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Constitución estatal y leyes electorales conducirán proceso electoral en BCS: diputado Ruiz Flores

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La Paz, Baja California Sur (BCS). “Por novena vez en la historia reciente de Baja California Sur, la Constitución Política del Estado y las leyes secundarias en materia electoral conducirán un proceso de renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo así como de los ayuntamientos de la entidad, acciones que se deben de presentar en un marco de respeto y civilidad  entre quienes serán los contendientes en los comicios del próximo mes de junio”, puntualizó el diputado Ramiro Ruiz Flores con motivo del 46 Aniversario de la promulgación de la Carta Magna de Baja California Sur el cual se cumple este 15 de enero, informó el Congreso sudcaliforniano.

El legislador, al abordar el tema relacionado con Constitución, leyes electorales y proceso político de renovación constitucional indicó que fue precisamente el derecho negado a los sudcalifornianos durante mucho tiempo a elegir a sus gobernantes lo que llevó a los grupos locales del Frente de Unificación Sudcaliforniana en 1965 y Loreto 70 a impulsar la transformación política del entonces Territorio de Baja California Sur a Estado libre y Soberano, “y desde 1975 tenemos como sociedad la posibilidad de elegir a nuestro gobernador y a los diputados locales y desde 1971, a los presidentes municipales en Sudcalifornia; lo que como sociedad y como actores políticos debemos valorar en todo lo que vale, y por ello, es mi llamado a quienes participarán en este proceso electoral a conducirse en el marco de la Ley para honrar la lucha de nuestros antepasados, de mujeres y hombres que pugnaron por la libre autodeterminación del pueblo sudcaliforniano”.

Ramiro Ruiz dijo que a pesar de existir vacíos en la actual legislación electoral de la entidad, estos los suple la autoridad con acuerdos, “y queda claro que es un marco normativo que en otros procesos locales ha permitido transitar sin mayores problemas, por lo que está en los partidos, autoridades electorales  y ciudadanos de Baja California Sur acatar las normas que regirán la contienda electoral que recién ha iniciado para concluir con una jornada electoral sin mayores contratiempos dentro de unos meses”.

El representante popular reconoció el aporte de los legisladores constituyentes, Armando Aguilar, Armando Trasvina, Eligio Soto, María Luisa Salcedo, Manuel Davis, Fernando Cota Sandez y Armando Santisteban Cota, y a las 114 legislaturas anteriores de la entidad “que como constituyente permanente nos han dado en cada época de nuestro estado un marco legal en materia electoral que se ha ido transformando de acuerdo a la evolución política de nuestro país y de nuestro estado”.

Este marco legal en materia electoral, aseguró Ramiro Ruiz Flores,  ha permitido alternancias políticas, el nacimiento de partidos políticos estatales, la realización de plebiscitos, “pero, sobre todo, de 25 años a la fecha ha permitido procesos electorales totalmente transparentes, en donde la voluntad ciudadana ha sido respetada, todo ello, producto de la madurez política del pueblo de Baja California Sur”.




El veto imperial sudcaliforniano

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El 10 de diciembre de 2020, el Congreso de Baja California Sur aprobó el paquete económico que incluye la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, y los remitió para su publicación al Ejecutivo del Estado.

El Gobernador, en lugar de publicar la ley y el presupuesto en comento, tal y como le mandata la Constitución local (Artículo 79 fracción III), emitió el 2 de enero de 2021 un comunicado en redes sociales, mediante el cual informa al pueblo sudcaliforniano, su decisión de “vetar” dichas leyes, confundiendo en su determinación, el veto constitucional sudcaliforniano —que consiste únicamente en formular observaciones—, en un plazo perentorio de diez días y que son superables por la opinión de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso local, con:

  1. El veto imperial romano ius exclusivæ, mediante el cual, el monarca podía dejar sin efecto determinaciones de otros poderes, o

  2. El veto consular romano, ius intercessionis, gracias al cual, un tribuno plebeyo podía dejar sin efecto una determinación de un tribuno patricio, o un magistrado superior respecto de un inferior; o peor aún, con

  3. El veto del consejo de seguridad de la ONU, mediante el cual, queda rechazada ipso facto cualquier propuesta, simplemente con el veto emitido por uno de los cinco miembros permanentes del consejo: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, sin que haya necesidad de explicar, fundar o motivar su veto.               

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El veto, en el derecho constitucional mexicano en general, y sudcaliforniano en particular, NO es un acto soberano de prohibir, como puede sugerir la interpretación etimológica del término veto, que es prohibir, dejar sin efecto, pues ello implicaría la superposición del Ejecutivo sobre el Legislativo. Es en realidad un acto de colaboración entre poderes, mediante el cual el Gobernador hace llegar a los diputados en calidad de sugerencia, diversos cuestionamientos, observaciones que tal vez pudieron no haberse tomado en cuenta en el momento de discutir la iniciativa durante el proceso legislativo, siempre con el objeto de mejorar la ley o superar contradicciones o cubrir totalmente sus requerimientos, pero siempre se trata de una aportación sin fuerza de imperio, que generan un análisis y evaluación por parte del Congreso, cuyos integrantes, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán aceptar o rechazar las objeciones, sugerencias y cuestionamientos del Ejecutivo, pero nunca, y bajo ninguna circunstancia, el veto constitucional mexicano faculta al Gobernador para impedir la entrada en vigor, vía no publicación de las leyes y decretos que emanen del Congreso local.

En Baja California Sur, las autoridades y funcionarios del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les concede la Constitución local (Artículo 3), por lo tanto, todo acto de autoridad para el que no esté expresamente facultado en la ley, se constituye en abuso de autoridad, e incurre en responsabilidad administrativa, eventualmente penal, y será sometido a procedimiento sancionador, ante el Congreso local constituido en Jurado, cuando en el ejercicio de sus funciones incurra en actos y omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (Art. 157 y 158).

El texto constitucional local otorga al Gobernador la facultad de veto (Artículo 60) respecto de los proyectos de ley o decretos que emita el Congreso local, entendiendo que dicha facultad, se limita a la posibilidad de formular observaciones que considere pertinentes, mismas que deberá hacer llegar al Congreso, en un plazo improrrogable de diez días hábiles. Las observaciones del Ejecutivo podrán realizarse respecto de todo el documento (veto total) o únicamente a una de sus partes (veto parcial).

Si las observaciones emitidas por el Ejecutivo son desechadas por al menos las dos terceras partes de los miembros del Congreso, el Proyecto de Ley o Decreto se remitirá de nueva cuenta al Gobernador del Estado para su promulgación y publicación; si dichas observaciones son aprobadas por la misma proporción de diputados, se incorporarán al proyecto de ley o decreto, tratándose de veto parcial, y se remitirá de nueva cuenta al Gobernador del Estado para su promulgación y publicación; o tratándose de un veto total, el Proyecto de Ley o Decreto quedará sin efecto, debiendo publicarse esta decisión en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Atendiendo a procedimiento constitucional, el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos, cuya elaboración y aprobación es facultad exclusiva del Congreso (Art. 64), la obligación ineludible del ejecutivo es publicarlas o realizar observaciones en los términos planteados en el apartado precedente, pero en modo alguno, puede abstenerse de publicar dichos ordenamientos, con el pretexto de ejercer un derecho de veto, pues, como hemos apuntado, el veto constitucional sudcaliforniano solo faculta al Gobernador para realizar observaciones. Al no hacer la publicación, incurre por omisión en responsabilidad y debe enfrentar un procedimiento de juicio político.

Anuncia el Gobernador en redes sociales la inconstitucional decisión de no publicar la Ley de Ingresos y presupuesto de egresos 2021, pese a que fueron aprobadas por el Congreso, pretendiendo justificar su actuación con el pretexto de que son contrarios a los intereses de los sudcalifornianos.

En su comunicado, el Gobernador afirma que el presupuesto aprobado implica disminuir a la administración pública estatal 400 millones de pesos que limitarían, entre otros, la prestación de servicios en materia de salud, mantenimiento de la seguridad pública y el sostenimiento de la educación, y que impide continuar con la atención de la salud para las familias, borra la posibilidad de apoyar la economía familiar y pone en riesgo la seguridad pública.

