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Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la pandemia de coronavirus, todo el mundo está pasando por una crisis económica sin precedentes, y los respectivos gobernantes están pasando por una prueba de fuego en su gestión al tener que sacar a su región adelante, claro, con el menor costo político para ellos. Y es que no hay receta que se pueda seguir, debido a la situación económica previa de cada país, de la cultura de sacrificio de sus habitantes, del sistema de gobierno imperante, entre otras muchas características.

En México, uno de los sectores que tiene más derrama económica y crea más empleos es la construcción, y es que este sector por si solo involucra flujo de efectivo en todos sentidos, desde los ingenieros y arquitectos que realizan los diseños de vivienda o proyectos importantes; los trabajadores empleados en el ramo que va desde albañiles, ayudantes, plomeros, herreros, ventaneros, choferes, veladores, etc; no dejando de lado los sinfín de negocios dedicados a la venta de materiales necesarios para la construcción.

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Un país se da a conocer al mundo por la inversión que se tiene en infraestructura, por decirlo de otra manera, cuando una nación está constantemente construyendo, es un indicador que bienestar económico y crecimiento de dicho país; es como si una empresa de abarrotes es un determinado tiempo empieza a construir sucursales, nos indica que esa empresa está creciendo económicamente, lo mismo pasa con la construcción.

Para entrar en detalle con los números, se sugiere, según los estándares internacionales, que para que un país esté dentro de los parámetros idóneos de inversión en infraestructura, debe de ser entre el 5 y el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (P.I.B.). En base a lo anterior, y según la Cámara de la Industria de la Construcción, en México se destina tan solo el 2.5% del P.I.B. en el año del 2019, un porcentaje igual que Brasil y menor que Chile, que tiene un 3.5%, y que se consideran los gigantes económicos de Latinoamérica, pero en el otro extremo tenemos que China destina un 12% de su P.I.B. para obras de infraestructura, lo que hace que no nos sorprenda que los mejores puentes, las más grandes presas hidroeléctricas y los más fascinantes rascacielos, estén ahí; y como se dijo en el ejemplo de la tienda de abarrotes, ¿qué mensaje está dando Latinoamérica al mundo? Que no está creciendo económicamente. Muchos se preguntarán, ¿acaso con que México empiece a dedicar más presupuesto a la obra, saldremos del atolladero económico?; pues no se trata de hacer más con un dinero que no se tiene, pero sí incentivar al gobierno, y con más razón a la iniciativa privada, a construir infraestructura de obra en beneficio del país.

Uno de los rubros importantes en el sector de la construcción, es la vivienda dentro de todas sus modalidades: económica, de interés social, de interés medio y residencial; y es precisamente los créditos hipotecarios de los que más generan ingresos y crean empleos en todos sentidos, y cada trabajador que tenga un trabajo estable, tanto en el sector privado, como en el sector público, tiene derecho a un crédito que pueda utilizar para la adquisición de vivienda o, en su caso, en la construcción de vivienda en terreno de su propiedad. Cada crédito que el gobierno genera a los trabajadores vía Infonavit (trabajadores del sector privado) y vía Fovissste (trabajadores del sector público), no es otra cosa que regresar al trabajador un dinero depositado en una cuenta de vivienda que sus respectivos patrones depositan de acuerdo al salario registrado; así que es dinero regresado a los trabajadores y no es dinero regalado por el gobierno, como muchos creen.

Partiendo de esta premisa, también cualquiera diría que, al ser dinero ahorrado por el trabajador, puede hacer con él lo que más le convenga, pero para eso hay diversos reglamentos y distintos descuentos que tienen que tener el fin indicado, por ejemplo: si al trabajador le está descontando su patrón un saldo para la cuenta de vivienda, el trabajador debe de usar ese fondo, exclusivamente, para adquirir vivienda y no para otro fin, como lo explicaremos más adelante.

En medio de la crisis sanitaria derivada del coronavirus, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso textualmente que todos los créditos de vivienda se les entregue directamente a cada trabajador, para que este construya su vivienda sin intermediarios (anuncio hecho en conferencia matutina el día 21 de abril del 2020), donde remató en días posteriores declarando que a los ingenieros y los arquitectos les cuesta mucho trabajo reconocer que la población no los ocupa para la construcción de caminos y viviendas.

Pero ¿realmente el presidente sabrá o al menos tendrá asesores que le informen bien cómo funciona en la actualidad el sistema de créditos de vivienda?, donde bien se ha sabido que el Infonavit, tiene un sistema muy regulado de los distintos créditos y que el Fovissste, que es precisamente el ente que se encarga de los créditos hipotecarios de los trabajadores del sector público el que va un poco más atrasado, pero trata de seguir los pasos del Infonavit, por ejemplo, los ya obsoletos ¨sorteos¨, que se tienen que inscribir cada año los trabajadores, y donde los sindicatos se reparten, al más viejo estilo, el número de créditos que les deben de tocar.

Para entrar en el tema de los créditos, vamos partiendo de los tipos más comunes dentro de Infonavit, que son compra de vivienda nueva o usada y construcción en terreno propio (el Infonavit, los define como línea 2 y línea 3, respectivamente); la propuesta del ejecutivo federal, estaría orientada necesariamente a la línea 3, porque en los otros casos el derechohabiente está necesitado a buscar y adquirir, de acuerdo a la demanda de los oferentes de vivienda o constructoras, y es importante mencionar que las constructoras ya debieron de cumplir con diversos requisitos previos ante el Registro Único de Vivienda (R.U.V.). Aun así, el trabajador no está obligado a comprar una de las viviendas ofrecidas por los constructores, y puede optar por comprar una vivienda usada a otra persona, con el entendido para el comprador que ya tiene un uso y ocupación, y no serían los primeros en habitarla.

Entonces, si la idea es darles el dinero a los trabajadores para que ellos construyan a su gusto, es necesario mencionar que este esquema ya existe y por cierto muy reglamentado y regulado. Como primer paso, que muchas veces genera problema para el trabajador, es que debe tener un terreno con todos los servicios urbanos, que esté registrado en catastro y en el registro público de la propiedad del ayuntamiento donde se piensa construir.

Aun suponiendo que lo anterior no sea problema, y que tenga un predio con todo lo necesario, el paso siguiente es que deberá contratar un constructor que esté registrado en Infonavit, y que tenga el perfil adecuado, así como la solvencia técnica para construir vivienda, no se diga que esté al corriente en el pago de cuotas patronales y en los impuestos correspondientes, o sea que debe ser un contratista bien ¨palomeado¨, precisamente por la dependencia crediticia de gobierno; ya que el derechohabiente conozca el padrón de constructores autorizados, él escogerá el que más le convenga o el que le recomiende la misma gente, es como especie de una licitación interna del trabajador para escoger quien le construirá su soñada vivienda.

El constructor elegido hace todo el trámite, donde incluso presenta una fianza de garantía de calidad de la construcción y otra fianza de hacer buen uso del dinero, que el derechohabiente le entregará en forma de ministraciones de acuerdo al avance de obra; y, lo más importante, el instituto le facilitará un supervisor con experiencia comprobada en obra que, en conjunto con el futuro propietario, revisarán que la vivienda se construya en base al proyecto ejecutivo aprobado.

Una vez leído lo anterior, no nos cabe la duda que el procedimiento es el correcto, no se mira en ningún paso alguna ventaja por parte del constructor, ya que el derechohabiente está en todo momento al pendiente de su obra, es más, los depósitos de efectivo en todo momento llegan a una cuenta del trabajador y nunca llegan a cuentas del contratista. Pero ¿qué pasaría si toda la reglamentación se echa a la basura y el dinero se entrega directamente al acreditado? Consideremos que, siendo un dinero de los trabajadores, el gobierno al menos debe pedir opinión a ellos mismos sobre el futuro de ese recurso.

En primer lugar, es muy posible que, al no haber una asesoría y una supervisión por parte de profesionales del ramo, las viviendas pudieran caer en obras de mala calidad, donde los albañiles encuentran soluciones empíricas y no técnicas a problemáticas constructivas.

Otro punto de vista importante es que, el Infonavit no pueda rastrear si la vivienda va construyéndose o se está quedando inconclusa; también es muy posible que el derechohabiente no le dé el uso final de una vivienda y el dinero llegue a otro fin, como la compra de un vehículo, de ropa, de un viaje o de algún problema de salud; pero, sin duda, el fundamento principal es que se está denigrando una profesión tan valiosa e importante para el desarrollo de una nación como lo es la ingeniería civil: por supuesto que cuesta trabajo entender que una persona pueda hacer caminos o detalles constructivos sin las técnicas aprendidas en las universidades, como se dijo al inicio, la técnica bien aprovechada lleva a países al desarrollo mundial, y si no, volteen a ver los edificios, las presas y puentes de China.

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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). México se va a detener si el 9 de marzo las mujeres logran un paro nacional, las pérdidas económicas serán exorbitantes, se va a desatar un cisma sin precedentes que recorrerá la nación de frontera a frontera. Será un acto apoteósico generado desde abajo, del pueblo para el pueblo; las mujeres son la mitad del nuestro y están demostrando la podredumbre social en la que sobrevivimos todos. Ellas han incrementado las protestas contra la violencia en los años recientes, han salido a las calles a protestar más que cualquier otro grupo o sector social, sobre todo durante la presente administración federal.

