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Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). En la actualidad, el tema de la ecología y del impacto ambiental esta tan de moda, que se habla de él de manera insistente al momento de elaborarse un proyecto, y, paradójicamente, se habla del impacto que pueda ocasionar tal proyecto, desde mucho antes de la elaboración del mismo. Los ambientalistas, al igual que otras corrientes que estuvieron por mucho tiempo “excluidas” en la toma de decisiones de la humanidad, como por ejemplo, los feministas, los defensores de la igualdad de género, los de derechos humanos, etcétera, hacen que su labor para el pueblo en general, se informe o, en su caso, se desinforme.

Actualmente, a nivel nacional, se habla demasiado del megaproyecto denominado tren maya, el cual sería un detonante, en todos los aspectos, para los pueblos del sureste de México; y que, en teoría, sí parece ser una inversión que valga la pena para el desarrollo social y económico de toda la República Mexicana.

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En este artículo —aclarando puntualmente que se deja de lado los posibles intereses políticos, o de que si el gobierno podrá terminar el proyecto con un presupuesto inicial y sin “inflar” números, que al final terminan por elevar costos finales—, estamos de acuerdo que se debe, por obligación, realizar un estudio de impacto ambiental, en el cual se tome en cuenta: las áreas de tala de selvas por donde pasaría el tren, las especies animales que se tendrían que sacrificar su hogar, y los daños en posibles zonas arqueológicas. Según el cristal con que se mire, los que se oponen al proyecto, se escudan con el impacto ambiental (entre otras cosas, como que no va alcanzar el presupuesto), para intentar, por todos los medios, desacreditar el proyecto de campaña del actual presidente, pero (con mayúsculas), también sabemos que los gobiernos, con tal de lograr sus objetivos, son capaces de cometer daños ecológicos, y aún más, creando zonas permanentes de contaminación, al no tener una cultura de cuidado con el medio ambiente y de ser amigables con las especies de fauna y flora de la región. Lo único de lo que sí estamos seguros, es que la obra se debe planear muy bien desde antes de comenzar su construcción, para no crear obras inconclusas o de mala calidad.

Tenemos, a nivel mundial, proyectos ambiciosos, que crean un detonante tremendo en la economía y en la sociedad, y el ejemplo más común, es el gigante asiático: China. Esta superpotencia económica, ha basado su crecimiento económico, en gran medida, en la construcción de gigantescas obras de ingeniería civil, que, muchas veces, alteran el entorno ecológico a cambio de ese tremendo desarrollo, que pone a los chinos, en el ámbito mundial, como una potencia. El caso más comentado, es el de la construcción de la presa de tres gargantas sobre el rio Yangtsé, que la convirtió en la mayor presa construida en el mundo, pero a costa de tener que inundar pueblos que quedaron ¨aguas arriba¨ de la cortina, y tener que aprender a convivir con las crecidas repentinas de la corriente del rio; otro caso, que es más de envidia de los otros países que compiten con China, es la construcción del puente más largo del mundo, que une a Hong Kong con el macizo continental.

En este último proyecto, la comunidad internacional (obviamente contra el crecimiento económico chino), ha criticado su construcción, por tener un impacto negativo en el mar y en algunas islas que se usaron para su construcción, a lo cual el gobierno de China ha declarado, en repetidas ocasiones, que el macropuente que une las ciudades Zhuhai, Macao y Hong Kong, es uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos tiempos, no ocasionó daños considerables en el medio ambiente y, sobre todo, que conecta grandes polos de desarrollo económico, haciendo de esta región, una de las zonas de trabajo más grande del mundo.

Como se puede ver, en el caso del puente más grande del mundo, los países contrarios al crecimiento económico de China, que ven en ese país ¨el rival a vencer¨, utilizan argumentos ecológicos para desacreditar el proyecto. De acuerdo al cristal con que se mire, y de acuerdo a la nacionalidad de los que opinan, la obra trae un tremendo desarrollo económico y hasta el momento no ha salido a relucir las consecuencias ambientales.

En México, el estudio de impacto ambiental, se le conoce como MIA (Manifestación de Impacto Ambiental), que se define como un estudio técnico científico, de carácter preventivo y de planeación, que permite identificar los efectos que pudiera ocasionar la ejecución de una obra de construcción en un lugar determinado.