De ser cierto lo afirmado por el Gobernador en su comunicado, lo correcto era regresar los proyectos aprobados por los diputados, al Congreso, dentro del plazo legal, con dichos argumentos en vía de observaciones, tal y como marca el texto constitucional. En lugar de eso, dejó correr el plazo de diez días que le brinda la Constitución para ello, y anunció su determinación de no publicar la ley, incurriendo así en responsabilidad oficial, dejando con ello en estado de indefensión a los contribuyentes del Estado, sobre todo a los cautivos, pues no existe marco legal regulatorio del ejercicio recaudatorio estatal, ni presupuesto aplicable, siendo ilegal pretender imponer la ley de la materia vigente en el 2020, pues eso sólo es posible, únicamente (Art. 64 fracción XXXI), en el caso de que el presupuesto 2021 no fuera aprobado, y eso sí ocurrió.

La incertidumbre legal y el vacío normativo en que se encuentra la Entidad, tendrá graves consecuencias en detrimento del servicio público y en agravio patrimonial de los causantes cautivos.

Con su negativa a publicar las leyes en comento, el Gobernador actuó como un auténtico emperador, pues ejecutó la facultad de veto como un acto potestativo de imperio, dictatorial y arbitrario, inadmisible en un Estado democrático moderno.

Es inaudito el abuso de poder en que incurre el Ejecutivo, pero es aterrador e indignante constatar la pasiva inacción en que se encuentra paralizado el Congreso. Simplemente, no saben qué hacer, y ello debido en gran parte, no sólo a la ignorancia de nuestros diputados, sino a la carencia de un cuerpo de asesores parlamentarios certificados y calificados. La pobreza intelectual y carencia de asesoría parlamentaria de nuestros diputados locales, es la garantía de impunidad que le permite al Gobernador ejercer abusivamente el poder en la entidad.

El permitir que cada diputado local nombre como “asesor” a su compadre, primo, sobrino, amasio, ahijado, en lugar de que dicho encargo de tan alta responsabilidad sea reservado a profesionales de carrera, con conocimientos y experiencia en el encargo, ha hundido al Congreso local en un consecutivo de yerros, pifias y desaciertos que han generado conflictos y confusiones, con un alto costo social y material, de los cuales, en un descarado abuso de poder, el Gobernador saca ventaja cobijado en la impunidad que le brinda la ignorancia y apatía de nuestros diputados locales.

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Pruebas, valemadrismo sudcaliforniano y más pruebas

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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y el secretario de salud estatal, Víctor George Flores, nos han dicho desde mediados de año que ellos sí se preocupaban por la salud de los ciudadanos, que sí atendían a la ciencia y que, en consecuencia, aplicaban un gran número de pruebas para la detección del coronavirus. Hablaron de más de treinta y cinco mil de estas —las que para una población de ochocientas mil personas parecen insuficientes— que aplicaron estratégicamente para detectar a enfermos y asintomáticos para así localizar e interrumpir las cadenas de transmisión del letal virus. Lo que, según ellos, les permitía mantener una mayor reapertura económica, turística y en general social que en el resto del país.

El gobernador alardeó en su informe anual del enorme logro en la contención del virus, el gobierno pagó promocionales en radio que repitieron incansablemente que en BCS moría la mitad de los contagiados a diferencia del resto del país; hacía referencia a la tasa de letalidad, que es el número de muertes en relación al de los infectados. Al hacer pruebas se detectaron más casos y se redujo la tasa de letalidad; no así la de la mortalidad, que para octubre era más alta que la de la media nacional, y que para mediados de diciembre ha sobrepasado los noventa fallecidos por cada cien mil habitantes, ubicando a Sudcalifornia entre las 15 entidades con más defunciones en relación a su población total.

