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La Paz, Baja California Sur (BCS).  Los diputados Rigoberto Murillo Aguilar, Lorenia Lineth Montaño Ruíz y Perla Guadalupe Flores, de la fracción del Partido Encuentro Social, han presentado iniciativa con proyecto de decreto al respecto de la violencia política de género en Baja California Sur, así lo informó el Congreso sudcaliforniano.

La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas, por lo que incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley.

Esta reforma, implica adicionar un segundo párrafo y las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII, y un último párrafo al Artículo 16 bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur, y se reforma el Artículo 57 de la Ley de Responsabilidades administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

El diputado Rigoberto Murillo dio lectura a la iniciativa, agregando que la sanción incluye también cuando se cause perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un tercero.

“Consideramos necesario y urgente incorporar a nuestra legislación Estatal el contenido de la disposición, con el objetivo de encuadrar las conductas descritas en el Artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como faltas administrativas graves de los servidores públicos, específicamente como abuso de funciones de los servidores públicos”, adujo el legislador en tribuna.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por considerar innecesario y un trámite excesivo en el procedimiento de los divorcios administrativos, la diputada Maricela Pineda García propuso eliminar el segundo párrafo del Artículo 279 del Código Civil del Estado, referente a la mediación, informó el Congreso sudcaliforniano.

La legisladora expuso que las parejas que tienen la convicción de llevar a cabo la disolución solicitando el divorcio administrativo, han manifestado que este apartado del procedimiento resulta burocrático y para la Oficialía del Registro Civil representa un trámite perentorio que pudiera otorgarse conforme sus lineamientos internos.

Y es que el Código Civil vigente prevé el mecanismo alternativo de solución de conflictos denominado mediación en la naturaleza jurídica del divorcio, incluyendo los divorcios administrativos.

Por lo que se considera se elimine el segundo párrafo del Artículo 279 que refiere que “una vez que se haya verificado que se cumplan los requisitos anteriores, el Oficial del Registro Civil remitirá a los divorciantes al Centro de Justicia Alternativa más cercano a su domicilio, a fin de que traten de solucionar sus conflictos y mantener la unión”.

La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, para su análisis y dictaminación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso de Baja California Sur exhortó a los cinco Organismos Operadores Municipales del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a que suministre agua potable de forma continua a la población, garantizando el derecho que les otorga la Constitución del Estado, informó el Congreso sudcaliforniano.

Así mismo, exhortó a CONAGUA para que en coordinación con cada instancia municipal, vigilen los costos y venta de agua por pipas, ya que no está regulado y las denuncias por abuso son frecuentes, por parte de la ciudadanía en los cinco municipios.

La iniciadora del exhorto, fue la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, afirmando que con base en diversas quejas de ciudadanos (en principio habitantes de esta ciudad capital), que desde hace varios meses se les ha reducido el suministro del vital líquido.

Al subir a tribuna, la luchadora social adujo que el suministro del vital líquido tarda hasta quince días, sobre todo en las colonias antiguas del centro de esta capital, en tanto que las pipas (que tienen capacidad e diez mil metros cúbicos) de agua la venden como si surtieran completo y casi ninguna casa tiene un contenedor de esa capacidad,

“Esto no tiene que ver con cuestiones de índole política, hoy en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el agua es un derecho”.

La proposición con punto de acuerdo presentada por Maciel Ortiz, logró el consenso de sus homólogos, quienes coincidieron que en estos más momentos de pandemia, cuando la gente debe contar con el vital líquido para lavarse constantemente las manos.

Los parlamentarios solicitaron que el exhorto se extendiera a los cinco municipios, ya que cada uno en su distrito, ha recibido denuncias y quejas similares, por lo que esperan respuesta y solución por parte de las autoridades implicadas.

Maricela Pineda García; Lorenia Montaño Ruiz, Milena Quiroga Romero, Soledad Saldaña Bañalez y Carlos Van Wormer, intervinieron a favor del documento presentado por Maciel Ortiz, agregando que no hay concesiones para la venta de agua, por lo que pidieron la intervención inmediata de Comisión Estatal de Agua y organismos operadores.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Pleno del Congreso del Estado aprobó que los fideicomisos, aun en los que haya mezcla de recursos públicos y privados, sean sujetos de fiscalización, con lo se armoniza la legislación de Deuda Pública estatal con el marco normativo estatal y federal en materia de transparencia, como con la Constitución, informó el Congreso de Baja California Sur.

Durante la sesión extraordinaria la tarde del miércoles 09 de diciembre, fue aprobado el dictamen que presentó la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos a la propuesta del Grupo Parlamentario de Morena y del diputado sin partido, Homero González Medrano.

El dictamen a favor de la iniciativa expuso que la propuesta coadyuva al mejor manejo, eficiencia, transparencia y vigilancia del gasto de los recursos públicos, y que además, dicha propuesta no tendrá un impacto presupuestal negativo ya que no requiere de erogaciones en recursos humanos ni materiales, y por el contrario, transparentará y dará certidumbre al ejercicio de los recursos públicos.

La propuesta fue reformar el Artículo 32 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California Sur y fue aprobada en todos sus términos por la unanimidad de las diputadas y los diputados asistentes.

En ese sentido se reformaron los Artículos 25 y 52 y se derogó el párrafo cuarto del artículo 32 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California Sur, para evitar que los fideicomisos sean sujetos de malos manejos de los presupuestos públicos.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de que los fideicomisos sean sujetos de fiscalización, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena así como el diputado sin partido Homero González, propusieron reformar el Artículo 32 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California Sur, informó el Congreso de Baja California Sur.

El Grupo iniciador en voz de la diputada Milena Quiroga Romero, expusieron que lamentablemente los fideicomisos públicos han sido utilizados para cometer malos manejos de los presupuestos públicos, dado que los fondos ahí concentrados son considerados fuera de regulación y fiscalización, generando así, un daño a las arcas públicas.

Sustentan la iniciativa en la legislación de transparencia y acceso a la información pública la cual considera a los fideicomisos, integrados total o parcialmente por recursos públicos, como un sujeto obligado.

Argumentan que hay una contradicción entre la Constitución General y la Ley de Deuda Pública estatal, ya que la Constitución faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar los recursos transferidos a fideicomisos, así como que el Artículo 110, que considera a los fideicomisos integrados con recursos públicos como sujetos a las leyes que regulan la administración pública y, por tanto, como sujetos a juicio político, en tanto la Ley de Deuda Pública para el estado exige como requisito para integrar los fideicomisos, la aprobación del Congreso del Estado para sustraerlos de la esfera pública y, por lo tanto, de las leyes en materia de acceso a la información, control de gasto público, fiscalización y demás normatividad que rige el ejercicio de los recursos públicos.

En Baja California Sur existen 12 fideicomisos constituidos total o parcialmente por recursos públicos. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos.