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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La sociedad sudcaliforniana se ha vuelto un crisol de personas, de las cuales muchas han venido de otros Estados de la República y de otros países. De acuerdo al censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010, la Entidad contaba con 637,026 habitantes, de los cuales cuatro de cada diez nacieron en otros Estados del país. Además, debe considerarse a los extranjeros que llegaron para radicar en la entidad. El arribo y el establecimiento de personas de otros lugares tiene consecuencias de diversa índole, que pueden ser consideradas positivas o negativas, de entre éstas me ocuparé del enriquecimiento cultural que puede derivar en una mayor participación ciudadana en la vida política.

En lo referente a extranjeros, actualmente el Instituto Nacional de Migración (INM) calcula que en la entidad hay más de 60 mil, de los cuales alrededor del 40% tienen residencia permanente —principalmente procedentes de Estados Unidos. Si se considera que en el año 2 mil el número de extranjeros residentes en el Estado se estimaba en poco más de 3 mil, el incremento de ellos ha sido considerable en los últimos 18 años. Algunos han llegado para establecerse y otros lo hacen por temporadas; pero en los dos casos, dichas personas se integran a la sociedad sudcaliforniana, lo que, como en todo proceso de aculturación, genera contacto entre los pensamientos de los que conviven.

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Debido a lo anterior es que inmigrantes interestatales, internacionales y nativos cohabitan dentro de una sociedad sudcaliforniana que se renueva constantemente, lo que permite el enriquecimiento cultural de los individuos, pues entre estos se comparten experiencias de vida; lo que puede incluir preparación académica, prácticas de protesta ciudadana, así como diversos tipos de politización, desde las más simples representaciones ideológicas hasta los más complejos pensamientos filosóficos. Y es que el pensamiento es ágil y no conoce fronteras, sólo necesita receptores para amplificarse, dispersarse, reproducirse y repetir su ciclo de incubación y crecimiento.

Puede pensarse que la media península, por su situación geográfica, se encuentra alejada y solitaria, casi rodeada por mar y separada por cientos de kilómetros de tierra del resto de México. Y es así, pero sólo en lo geográfico, pues actualmente con las tecnologías de la comunicación, Sudcalifornia está más conectada al resto del país y al extranjero que en cualquier otro período de la historia, y en este sentido la comunicación se ampliará y se mejorará cada vez más. Esa combinación entre una sociedad multicultural con el advenimiento de las tecnologías de la comunicación, principalmente el de la Internet, ha convertido a un sector de la población en un activo contribuyente a la vida política en el nivel de participación ciudadana para la observación del ejercicio público de nuestros gobernantes.

Desde hace poco más de diez años, la sociedad sudcaliforniana ha participado activamente en la toma de decisiones respecto a su entorno social y medioambiental; para Sandino Gámez, el caso de la defensa de la playa de Balandra, que tuvo su máximo apogeo entre 2004 y 2008, representa una coyuntura en la relación Gobierno – Sociedad. A partir de este caso, la comunidad ha participado más dinámicamente en la defensa de su territorio, en el ejercicio de sus derechos, y en la observación del trabajo de las autoridades. Y, a este respecto, aunque los temas son muchos sólo enfocaré mi reflexión a dos asuntos, que por desgracia se han convertido en conflictos sociales; por un lado, el establecimiento de empresas mineras y, por el otro, el de los grandes desarrollos inmobiliarios, principalmente los relacionados al sector turístico.

Ciudadanos protestando contra el despojo.

En dichos conflictos, la participación de la ciudadanía ha sido fundamental en la observación del ejercicio de nuestras autoridades en todos los niveles del gobierno, sobre todo en la exigencia de transparencia en los procesos de autorización para el establecimiento de las empresas mineras y los desarrollos inmobiliarios. Procesos en los que intervienen diversos grupos empresariales —muchos de los cuales están integrados por partes nacionales y extranjeras—, así como autoridades municipales y estatales, e incluso federales obligadas a participar, aunque no competentes en todos los casos y, por supuesto, la sociedad sudcaliforniana que en su mayoría está en contra de los desarrollos en ambos ramos.

En los asuntos concernientes a la minería y los desarrollos inmobiliarios, la mayoría de los involucrados, directa o indirectamente, son sudcalifornianos, ya sea de origen o por elección, incluidas las personas opositoras, las autoridades del Estado y los empresarios. De este conjunto, las autoridades tienen la obligación de obrar en el resguardo y beneficio del desarrollo social de sus gobernados, incluidos los extranjeros; pues ellos deben atenerse a la mayoría de las leyes que rigen a toda la población —además de otras leyes particulares a su situación de inmigrantes—, y esto es así por el simple hecho de que una vez que llegan al territorio estatal son responsabilidad de las autoridades correspondientes.