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El punto más alto de contagios lo tuvimos el 27 de julio con 168. En adelante, la contención del coronavirus pareció ser efectiva hasta finales de septiembre, el día 27 de ese mes se registraron 19 contagios. Hasta entonces, se observó un descenso en la cantidad de personas infectadas. Durante octubre, con todo y un ligero incremento en la transmisión del virus, que después disminuyó, la tasa de contagios se mantuvo en un nivel bajo, que promedió por día alrededor de 15 nuevos casos. Eso le permitió al gobierno estatal exponer en su informe anual que se había logrado contener al coronavirus. Pero antes de la llegada del invierno, apenas al inicio de noviembre, cuando el clima caluroso cambió a templado, comenzó de nuevo el incremento de los contagios.

Ahora, con la llegada del invierno, el gobierno estatal no puede hablar de su buen manejo de la crisis sanitaria. El error de Carlos Mendoza y su equipo de científicos de la salud es que generaron un semáforo de seis colores con dos tonalidades en el nivel amarillo y dos en el naranja, además del color verde y el rojo, alterno al de la federación que es de cuatro. Con el que, a pesar de que el Gobierno Federal nos ha ubicado en color naranja en dos ocasiones tras la etapa de confinamiento, ellos nos mantuvieron hasta el 18 de diciembre en color amarillo, con una holgada relajación de los protocolos de seguridad sanitaria y eliminando en muchos rubros la sana distancia.

Hoy, que el gobierno estatal reconoce el semáforo naranja, aunque en su nivel más relajado, parece ya demasiado tarde para contener el acelerado incremento de contagios y muertes que estamos viviendo en la entidad. Es previsible que conforme se incremente el frío y continúe el valemadrismo social de las reuniones, comidas y fiestas decembrinas, subamos al siguiente nivel de color naranja y para enero debamos regresar al confinamiento del color rojo.

La estrategia científica y depurada de las pruebas y más pruebas fue efectiva para la contención del virus lo que duró el verano. Al discurso del gobernador ya no lo apoya la temperatura, se fue el calor, llegó el frío y falló la contención.

 

Polilla política

Primero ellos no siguen las normas federales y relajan los protocolos de seguridad. Después, decretan multas de 8600 pesos y hasta pena de cárcel por no usar cubrebocas.

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Tendrá voleibol su asamblea y congreso técnico

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Asociación Sudcaliforniana de Voleibol tendrá su asamblea general ordinaria y congreso técnico el sábado 19 de diciembre, para definir el plan operativo anual 2021, previendo un escenario favorable en el tema sanitario, que permitan a los atletas el regreso a los torneos tanto de nivel estatal como nacional, informó el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude).

Nubia Esthela Barraza Anaya, presidenta del organismo, estará encabezando los trabajos que se efectuarán en las instalaciones del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, acudiendo los presidentes de las ligas afiliadas de los cinco municipios, quienes se encargarán de tomar las decisiones que más convengan al deporte.

Recientemente, se llevó a cabo la asamblea de la Federación Mexicana de Voleibol, donde su presidente Jesús Perales Navarro, ofreció información importante sobre lo que se tiene considerado en el siguiente ciclo deportivo, luego de la cancelación del programa correspondiente a este año tras la declaratoria de emergencia sanitaria.

Con esa referencia, es que se está convocando a la asamblea y congreso técnico a nivel local, para en conjunto definir un programa que considere los torneos tanto en la modalidad de sala como de playa, que involucre desde las categorías menores hasta mayores, algunos de los cuales se considerarán como parte de los procesos clasificatorios hacia los Nacionales CONADE.

La asamblea iniciará a las 11:00 de la mañana con la acreditación de delegados, los que deberán acreditar que se encuentran al corriente en el tema de afiliación, tal y como lo establecen los estatutos internos, pudiendo acudir dos miembros directivos por cada liga y solo uno será el encargado de ejercer su derecho al voto al momento de la toma de decisiones.

De acuerdo a la información preliminar que surgió de la reunión nacional, Baja California Sur sigue figurando como sede nacional del torneo juvenil de voleibol de playa, sin embargo, es necesario esperar a que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, defina el esquema de participación para la competencia nacional del próximo año.




La Casa de Gobierno. Epicentro de la política sudcaliforniana

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Tierra Incógnita

Por Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los paceños y paceñas que paseaban por el centro histórico de este bello puerto al inicio de los años sesentas, recordarán con sumo agrado el hermoso edificio que abarcaba toda la manzana entre las calles Francisco I. Madero, 5 de mayo, Belisario Domínguez e Independencia.