De acuerdo con las cifras de los últimos cinco años, reportadas por el  Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, sobre la violencia contra las mujeres tenemos que los índices de feminicidio no se han disparado durante el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), como se maneja en las redes sociales y en algunos medios de comunicación por quienes interpretan los datos duros de manera sesgada o particularizando los conteos de algunos lugares, para después generalizarlos a nivel nacional. Al contrario, en esas cifras se aprecia una disminución considerable en cuanto al índice de incremento de los casos durante el año pasado.

 

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En el año 2015 se registraron 411 feminicidios, en el 2016 fueron 602, en 2017 se dieron 741, fueron 891 en 2018 y 976 en 2019. El aumento de un año a otro es el siguiente: 191 casos más del 2015 al 2016, 139 más entre 2016 y 2017, 150 fue la diferencia entre 2017 y 2018, para que en el 2019 fuera de 85 casos con respecto al año anterior, el menor número para los cinco años revisados. Si analizamos las cifras de homicidio contra mujeres: 1,735 casos en 2015, 2,190 en 2016, 2,536 para el 2017, 2,773 durante el 2018 y 2,819 en 2019, tenemos una disminución mayor en el índice de incremento de los casos para el último bienio en comparación con los otros.

Lo anterior demuestra que la campaña mediática que señala una abrumadora alza de los feminicidios y homicidios cometidos contra mujeres durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es falsa. El problema es añejo y desde la década de los noventa se incrementaron considerablemente los registros de mujeres asesinadas, sobre todo en Ciudad Juárez, Chihuahua; y desde entonces los crímenes perpetrados contra mujeres han aumentado en rancherías, pueblos y ciudades, por todo el país. Lamentablemente las cifras totales de estos delitos no han aminorado.

La disminución en los índices revisados entre el año 2018 y el año 2019 no es algo que podamos atribuir a la nueva administración, pues está claro que no hay una estrategia a corto plazo para atacar el problema. Así mismo, este decremento coincide con el aumento de las protestas feministas en la Ciudad de México, manifestaciones que se reproducen en menor medida y con menos agresividad en otras partes del país. Lo anterior se ha dado a la par de que en las redes sociales se han denunciado diversos delitos y conductas de violencia de género.

Es posible, y tal vez puede ser comprobado, que la baja en los índices analizados sea una consecuencia de las manifestaciones feministas, de las pacíficas y de las agresivas; puede ser que sean las mujeres, manifestándose de maneras antes inconcebibles para ellas, las que estén acotando a los feminicidas y a los homicidas.

Por otro lado, algunas de las respuestas de AMLO hacia los reclamos feministas han sido desalentadoras y vacuas, otras ofensivas para ellas y para la sociedad, aunque siga diciendo que él y su gabinete trabajan día a día para resolver el problema de la inseguridad y la violencia; ese cuyo manejo será el que permita continuar a la 4T más allá del 2024, ese que de no ser acotado y disminuido hará que cualquier transformación de nuestro país, por pequeña o grande que sea, no sea suficiente.

Es el miedo a vivir en un país salvaje lo que puede unirnos como sociedad para exigir al gobierno que proceda con eficacia y para que cada uno actuemos desde nuestros ámbitos, pugnando por erradicar la podredumbre social que nos carcome desde hace décadas. Si a esta administración realmente le importan las mujeres en lo particular, dentro del panorama de la inseguridad y la violencia, deberá atender sus reclamos para de verdad procurarles seguridad. No podemos esperar a que las estrategias de fondo, las que atacan a la pobreza y a la desigualdad social, comiencen a paliar los crímenes contra las mujeres. Es urgente que el gobierno federal emplace estrategias de acción inmediata, así como ya lo hizo en cuanto a la corrupción, contra el huachicoleo y ante el desabasto de medicamentos provocado por algunas farmacéuticas; son necesarias acciones de campo que prioricen la integridad de las mujeres, así como también es imperante mejorar el proceder de las corporaciones de investigación policíaca y de procuración de justicia para la atención de las víctimas.

Parar el país un día será un acto histórico y renovador, pero desgraciadamente también puede ser desvirtuado por la injerencia de los partidos políticos de la derecha y por los detractores tozudos de la sin razón, esos que ahora esbozan una oposición. Será despreciable que quienes han sido generadores y perpetuadores de la violencia contra las mujeres y, en general, contra la población, se monten en la gesta feminista para obtener dividendos políticos; pero aún con esa hipócrita y oportunista intromisión, que ya se está dando, #UnDíaSinNosotras puede darnos una bocanada de aire fresco entre el tufo de parálisis gubernamental y social ante la crisis de violencia.

