33 Años del CREE. La atención a personas con discapacidad en La Paz

FOTO: CREE.

Tierra Incógnita

Por Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el mes de febrero de 1986 se finalizó la construcción de uno de los edificios en La Paz, que ha sido un pilar en cuanto a la atención hacia las personas que presentan alguna discapacidad, ya sea de forma transitoria o permanente. Con la inauguración del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), se dio paso al establecimiento de una política de atención a este sector de los grupos vulnerables, no solamente en el aspecto de rehabilitación física, sino también en el diagnóstico y atención de situaciones propias del ámbito de la educación especial.

En el contexto internacional, en los años 70’s, ocurre un gran vuelco respecto al enfoque de la atención que deberían tener las personas con algún tipo de minusvalía —término en boga en aquellos años y que incluía al de discapacidad, acuñado recientemente. Las posturas de las instituciones del Estado que apoyaban a esta población vulnerable, se cimentaban en un enfoque que proponía que las personas con algún tipo de discapacidad no podían convivir en espacios comunes con las personas que no presentaban esa condición, y es por ello que se construyeron escuelas o “centros especiales” en donde únicamente asistían personas con dichas características.

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Lo anterior, además de acarrear una gran carga económica por el hecho de tener un sistema paralelo de educación, provocaba el que la desigualdad y el trato peyorativo hacia las personas con discapacidad se perpetuara. Es así como en esta realidad histórica sale a la luz el famoso “informe Warnock,” el cual enunciaba las múltiples desventajas que tenía la manutención de un sistema educativo paralelo y discriminatorio; por lo que la mayoría de los países del mundo rehicieron sus políticas educativas y firmaron diferentes acuerdos internacionales que, posteriormente —como en México—, fueron ratificados por sus Congresos y elevados a rango de Ley.

De esta manera, con el arribo de Miguel de la Madrid Hurtado a la Presidencia de la República (1982), inicia la concreción de una serie de medidas tendientes a modificar las instancias de gobierno, tanto de educación como de salud, y ajustarlas a esta nueva realidad. Al frente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Paloma Cordero de la Madrid inicia la construcción de una gran cantidad de edificios en los diferentes estados del país.

Periódico “Marea Política”, febrero de 1986

En lo que corresponde a Baja California Sur, se encontraba en la gubernatura Alberto A. Alvarado Arámburo, y su esposa, Teresa Soto de Alvarado, encabezaba el DIF de nuestra Entidad, y fue a ellos a quien les tocó ser los encargados de vigilar que se aplicara el recurso de 420 millones de pesos para que se construyera el edificio que albergaría el CREE. Dicho edificio se construyó en un terreno de 15 mil metros cuadrados, siendo 4 mil 305 metros los de obra construida; el mencionado terreno actualmente se encuentra en el predio que comprenden las calles bulevar Constituyentes de 1975 entre Luis Donaldo Colosio y Politécnico Nacional, colonia “El Conchalito” de esta capital.

El edificio del CREE contó con un área de Educación Especial, en la cual se aplicaban diagnósticos y se daba atención a alumnos que presentaban discapacidad intelectual, así como severos problemas de aprendizaje; sin embargo, esta área fue cerrada a principios de la primera década del año 2000. Un área que hasta la actualidad sigue funcionando de forma exitosa en el CREE es la de Rehabilitación. Asimismo, desde hace unos 10 años, se destinó un área de este centro al Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con Discapacidad (ISAPD), el cual se encarga de dar apoyo administrativo y realizar acciones de orientación a las personas que presentan discapacidades, desde el punto de vista médico-clínico.

Desde sus inicios, el CREE ha perseguido los siguientes objetivos: prevenir la estructuración de procesos invalidantes a través de acciones de investigación que disminuyan la incidencia de invalidez; proporcionar atención de rehabilitación a las personas con discapacidad, de acuerdo a las normas y lineamientos del DIF; llevar a cabo la valoración integral que le permita brindar a los usuarios el tratamiento adecuado, ya sea dentro del mismo o a través de su canalización a otras instituciones del sector; realizar actividades de investigación, enseñanza y seguimiento de casos, con objeto de actualizar e incrementar los conocimientos médicos, técnicos, psicológicos y sociales para prevenir y tratar las diferentes formas de discapacidad; además de todos los aspectos administrativos necesarios en el ejercicio de ello, así como los que le confieren las disposiciones legales aplicables.