En este deslucido pero imponente edificio, despacharon todos los jefes políticos y Gobernadores durante los 82 años que estuvo en pie. Me refiero al edificio llamado “Casa de Gobierno”.

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Cuando la cabecera del distrito sur de la Baja California fue cambiada a este puerto de La Paz en el año de 1830, los diferentes jefes políticos designados por el Imperio Mexicano en su momento -con Agustín de Iturbide o Agustín I, y posteriormente por los diferentes Presidentes de la República-, despacharon en diferentes sitios de este lugar, algunos fueron sus casas particulares y otros fueron locales arrendados ex profeso, sin embargo, siempre estuvo latente el deseo de construir un recinto que fuera digno de albergar la sede de la representación del poder civil y militar en estas tierras calisureñas. Fue en el año de 1879, en que la jefatura de gobierno y militar del territorio estaba al mando del Coronel Andrés L. Tapia, que este militar ordenó realizar un proyecto que incluyera una Casa de Gobierno, así como el Cuartel de Infantería. De acuerdo a los documentos que se encuentran en el Archivo Histórico de Baja California Sur “Pablo L. Martínez”, este diseño incluía la fachada y la distribución seccional: destaca el despacho del jefe político, secretaria, oficina, archivo, cuerpo de guardia, prevención, pabellón de jefes y oficiales, juzgado de primera instancia, archivo del juzgado y corredor que sirve de cuartel. En el centro: pozo y lavadero y en el ángulo izquierdo, al fondo del patio, un calabozo.

Una vez realizadas las gestiones ante el gobierno federal y radicado los recursos económicos, se dio paso a la construcción del inmueble, el cual se finalizó y fue inaugurado en el año de 1881 por el entonces jefe político y comandante militar, Gral. José María Rangel. Hace unos días, revisaba el libro “México pintoresco, artístico y monumental” del escritor Manuel Rivera Cambas y pude encontrar una reproducción de una hermosa fotografía tomada en el año de 1883 a este edificio. Al frente se puede apreciar la impronta del jardín “Máximo Velasco”, el cual estaba sembrado con una gran cantidad de árboles juveniles y cercado por una valla de madera. Detrás de él, se aprecia el hermoso edificio a dos años de haber sido inaugurado y con la inscripción “Casa de Gobierno” en la parte superior de la fachada; un poco más abajo y del lado izquierdo se lee “Gobierno político” y del lado derecho “Tribunal superior”.

Al parecer, el edificio -a pesar de haber sido inaugurado- no contaba con el equipamiento interior ni tampoco con las divisiones respectivas que marcaban los planos, por lo que durante varios años este edificio no pudo ser utilizado. Tras una larga lista de albañiles que a paso de tortuga iban dando forma al interior del inmueble, y de la llegada a cuenta gotas del mobiliario necesario, fue hasta el primero de enero de 1888 que los poderes del Distrito Sur del Territorio de Baja California se pudieron asentar en este local y continuar con sus gestiones en un sitio más acorde a las necesidades de esos tiempos.

En una interesante descripción que realizó el Profesor Gilberto Ibarra Rivera en su libro “La Paz. Ciudad y puerto Mexicano. Origen, Proceso histórico y Símbolos emblemáticos”, nos dice lo siguiente sobre este edificio: El corte de la construcción principal es de estilo neoclásico, levantado al margen de la acera, macizo corrido conocido como estilóbato, de donde se levantan las paredes y están colocadas las basas de donde, en el edificio original, partían las cuatro columnas que adornaban la puerta principal y las dos columnas localizadas en los extremos de la fachada; esta presenta trece vanos que forman su estructura a partir de la puerta central y distribuidos simétricamente, cubiertos con seis ventanas rectangulares de dos hojas por cada lado, construidas de madera, con rejas horizontales en forma de persiana fija. Fueron alineadas a la altura de las basas que sostienen las pilastras de la puerta principal. El marco de las ventanas está formado por un jambaje en forma de recuadro y arriba de cada ventana, coronada con una cornisa unida por una moldura curva a cada lado de las jambas, arreglo que en conjunto forman una de las vistas simétricas de la fachada, complementada con la parte central, en donde se encuentra la puerta principal, también de madera, adornada con sus respectivas jambas y el dintel. Arriba de éste, encontramos una cornisa sencilla que se extiende longitudinalmente a lo largo de la fachada. La parte lateral de la fachada prosigue con una ventana igual a las anteriores y con una ventana menor que tiene dos jambas rematadas en un arco de medio punto sobre la que se encuentra una cornisa y en parte superior de ésta, se extiende el arquitrabe al igual que en el frente de la fachada.