Las mujeres tienen la última palabra; si han excluido al género masculino de otras protestas, no dudo que puedan deshacerse de políticos, “intelectuales”, comentaristas y cualquier otro personaje mediático y taimado que quiera robarles la bandera de su lucha.

Si es necesario parar al país, cueste lo que cueste, que se haga, si eso es lo que se necesita para que el gobierno federal escuche con más atención el justo reclamo de las mujeres y que actúe en consecuencia, que así sea. Que se pare el país para que todos reaccionemos ante la crisis de violencia. Es tiempo de que AMLO encare de frente un problema heredado, sí, pero del que ahora es responsable como primer mandatario del país. No debemos aceptar más respuestas baladíes o decálogos sacados de la manga.

El presidente debe entender que una protesta de la magnitud que se avizora no es contra él, que es por el pueblo bueno y sabio que hoy no puede estar mejor representado que por las mujeres. AMLO debe comprender que de esta gesta, y de las acciones gubernamentales que se generen, dependerá en gran medida el destino de nuestra nación y debe tener muy presente que ya nadie toma en cuenta a los gobernadores para solucionar los problemas más importantes.

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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

Ciudad de México (CdMx). Rifar un avión que costó 218 millones de dólares, el equivalente a 2,963 millones de pesos al tipo de cambio de 2012, para que con una ganancia de 3,000 millones de pesos —obtenida por la venta de seis millones de cachitos de lotería a quinientos pesos cada uno—, se salde la deuda con el propietario del mismo, que es la institución bancaria Banobras, y que con el remanente monetario de la liquidación se adquieran equipos médicos y para infraestructura hidráulica puede sonar a una ocurrencia, y sí que lo es.

Además, debe considerarse que en el esquema de compra a través de Banobras, la aeronave quedó bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la operadora y final destinataria; instancias que desde entonces han pagado a Banobras 1,833 millones de pesos, es decir, más de la mitad del valor del costo original de la aeronave, manteniendo por concepto de pago de intereses y deuda general hasta el 2027 —fecha de finiquito del contrato de adquisición mediante Banobras—, una deuda aproximada de 2,724 millones de pesos; es decir que para cuando se liquide la deuda a Banobras, el avión le habrá costado al pueblo de México 4,557 millones de pesos.

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En caso de que la ocurrencia de AMLO se realice y se obtenga el monto esperado y con este se liquide la deuda actual con Banobras, apenas se tendrían alrededor de 270 millones de pesos de remanente, a los que se les tendrían que descontar los gastos de operación del sorteo, más los impuestos correspondientes por la compra-venta de la nave entre instituciones gubernamentales, pues la Lotería Nacional, una vez realizada la rifa, tendría que comprar el avión a Banobras  para poder entregarlo al ganador, pero aún así quedaría dinero para comprar equipo médico e hidráulico.

Los impuestos mencionados se pueden extinguir mediante un decreto presidencial por considerarse la maniobra de interés nacional, así como también podrían zanjarse las deudas entre las instancias de gobierno mencionadas y aligerar o nulificar la carga económica que la manutención del avión le generaría al ganador de la rifa. Emitir un decreto de esa índole es una prerrogativa del presidente que la oposición puede criticar y atacar en tribunales, pero que ni la más airada protesta podría invalidar; además, con una mayoría en las cámaras legislativas y ante una medida tan popular, pueden modificarse las leyes de enajenación de bienes que no contemplan casos de sorteos para tal efecto.

Ahora bien, y hablando de ocurrencias, dicen los detractores de la rifa que lo que ya se pagó ya lo pagó el pueblo, y que de concretarse el sorteo sería el pueblo el que pagaría nuevamente y hasta más del valor de la aeronave; tienen razón, el pueblo pagaría dos veces y hasta más. Pero miremos atrás y veremos que de ocurrencias está hecha la Cuarta Transformación (4T): la primera fue cuando AMLO decidió formar el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por el cual pocos personajes de la oposición daban tres pesos, pero el movimiento se consolidó en 2011 y se convirtió en partido político en 2014; tan sólo cuatro años después logró, en las elecciones presidenciales pasadas, más votos que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) juntos, los doblegó por 3 a 2 en proporciones de la votación obtenida. Luego viene a cuento otra ocurrencia, y esa fue mucho más grande que la del avión, cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y saldar a los inversionistas y evitar la debacle económica por tal operación financiera; el aeropuerto fue cancelado, la deuda solucionada con la reestructuración de la misma mediante la emisión de bonos, y el país sigue adelante. Por cierto, la organización internacional Latin Finance acaba de galardonar al gobierno de la 4T por el buen manejo económico de la cancelación de la terminal aérea.