En la interacción de los tres grupos mencionados —sociedad en general, empresarios y autoridades— se debería percibir al de la autoridad como el fiel de la balanza en los procesos de autorización a los proyectos de las empresas aludidas, siempre observando y haciendo valer la ley en beneficio de las otras dos partes involucradas, pero anteponiendo el interés público y el bienestar social sobre los intereses empresariales, aunque la realidad es otra. La tendencia de las autoridades de favorecer a los grandes empresarios ha llevado a gran parte de la ciudadanía a realizar enérgicas protestas, y en algunos casos a la exigencia de juicios políticos contra los que consideran traidores a la sociedad por su “inexplicable” inclinación a beneficiar diversos proyectos mineros y desarrollos inmobiliarios.

Mantas sobre pedido y acarreados a manifestación en Cabildo, La Paz (2015).

Por el lado minero se tienen las tentativas de despojo de ciertos territorios, en los que diversas corporaciones intentan establecerse, principalmente al sur de la península, de cuyos casos sobresale el de instalar la megamina a tajo abierto Los Cardones en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, “tinaco natural” de muchas poblaciones, entre ellas La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo y Todos Santos; además de decenas de poblaciones más de menores dimensiones, que dependen del abastecimiento de agua del sistema de recarga natural de la sierra. En el mismo rubro, pero al Noroeste de la media península tenemos el despojo que se ha intentando llevar a cabo en el Pacífico, referente a la instalación de un proyecto minero submarino para extraer fosforita en el Golfo de Ulloa; asunto que ha sido motivo de una larga confrontación entre la ciudadanía y la prensa local con las empresas mineras y las autoridades.

Los dos casos mineros mencionados son los más notorios debido a la magnitud de los proyectos, las compañías y a los personajes involucrados por el lado de los grupos empresariales; así como por el gran disgusto que han generado entre la sociedad y que ha sido manifestado de manera abierta, incluso con la toma de carreteras.

Manifestación contra la megaminería y el despojo carretero y de playas, Cabo San Lucas (2015).

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FOTO: Archivo

Agenda Comunitaria

Por Frank Aguirre

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hace unos meses, camino de Mérida a Tihosuco, Quintana Roo, platicaba profundamente con un queridísimo compañero sobre el racismo, el clasismo y el exterminio que sufren las comunidades de los pueblos originarios; en esa conversación hablábamos específicamente de la comunidad maya. Pasamos desde La Conquista al Porfiriato y las órdenes explícitas del mismo don Porfirio Díaz fue de exterminar —literalmente— a los pueblos mayas en resistencia, quienes se oponía a que los expulsaran de sus casas, de sus terrenos, de sus tierras, de sus costumbres, de sus rituales, de su lengua.

Durante esos años, a los soldados que lograban asesinar a los indígenas, se les daba una medalla con la insignia “Mérito al exterminio maya”, así podía leerse a espaldas de dicha condecoración; cuando escuché esto no pude evitar pensar inmediatamente en Adolf Hitler y El Holocausto, el genocidio que a mitad del siglo pasado acabó con millones de personas que no eran afines al fascismo y el nazismo.

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Manifestación de pueblos originarios contra Monsanto (2015). FOTO: RT.

Continuando con la reflexión sobre el clasismo actual hacia los mayas en las urbes, y el racismo interiorizado de quienes buscan a toda costa negar sus raíces, los que cambian sus apellidos de origen maya y olvidan su lengua, los que no vuelven nunca al lugar donde nacieron, los que buscan “mezclarse” entre lo común, entre los “locales”; pensemos en que la idea del localismo, del regionalismo, o del patriotismo, a veces ésta se encuentra tan arraigada en nuestra mente que olvidamos reflexionar de dónde venimos. Después de platicar horas con Poot —mi compa maya— acerca de la xenofobia y diversos tópicos alrededor de la discriminación, no pude dejar de pensar cuántos de estos casos existen en Baja California Sur.

Querido Lector, Querida Lectora, ¿alguna vez te han preguntado?: “¿Tú no eres de por aquí verdad?, ¿eres chilango?”. Lo más irónico es cuando quién te lo pregunta ni siquiera habla costeño, pero se siente muy “patasalada”. Existe ésta idea romántica del “sudcaliforniano de abolengo”, “el paceño de cepa”, “el descendiente 100% sudcaliforniano“. También están los apellidos de renombre, con historias de éxito, de empresarios que hicieron su fortuna en la nada, en el desierto, en la oportunidad que generaba la ausencia de competencia en un mercado vacío.

Asimismo, nos encontramos ante la creencia de que existe un “sudcaliforniano puro“, el que viene de El Triunfo, Miraflores, San José, Santa Rosalía, etcétera. Dicha idea es más falsa que unas pestañas postizas; tan sólo hace falta echarse un clavado en el Archivo Histórico “Pablo L. Martínez” para darnos cuenta de que estas familias de generaciones y generaciones de crianza y crecimiento en Baja California Sur, siempre tienen una ascendencia foránea, como la mía: los Palacios Avilés, familias conocidas y de varias generaciones atrás, asentadas en San José del Cabo, en la que si uno le rasca a la historia, resulta que un español se quedó atrapado en la península, tal como muchos foráneos, después de un trabajo encomendado —en este caso, en El Faro Viejo de Cabo Falso—.

FOTO: El Vigía

En estos apellidos reconocidos y populares en el estado, siempre podremos encontrar que la línea genealógica los lleva fuera de aquí: Francia, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, China, Alemania, España, entre otros. Entonces, ¿qué es ser sudcaliforniano? Es imposible pensar en nuestra memoria histórica, en nuestro regionalismo, sin incluir nuestro pasado foráneo. Lo mismo sucede con quienes ya son “muy sudcalifornianos” porque la abuela llegó hace 80 años, ¿y de donde vino la abuela? Seguro llegó de Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Baja California, o más recientemente de Sonora o Sinaloa, más específicamente, de Hermosillo, Culiacán o Mazatlán.

¿A dónde voy con esto? Creo que después de 40 años de que Baja California Sur se conformara como Estado, es hora de comenzar a ampliar la discusión sobre qué es ser sudcaliforniano; principalmente en torno a nuestra memoria histórica y teniendo en consideración que somos de los estados con mayor migración al año.

No hace mucho tiempo escuché a alguien criticar el arte de un reconocido muralista local, dicha persona decía con desprecio “¡es que no usa los colores sudcalifornianos!”. Pero, “¿cuáles son los colores sudcalifornianos?”, me pregunté, ya que Sudcalifornia está llena de testimonios diversos, de personas con largas raíces, incluso de diversas etnias y pueblos originarios: zapotecos, yaquis, tojolabales, mixtecos, triquis, etcétera. Es mezquino no reconocer  a nuestros antepasados para hablar de una identidad en constante construcción como la de Baja California Sur.

La mayoría de los jornaleros que trabajan en BCS, son migrantes provenientes de otros estados del país. FOTO: Milenio

Es importante dialogar alrededor de nuestra construcción identitaria como sudcalifornianos, porque cuando no reconocemos que somos una comunidad diversa, estamos negando nuestra historia y la humanidad de quienes tenemos enfrente. Reflexionar sobre la sudcalifornieidad es relevante hoy en día porque vivimos entre una comunidad chovinista, polarizada y que a veces raya en la xenofobia.

No tiene nada de malo que los “chilangos” tomen puestos de toma de decisión en las instituciones —siempre y cuando estén capacitados para el puesto—; tampoco está mal que aumente cada vez más el porcentaje de residentes de la comunidad norteamericana —siempre y cuando no clausuren accesos a playas o especulen con los usos de suelo en las urbes—; al mismo tiempo la comunidad mexicana se está duplicando cada año en Phoenix, Los Ángeles o Houston; tampoco resulta más o menos paceño si no se habla como costeño, o si alguien tiene más de 30 años que vino a vivir a La Paz, o tiene toda su vida aquí.

Según la realidad que me he construido alrededor de “abolengos” y “chilangos”, de documentos, libros y datos duros, ser sudcaliforniano es ser migrante, porque no hay nada más sudcaliforniano que el amor por esta tierra. Y esta tierra se edificó y se sostiene a base de migrantes.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A dos meses de iniciada la nueva Administración Federal, nos hemos encontrado con decisiones polémicas dictadas por el Ejecutivo, en su mayoría relacionadas con el manejo de recursos públicos. Medidas drásticas, algunas con la apariencia de haber sido decididas de forma apresurada, que responden más a un capricho que a una debida planeación. La más reciente de estas medidas ha sido la cancelación de los apoyos para guarderías y estancias infantiles que prestan servicios a madres y padres trabajadores. Con la intención abordar mejor el tema deberemos precisar dos aspectos.

