con contenido relacionado con sexualidad o promoción de igualdad en cuestiones de género.

Así, finalmente la reforma busca que sean los padres o tutores quienes autoricen los planes educativos de las escuelas, al proponer un candado constitucional que obligaría a las autoridades a someter las actividades educativas a las opiniones que, con bases religiosas o morales, los padres tuvieran contra el programa de estudios.

El documento dice que “será obligación de las autoridades educativas tanto públicas como privadas, pedir por escrito de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, su consentimiento con el contenido de las actividades dentro del proceso educativo, y acatar la decisión de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad en cuanto al proceso educativo de los alumnos y por lo tanto deberán respetar su oposición o negativa a que sus hijos o pupilos participen en actividades que contravengan sus principios morales, éticos o religiosos”.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado José Luis Perpuli Drew presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para incorporar la hipótesis de que la violación al derecho de intimidad, puede realizarse por medio de las tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier espacio digital, informó el Congreso de Baja California Sur.

“Si bien es cierto que las tecnologías de la información y comunicación son un derecho constitucional, también es cierto que, en cuanto a las cuestiones del desarrollo psicoemocional y físico de las niñas, niños y adolescentes, debe de aplicarse el principio del interés superior de la niñez establecido en el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

La propuesta contenida en esta iniciativa, lleva el propósito de perfeccionar el marco jurídico para que los derechos de los que son sujetos la niñez y adolescencia sudcaliforniana puedan potenciarse, ejercerse y disfrutarse plenamente en la realidad tecnológica que vivimos.

El líder de la bancada de Acción Nacional en la Cámara Local, precisó que esta modificación no impacta en el rubro económico, ya que no generará la creación de nuevas plazas de trabajo ni estructuras organizacionales.

En ese contexto, la iniciativa que pasó a la Comisión de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para su análisis y discusión, implica reformar la fracción XII del párrafo segundo del Artículo 42,  el párrafo tercero del Artículo 66; y se adiciona un Artículo 39 Bis, todos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California Sur.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Al reunirse con integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales del Congreso de Baja California Sur, el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Isidro Jordán Moyrón expuso los planes del Gobierno estatal para el cierre presupuestal de 2020 y las expectativas para el 2021, informó el Congreso sudcaliforniano.

Ante la convocatoria, el Secretario solventó a la Comisión y cuerpo de asesores las dudas referentes a la propuesta de reasignación de presupuesto del ejercicio 2020, el presupuesto de egresos 2021 así como la situación referente a la ministración de recursos federales, convenios, derechos, todo ello para avanzar en la elaboración de los dictámenes correspondientes.

Isidro Jordán Moyrón expuso que en materia de finanzas públicas para Baja California Sur, 2020 ha sido un ejercicio muy complejo, ya que a raíz de la pandemia la recaudación se desplomó y el gasto se incrementó, situación que cambió las prioridades de la administración y generó un déficit superior a los 1600 mdp.

El presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales, Ramiro Ruiz Flores expuso la importancia de sacar el tema adelante, sin distingos políticos y analizar la situación. Dijo que los integrantes del Congreso se comprometen a que el que se apruebe sea un presupuesto que garantice mayor educación, seguridad pública y que mantenga el crecimiento económico y estándar que requiera Baja California Sur, así como que permita desarrollar las obras que se requieren.

Informó que en una segunda mesa de trabajo que se realizará a principios de diciembre se podrán definir el presupuesto y la ampliación del presupuesto de 2020.

Recordó que la Comisión de Asuntos Fiscales está trabajando además en las propuestas de leyes de ingresos de los Ayuntamientos y otras leyes del paquete económico estatal de 2021.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión de la Salud encabezada por el diputado Humberto Arce Cordero y la diputada Milena Quiroga Romero, en calidad de iniciadora, socializaron la iniciativa de Ley para la Atención Digna para la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y para el apoyo a la lactancia materna ante médicos y personal profesional médico de la salud, informó el Congreso de Baja California Sur.