Tenemos muchas otras ocurrencias de AMLO: el acceso general y gratuito de toda la población a los sistemas de salud, la derogación de algunas de las Reformas estructurales, la de sembrar árboles por todo el país, la de hacer caminos a la vieja usanza de las comunidades o la de combatir la corrupción en uno de los países más corruptos del mundo; y de todos esos entuertos va saliendo avante el presidente.

Así que, cuando decimos ocurrencia debemos comprender el significado de la palabra, dice el diccionario en una de sus acepciones: idea inesperada, pensamiento, dicho agudo u original que ocurre en la imaginación. Y seguro estoy que lo de la rifa ahí surgió, en la imaginación de AMLO, y se concretó en idea que ya es proyecto, del cual en las últimas semanas, para bien o para mal, es de lo que más se ha hablado en el país.

A veces algunas ideas son consideradas utopías, pero luego se transforman en realidades, sólo hay que revisar nuestra historia. En 1938 el presidente Lázaro Cárdenas del Río expropió la industria petrolera a diversas compañías trasnacionales y, ante la imposibilidad del Estado mexicano de saldar la deuda con éstas, hizo un llamado al pueblo para que le ayudara, este respondió y los mexicanos rompieron alcancías, entregaron alhajas, utensilios de cocina, incluso hubo gente que hasta con gallinas y huevos contribuyó. Díganme ahora si rifar un avión es una ocurrencia, yo pienso que sí lo es y es que de ocurrencias está hecha nuestra realidad.

De acuerdo a lo anterior, también deberíamos considerar como una ocurrencia haber adquirido una aeronave costosísima sin las posibilidades de pagarla de contado, erogando al final de la deuda contraída casi dos terceras partes más de su valor original. El gobierno de Felipe Calderón compró el avión en abonos, pero no chiquitos, generando una deuda de enormes proporciones para una nación con grandes desigualdades sociales y carencias en sectores estratégicos como en el de la salud pública y en el de la educación, entre muchos otros. Si es que en esa transacción entre organismos gubernamentales hubo intenciones corruptas, ya se sabrá, no lo dudemos. Felipe soñaba con un gobierno rico viajando a todo lujo con los recursos generados por un pueblo pobre, y digo que soñaba porque el aeroplano solamente fue usado por Enrique Peña Nieto, quien trasladó en la nave presidencial a familiares y amigos en viajes no tan oficiales; eso ya fue la cereza del pastel de uno de los mayores insultos que la clase política conservadora le ha hecho a la nación y es que también hay ocurrencias negativas.

Estoy seguro que millones de mexicanos estaríamos dispuestos a comprar un cachito; yo voy a comprar varios más. Me importa mucho que mi dinero pague el valor del avión y hasta por triplicado y que lo que quede de la operación se destine a los más pobres. La rifa sería un acto histórico de solidaridad del pueblo con su gobierno y de este con el pueblo. Ayudaríamos así a nuestro presidente a salir de un asunto que pareciera no tener remedio, si él empeñó su palabra y no ha podido cumplirla, millones de mexicanos lo respaldaremos y la haremos cumplir.

El avión presidencial es un símbolo del régimen pasado, si se vende o se rifa y parte del dinero obtenido se usa para causas sociales, daríamos un revés político más a quienes se les ocurrió comprarlo y a quienes lo usaron, sólo por eso vale la pena comprar un cachito.

Además de que el ganador podría ofertar la aeronave con un costo considerablemente menor al de su valor actual, para garantizar su venta, y aún así obtener una gran suma de dinero; o el premio podría ser otorgado en efectivo y a varios ganadores, si decidieran premiarse varios boletos, así la rifa sería aún más atractiva y el avión podría ser destinado a la Fuerza Aérea Mexicana por un periodo, para ser vendido en un precio justo y obtener más recursos y destinarlos de nueva cuenta a causas sociales. Las posibilidades son muchas, la tenacidad del presidente, única, ya veremos de qué tamaño es la solidaridad de los mexicanos.

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FOTO: Ernesto Muñoz.

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Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el inicio de este año vale la pena repasar algunos acontecimientos del 2019 sobre la relación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la oposición política y ciudadana a la cuarta transformación (4T); sobre todo por que una minoría detractora, que en diciembre pasado no superaba el 28% de los mexicanos, se ha mantenido en una línea de dura crítica contra toda política del gobierno. Lo lamentable es que algunos de los opositores más mediáticos usen la mentira en contra de la administración actual; lo que ha permitido a sus pocos seguidores propalar noticias falsas sobre las acciones gubernamentales, para abonar a un clima de confrontación política que los infamadores generan culpando a los simpatizantes de la 4T.

