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La Última Trinchera
Por Roberto E. Galindo Domínguez
La Paz, Baja California Sur (BCS). A un año de que el pueblo se alzara electoralmente respaldando a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con más de 30 millones de votos, la popularidad del Presidente se mantiene arriba del 60%, aunque tuvo máximos de entre el 77% y 83% en los primeros cuatro meses de su mandato. A pesar de esa merma, su aceptación es, por mucho, superior al 53% con que ganó la elección, superando a sus adversarios que, juntos, lograron el 44% de los sufragios; pues en estas encuestas de popularidad, se toma en cuenta a la población en general, más allá de los que votaron en las elecciones. Lo anterior indica que el grueso de los que votamos por cambiar el rumbo de la nación, estamos ahí, al pie del cañón, mas muchos otros que se han ido sumando al movimiento.
El descenso en la popularidad puede deberse a diversos factores. Uno fundamental implica a muchos de los que no votaron por la Cuarta Transformación (4T), que incluso no participaron en las pasadas elecciones presidenciales, pero que ante el apabullante triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se sumaron, aunque sea de opinión, en los meses siguientes; esos son los que subieron los porcentajes de aceptación arriba del 80%, y creo que muchos de esos adherentes pueden ser fácilmente influenciados por la campaña mediática constante que arremete contra el Presidente; la que se gesta desde la disminuida oposición política y una facción empresarial, respaldadas por un pequeño sector de la ciudadanía que está en contra de la 4T, ese que sale los domingos a tomar café y a caminar un rato en las manifestaciones anti-AMLO.
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Es así, que esos adherentes y desencantados de ocasión, pueden representar gran parte de la variación de la popularidad a la baja. Aunque no dudo que haya quienes votaron por AMLO y esperaban resultados inmediatos —ilusos hay en todos los movimientos—, y que hoy se sientan desesperanzados; ellos y los que nunca han compartido nuestra visión política para la transformación de México, son una minoría que es magnificada por algunos medios de comunicación, sobre todo por comentaristas fieles al régimen que estamos acabando como Ciro Gómez, Joaquín López Dóriga, Leo Zuckermann, León Krauze —porque el padre ya perdió toda credibilidad— y algunos comentaristas más cercanos a la comicidad, como Carlos Alazraky, Ricardo Alemán y Carlos Marín; así como algunos de la nueva generación de opinantes ligeros, como Callo de Hacha y Chumel Torres, entre otros, que hablan más desde la burla y la ficción que desde el análisis. Varios de estos, bien pertrechados en las nóminas de las administraciones pasadas.
Afortunadamente, se abrieron espacios en la radio y la televisión a comentaristas y analistas más serios, como Julio Hernández –Julio Astillero— que ya tiene un programa en Grupo Radio Centro (GRC), y se regresó a otros como Carmen Aristegui, Nino Canún y John Ackerman, censurados por las administraciones pasadas. Por otro lado, también se ha dado entrada a personajes críticos en general como Sabina Berman y a otros, de tendencia izquierdista, como Hernán Gómez Bruera, pero también es necesario mantener a los disconformes con la 4T. En este sentido es lamentable que Sergio Sarmiento salga de GRC, ya sabemos que se caracteriza por apoyar al régimen caduco y corrompido que intentamos cambiar, pero en una sociedad democrática todas las voces deben ser escuchadas y, aunque su salida no es cuestión de censura, sino, como él mismo lo ha dicho, una decisión de la empresa, sería bueno que accediera a otro espacio de difusión. Que GRC quiera congraciarse con la nueva administración, con acciones autónomas, no significa que hubiera línea presidencial.