Pero, realmente, ¿en México se hacen los estudios de manera neutral, sin presiones, de manera responsable e imparcial?.  Y la pregunta obligada, en caso de tener observaciones un proyecto impactado, ¿realmente los constructores hacen caso de las observaciones?. El que nuestro país tenga un rezago muy significativo en el cumplimiento de las disposiciones, y no hacer estudios de impacto ambiental de manera responsable, hace que las grandes obras de construcción, se politicen con el tema del medio ambiente.

A nivel local, de acuerdo con información manejada en diversos medios nacionales de comunicación, en el año de 1999 se presentó un ambicioso proyecto de salina, proyectada para ser la mayor salina construida a cielo abierto del mundo (nos acordamos de China), y que se desarrollaría a 130 kms al sur de Guerrero Negro, en un lugar llamado la laguna de San Ignacio, municipio de Mulegé, en Baja California Sur. El proyecto inició muy bien, con tantas y tantas estadísticas sobre la producción y sobre la repercusión económica que traería para la región y para el país, claro, tomando como base la exitosa salina de Guerrero Negro, hasta ese entonces catalogada como la salina más grande del mundo.

La empresa que presentó el proyecto fue la compañía Exportadora de Sal S. A. (ESSA), con sede en Guerrero Negro, la cual es una empresa paraestatal que tiene participación privada, curiosamente el 51% es estatal y 49% es propiedad de la empresa japonesa Mitsubichi, y que, al ser mayoritariamente estatal, pone como principal argumento para la toma de decisiones, precisamente, lo que diga el gobierno mexicano. El proyecto, fue declarado no apto para la convivencia con la ballena gris, que cada año vienen a la región a reproducirse, y con el argumento del impacto ambiental (¡se los dije!), la obra se canceló de manera definitiva  después de varios amparos y estudios presentados por los proyectistas.

Con el tiempo fueron saliendo a relucir verdades sobre el proyecto, como el caso de que, desde 1994, la ballena gris ha sido declarada por una ONG de Estados Unidos de America, como una especie salvada del peligro de extinción; como que desde que se fundó la salina de Guerrero Negro, en el año de 1954, han sido pocos, por no decir nulos, los accidentes que pongan en peligro el medio ambiente; y, que la causa principal, de la cual se habló muy poco, es que inversionistas muy poderosos presionaron a la empresa Mitsubichi, para que cancelaran el proyecto y mejor se trasladaran a Australia (por lo que, por ende, el socio minoritario tuvo más peso que el propio gobierno).

Conociendo nuestro México querido, no dudamos que hubo algo de corrupción en la presentación de los estudios, para que estos no fueron aprobados y fueran cancelados, a tal modo que la administración de la salina de Guerrero Negro se ha visto recientemente en escándalos de corrupción, donde se otorgan contratos millonarios, a modo, hechos por los directivos, y que ya se están investigando.

Por lo pronto, quedó en el sueño el poder decir que la salina más grande del mundo estaría en Baja California Sur, y en México, y si tuviéramos alguna duda en el futuro, sería sano tomar como ejemplo a China, pero, quedando bien claro, con un estudio de impacto ambiental responsable.

Escribeme a: noeperalta1972@gmail.com

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FOTO: Gladys Navarro.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La lucha ciudadana por evitar la operación de la minería tóxica en Baja California Sur, no es una pugna entre “un grupo de ambientalistas” y una empresa que trae “progreso” a la entidad, como pretenden hacernos creer los voceros del gigante minero, con el ánimo que veamos el problema como algo ajeno a nuestro interés, como si la contaminación y la destrucción del entorno ecológico no nos afectara, y sólo fuera tema de interés para unos cuantos, a quienes pretenden minimizar en su empeño, bajo el genérico anodino de “ambientalistas”.

Con esta estrategia, el grupo Salinas —titular de los derechos de explotación del proyecto minero Los Cardones—, a través de sus voceros importados y algunos comentaristas locales que sin escrúpulos venden su opinión, busca convertirnos en simples espectadores de un abstracto enfrentamiento entre “ambientalistas” y “el progreso”, cuando la realidad es que la amenaza que implica la entrada en operaciones de la minera, nos involucra a todos, no sólo a los actuales residentes y visitantes de la entidad, sino a aquellos que vienen detrás de nosotros, hijos, nietos, etcétera, y por ello, debemos ser participantes activos, decididos y constantes, en la lucha por preservar nuestra fuente de agua y el entorno natural en que se asienta su principal depósito.