Las áreas con las que contó en un inició el CREE, fueron el vestíbulo, Gobierno, Educación Especial, Enseñanza, Valoración, Tratamiento, taller de órtesis y prótesis; así como los servicios generales, pasos a cubierta y caseta central. Los especialistas que estaban planeados para laborar en esta instancia eran: trabajadora social, médico pediatra, médico en comunicación humana, psicólogo, técnico en rayos X —ya que el centro cuenta con este equipo—, técnico en electroencefalografía, oftalmólogo, ortopedista, psiquiatra infantil, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta del lenguaje, técnico en prótesis y órtesis; y maestros de grupo, aprendizaje y de lenguaje.

Durante este mes de febrero se conmemoran 33 años de funcionamiento ininterrumpido del CREE, el cual se transforma para ofrecer la respuesta adecuada que necesitan y reclaman las personas con algún tipo de discapacidad, así como sus familias.

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Asesinos seriales y la pena de muerte; el caso de Ted Bundy

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El 24 de enero de 1989, en Bradford, Florida, fue ejecutado en la silla eléctrica Theodore “Ted” Robert Cowell Bundy, un joven psicólogo y estudiante de Derecho nacido en Burlington, Vermont. Conocido por ser un hombre inteligente, elocuente y carismático, Bundy hizo a un lado un futuro promisorio en la vida política norteamericana, para dedicarse a la actividad que lo llevó a la fama internacional: secuestrar y asesinar mujeres. Algunos analistas estiman en un centenar el número de sus víctimas, sin embargo, sólo fue condenado por un asesinato, aunque en diversas entrevistas, Theodore Bundy aceptó haber privado de la vida a 36 mujeres, en una época en la que el feminicidio no existía en el marco punitivo legal.

El haber confesado una treintena de asesinatos, fue una perversa estrategia para eludir o al menos, postergar su ejecución, ya que negociaba la información que permitía a las autoridades encontrar el cuerpo de cada una de sus víctimas a cambio de privilegios carcelarios, buscando así culminar su negociación con el cambio de la pena de muerte por una de reclusión prolongada. Incluso, Bundy llegó a solicitar una pena reducida, jugando con el dolor de los familiares de las víctimas, pero en última instancia, las familias desecharon la negociación para asegurarse de que el también llamado “asesino de estudiantes” fuera ejecutado en la silla eléctrica.

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Ted Bundy en su juicio.

El término “asesino serial”, alcanzó fama internacional gracias en gran parte a la difusión que se le dio a la investigación de los crímenes cometidos por Ted Bundy, pues su captura fue ampliamente publicitada, así como las entrevistas que se le realizaron durante su proceso judicial. En una de las entrevistas más difundidas, Bundy afirma que la mejor manera de disfrutar del sexo era esposar a una mujer atractiva, aterrorizarla y convencerla de que iba a morir.

¿Pena de muerte?

La criminología moderna define al asesino serial como el sujeto que mata a tres o más personas, en eventos separados, bajo patrones operativos y victimológicos similares; se distingue del asesino múltiple, ya que este sujeto en un sólo ataqué priva de la vida a tres o más personas. Si bien muchos autores sostienen que los asesinos seriales han existido en todas las sociedades a lo largo de la historia, lo cierto es que su estudio se ha concretado de manera sistematizada a partir de la segunda mitad del siglo XX; gracias a los medios masivos de comunicación, actualmente se da mayor cobertura a esta modalidad criminal.

Existen muchas teorías y clasificaciones que se han elaborado en torno a la naturaleza y metodología asignable a los asesinos seriales, no obstante, todos los estudios coinciden en que después de ser capturados, no hay un sistema penitenciario o tratamiento terapéutico que garantice su reincorporación al entorno social. Hasta hoy en día no existe registro forense de un caso exitoso de reincorporación al estrato social en libertad, de un convicto asesino serial. Son candidatos ideales a la pena de muerte.

En cátedra, el doctor García Ramírez sostenía que el asesino serial desarrolla su potencial criminal en las grandes urbes, donde el anonimato y la sobrepoblación garantizan el espacio de impunidad necesario para su actuación; el México moderno es un campo de caza ideal para este tipo de criminales, pues el grueso de la población —en términos generales— al migrar del campo a las ciudades, facilitó el espacio para el desarrollo de sus psicopatologías. Desde 1975, la situación apuntaba ya a la incapacidad del estado mexicano para hacer frente a las problemáticas derivadas de la criminalidad y la falta de un sistema penitenciario, el cual diera a la sociedad la certeza de que el delincuente pudiera ser reinsertado funcionalmente al entorno social.

