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Ius et ratio
Por Arturo Rubio Ruiz
La Paz, Baja California Sur (BCS). Los diputados, como representantes populares, tienen derecho a ser tan ignorantes como su personal situación se los imponga. No puede exigirse como requisito previo ningún título, grado o especialización profesional, pues ello implicaría condicionar el acceso a los cargos de elección popular, y sería violatorio del espíritu constitucional de máxima representatividad.
Atendiendo a ese principio, no podemos exigirles preparación o formación profesional como requisito indispensable a nuestros legisladores. Lo que sí podemos, es exigirles, es que cuenten con la mejor asesoría parlamentaria disponible en el Estado.
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La historia reciente ha dejado muy en claro que es un costosísimo error, permitir que cada diputado designe a su antojo a sus asesores, pues en su gran mayoría se trata de improvisados desconocedores de la materia, designados más por su cercanía con el diputado que por su conocimiento sobre el quehacer legislativo. Son designados los parientes, amigos, amantes, guachomas, chalanes o equivalentes, para un encargo en el que se necesita auténticos profesionales, especializados en el proceso legislativo.
La actual legislatura de Baja California Sur —fruto de la improvisación y el oportunismo—, pasa a la historia de la entidad como la peor generación que ha existido, y deja en claro que debemos impedir a toda costa que se vuelvan a conjugar los tres factores: falta de asesores calificados, incapacidad de diálogo e inclinación a la beligerancia, que actualmente tienen hundido el quehacer legislativo en el abandono y la ilegalidad.
A seis meses de que estallara un conflicto generado por una deficiente interpretación de la normatividad que rige la vida interna del Congreso del Estado, las labores se encuentran paralizadas y las partes en conflicto se encuentran inmersas en un laberinto de suspensiones judiciales, denuncias, acusaciones, agresiones y reyertas, cuando deberían estar atendiendo a las labores propias de su encargo legislativo.
Las redes sociales y medios impresos son el escenario cotidiano de señalamientos y acusaciones recíprocas, demostrando con ello los legisladores, que no tienen capacidad de gestión, ni perfil político ni vocación de servicio, pues todo indica que sólo atienden a intereses de grupo.
De los dos grupos en pugna, el mayoritario es el que más requiere asesoría legal adecuada. Son mayoría, y en lugar de hacerla valer por los cauces legales, se empeñan en seguir la contienda en el plano de la ilegalidad. A estas alturas, ya deberían haber entendido lo que hace seis meses les adelantamos: la Suprema Corte no resuelve conflictos caseros, o no al menos, con celeridad. Bien pueden pasar otros seis meses, y no hay poder humano que obligue a la Corte a dirimir la contienda, por lo que el pleito doméstico de nuestros legisladores puede seguir en el limbo de la espera indefinidamente.
Lo que deben hacer, en calidad de urgente, ese grupo mayoritario en el Congreso, es firmar la pipa de la paz con el grupo minoritario, zanjar las diferencias, desistirse de las demandas planteadas ante la justicia federal, reconformarse en poder legalmente constituido y entonces sí, hacer valer su calidad de grupo mayoritario.
Es una pena que se la pasen culpando al Gobernador de ser el causante del conflicto, cuando ellos, mayoría numérica, legalmente constituidos, tienen el poder soberano de fincarle responsabilidad y llevarlo a juicio. Si el Gobernador es el responsable, aplíquenle todo el peso de la ley, que para eso son un poder soberano, pero primero arreglen el desbarajuste interno en que tienen hundido el Congreso del Estado.
Sólo necesitan voluntad política, madurez, sensatez, capacidad de diálogo y asesoría legal adecuada. Hay muchas ofertas de mediación, deben atender urgentemente una de ellas, o el costo será irreparable. Y debemos exigirles a éstos, o a los siguientes, que se instituya ya la exigencia de profesionalización de los asesores o volveremos a tropezarnos con la misma piedra.
El Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines presentará en breve un proyecto de ley al respecto. Ojalá que prive la mesura, se ponga fin al conflicto y para evitar que en lo sucesivo se repita, establezcan la obligatoriedad de contar con asesores parlamentarios profesionales, certificados, calificados y especializados. Sería un gran acto de desagravio de la actual legislatura, emitir una ley al respecto. Sería un acierto que lo hicieran, incluso con la salvedad de hacerla obligatoria hasta que entre en funciones la próxima legislatura, por si quieren seguir manteniendo a su ejército de improvisados, pero blindando al Estado, para que, en el futuro, desaparezca esa nefasta práctica de designar como asesores a quienes carecen del perfil necesario para el cargo.
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