Si bien es cierto que la administración de AMLO heredó un sinfín de graves dificultades nacionales, causadas y potenciadas por las administraciones anteriores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), eso cada vez tiene menor preponderancia para justificar la no resolución de algunos de los problemas más graves del país, como la inseguridad y la violencia, temas en los que la administración federal no ha dado buenos resultados; y en ello debe trabajar el presidente y su equipo, pues ya se ha consumido un tercio del tiempo pactado para la evaluación intermedia que AMLO se impuso para la revocación o ratificación de su mandato mediante una consulta popular.

FOTO: Luis Mendez

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Aunque la economía no se ha deteriorado como vaticinaban políticos e intelectuales de la derecha, no se han incrementado los impuestos e incluso el peso ha repuntado frente al dólar y paulatinamente se mejoran los servicios de salud y se combate la corrupción en todos los espacios gubernamentales, principalmente en Petróleos Mexicanos (Pemex), será el tema de la seguridad el que pueda descarrilar a AMLO y a la 4T de este sexenio y regrese al PAN, al PRI o a una coalición de derecha a la silla presidencial en 2024.

Y aunque en el país no todo va sobre ruedas, es muy favorable para el gobierno que la mayoría de las críticas y ataques de sus detractores estén basados en mentiras o tergiversaciones. Durante el 2019, la minoría opositora y delirante nos acostumbró a esperar los desmentidos gubernamentales o periodísticos a cada nueva noticia falsa; y aunque algunas de plano eran inconcebibles, arrastraron al abrevadero de la desinformación y la psicosis a más de un ciudadano, que incluso se arrepintió de haberle dado su voto a AMLO.

A principios del año pasado se difundieron imágenes de supermercados con anaqueles vacíos, que los detractores manejaron como consecuencia del desabasto de combustible tras el inicio de las acciones para erradicar el huachicoleo, aunado a estas imágenes se difundió el rumor de que México había dejado de importar gasolina de Estados Unidos; nos quisieron hacer creer que nos convertíamos en Venezuela.

En febrero se esparció la noticia falsa de que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) había desabasto de medicamentos debido al plan de austeridad republicana emprendido por la nueva administración. Y si bien fue cierto que hubo retraso en la adquisición y distribución de algunas medicinas, fue debido a que se comenzó a desmantelar la cadena de influyentismo y corrupción de algunos políticos y empresarios en cuanto a la adquisición de los medicamentos; en varios de los casos se detectaron compras a sobreprecio o acaparamiento del producto por parte de las compañías farmacéuticas y los intermediarios.

Entre abril y marzo la noticia falsa de moda fue que Morena organizaba los abucheos a gobernadores en las entidades visitadas por el presidente, incluso se falsificaron documentos con el logotipo de Morena para tal efecto, cuando eran simplemente simpatizantes de AMLO los que les gritaban a los gobernadores priístas o panistas; fue el presidente quien conminó al respetable público a ya no lastimar los oídos de los políticos de otros partidos.

Una de las notas más sonadas de mediados del año pasado, incluso difundida por periodistas de radio y televisión, entre ellos Joaquín López Dóriga, fue que el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, sería el nuevo titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). También Joaquín fue “víctima” de las fake news cuando compartió la foto de un científico que pedía ayuda contra el recorte presupuestal al Conicet (instancia de promoción científica en Argentina), que no al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ¿mala leche de Joaquín o falta de labor periodística?, usted decida.

Algunos políticos no se quedaron atrás en la fabricación de noticias falsas, por ejemplo Paola Migoya, excandidata del Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de Puebla, mostró sobres falsificados de la tarjeta Bienestar en los que se leía que AMLO prohibía que lo criticaran. En junio se dijo en redes sociales que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reprimiría a quienes criticaran a AMLO. En julio, una noticia falsa que me gustó mucho, fue la de que el gobierno estaba despidiendo médicos mexicanos por que estaba contratando médicos cubanos; le tengo especial cariño a esta trastada por que varios de mis conocidos cayeron redonditos como en 28 de diciembre. En agosto la diputada “independiente” panista Ana Lucia Riojas Martínez, acusó al gobierno de la Ciudad de México de reprimir violentamente las manifestaciones feministas, cuando la violencia en esas marchas fue generada por un reducido grupo de las manifestantes y las fuerzas policiacas dieron ejemplo de contención sin represión.