En 1975, Sergio García Ramírez publica La prisión, obra en la que señala que: El sistema penal mexicano se encuentra en crisis. Lejos de frenar la delincuencia, parece auspiciarla. En su interior se desencadenan angustiosos problemas de conducta. Es instrumento propicio a toda clase de inhumanos tráficos (alcohol, drogas, sexo, etcétera). Nada bueno consigue en el alma del penado y si la agrava y emponzoña con vicios y afiliaciones criminales. Mina el cuerpo del recluso, lo enferma y postra y devuelve a la vida libre un hombre atravesado por los males carcelarios. Se muestra incapaz de enseñar el camino de la libertad y más parece arrojar temporalmente presas que ya ha hecho indefectiblemente suyas para recuperarlas más tarde.

Pionero del sistema penal de “puertas abiertas”, en el cual el recluso puede salir los fines de semana para convivir con su familia, o bien, salir a laborar durante el día con reclusión nocturna, García Ramírez pugnó por un sistema penal en que el encierro o el confinamiento se reservara exclusivamente para sujetos de alta peligrosidad; asimismo, planteó que se aplicara a los internos los programas de externación progresiva, sujeta a evaluación y supervisión a cargo de un equipo profesional multidisciplinario, que a través de técnicas terapéuticas preparan al interno para una vida en libertad que les permita integrarse al tejido social.

50 años después, nuestro sistema penitenciario es incapaz de cumplir con los objetivos trazados por el programa presentado por el doctor García Ramírez; actualmente estamos lejos de considerar el internamiento como una herramienta de reinserción social, pues resulta una verdad conocida que los centros de reclusión son cotos de capacitación y reclutamiento que utiliza la delincuencia organizada para alimentar sus tropas. Con un sistema penitenciario ineficaz, nos preguntamos si en algunos casos, como el de los asesinos seriales confesos, tal vez sería conveniente reimplantar en nuestro país la pena de muerte.

La Comisión de Arbitraje Médico en Baja California Sur

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Salud Para Todos

Por Josué Estrada Flores

La Paz, Baja California Sur (BCS). En esta ocasión hablaremos de la importancia contar con Comisión Estatal de Arbitraje Médico en Baja California Sur, que pronto será una realidad para el bien de todos los habitantes de nuestra media península. La relevancia de dicha comisión y sus atribuciones, es asegurar la atención de quienes en un momento dado consideran que no fueron atendidos eficientemente por las instituciones de salud en el Estado.

Haciendo un poco de historia, recordamos que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico se instaló por Decreto Presidencial el 3 de junio de 1996, para contribuir a tutelar el derecho a la protección de la salud y así mejorar la calidad de los servicios médicos en la República Mexicana. La Comisión de Arbitraje Médico es un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, dicha institución tiene por objetivo resolver en forma amigable y de buena fe, los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de los mismos; ya que promueve y propicia la buena relación, el trato digno, los valores y el apego a la lex artis médica, y la ética en la relación médico-paciente.

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Es una instancia especializada que cuenta con autonomía técnica y tiene atribuciones para recibir quejas, investigar presuntas irregularidades en la prestación de ser servicios médicos y emitir sus opiniones, acuerdos y laudos; los cuales permiten solucionar los conflictos actuando con imparcialidad, confidencialidad y respeto, mediante procedimientos alternativos para la resolución de los conflictos tales como: orientación, gestión inmediata, conciliación y arbitraje.

La Comisión de Arbitraje Médico atiende a nivel nacional un poco más de 17 mil casos por año, y promueve la mejora de la práctica de la medicina a través de recomendaciones y cartas de derechos dirigidas a pacientes, médicos, odontólogos y enfermeras; asimismo, toma acciones de investigación, difusión y vinculación, que retroalimentan los esfuerzos institucionales e individuales, con la misión de otorgar servicios de salud con calidad y respeto.

En nuestro Estado, actualmente no se cuenta con la Comisión de Arbitraje Médico, por lo que los trámites se realizan por medio de la Comisión Nacional (Conamed) y desde luego, esto ocasiona dificultades como las cuestiones de tiempo, los recursos económicos, etcétera. Precisamente allí radica la importancia de que dicha comisión sea instalada en Baja California Sur; la instalación de este consejo se aprobó el 31 de octubre del 2006, sin embargo, hasta el momento no se ha llevado a cabo su formación y consolidación.

El Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur y otras organizaciones médicas, en coordinación con la Secretaria de Salud de nuestro Estado, llevaron a cabo foros y reuniones para la revisión y análisis de la Ley Estatal de Salud, así como la Ley de Arbitraje Médico, y además se recibieron las recomendaciones de la Conamed para la modificación de la Ley de Salud en el año 2006. La conclusión de dicha reuniones fue que la Ley Estatal de Salud requería coincidir en el marco jurídico y debían reformarse varios artículos de dicho decreto, antes de aprobar y echar a andar la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.

En los siguientes años, el Colegio de Médicos Cirujanos sostuvo reuniones de trabajo con las Comisiones de Salud de los congresos siguientes, y desde luego sin que se lograra la instalación de la Comisión de Arbitraje, por lo que seguimos siendo de los pocos estados que no cuentan con ella. Fue hasta el pasado mes de octubre, que con la entrada del nuevo Congreso del Estado y bajo la coordinación de la Comisión de Salud, se aprobaron los recursos económicos para que este 2019, se instale la tan esperada Comisión de Arbitraje Médico en Baja California Sur.

Esta decisión marca un avance importante para la sociedad en general y desde luego para los colegios de los profesionales de la salud, quienes han hecho público el agradecimiento y la buena disposición de nuestros legisladores para el beneficio en general de todos los ciudadanos. Cabe mencionar que el Colegio de Médicos Cirujanos del estado presentó el 15 de enero del año en curso, la iniciativa de propuesta de modificación, revisión, abrogación de los artículos de la Ley Estatal de Salud, en todo el capítulo que menciona la creación de la Ley de Conciliación y Arbitraje Médico.

El objetivo por el que solicitaron dicha petición, fue porque actualmente existen varias controversias y rezagos, así como una posible politización de un reclamo social, para resolver un acto de posible responsabilidad profesional en el ámbito de la salud. Hasta hoy en día no se han revisado las observaciones que presentó la Comisión Nacional de Conciliación y Arbitraje Médico desde el 2006, además de las observaciones que hiciera también el Colegio de Médicos Cirujanos; por lo cual corresponderá al Congreso del Estado la tarea de revisión, modificación y, en su caso, abrogación de los artículos que se mencionan en los presentado por el Colegio de Médicos, antes de su presentación y aprobación.

Por último, amigos lectores, y con el afán de dar a conocer la información respecto al tema, les comparto lo que hace la Conamed, conforme a las atribuciones que le confiere su decreto de creación:

Brindar orientación y asesoría especializada a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derechos y obligaciones.

1. Investigar y gestionar de manera inmediata los asuntos relacionados con la posible irregularidad o negativa en la prestación de servicios médicos justificados o urgentes, por parte de las instituciones.

2. Recibir toda la información o pruebas que aporten los prestadores de servicios médicos y los usuarios, en relación con las quejas planteadas y, en su caso, requerir de aquellas otras que sean necesarias para dilucidar tales quejas, y además practicar las diligencias correspondientes.

3. Interviene en la amigable composición para conciliar conflictos por presuntos actos inapropiados u omisiones derivadas de la prestación del servicio y presuntos actos de negligencia con consecuencias sobre la salud del paciente.

4. Funge como árbitro y pronuncia los laudos que corresponda cuando las partes se sometan expresamente al arbitraje.

5. Emite opiniones sobre las quejas que conoce, e interviene en el oficio en cualquier otra cuestión que se considere de interés general en la esfera de su competencia.

6. Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, colegios, academias, asociaciones o consejos de médicos, así como de los comités de ética u otros similares, sobre la negativa expresa o tácita de los prestadores de servicios, de proporcionar la información que se hubiera solicitado para el análisis de un caso.

7. Informa del incumplimiento de sus resoluciones o de cualquier irregularidad detectada y de hechos que, en su caso, pudieran llegar a constituir la comisión de algún ilícito.

8. Elabora los dictámenes o peritajes médicos, que le son solicitados por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.

9. Establece convenios con instituciones, organismos y reorganizaciones publicas y privadas, acciones de coordinación y concertación que le permitan cumplir con sus funciones.

10. Orienta a los usuarios para resolver los conflictos derivados de servicios médicos prestados por quienes carecen de título o cédula profesional.

A manera de conclusión, podemos reconocer el esfuerzo hecho por el Congreso del Estado, al aprobar un presupuesto y agendar la aprobación de la Comisión de Arbitraje Médico; así mismo, reconocer la disposición de nuestras autoridades estatales en facilitar dicho proceso y desde luego, como ciudadanos reconocemos el beneficio que de dicha comisión dará a los habitantes de este bello estado.