Cambiar una inercia de décadas en la política, no dará resultados inmediatos. Así como yo, los millones que seguimos respaldando a AMLO no esperábamos que resolviera cualquier problema en 15 minutos, como tampoco lo hizo Vicente Fox, el ex Presidente que hoy es abucheado de las manifestaciones a las que convoca. Tampoco esperábamos que empeorara la situación del país desde los primeros meses de su mandato, como sucedió con Felipe Calderón. AMLO y Morena no lo han hecho, el país se mantiene y avanza, la prueba de ello es que no somos la Venezuela prometida en documentales pagados por un sector de la cúpula empresarial y propalados en la voz de los corifeos del poder, incluso extranjeros pagados como la guatemalteca Gloría Álvarez. El peso ha repuntado y se ha mantenido frente al dólar; se disminuyó considerablemente el huachicoleo en Petróleos Mexicanos (Pemex), institución que se está rehabilitando, igual que muchas otras en las que predominaba la corrupción, como las del sistema de salud.
El combate a la corrupción está limitando el robo de recursos económicos y en especie, pero se está librando en múltiples frentes; y es que casi todas las instituciones gubernamentales fueron entregadas a la nueva administración con altos índices de descomposición. Por otro lado, se han bajado sueldos de funcionarios públicos, sumas que eran insultantes ante los niveles de pobreza del país; además, se han eliminado plazas burocráticas duplicadas o innecesarias —muchas de ellas generadas por medio de moches y prebendas entre administrativos y directores corruptos de las pasadas administraciones o que fueron necesarias por la ineficacia de los sindicalizados—, con lo que se están ahorrando más recursos económicos. Todo lo anterior, aunado a una mayor recaudación de impuestos, que no implica el incremento de los mismos sino un ejercicio estricto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos da como resultado que se están obteniendo miles de millones de pesos, que serán destinados al programa económico, social y pacificador del país.
Así como no esperamos, y nunca lo hicimos, resultados inmediatos, tampoco creemos que AMLO vaya a llevar al país al borde del colapso en el sexenio, como sí lo hizo Peña Nieto; y no sólo no lo consideramos una posibilidad por el desempeño del presidente o de lo políticos de Morena, no lo esperamos porque nosotros, los que desde hace 18 o más años gestamos desde nuestras trincheras la coyuntura política, social y económica en la que nos encontramos, mas los que se nos sumaron en la elección pasada, somos parte de ese impulso que brega por romper la inercia de décadas de corrupción y política al servicio de las minorías privilegiadas.
La legitimidad de un nuevo gobierno se da por los resultados de la elección de la que emana, tenemos así que, en 2006, Felipe Calderón se erigió como primer mandatario con 15 millones de votos y que, en 2012, Peña Nieto alcanzó una cifra de 19 millones; pero los dos candidatos recibieron la banda presidencial bajo fuertes cuestionamientos de fraude electoral. En el caso de Calderón, su necesidad de legitimación ante los altos niveles de impopularidad lo hizo lanzar un combate frontal contra el crimen organizado, al menos contra algunos grupos, sacando al Ejército y a la Marina a las calles, a ejercer funciones de orden policial; como resultado, México está en la inercia de violencia y barbarie a la que nos condenó, al menos por varios años.
En el caso de Peña Nieto, su mayor golpe legitimador fue mediático, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) metió a la cárcel a su antigua aliada, la maestra Elba Esther Gordillo; en un acto de venganza le cobraban la afrenta de haberle ofrecido a AMLO su estructura magisterial para operar en las elecciones de 2006, la que el tabasqueño no aceptó, tras lo cual Gordillo y la mayor parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) operaron a favor de Calderón. Y sí, la maestra fue liberada después de la victoria de AMLO en las urnas, pero su liberación estuvo pactada desde el sexenio peñanietista con el Poder Judicial, ese que hoy también se evidencia inmerso en la corrupción.