En esta interesante mesa de trabajo realizada en el Hospital Salvatierra, los profesionales de la salud, principalmente gineco obstetras y pediatras expusieron sus observaciones, críticas y aportaciones, tras la presentación de la iniciativa de Ley, sus títulos y articulado.

El presidente de la Comisión de Salud, diputado Humberto Arce Cordero recordó que esta ley no es para agraviar al personal de salud, si no lo que busca, es mejorar las condiciones en las que se atienden el parto y puerperio, las condiciones para favorecer y mejorar la lactancia y en busca de que se respete la dignidad de las mujeres, este es un rubro de una vida libre de violencia.

Por su parte la iniciadora, diputada Milena Quiroga Romero declaró que era muy necesaria esta mesa de trabajo para que la Comisión elabore su dictaminación, ya que será el personal médico quienes apliquen la ley, “hay cosas que definitivamente tenemos que impulsar en conjunto, pero si no tienen marco jurídico en el cual se puedan basar para poder exigir temas de infraestructura, presupuesto y demás, pues es complicado”.

Añadieron que se van a estudiar las propuestas y las viables se presentarán con conclusiones para su dictaminación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de aumentar las hipótesis en las que el delito de extorsión puede agravarse, y obtener el perpetrador o los perpetradores una penalidad más alta, el coordinador de la Fracción del PAN en el Congreso del Estado, diputado José Luis Perpuli Drew, presentó iniciativa para reformar los Artículos 245 y 246 del Código Penal Estatal, informó el Congreso de Baja California Sur.

En ese contexto, la penalidad podría aumentar hasta en un tercio a quienes al momento de extorsionar se ostenten como miembros de una banda delictiva; cuando se realice desde un centro de reinserción social; cuando se trate del cobro de cuotas; cuando exista un vínculo afectivo o de parentesco del extorsionador con la víctima. Así mismo, la pena aumentara hasta en una mitad cuando sea cometido por algún miembro de la policía municipal, estatal, ministerial, custodios, así como de una institución de impartición de justicia, o de ejecución de penas, o, de una empresa de seguridad privada.

El diputado panista señaló que también se busca que la autoridad tenga los elementos necesarios para castigar esta conducta, que afecta el patrimonio de las personas que son víctimas, e hizo un llamado a la sociedad a estar alerta y no dejarse sorprender, y en su caso, denunciar cualquier tipo de extorsión ante la autoridades de procuración de justicia.

Cabe destacar que el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz son los estados con mayor incidencia, según cifras del Secretariado de Seguridad y Protección ciudadana; Baja California Sur no escapa de la perpetración de este delito, “por lo que los legisladores no debemos de esperar a que una problemática nos rebase, y debemos de adelantarnos para que los operadores del sistema de justicia penal tengan los elementos para sancionar de manera correcta a quienes cometan este delito en la entidad”.

La iniciativa se establece que el tipo penal de extorsión consiste, principalmente, en la utilización de la violencia para intimidar a las víctimas, ejerciendo agresiones verbales, amenazas a su persona y familia, aprovechando en ocasiones datos obtenidos de directorios telefónicos, referencias personales conseguidas a través de distintas vías e incluso, tomando la información difundida de forma pública en redes sociales u ostentándose como representantes de una institución bancaria, prestadores de servicios de telefonía e incluso de gobierno, o lo peor, ostentándose como miembros de una banda delictiva, ello con el objetivo de obtener información básica para luego utilizarla como parte de su estrategia extorsionadora, entre otros modos de actuación.

Expuso también, que el delito de extorsión básico contemplado en el código penal local, es cuando el que sin derecho y mediante violencia física o intimidación, obligue a otro a dar, hacer, no hacer o tolerar algo, con la finalidad de obtener un lucro, para sí o para otro, o causar un perjuicio patrimonial, y las penas que se aplican por la extorsión simple, es de cinco a quince años de prisión y multa hasta quinientos días, las cuales puedan aumentar hasta en un tercio y una mitad cuando el delito se comete con agravantes.