Sin más por el momento, salud para todos.

Huachicol y muerte en el Viernes Rojo de Tlahuelilpan

FOTO: Noticieros Televisa / Interior: Internet

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

Ciudad de México. Entre todas las medidas de la presente administración para transformar al país, la de mayor alcance e impacto en lo económico y lo político para los años venideros es sin duda el combate al robo de combustibles. Ha puesto en la palestra pública el alto grado de corrupción al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex), la participación de empresarios gasolineros en la compra y venta del producto robado y el huachicoleo en los ductos, ilícito en el que intervienen grupos criminales que realizan la perforación, la ordeña, el almacenamiento, la redistribución del producto y su venta. Pero además, el combate al huachicol ha evidenciado la participación en actos peligrosos e ilegales de ciudadanos que no necesariamente operan dentro de grupos criminales organizados.

Estos ciudadanos, “huachicoleros de ocasión”, son los que cuando se da una fuga en un ducto, por las razones que sea, acuden para tomar combustible; gente como la que el viernes 18 de enero en la comunidad de San Primitivo en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, al saber que el combustible manaba de una perforación del ducto Tuxpan-Tula en el kilómetro 226, decidieron no acatar los llamados que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a los mexicanos “a no ensuciarse las manos” en el robo de combustibles, a no involucrase en acciones ilícitas y peligrosas. Algunos de ellos incluso agrandaron la abertura del ducto para que fluyera más producto.

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Las imágenes y vídeos de cientos de personas —se calcula que llegó a haber en el sitio entre 800 y 1000— caminando hacia la fuga de hidrocarburo, cargando bidones y cubetas, nos hablan de una población que no estuvo en el lugar incorrecto en el momento equivocado, pues decidieron acudir al lugar por unos cuantos litros de combustible, a pesar de correr un enorme riesgo. La gente reunida en torno a la fuga festejaba que la gasolina brotaba en un chorro que se elevaba por metros para luego inundar la tierra.

Durante la tarde varios individuos embozados se empaparon con la gasolina que salía a gran presión del ducto con tal de llenar un contenedor; otros se humedecieron con la peligrosa brisa, que llegaba más lejos, mientras recogían el líquido del suelo para después arrastrar bidones llenos de combustible hasta sus autos. Algunos más débiles vomitaron y otros cayeron semiconscientes por respirar los gases emanados de la gasolina, mientras elementos de la Policía y del Ejército los conminaban para que evacuaran la zona de riesgo; desgraciadamente las autoridades fueron ignoradas e incluso confrontadas por los pobladores.

Después vino la ignición, la explosión que calcinó a decenas de personas al momento; el feroz incendio que se desató sobre la tierra y alcanzó a los que estaban más alejados. Entre gritos y alaridos de dolor siluetas humanas envueltas en llamas corrieron y se revolcaron en la tierra intentando extinguir sus cuerpos; el fuego cundió por el aire y quemó a personas que en shock y semidesnudas deambularon con pedazos de piel colgando.

Esos “huachicoleros de ocasión” desoyeron los llamados a evacuar el área y como consecuencia de sus descabelladas pero razonadas acciones, muchos de ellos pagaron ya con sus vidas –hasta el jueves 24 de enero se contabilizaron 100 decesos– y dejarán tras su muerte una estela de dolor, agravios y miseria a sus familias. Otros más de los 46 hospitalizados, si sobreviven a las quemaduras, quedarán marcados para siempre.

La tragedia de Tlahuelilpan contradice una de las máximas de AMLO: “el pueblo es bueno y sabio”. ¿Verdad a medias o una mentira que encubre la parte criminal y/o estúpida de muchos ciudadanos? La respuesta a esta pregunta la da cada quien con las acciones que realiza. El proceder de los pobladores de Tlahuelilpan es, por desgracia, una muestra de lo que hacen miles, quizá millones de mexicanos: cometer actos ilícitos y riesgosos. Las turbas de “ladrones de ocasión” de camiones accidentados, de tiendas departamentales y viviendas durante desastres naturales son una constante en el territorio nacional; y en el caso del huachicol representan una conducta social que se repite desde hace décadas en varias partes del país.