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No podemos permitir que nos engañe el grupo Salinas, cuando trata de convencernos de las “bondades” de su proyecto, para que no veamos el enorme daño al agua y al ambiente que en el proceso de operación se genera para que al cabo de diez años, la empresa minera se embolse miles de millones de pesos, y a cambio deje solamente contaminación y desastre.

Para tratar de convencernos, el grupo Salinas utiliza una estrategia mediática que promueve “beneficios” —ocultando los perjuicios—, como cuando te habla de las ventajas de los “abonos chiquitos”, pero no te dice que son eternos y que cobran intereses altísimos, tan altos, que en muchos países esa tasa está prohibida. Exactamente como ocurre con su minería, “responsable”, que también está prohibida en los países desarrollados.

Esa campaña de promoción de “beneficios” viene acompañada de una embestida mediática paralela, que trata de convencernos de la inminencia de su operación. Que “ya están operando”, que “ya tienen todas las licencias”, que “ya están trayendo maquinaria”, que “ya ganaron todas las instancias”, y mensajes similares, todos falsos, y todos encaminados a minar nuestra resistencia a su entrada en operaciones. Buscan desanimar nuestros esfuerzos por detenerlos. Intentan convencernos de que es inútil resistirnos, que “ya está hecho” y es inevitable que lleven a cabo su proyecto.

De nosotros depende el prestar oídos sordos a esa agresiva y constante campaña de desinformación. Lo cierto es que NO TIENEN AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO MUNICIPAL, NI PERMITIREMOS QUE LA OBTENGAN, la verdad es que esta lucha no es de unos cuantos ambientalistas contra una empresa que nos trae “progreso” y “bienestar”.

Lo cierto es que no van a entrar en operaciones, pues vamos a evitarlo, si no caemos en sus juegos de engaño. Esta lucha es de todos los residentes del Estado. Y es una lucha vital, que no admite descuidos.

Enfrentamos el reto colectivo de:

1. Frenar la entrada de la minería tóxica a la zona de la Sierra de la Laguna, impidiendo que las autoridades municipales otorguen la autorización de uso de suelo, necesario para su operación.
2. Obtener la cancelación de todas las concesiones otorgadas a la fecha por las autoridades federales, para la explotación minera de metales preciosos a cielo abierto en nuestro Estado.
3. Generar una corriente de opinión bien informada, que conociendo los daños que ocasiona la minería tóxica, sistemáticamente se oponga a su operación.
4. Blindar al Estado, proscribiendo la realización de todo acto de explotación minera de extracción de metales preciosos a cielo abierto, desde su preparación hasta su consumación, con el marco legal adecuado, acorde a los estándares plasmados en los tratados internacionales, convenios, declaraciones y jurisprudencia de las cortes internacionales, plenamente armonizado con los preceptos constitucionales y su interpretación jurisprudencial a carga de la corte federal mexicana. Debemos tener presente para ello, que a partir de la reforma constitucional de 2011, todas las autoridades —municipales, estatales y federales—, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano es parte.

Debemos mantenernos atentos y activos en los tres frentes de batalla que a la fecha nos han permitido detenerlos:

1.- La defensa jurídico-legal en los tribunales judiciales e instancias administrativas, a partir de la figura del mandato soberano popular específico, que nos ha permitido convertirnos en la primera entidad en América Latina en frenar la minería tóxica, antes de su entrada en operaciones.

2.- La constante participación en las redes sociales, compartiendo información, documentando y difundiendo los avances de nuestra lucha, haciendo cada día más grande la toma de conciencia ciudadana respecto a la dimensión y trascendencia del reto que enfrentamos. Cada día debemos ser más y más los residentes del Estado que de manera informada y decidida, se incorporen a la lucha contra la minería tóxica, desde todas las trincheras que sea posible implementar.

3.- La movilización social, atendiendo al llamado que se genere cuando sea necesario manifestarnos, tomando las calles de manera pacífica y respetuosa, pero masiva y contundente, dejando en claro a las mineras y al mundo entero, que en Baja California Sur, vale más el agua que el oro o cualquier otro producto cuya extracción genere contaminación y ponga en peligro nuestra fuente de abasto del vital líquido.