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La Paz, Baja California Sur (BCS). La sociedad y los movimientos feministas deben ahondar en que quienes lleguen a los espacios públicos, incluyendo los del Congreso del Estado, deben de tener perspectiva de género, para que haya resultados en problemáticas que afectan a la niñez y a las mujeres, como la violencia intrafamiliar y otros, sostuvo la diputada Mercedes Maciel en el Conversatorio efectuado por el Poder Legislativo de Baja California Sur en el marco del Día internacional de la Mujer, informó el Congreso de Baja California Sur.

Maciel Ortiz respaldó la lucha por la paridad de género, sin embargo consideró que más allá de la búsqueda de espacios políticos, el movimiento feminista y la ciudadanía en general deben revisar quienes van a ser sus representantes en el Congreso y los poderes públicos, asegurarse que quienes lleguen a los espacios públicos deben de tener perspectiva de género.

La estructura mental de la sociedad acerca de la violencia y pobreza van a la par, externó, de ahí que destacó la importancia de la revisión hacia hombres y mujeres quienes aspiran a ocupar  un cargo público.

Mercedes Maciel ejemplificó que en Baja California Sur se registra un 20% más en casos de violencia intrafamiliar durante la pandemia, en tanto que las carpetas de investigación por casos de violencia han aumentado un 20%.

Propuso que se deben de hacer esfuerzos para superar la burocracia en instituciones de impartición de justicia y el gobierno del Estado destinar mayor presupuesto al Instituto de la Mujer, “en vez de gastar 100mdp anuales en publicidad que se lo de al INMujeres, que sólo tiene 20mdp, la autoridad tiene mucho por hacer”, añadió.

En este Conversatorio digital transmitido por la página web y redes sociales del Congreso, la diputada Rosalba Rodríguez habló de las acciones que ha aportado la XV Legislatura como la legislación en materia de violencia digital “Ley Olimpia”, el protocolo para que las mujeres sepan a dónde acudir en casos de violencia, la creación del Banco Estatal de Datos referente a quienes ejercen violencia, para tener información por región para prevenir, el cual no ha sido publicado por el Poder  Ejecutivo.

Por su parte, Eufrosina López Velasco, activista de la comunidad indígena en Baja California Sur, evidenció los obstáculos para las mujeres de extracción indígena para recibir servicios de salud y las vicisitudes para llevar a cabo la comercialización de productos y la problemática que ello conlleva.

Finalmente, la reportera Gladys Rodríguez Navarro, hizo una reflexión en diferentes ámbitos y concluyó en la importancia de la prevención desde los poderes públicos, la atención a víctimas directas y colaterales, y de una necesidad de capacitación en la materia a los medios de comunicación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante la intención del Presidente Municipal de Comondú, Walter Valenzuela Acosta de vender un predio ubicado en la zona de Isla Magdalena para allegarse recursos para la administración municipal, el presidente de la Cooperativa Pesquera “Bahía Magdalena”, David Romero Castro solicitó al diputado Ramiro Ruiz Flores su intervención para evitar la enajenación, pues argumentan que “es un patrimonio que los pescadores y sus familias han disfrutado durante muchos años” y buscan evitar les sea arrebatado por la actual autoridad municipal comundeña, informó el Congreso sudcaliforniano.

En llamada telefónica, Romero Castro le dio a conocer que recientemente el alcalde de Comondú llegó a la zona ubicada en el Pacifico Sudcaliforniano, para informarles que una importante porción de terreno denominado Punta Belcher estaba en tratos para ser vendido a inversionistas, con el fin de levantar un desarrollo turístico en una zona con una gran riqueza natural en fauna y flora marina.

El legislador estableció el compromiso de que el martes entrante mediante un Punto de Acuerdo habrá de solicitar al Congreso del Estado la creación de una Comisión Plural especial para investigar directamente este caso, e informar a la sociedad sudcaliforniana sobre lo que ocurre en la región norte de la entidad, “pero lo que queremos y lucharemos con todas los elementos a nuestro alcance para evitarlo es que no se despoje a los pescadores de un patrimonio histórico en el que diversas generaciones de pescadores han trabajado a lo largo del tiempo”.

Ramiro Ruiz le manifestó al dirigente cooperativista que pondrá a su disposición un abogado para que los asesore “y de entrada evitar que un patrimonio de los pescadores y sus familias que tienen años pescando en este lugar se enajene, pero sobre todo, que los sudcalifornianos perdamos un importante lugar de gran belleza natural por la incapacidad de un gobierno para administrar los recursos del pueblo comundeño”.

Sostuvo el representante popular que, en la defensa de los derechos de los pescadores y del patrimonio de los sudcalifornianos “todos debemos participar activamente, pero más que nada, debemos oponernos a que se consuma un atraco en contra de los hombres y mujeres de Isla Magdalena”, recalcó el legislador.

Ruiz Flores informó que desde este jueves dio inicio con el proceso de allegarse información sobre el particular, señalando que este mismo lugar ha querido ser enajenado en otros gobiernos municipales, por los mismos motivos, la falta de recursos en el gobierno local.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En sesión del pasado 23 de febrero, la diputada María Rosalba Rodríguez López, Presidenta de la Comisión Permanente de Ecología, se pronunció para celebrar la inauguración de las 2 Unidades de Generación de turbogás Aeroderivadas, que se sumarán a dos más que ya están funcionando para incrementar la capacidad de generación de energía eléctrica, disminuyendo al mismo tiempo la contaminación, para resolver el abasto en el sur del Estado.

