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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por medio de un boletín de prensa por parte del Congreso del Estado se informó que, esta próxima a cerrar la convocatoria para participar en el IV Parlamento Inclusivo Sudcaliforniano 2022 Por la Inclusión en Baja California Sur, la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad de la XVI Legislatura del Congreso del Estado da Baja California Sur, integrada por las diputadas, Teresita de Jesús Valentín Vázquez, presidenta y las secretarias, María Luisa Trejo Piñuelas y Eda María Palacios Márquez, reiteraron la invitación a toda sociedad sudcaliforniana.

Los aspirantes a ser diputados tendrán hasta las 15:00 horas del lunes 21 de noviembre de 2022 para entregar sus propuestas del por qué quieren participar en el parlamento y la exposición de algún asunto relevante en materia de discapacidad, en el Congreso del Estado ubicado en Isabel la Católica y Nicolás Bravo, o vía página web en donde podrán llenar el formato en línea, adjuntar el archivo de documento o video.

Del 22 al 25 de noviembre se clasificarán las propuestas por tipo de discapacidad y las problemáticas, así como los argumentos de las y los aspirantes para seleccionar a los finalistas de los 16 distritos electorales de la entidad atendiendo también la paridad de género para finalmente, el día 1 de diciembre de 2022 en la Sala de Sesiones José María Morelos y Pavón del Congreso del Estado de Baja California Sur efectuar la sesión solemne.

En ese tenor, la presidenta de la comisión, la diputada, Teresita de Jesús Valentín Vázquez, recordó que el objeto del parlamento es conocer y exponer las propuestas y mecanismos de solución a las barreras que limitan la inclusión social de las personas con discapacidad en cualquiera de los ámbitos en los que se desarrollen, con la finalidad de que éstas sean integradas a la agenda legislativa. Recordó que derivado del parlamento pasado actualmente se revisa con los ayuntamientos que los ingresos por multas por estacionarse en cajones azules puedan ser destinados al primer transporte público inclusivo.

Finalmente invitó a toda la población a consultar los requisitos de la convocatoria en el sitio web, concluyó el boletín de prensa.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Los Poderes del Estado y los Ayuntamientos deberán contratar a personas con discapacidad, siempre y cuando cumplan con el perfil solicitado, hasta alcanzar cuando menos el tres por ciento de la planta laboral y, en el caso de las empresas, industrias, comercios y establecimientos cuyo capital sea privado, por lo menos el dos por ciento, informó el Congreso del Estado.

Lo anterior fue el resultado del dictamen que presentó la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, en relación a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se propone la adición de un primer párrafo al artículo 74 de la Ley Estatal para la Inclusión de Personas con Discapacidad en Baja California Sur, que presentaron las diputadas Perla Guadalupe Flores Leyva y Lorenia Lineth Montaño Ruiz, así como el diputado Rigoberto Murillo Aguilar.

Esta modificación se refleja en facilitar el acceso a un espacio laboral de las personas con discapacidad, que les garantice poder trabajar y formar parte de la población económicamente activa, con todos los beneficios que ello implica.

Cabe destacar que según el último censo de población y vivienda, en México asciende a 5.7 millones el número de personas con discapacidad, que enfrentan obstáculos para ejercer su derecho al trabajo, y que los principales motivos son relacionados con actos discriminatorios y la falta de infraestructura adecuada en los centros de trabajo.

Este derecho tiene que ver con la obligación del estado mexicano de velar porque éste se materialice en relaciones labores conducentes a propiciar el trabajo digno en el que no hay cabida a ningún tipo de discriminación laboral; el tema de inclusión laboral es reciente; por lo que se trata de un nuevo enfoque que ha permitido sentar las bases para transitar de una política asistencialista a una política de derechos humanos, que facilite la incorporación efectiva de los grupos vulnerables de la sociedad en la vida social y económica del país.