La pobreza y la marginación social son en muchas ocasiones factores que impulsan a la gente a cometer actos ilegales, a convertirse durante algún evento inesperado en “ladrones de ocasión”, pero de ninguna manera las carencias económicas justifican las acciones de un turba que se puso en riesgo de muerte, de adultos que hasta el lugar llevaron a niños que sólo reproducen las acciones de sus mayores. Tampoco podemos sobreseer que esos adultos al huachicolear en los ductos reproducen a pequeña escala los atracos que diversas autoridades han cometido desde sus asientos ejecutivos, desde sus puestos en Pemex y desde sus sillas presidenciales.

Las explosiones e incendios en ductos pinchados y en lugares clandestinos de almacenamiento de hidrocarburos no son algo nuevo, y menos en el estado de Hidalgo, pero nunca habían alcanzado las proporciones de la desgracia de Tlahuelilpan; un siniestro en el que se entreveran la corrupción, la ineficacia de las autoridades de todos los niveles y órdenes, el crimen organizado y la insensatez de la gente.

En este trágico suceso es indispensable establecer si la fuga en el ducto fue producto del deterioro de una vieja toma clandestina o de la reparación que realizó Pemex de ésta, o si el ducto fue pinchado para ordeñarlo o como parte de la respuesta criminal contra el combate al robo de combustibles; aunque también se tiene la línea de investigación que apunta a acciones derivadas de la rivalidad entre cárteles de la droga en su división huachicol y bandas huachicoleras locales.

Hay testimonios de sobrevivientes y otros pobladores que mencionan que por las calles de la comunidad “pasaron personas gritando que estaban regalando gasolina”; lo que apunta hacia un posible sabotaje con una maléfica intención de involucrar a la población en un acto de altísimo riesgo, cuyas nefastas consecuencias pondrían en entredicho al gobierno. Así mismo, es de la mayor relevancia analizar las acciones que tomaron las autoridades civiles, policíacas y militares desde que se tuvo conocimiento de la fuga y hasta que se controló el incendio; y en todos los casos deslindar o fincar responsabilidades por actos criminales, de omisión o de impericia.

Mientras tanto México se viste de luto y se divide entre la conmiseración por las víctimas y su criminalización; entre los elogios y las críticas a la estrategia del combate al robo de combustibles; pero sin duda el desastre de Tlahuelilpan pone de manifiesto la podredumbre social en la que estamos inmersos desde hace décadas como consecuencia de la corrupción, el crimen y la desatención social de los mexicanos más desprotegidos; pero sobre todo evidencia que la incompetencia y la estupidez humana a veces no conoce límites, pues todo mundo sabe que la gasolina es altamente inflamable. Del Viernes Rojo de Tlahuelilpan las únicas víctimas inocentes son los infantes.

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

La Guardia Nacional: balazos, ¿no abrazos?

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Agenda Comunitaria

Por Frank Aguirre

La Paz, Baja California Sur (BCS). ¿Algunas vez has visto el documental Hasta los dientes? El 19 de marzo del 2010 el Gobierno mexicano presidido por Felipe Calderón, anunció la muerte de dos sicarios armados “hasta los dientes,” en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Días después se reveló que en realidad se trataba de dos estudiantes de excelencia académica del Tecnológico de Monterrey. Estos jóvenes fueron golpeados, torturados, coersionados y asesinados por militares, uno de los estudiantes era sudcaliforniano.

Puedes imaginar, bajo estas circunstancias, ¿cuántas veces ha pasado la misma historia?, ¿cuántas veces el Ejército actuó contra civiles e intentó ocultar los hechos?, ¿en cuántas ocasiones la justicia mexicana abusó de su autoridad e inculpó a inocentes?, ¿en cuántos casos los militares han hecho uso excesivo de la fuerza, y por cubrir sus huellas, alteran los hechos?,¿cuál es la deuda del Ejército por violar la ley y los derechos civiles? Tlatelolco 1968. Presunto culpable, 2011, Tlataya.

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Tan sólo hoy en día, el Ejército debe 1.5 millones de pesos, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo encontrara culpable de desaparecer a tres jóvenes: José Ángel, Nitza Paola —quién padece una discapacidad motriz que le impide caminar— y Rocío —madre de una niña de 11 años. El organismo internacional concluyó que estas tres desapariciones forzadas se dieron en el contexto de la estrategia de “despliegue de efectivos militares para labores policíacas”, emprendida en 2007 por el ex presidente Calderón, y emanada del Partido Acción Nacional (PAN), táctica que ha perdurado hasta la actualidad, sin cambios sustanciales.