A poco más de un año de iniciado el sexenio de AMLO podríamos por mes y por semana, tal vez hasta por día, mencionar las notas falsas que se difundieron en 2019, pero la lista sería muy larga. Lo que ha quedado claro es que con el uso de la mentira, la difamación y la desinformación los detractores no han logrado que la aceptación social que tiene el presidente disminuya considerablemente, pues al cierre de 2019 la popularidad de AMLO era del 72%, cuando en enero del mismo año era del 76%; aunque no ha repuntado a sus máximos de finales de 2018 o de febrero de 2019 cuando llegó hasta un 86% (de acuerdo a encuestas realizadas por El Financiero).

Los números mencionados nos indican que al menos un 70% de los mexicanos apoyan a AMLO desde que ganó la elección y hasta la fecha, que aproximadamente un 15% puede apoyarlo en algunos temas o en determinadas ocasiones y en otros asuntos integrarse al 15% de los detractores férreos, que es cuando el sector que critica al gobierno de Morena alcanza un porcentaje aproximado del 30%.

Cabe señalar que durante el primer año de la administración de AMLO se han tenido momentos críticos que nos han hecho temblar a la mayoría de los mexicanos, la lista de sucesos terribles o acciones erradas de la administración federal también es grande, sólo menciono algunos: la explosión de Tlahuelilpan en el estado de Hidalgo, el desastroso operativo para la captura de Ovidio Guzmán, el asesinato de varios integrantes de la familia Lebarón y varios acontecimientos más, en su mayoría relacionados con el crimen organizado y con el combate a la corrupción; además de varias pifias locales cometidas por funcionarios públicos de Morena, como el asunto de la extensión de mandato de Jaime Bonilla en Baja California o la desastrosa administración de algunos presidentes municipales como la de Armida Castro en Los Cabos; los casos de políticos que llegaron a su puesto bajo el cobijo de AMLO y la 4T y que en cuestión de días mostraron su verdadero y nefasto proceder son varios más.

Para desgracia de los detractores más duros la difamación sólo ha consolidado más a la 4T, mientras que como resultado del combate a la corrupción se ventilan numerosos casos de estafas, desvíos de recursos y otros crímenes financieros a los que se siguen vinculando a políticos y funcionarios panistas y priístas; tal es el caso de Rosario Robles y Genaro García Luna, a los cuales se le siguen procesos judiciales en México y Estados Unidos respectivamente, lo que cada vez le deja más claro a la sociedad que la porquería de la corrupción política llegó en los sexenios pasados a niveles tan altos como la Presidencia de la República o que de ahí descendió. Lo anterior es una de las razones por las que a pesar de los errores de la 4T y de la promesa incumplida de AMLO de disminuir la violencia en su primer año de gobierno, en el arranque de 2020 tenga el respaldo de una abrumadora mayoría de la sociedad mexicana.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS).  Amnistía, (αμνησία, olvido) es acto legislativo mediante el cual, de manera general, se exonera a los responsables de la comisión de determinados delitos, aboliendo los procesos en curso, o las sentencias condenatorias dictadas respecto de esos mismos delitos.

Originalmente, la figura nace en Grecia, como una determinación mediante la cual se busca pacificar a la población, tras una revuelta o rebelión. El primer registro data del 403 A.C. cuando en Atenas, la decretó Trasíbulo al culminar la Guerra del Peloponeso.

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Roma perfeccionó la figura, y la dividió en tres categorías de indulgencia: especialis, generalis y abolitio, que corresponden actualmente a la gracia (conmutar en sentencia judicial, una pena por otra menor), el indulto (extinción de la pena otorgada por el ejecutivo) y la amnistía (extinción de la acción penal por el legislativo).

La facultad de otorgar amnistías permaneció en el marco de atribuciones del monarca, y posteriormente del ejecutivo, hasta que el constitucionalismo moderno la reservó al poder legislativo. En México, la Constitución reserva la amnistía en delitos federales, al Congreso de la Unión (Art. 73 Fr. XXII), y el indulto al Ejecutivo (Art. 89 Fr. XIV)

A diferencia del indulto, que es personalísimo, la amnistía es de carácter general.

El Código Penal Federal (Art. 92) establece que la amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño, en los términos de la ley que se dictare concediéndola, y si no se expresaren, se entenderá que la acción penal y las sanciones impuestas se extinguen con todos sus efectos, con relación a todos los responsables del delito.

Los detractores de la figura de amnistía la consideran violatoria al principio de igualdad y generadora de impunidad.

En México se ha utilizado exclusivamente en delitos políticos, tal y como originalmente fue creada la figura en Atenas, y en ese sentido, se considera una herramienta de apaciguamiento en momentos de tensión política y conflictos sociales.

