Armando Martínez Vega, alcalde de La Paz, anuncia la destitución del Secretario General del Municipio. Foto: Ayuntamiento de La Paz.
Ius et ratio
Por Arturo Rubio Ruiz
La Paz, Baja California Sur (BCS). La soberbia y la ignorancia, de la mano, construyen grandes fracasos en la toma de decisiones. Ello aplicado a la administración pública resulta costoso y desastroso, pues es el gobernado el gran perdedor en el proceso que se desencadena.
Sin importar los colores que distingan a la franquicia política que accede al poder, la regla general en el sistema mexicano es que el grupo empoderado asigna los cargos por amiguismo, compadrazgo, parentesco, amasiato o compromiso pactado en la complicidad del proceso electoral.
El ejercicio público, entonces, en manos de gente que no reúne el perfil para el encargo, resulta ineficiente y altamente corruptible. De ahí que el ciudadano enfrente la necesidad apremiante de organizarse y constituir esquemas de control y contrapeso al abuso de poder, a través de una Contraloría Ciudadana, autónoma y representativa, sin sesgos partidistas.
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A la par del control ciudadano, el acceso al cargo público debe ser preservado prioritariamente para quien demuestre contar con la capacidad y aptitud necesarias y adecuadas. Profesionalizar el servicio público, para evitar la improvisación y el amiguismo en la designación de cada encargo. Concurso, oposición, selección y asignación, en lugar del oficioso “dedazo”.
Si no tomamos cartas desde la trinchera ciudadana, seguiremos siendo los pasivos y eternos perdedores en este proceso viciado de acceso al poder y abuso sistemático del mismo.
Las luminarias de La Paz
La anterior administración municipal paceña concesionó el servicio de alumbrado público a una empresa particular. La actual administración, sin llevar a cabo el procedimiento legal adecuado y en un ejercicio abusivo de facultades, determinó cancelar dicha concesión.
La empresa afectada interpuso demanda de amparo, y solicitó la suspensión del acto reclamado. El Tribunal Colegiado otorgó la suspensión definitiva, y si bien no se ha resuelto el asunto de fondo, al obsequiar dicha suspensión deja entrever en su resolutivo que la cancelación de la concesión es ilegal. El pronóstico es que el Ayuntamiento de La Paz perderá el juicio y el quebranto económico será elevado.
Durante el proceso de cancelación de la concesión, la actual administración municipal evidenció su desconocimiento de los procesos administrativos, dando pie a la querella de la empresa concesionaria, y generando un quebranto patrimonial a las arcas municipales, en grave perjuicio para la sociedad paceña.
Durante la tramitación del incidente de suspensión dentro del juicio de amparo, quedó claro que el área jurídica del municipio carece de los conocimientos y experticia necesarios para realizar adecuadamente la labor encomendada, y ello devino en una deficiente exposición argumentativa y nula fundamentación en su intento por sostener la legalidad de la cancelación de la concesión.
Dos errores en la administración pública que habremos de pagar los gobernados: el indebido proceso de cancelación de la concesión y la deficiente defensa del Ayuntamiento ante los tribunales de amparo.
Tratando de solventar “políticamente” la catástrofe, el Ayuntamiento de La Paz busca un chivo expiatorio propicio, y no encuentra mejor candidato que el Secretario General, a quien “sacrifican” en aras de salvar la imagen edilicia ante la opinión pública. Tercer error, pues el procedimiento de destitución del Secretario General resultó ilegal, y en consecuencia, si el afectado demanda adecuadamente, podrá ser legalmente indemnizado.
Irónicamente, al “sacrificar” al referido, realmente lo que hacen es premiarlo con un prolongado periodo vacacional a cargo del erario municipal, y paradójicamente, siendo el “responsable” de haber perdido el juicio de amparo, lo salvan de las acciones que en vía de apremio ejerza la Justicia Federal, pues habiendo quedado fuera de la administración municipal, se verá exento de las sanciones que la Ley de Amparo previene para el desacato de una sentencia de amparo, que van desde la multa y destitución del encargo, hasta la pena de prisión.
Imágenes: Cortesía.
En conclusión, si no profesionalizamos el servicio público, los gobernados seguiremos siendo víctimas de la improvisación, y seguiremos pagando de nuestro bolsillo, las desastrosas determinaciones en el ejercicio público, generadas a través de la ignorancia y la soberbia de malos servidores públicos que ocupan el encargo más por complicidades que por capacidad e idoneidad.
Desde luego, procede la denuncia contra los miembros del cabildo que participaron en la toma de las decisiones erróneas que hoy generan un grave detrimento al erario municipal; habrá que proceder penalmente en su contra, y exigir que sean severamente sancionados, pero también debemos empezar a trabajar en la constitución de la Contraloría Ciudadana, y en el marco legal regulatorio del acceso al servicio público para evitar que tanto improvisado arribe al cargo público, o de lo contrario, nunca vamos a detener el derroche y desfalco de la cuenta pública.