La legitimación de AMLO se dio con 30 millones de mexicanos, entre los cuales se tiene al mayor porcentaje de gente con educación universitaria y preparatoria, así como con los mejores ingresos promedio. En cambio, entre los votantes de Antonio Meade, se tienen los porcentajes más altos de gente sin escolaridad o con el nivel de primaria, y con los menores ingresos, así como el menor porcentaje de gente con educación universitaria. Por su parte, el panista, Ricardo Anaya, obtuvo una clara medianía entre sus electores, quienes se dividieron en 5 porcentajes, que van del 20 al 24% entre gente sin educación, con primaria, con secundaria, con preparatoria y hasta universidad o más. Lo anterior indica que el cambio en la vida pública del país, se está dando con la mayor parte de la sociedad, y, de esta, con la gente más preparada; la clase media educada está impulsando la transformación. A diferencia del voto duro priísta, que incluso mermado, sigue sufragando por pequeñas dádivas en especie y/o económicas; y esta práctica clientelar ha sido bien adoptada por los panistas, pues en la elección pasada se allegaron a un sector importante de los votantes más humildes y sin estudios, que incluso superaron a aquellos panistas con nivel universitario (Los datos estadísticos pueden consultarse aquí).
Si la urgente necesidad de cambiar la trayectoria político social del país surgió de la decadencia en que los prianistas nos metieron, también es una realidad que, en términos prácticos, la acompañamos la mayor parte de la población de todos los segmentos, con una representación muy importante de la gente más crítica y educada de la nación, al contrario de lo que muchos comentaristas y la oposición se empeñan en decir, incluso haciendo símiles baratos con focas y borregos o considerándonos una masa manipulable.
No debemos olvidar que son tres las cosas fundamentales que esperamos los que impulsamos el cambio: disminuir la corrupción, mejorar las condiciones económicas de las mayorías y restringir la inseguridad y la violencia. En lo primero se están dando resultados tangibles y eso derivará, en el mediano plazo, en el mejoramiento de lo segundo; el tercer tema es algo en lo que la nueva administración —aunque ya está trabajando con La Guardia Nacional— debe enfocar todas sus baterías, y debe ya de dejar de repetir que es resultado de las malas administraciones pasadas, aunque así lo sea, pues eso lo toma la oposición como un arma de ataque y lo convierte en campaña mediática. El gobierno debe entregar resultados contundentes, ya nosotros nos ocuparemos de ilustrar a los ilusos, de agrandar la memoria de los detractores y de enjuiciar históricamente a ladrones, asesinos y vende patrias.
Han pasado seis meses de la entrada en funciones del gobierno y la inseguridad ha aumentado, eso es entendible por los cambios en todas las instituciones, sobre todo en las involucradas en la seguridad, como el caso de la Policía Federal, agrupación que está siendo purgada de sus malos elementos y que desaparecerá. Con los cambios, los acuerdos entre servidores públicos, mandos militares y/o policiacos corruptos con el crimen organizado, se ven alterados, y es normal que los índices delictivos se modifiquen. Eso es muestra de que se está haciendo algo, no como en la alternancia del año 2000, o en la continuidad panista del 2006 o durante el regreso del PRI a Los Pinos en 2012; ocasiones en que los canjes de administraciones significaron la continuidad de una política corrupta y corruptora, por lo que entonces los índices delictivos mantuvieron su tendencia a la baja o a la alta, pero en el largo término con propensión al incremento. La espiral de violencia no será fácil de detener, la inercia es enorme, la corrupción rampante, pero es indispensable que el gobierno de resultados notorios en esta materia antes de cumplir el primer año de su gestión, de otra manera la 4T podría ser frenada en sus otros objetivos.
La transformación de México no va a ser fácil, ni rápida, no va a estar libre de descalabros ni de errores, pero se está llevando a cabo. Y aunque los comentaristas de derecha griten en contra de la 4T, deben reconocer que, tras la transición, no nos encontramos en crisis económica y que los vaticinios del apocalipsis se han esfumado.
El repunte vendrá en todas las vertientes en los meses siguientes, incluso en el lapso de los tres primeros años del sexenio, de no ser así AMLO puede ser reprobado en el ejercicio de revocación de mandato; pero si el gobierno da resultados considerables en seguridad y en los rubros económicos y sociales, entonces la 4T habrá logrado instaurarse de la mano de AMLO para ser continuada por los que vienen a la izquierda, de en medio y de atrás, pero decididos a ir adelante; mientras tanto la lucha social continúa.
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