LA INICIATIVA DE AMLO

El pasado 11 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de Ley de Amnistía presentada por el presidente de la República, y la turnó al Senado, para su eventual aprobación y publicación.

Es la primera vez que se plantea una amnistía por delitos que afectan al patrimonio, la vida y la salud, rompiendo la naturaleza de perdón por hechos de carácter político, que históricamente ha mantenido esta figura.

En síntesis, se pretende otorgar amnistía a procesados y sentenciados, no reincidentes, respecto de los siguientes delitos:

◉ Aborto, tanto para la abortante como quien la haya asistido;

◉ Delitos contra la salud cometidos en condiciones de extrema pobreza o alta vulnerabilidad obligados por algún familiar o un miembro del crimen organizado;

◉ Cualquier delito cometido por personas pertenecientes a una comunidad indígena que no hayan accedido al debido proceso;

◉ Robo sin violencia que no amerite más de 4 años de prisión,

◉ Sedición, que el Código Penal Federal sanciona (Art. 130 y 132) cuando un grupo de personas, en forma tumultuaria sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones, con el objeto de:

I.- Abolir o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.- Reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la Federación, o su libre ejercicio; y

III.- Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de la Federación (Art. 108 constitucional)

En la exposición de motivos, señala el presidente que la iniciativa es una expresión concreta de su compromiso permanente de hacer todo lo posible por aliviar las injusticias que padece México, y considera que la amnistía que propone es una de las acciones principales para acceder a la justicia pronta y expedita. En campaña la anunció como herramienta para acabar con 12 años de violencia en México, como parte de su estrategia integral de construcción de paz (programa 25).

Entre las críticas que se han hecho a la iniciativa, destaca su inoperancia, ya que la ley alude preponderantemente a delitos del orden común, por lo cual, no podrá aplicarse en virtud de ser un ordenamiento de aplicación competencial en el orden federal.

Independientemente del ámbito competencial, en el caso del aborto, también es inoperante en función de los beneficiarios a quien va dirigida, pues no hay un solo preso del orden federal por ese delito, y en todo el país no llegan a 30 los internos del fuero común, de los cuales, solo 5 son mujeres, y tres de ellas enfrentan cargos por provocar abortos, no por abortar.

También resulta inconvencional el ordenamiento, pues tratándose del delito de aborto, es competencia exclusiva de las entidades de la República el legislar sobre el tema, atendiendo a la reserva hecha por el gobierno de la República (D.O.F. 7 de mayo de 1981) al párrafo primero del Artículo 4º de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece la protección a la vida desde el momento de la concepción.

En el caso del robo, la amnistía atiende más a favorecer al delincuente, dejando en abandono a la víctima, pues no se establece un mecanismo adecuado para garantizar el pago de la reparación del daño, y en opinión de expertos criminólogos, el perfil de este tipo de activos corresponde a sujetos con elevada proclividad a la reincidencia.

La generalidad de la disposición, no toma en cuenta el potencial de reinserción de los beneficiados, por lo que se estima más elevado el riesgo que la conveniencia en caso de su liberación.

En el caso de los delitos contra la salud, la iniciativa pretende beneficiar a gente de escasos recursos, con extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidos y discriminados o tengan alguna discapacidad permanente. El problema estriba en definir conceptualmente la condición de cada una de esas circunstancias, y desde luego, se privilegia al delincuente, sin tomar en cuenta el bien jurídicamente tutelado, pues igual lesiona a la sociedad el delito cometido por un discapacitado como el cometido por un sujeto sin discapacidad.

En el caso de personas pertenecientes a una comunidad indígena que no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, la amnistía es ociosa y clasista, pues existe para esos casos, la protección jurisdiccional que en vía de amparo se otorga a quienes hayan sido víctimas de un proceso indebido, sin importar su origen étnico.

Diputados de oposición señalaron la falta de objeto social de esta amnistía, pues está elaborada más en función de beneficiar a delincuentes, que a proteger a la sociedad. Poco o nada contribuirá esta amnistía a la recuperación de la paz social, que es el objetivo que desde campaña enarboló el actual presidente de la República.

No necesitamos una amnistía para mejorar el acceso a la justicia. Lo que necesitamos en mejorar las instituciones encargadas de prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos. Capacitar y supervisar a los operadores del sistema, proveerlos de recursos tecnológicos adecuados, mejorar los procedimientos y pugnar por lograr la paz social, alcanzando los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación del daño y garantía de no repetición.

Liberar a delincuentes no es la mejor manera de frenar la violencia, la inseguridad y la corrupción.

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