Actualmente la situación es abrumadora. Comparto datos de Ricardo Raphael, periodista de El Universal:

1.- Casi un tercio del territorio nacional sufre la presencia del crimen organizado, porque ya no sólo se trata de “la droga”, hace años que la delincuencia ha evolucionado en negocios billonarios como la tala ilegal, la pesca ilegal —tanto en el Golfo de California como en el Golfo de México—, el robo de combustible (huachicoleo), el neoextractivismo, entre otros.

2.- Casi todas las policías locales se han manifestado incapaces para enfrentar dicha violencia y vulnerables de ser infiltrados por la misma.

3.- El Gobierno nacional cuenta con un policía por cada 4 mil 800 mexicanos. Lo deseable sería tener un policía por cada mil habitantes.

4.- La mayoría de los gobernadores de los territorios bajo violencia por el crimen organizado se han declarado incompetentes y han exigido al Gobierno Federal que se haga cargo de enfrentar a dichos criminales a través del ejército.

Ante éste panorama desolador, para muchas personas es lógico que el Ejército tome cartas en el asunto “porque son más”, “porque están mejor preparados”, “porque son menos corruptibles”, con respecto a esto último, ¿estamos seguros? No intento generalizar porque —al igual que muchos— conozco amigos cercanos, los cuales tienen padres, tíos o hermanos, que son parte del mando militar; sin embargo, el control disciplinario, la transparencia con la que opera el Ejército y el escrutinio profesional sobre sus elementos está fuera de control. Únicamente entre 2008 y 2011, durante el “Operativo Conjunto Chihuahua”, se presentaron 457 denuncias contra el ejército por violaciones a derechos civiles, la mayoría por allanamiento de morada, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Cada vez que leo las noticias y fallos de jueces contra marinos o militares, no puedo evitar pensar en lo ilógico que sería recrudecer la “guerra contra el narcotráfico“. Algunos casos de este tipo son el de Magdalena Saavedra, quien fue violada en grupo durante 11 horas, por las Fuerzas Armadas; o las 28 mujeres detenidas e inculpadas por delitos que no cometieron y que fueron forzadas a inculparse mediante golpes, tortura y violaciones. Asimismo, en Coahuila un grupo de 20 soldados violaron y agredieron físicamente a trece mujeres el 11 de julio el 2006; también se conoce el caso de Valentina Rosendo, originaria de la etnia me´phaa, quien a sus 17 años fue abusada sexualmente por dos soldados del Ejército Mexicano, cuando se encontraba lavando ropa en un arroyo al sur de Guerrero.

A pesar de toda esta monstruosidad, hace pocos días se aprobó en el Senado una de las más grandes pesadillas para la sociedad civil organizada: La Guardia Nacional. Un zombi, como dice Alfredo Lecona, de la Ley de Seguridad Interior. ¿Cuál es el meollo de todo esto? Militarizar la seguridad pública es anticonstitucional; según el Artículo 129 de la Constitución, en tiempos de paz los militares no pueden ejercer más funciones “que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

El Artículo 21 establece que las instituciones encargadas de la seguridad pública serán de carácter civil […] Hay quienes claman que la policía tiene la obligación de brindar seguridad a los ciudadanos, y el Ejército de combatir enemigos de la nación, es decir, cuando éste está a cargo de la seguridad pública significa que el enemigo son los integrantes de esa nación.

Lo que se pretende con la Guardia Nacional es lo siguiente: el Jefe de Estado puede ordenar directamente la intervención de la Marina y el Ejército, y tiene control expedito sobre el despliegue de fuerzas armadas bajo términos ambiguos; las Fuerzas Armadas en ese sentido podrán “levantar” personas sin criterios específicos —como las “acciones preventivas”—, por lo que el Ejército y la Marina tendrán en las calles una mala regulación del uso de la fuerza, con protocolos deficientes y sin supervisión.

Desde el 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no reporta ni un sólo registro de muertos, heridos o detenidos a partir de sus enfrentamientos, ni los datos de homicidios publicados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), tampoco se puede acceder a los datos o información que permita evaluar con detalle la forma de trabajo en materia de seguridad pública tanto del Ejército como la Marina.

Entonces, ¿por qué consideramos que no funcionará la Guardia Nacional? Porque esto tiene 12 años haciéndose igual:

1.- El número de homicidios a nivel municipal no se redujo, sino que incrementó, especialmente si estaban involucrados elementos de la Sedena.

2.- El número de civiles heridos y muertos durante enfrentamientos, en el periodo de 2008 a 2014, fue en aumento.

3.- De 2006 a 2011, sólo el 1.9% de los enfrentamientos tuvieron una orden judicial; tanto la Marina como el Ejército operaron sin planes de inteligencia o investigación durante esos años. O sea, estos grupos operan en base a ocurrencias que surgen durante patrullajes.

4.- En el 70% de las detenciones durante el sexenio de Calderón hubo tortura como búsqueda de una confesión, muchos de esos casos terminaron en confesiones falsas debido a la violencia ejercida contra los detenidos.

5.- Cuando el Ejército toma a su cargo la seguridad pública en un municipio, esto incrementa la violencia en un 8% y aumentan los homicidios a nivel municipal un 9% , no necesariamente como consecuencia de enfrentamientos entre militares y criminales, como se ha mencionado anteriormente en ésta columna.

Lo que más me indigna de toda está situación, es el giro que dio el discurso de Andrés Manuel López Obrador; como candidato afirmó “tenemos que ir sacando al Ejército de las calles, no están preparados para esta función”. No obstante, hace apenas unos días otorgó a los militares atribuciones más grandes de las que ya tenían en materia de seguridad pública, recordemos que esa no es su función. Lo errático es que su postura fue respaldada por funcionarios que hace un año estaban contra la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto, y ahora junto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), obtuvieron mayoría en el Senado para aprobarla.

¿Qué advierte la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Guardia Nacional:

1.- Se abre la puerta a la privación de la libertad de personas civiles en instalaciones militares. Ya sabemos que pasa cuando te levanta el Ejército: no reporta levantamientos, hay privación de la libertad injustificada, torturas y asesinatos extrajudiciales.

2.- Hay una indebida regulación de los alcances del fuero militar, es decir, mayor impunidad para los casos de violación de derechos civiles como la tortura, el abuso sexual y la privación de la libertad de inocentes.

3.- No cumple con los estándares internacionales que se comparten en la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA), como es establecer que las tareas de seguridad pública correspondan a fuerzas civiles —es decir, a la Policía—y que ésta se encuentre bajo mecanismos de control civil y que las Fuerzas Armadas le correspondan la seguridad en las fronteras y eventuales situaciones de conflicto armado. La iniciativa actual no representa alternativas reales de mejora para los ciudadanos, peso sí altas probabilidades de que la situación empeore.

Cabe mencionar que sorprende las respuestas en redes sociales. A quienes de forma directa o indirectamente hemos colaborado en la iniciativa de ‘Seguridad Sin Guerra‘, se nos ha tildado desde panistas, priístas, fresas o “fifís”; han surgido descalificaciones sin argumentos como el reclamo de “¿por qué estuvieron callados los otros sexenios?”. Como señaló Citlali Nepomuceno, el debate sólo se centra en descalificar a quienes no piensan como el Presidente, una narrativa sin conciencia sobre las luchas recientes; ya no importan los argumentos, el análisis o el debate de ideas, sino la repetición de un discurso disciplinado, justo como la partidocracia del PRI y del PAN llevaba haciéndolo por décadas.

Dirán en medios, en declaraciones y en las redes, que se incluyó a la sociedad civil organizada, a expertos opositores, sin embargo, no es nada más que otra simulación equiparada a los foros de movilidad que realizó el mismo gobierno de Carlos Mendoza Davis. Ahora veamos esto desde otra perspectiva:

Si fuera el PRI, ¿qué sentirías? Si fuera el PAN quien estuviera promulgando ésta iniciativa, ¿qué dirías? En cualquier momento Morena dejará de ser ubicua y omnipresente; cuando eso suceda, el poder militar pasará a otras manos, ¿y si esas manos fuera la de un gobierno opaco, conservador, racista, aporofóbico, con aversión hacia la diversidad sexual, cultural, de pensamiento, o a la diversidad teórica y filosófica, como en Brasil? En lo personal considero esta situación como peligrosa y alarmante, más allá de lo que algunos piensen sobre la estrategia contra el huachicoleo o la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), la Guardia Nacional es la más grande pifia de éste sexenio y difícilmente será superada. Espero equivocarme, sin esperanzas.

Es hora de voltear a ver los procesos de justicia restaurativa en los barrios afroamericanos de Estados Unidos; los centros de readaptación social en Islandia o Finlandia; discutir sobre otro modelo económico que no se sostenga sobre la pobreza y explotación de la mayoría; analizar la política de seguridad municipal de la alcaldía de Morelia o los procesos de paz en Colombia; así como la regulación sanitaria de adicciones en Portugal y Noruega. Seguridad sí, sin guerra.