A cada lado de la puerta se presentan dobles pilastras, asentadas sobre basas. En esta parte del edificio, existen algunas modificaciones en comparación con la construcción original: entre la cornisa longitudinal y la puerta principal se encuentra inscrito el nombre Casa de Gobierno, también le fue agregado un balcón, protegido con un barandal de fierro, situado en el único anexo, ubicado en la azotea, en cuya pared, al frente, se encuentra una puerta con jambada, que en el edificio original no existió. Sobre esta puerta se observa una cornisa; arriba de ésta, un reloj de pared; a los lados, una serie de cuatro banderines esculpidos; en la parte superior un águila porfiriana y a los lados, los años simbólicos: 1881 (inauguración) y 1981 (reconstrucción). En el edificio original, en la base de la pared de este anexo de la azotea tenía escrito: CASA DE GOBIERNO. A los lados de este espacio, prosiguen las pilastras que vienen desde la planta baja, pero las pilastras del exterior se cortan. En este anexo de la azotea se levanta un frontón triangular que en el edificio original tenía un gorro frigio, el que fue eliminado. El frontón fue la base del asta bandera. Tiene un entablamento formado por el arquitrabe, extendido en toda la longitud de la fachada, primero se extiende una moldura y sobre ella una cornisa doble arreglada con dentículos. Por último, tiene un apoyo oblicuo a cada costado que da la apariencia de sostener el sitio, pero es un sostén ornamental de una pieza de forma irregular en cada lado, arreglada con canales rectos en la superficie de cada una.

En la planta baja, al introducirnos por la puerta de entrada se encuentra un recibidor de distribución a las dos alas e inmediatamente al fondo, se encuentra una puerta que comunica al patio. A la izquierda del recibidor, un amplio espacio en donde se encontraban las oficinas de gobierno y el despacho del jefe político; a la derecha, a lo largo de la estancia, se encontraban las oficinas del Tribunal Superior de Justicia y en cada estancia, doblando de oriente a poniente, se encontraban las oficinas de los titulares. A la derecha del recibidor, después de introducirnos a la estancia se localizó una escalera de caracol que conduce a la única estancia de la azotea. Esta ala de la construcción fue ocupada por las oficinas del Tribunal Superior de Justicia. En el resto de la manzana, al frente de las calles Independencia, Belisario Domínguez y 5 de mayo, se construyeron y adaptaron el resto de las oficinas de gobierno y a la par, durante un tiempo, fue sede de la fuerza de guarnición de la plaza”.

En este punto, hago un paréntesis y comento que hace algunos años un buen amigo mío, el señor Enrique Colado Maya, me comentaba que en los años cuarentas acompañaba a su señor padre, Don Ignacio Collado, hacia el cuarto situado en la parte alta de la “Casa de Gobierno” con el propósito de hacer las lecturas de los diferentes instrumentos de precisión que ahí tenían para medir la “calidad del tiempo”. Recuerda que había termómetros, barómetro, medidor de humedad y otros aparatos que ya no recuerda. Una vez que Don Ignacio finalizaba esta tarea, se dirigía a las oficinas de telégrafo, de las cuales él era el administrador, para trasmitirlas religiosamente a las 18:00 hrs. a la Ciudad de México.

Con el paso del tiempo, el edificio cumplió muy bien sus funciones siendo además de la sede del poder político, militar y judicial, el sitio donde inició la comunicación telefónica en esta ciudad. Muchas personas recuerdan los sonidos de las máquinas que intercomunicaban a las casas y comercios del primer cuadro de la ciudad a través de los teléfonos conocidos como “de manivela”. El profesor Leonardo Reyes Silva y el ex gobernador Ángel César Mendoza Arámburo recuerdan sus paseos por el patio interior del recinto, entre el hermoso jardín que daba sombra y frescor a los días de verano, así como para ver trabajar a las telefonistas que, de manera incansable, enchufaban y desenchufaban cables en el mueble electrónico. Sin embargo, como todos los edificios, la Casa de Gobierno requería de mantenimiento y remozamiento para poder sostenerse de forma digna; lamentablemente, la falta de cuidado por los gobernantes en turno y las carencias económicas por las que pasó el territorio, hicieron que el edificio luciera ya a principios de los años sesentas en muy malas condiciones: paredes descascaradas, ventanales rotos, marcos de puertas y ventanas resecos y destruidos por la acción del sol, pisos gastados y manchados, etc. Y para incrementar las dolencias, sumaremos que el incremento en la estructura burocrática del gobierno del entonces territorio hacía casi imposible que se pudieran albergar todas las oficinas en este sitio, por lo que el entonces jefe político y militar, el Gral. Bonifacio Salinas Leal, inició las gestiones para la construcción de una nueva sede del Poder Ejecutivo del Territorio.

Una vez construido el nuevo “Palacio de Gobierno”, o “Palacio de cantera” como se denominó al flamante edificio que se construyó en los terrenos de lo que hasta entonces había sido el Aeropuerto de la ciudad, los muebles y demás documentos que hasta entonces habían permanecido en la “Casa de Gobierno” fueron trasladados para iniciar el trabajo. Lamentablemente, en el año de 1963 y sin previa consulta con los paceños, el Gral. Salinas Leal mandó demoler el octogenario edificio ante la mirada asombrada de los lugareños. No le importaron los airados reclamos que salían del periódico el “Eco de California”, este señor estaba acostumbrado a hacer lo que le dictaba su regalada gana y no paró hasta tumbar la última piedra de este hermoso edificio y colocar en su lugar, un cine. Vaya manera tan desafortunada e inmerecida para acabar con un edificio en donde despacharon asuntos de gran importancia personas de mucha mejor valía y estimación, que el que daba la estocada final a esta construcción.

Con el pasar de los años, llegaron vientos de cambio en nuestra ciudad y se pudo ver coronado aquel viejo anhelo de ver a nuestra sureña Baja California convertirse en el estado libre y soberano de Baja California Sur y, al mando, un sudcaliforniano que sabía aquilatar las obras y encarnaba los valores de estas tierras, el Lic. Ángel César Mendoza Arámburo. Con su elección, se inició la gestión de recursos y la planificación para volver a la vida a aquellos edificios que fueron demolidos por el general de ingrata memoria. En el último año de su gestión al frente del gobierno se inició la reconstrucción de lo que fuera la “Casa de Gobierno”; lamentablemente, los recursos no fueron suficientes y sólo se edificó la fachada, así como el recinto de exposiciones y las oficinas, en el lugar que años atrás ocupaba el jefe político. También se construyó un hermoso auditorio con capacidad para unas 100 personas. En este sitio funcionó por casi 20 años la famosa “Biblioteca de las Californias”, la cual se preciaba de contener una de las colecciones más completas de libros, en inglés y español, de historia Baja Californiana. En fecha reciente, en este espacio estuvo funcionando el Centro de Artes, Tradiciones y Culturas Populares del Estado de B.C.S. en donde se podían apreciar una gran cantidad de exposiciones sobre diversos tópicos de gran interés para la ciudadanía. En la actualidad, este recinto está en remodelación y albergará lo que se ha dado por llamar el “Museo de Arte de La Paz” con una inversión millonaria en su infraestructura y equipamiento.

La Casa de Gobierno ya no existe más, sin embargo, en la memoria y nostalgia de los habitantes de este bello puerto perdurará por muchos años más.

 

Bibliografía:

 

“La Paz. Ciudad y puerto Mexicano. Origen, Proceso histórico y Símbolos emblemáticos” – Gilberto Ibarra Rivera.

“México pintoresco, artístico y monumental” – Manuel Rivera Cambas

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