Reconoció la legisladora la unión de la voluntad ciudadana y política: Se inicia la reconversión del uso tan dañino de combustóleo por gas natural lo cual significa que por fin, demanda social y voluntad política se suman, para resolver este problema añejo que gobiernos anteriores habían ignorado y cuya solución se veía muy lejana, expresó.

Baja California Sur es uno de los estados con mayor crecimiento en el país —detalló Rodríguez López —, la demanda de energía eléctrica se incrementará, y por primera ocasión vemos como hay una respuesta a nuestras necesidades, vemos como, no solo se apuesta al crecimiento con el beneficio de unos cuantos sino que se apuesta a sistemas generadores más amigables con el Medio Ambiente y  que concilian con nuestros derechos Constitucionales a la salud y a un medio ambiente sano.

Por todo esto, como Comisión de Ecología hizo también un reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que han acudido como nosotros a diversas instancias demandando la solución a este problema, a quienes visibilizaron para la población que esas manchas rojas, no eran parte del paisaje sino substancias nocivas emitidas durante años por una mala planeación, por modelos de crecimiento que omitieron nuestros derechos.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para prohibir el sometimiento de personas a cualquier forma de tratamiento, procedimiento o exámenes  médicos  o  psicológicos por  motivo  de  su  orientación  sexual  o  de  su identidad de género, la diputada Mercedes Maciel Ortiz (PT), presentó hoy una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y adiciona un Artículo  al  Código  Penal  para  el  Estado  Libre  y Soberano de Baja California Sur, informó el Congreso sudcaliforniano.

Advirtiendo que el  libre  desarrollo  de  personalidad  y  la  dignidad  humana,  conmina a tratar a nuestros semejantes por lo que hacen y no por lo que son, por propiedades  y  circunstancias  accidentales  tales  como  el  sexo,  la  raza,  de  ahí que  el  libre  desarrollo  de  la  personalidad  y  la  dignidad  esté  basada  en  la condición  de  seres  libres  escultores  de  sí  mismos,  capaces  de  tener  lo  que desean y ser lo que quieren ser.

“Es  de  primordial  importancia  mencionar  que  una  realidad  social,  polémica,  que divide sectores de la población y que confronta ideologías religiosas y políticas, es la  aceptación  de  la  comunidad  lésbico,  gay,  bisexual,  transexual, transgénero, travesti   e   intersexual,   que   no   son   aceptados   por   la   sociedad   dominante, prevaleciendo el rechazo”.

Acotó que la  protección  de  los  derechos  humanos  debe ser  considerada en todo ordenamiento jurídico interno, por lo que serán los Poderes Legislativos de las entidades federativas  del  país,  (como el Congreso  del  Estado  de Baja  California  Sur),  donde sin  lugar  a  duda, trabajan para protegerlos e incluirlos dentro de la normativa correspondiente a fin de hacerlos efectivos.

En su exposición de motivos, Maciel Ortiz sostuvo que la Organización de las Naciones Unidas tiene presente el problema y reconoce que las  terapias  de  conversión  representan  una  tortura  para  la  comunidad  LGBTI, y solicitó a nivel mundial el cese de la aplicación de dichas terapias, ya que, conforme a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la  American  Psychological  Association,  señalan  que  la  homosexualidad  es  una variación natural de la sexualidad humana, por lo que no es una enfermedad.

La  violencia  y  discriminación generada  en  las  terapias  de  conversión,  transgrede derechos  humanos  fundamentales y   dañan  a  la  persona,  no  son  éticas  y carecen de fundamento científico y lamentablemente en muchos casos son los padres, tutores, amigos u otro factor de influencia sobre el ser humano que no tiene voluntad propia y es obligado a tomar dichas terapias de conversión;  quienes  buscan  personalmente  tomarlas,  lo  hacen  impulsados  por  el rechazo familiar o social.

La propuesta de la legisladora del Partido del Trabajo, implica reformar las fracciones XXIX y XXX,  adiciona la fracción XXXI, todas del Artículo 5 de la Ley para prevenir y eliminar la discriminación de BCS y adiciona un Artículo  205  bis  al  Código  Penal  para  el  Estado  libre  y soberano de BCS.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur resolvió desechar el veto del Ejecutivo al decreto 2620 que contiene la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur, porque no presentó el veto en el tiempo estipulado en la Constitución estatal, informó el Congreso sudcaliforniano.

La diputada Petra Juárez Maceda, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas presentó el dictamen que expuso que el pasado 5 de julio de 2019, el Oficial Mayor del Congreso del Estado, solicitó al Gobernador del Estado, la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur del Decreto número 2620; así como que en fecha 13 de Septiembre de 2019, el Congreso del Estado recibió las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado.

El dictamen argumentó que, conforme a la Constitución de Baja California Sur, en su Artículo 166 establece que el veto a todo proyecto de Ley o Decreto que se haya enviado durante receso del Legislativo, “la devolución deberá hacerla el primer día de sesiones del periodo siguiente”, por lo que el veto del Ejecutivo fue dictaminado improcedente y finalmente desechado, por mayoría, ya que las observaciones debieron haberse presentado a más tardar el 1 de septiembre de 2019.

En ese tenor, el Congreso resolvió declarar desechadas por extemporáneas las observaciones formulada por el Ejecutivo del Estado en el marco del ejercicio de su derecho de veto parcial respecto al decreto 2620, que contiene la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur.