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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur informó por medio de un boletín de prensa que,  este martes inició la segunda jornada de trabajo de las 21 integrantes del Primer Parlamento de Mujeres en donde se busca construir una agenda vinculante para beneficio de todas las sudcalifornianas.

Reunidas en el Centro Cultural La Paz, las parlamentarias, integraron seis mesas de trabajo, donde se abordaron los temas de: Políticas Públicas con perspectiva de Género; De la Mujer en el Ámbito Laboral y su Participación Política; Acceso a las Mujeres a la Justicia; Violencia Digital y Acoso Callejero; Presupuesto Etiquetado y Transversal para la Igualdad; La Mujer indígena, Rural y los Derechos Humanos; y las Mujeres en la Ciencia, la Cultura y el Deporte.

En ese contexto, la diputada Ojeda González, agradeció la presencia del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Luis Armando Díaz, quien fue un pilar fundamental para la realización de estos trabajos.

En su mensaje, el diputado Luis Armando Díaz agradeció a las parlamentarias, el dedicar estos tres días de su vida, trabajando y esforzándose, para mejorar las condiciones y calidad de vida de la mujer sudcaliforniana, destacando que, las mujeres en esta XVI legislatura son mayoría lo cual, es un gran logro para Baja California Sur.  

Un trabajo impensable, políticamente hablando, porque para un diputado o diputada, la entrega es los 365 días del año para hacer de nuestro Estado un mejor estado.

De acuerdo con el boletín de prensa, las mesas de trabajo fueron orientadas por el equipo de asesoras y asesores del Congreso del Estado, las diputadas analizaron los temas, para organizar el orden del día de la sesión solmene a celebrarse este viernes a las 10:00 horas en la Sala de Sesiones José María Morelos y Pavón, para presentar el resultado de estos días de trabajo a favor de las mujeres sudcalifornianas.

Por último, se resaltó que, estuvieron presentes acompañándolas en este segundo día de trabajo parlamentario, las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, María Luisa Ojeda González, (presidenta); Gabriela Cisneros Ruiz, (secretaria); y Teresita Valentín (secretaria); así como sus homólogas, Blanca Belia Márquez Espinoza; Eufrocina López Velazco; María Luisa Trejo Piñuelas; Eda María Palacios Márquez; María Guadalupe Moreno Higuera; Marbella González Díaz y Guadalupe Vázquez Jacinto., concluyó el boletín de prensa.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que propone se reduzca un poco más del 30% el costo actual de la regulación de vehículos, previstos en la Ley de Derechos y Productos de Baja California Sur apoyar la economía familiar, informó el Congreso Sudcaliforniano.

Fue una inquietud de ciudadanos y pequeños comerciantes, quienes se acercaron a sus representantes populares, destacando que en estos tiempos de tan difícil situación, para muchos el costo actual de los derechos por regularizar un vehículo y todo lo que conlleva, desde emplacar hasta el pago de revistas, son costos elevados.

De aprobarse dicha propuesta, será más accesible a la ciudadanía realizar estos trámites, pues la política de aumentar precios inhibe que estos se realicen, y si los costos citados son más bajos una mayor parte de la ciudadanía contribuirá y tendrá un impacto positivo en las finanzas públicas, a la par de la economía familiar.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En apoyo a la economía familiar que se ha visto afectada a raíz de la pandemia por el COVID-19, el diputado Héctor Manuel Ortega Pillado propuso reducir el costo de las actas de nacimiento certificadas de $171 pesos a $44.00 pesos, informó el Congreso sudcaliforniano.

Mediante una propuesta de reforma a la Ley de Derechos y Productos del Estado de Baja California Sur dijo que este cobro por derechos dificulta a los desempleados conseguir trabajo y a los padres de familia inscribir a sus hijos en las escuelas, a pesar de que el Congreso del Estado ya aprobó que las actas no tuvieran fechas de caducidad.

La propuesta consiste en reformar el numeral 9 de la fracción II del Artículo 27 de la Ley de Derechos que actualmente contempla la tarifa por la expedición de actas de nacimiento en un costo de $171.00 pesos.

Ortega Pillado presentó una evaluación del costo del papel, copias e impresión, por lo que estimó que el costo del derecho por la expedición de actas de nacimiento no debería rebasar los $50.00 pesos, en tanto que el Gobierno del Estado no debería tener un ingreso tan lucrativo por este concepto, y facilitar su adquisición a los ciudadanos.

La iniciativa contempla también ampliará el beneficio a los adultos mayores y a los estudiantes del Estado de Baja California Sur, quienes también podrán adquirir el acta de nacimiento a un costo adecuado y accesible.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos para su análisis y dictaminación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por unanimidad el Congreso del Estado aprobó una minuta de reforma constitucional a diversos Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, informó el Congreso sudcaliforniano.

El diputado Humberto Arce Cordero dio lectura al dictamen que presentó la Comisión permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, en lo relativo al a la Iniciativa con Proyecto de Decreto del Congreso de la Unión.

Dicha minuta tiene el propósito de reformar amplia y profunda del Poder Judicial de la Federación, donde los ejes principales son: la consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a las que se acceda por concurso de oposición; limitación a la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por jueces y magistrados, para garantizar que solo se otorguen a los ganadores en los concursos; establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones  y ratificación de juzgadores; reforzamiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo; impulso a la capacitación y profesionalización del personal otorgándole a la Escuela Judicial un rol central en los concursos de oposición, confiriéndole también la capacitación y la carrera judicial de los defensores públicos; fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera y ampliando sus servicios, de manera que los defensores se conviertan en verdaderos abogados de los pobres; apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos  más relevantes para el orden jurídico nacional; establecer Plenos Regionales, en sustitución a los Plenos de Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre órganos jurisdiccionales; la transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones; modificación al sistema de Jurisprudencia, para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país.

Se trata, de una reforma integral de largo alcance, que transformará de fondo al Poder Judicial de la Federación, en beneficio de una sociedad más justa para esta generación y para las venideras.

Cabe recordar que para que las reformas o adiciones lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados, por lo que, en acatamiento de esta disposición Constitucional, se remitió a esta XV Legislatura para someterla a consideración.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, que preside la diputada María Petra Juárez Maceda, presentó dictamen en torno a las reformas remitidas por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se reforma la fracción II del apartado a) del Artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad, informó el Congreso sudcaliforniano.

Dicho dictamen fue aprobado por unanimidad en la sesión de este martes, mismo que será remitido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Los integrantes de la comisión dictaminadora diputada María Petra Juárez Maceda, presidenta; Anita Beltrán Peralta y  Humberto Arce Cordero, secretarios, coincidieron que con estas reformas se amplía el derecho a obtener la nacionalidad mexicana a las personas nacidas en el extranjero, cuyos padres sean mexicanos, aunque estos no hayan nacido en México, atendiéndose el principio de progresividad,  que implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible.

Cabe recordar que el día 19 de enero de 2021, se turnó a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, la minuta por la cual se reforma la fracción II, apartado A) del Artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Nacionalidad.