El primero: el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras tenía como objetivo garantizar, por medio de una aportación económica, el acceso al servicio de cuidado y atención infantil a aquellos padres, madres o tutores cuyos ingresos no rebasaran la llamada Línea de bienestar mínimo, y no contaran con el servicio por medio de instituciones públicas o de seguridad social.

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Para cumplir con dicho objeto, el programa se desarrollaba en convenio con estancias infantiles particulares y afiliadas, las cuales debían cumplir con una serie de requisitos por parte de la persona encargada, su personal y el inmueble, convirtiéndose en un establecimiento formal con obligaciones patronales, fiscales y prediales. La estancia infantil era entonces una pequeña empresa beneficiaria directa del subsidio que se le brindaba en forma de un apoyo único para la adecuación del inmueble, mobiliario, póliza de seguro y programa interno de Protección Civil, dejando muy en claro que el resto de los gastos administrativos —entiéndase trámites municipales, estatales y hacendarios— no podían considerarse dentro del apoyo.

Las personas que aplicaban podían escoger una estancia afiliada al programa, y así, el monto de apoyo se entregaba mensualmente a la persona responsable de la guardería, ya fuera mediante depósito o transferencia bancaria para completar de esa forma las cuotas por el servicio que los usuarios pagaban.

Segundo: el desaseado manejo de los recursos públicos caracterizó a la pasada Administración Federal, específicamente en este tema: sobrecupo para inflar números; corruptelas en la repartición de los espacios; o simplemente obviar requisitos tanto de estancias infantiles como de los responsables de éstas y de usuarios finales de los apoyos, entre otros. Males notorios que una correcta indagatoria permitiría identificar a los culpables y proceder contra ellos con todo el peso de la ley, garantizando la permanencia del apoyo y beneficios para los afiliados que cumplieron cabalmente con la normatividad aplicable.

Lo correcto entonces no es suspender el programa, sino perseguir y sancionar penalmente a quienes lucraron con ello de una manera indebida; así como llevar a cabo una reestructuración del mismo, acompañada de una adecuada fiscalización y verificación del manejo transparente del recurso. El suspender el programa de golpe, provocará una cadena de afectación mayúscula a los beneficiarios, tanto directos como indirectos, cumplidos e incumplidos; comenzando con el usuario, la madre soltera incapaz de pagar por el servicio, se ve orillada a prescindir del mismo.

La falta de este ingreso repercute de forma inmediata al presupuesto de la estancia, y se traduce en la necesidad de recortes de insumos y sobre todo, de recursos humanos; ello ocasiona que miles de madres y padres trabajadores se queden sin lugar para el cuidado de sus hijos y otras decenas de miles de desempleados. Reducir los apoyos a la mitad y otorgarlos directamente a los usuarios finales, porque “supuestamente” garantiza un mejor control del recurso, no resuelve el problema que la misma Administración Federal ha creado, sólo complica más los procedimientos y pone en riesgo el bienestar de los menores, quienes son los beneficiaros directos del programa.

Atendiendo los derechos humanos de los infantes, previstos en nuestra Carta Magna, en los tratados internacionales y demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de protección a la infancia y al interés superior del menor, corresponde al Estado Mexicano brindar asistencia social, desarrollo y educación integral para los infantes por lo que es irresponsable que el gobierno federal pretenda remitir esa responsabilidad a los familiares de los menores.

El interés superior del menor forma parte de las políticas públicas y tiene el carácter de obligatorio sobre todo en las etapas tempranas del desarrollo infantil, pues las guarderías cubren una importante labor educativa en la edad preescolar de los infantes; sobretodo, es una exigencia reglamentaria que el personal que atienda las capturas de tiempo completo sea profesional, regular y esté frecuentemente capacitado y actualizado.

Si el Estado descuida su obligación en este campo, se generan esquemas sociopolíticos y culturales donde se estigmatiza la figura femenina, al imponer la carga a las abuelas, para la cual no están ni obligadas ni preparadas; se limita la libre evolución de su personalidad, se sobrecarga de trabajo a personas que no necesariamente tienen la vocación, la capacidad y la disposición para hacerlo, y se frena el desarrollo integral de los niños a su cuidado.

Transferir el dinero directamente a las familias, deja en manos de los padres la decisión de enviar o no a los menores a una guardería o estancia infantil. Es muy probable que los padres en muchos casos elijan atender otras prioridades y por lo tanto, las criaturas permanezcan en el abandono respecto a esta etapa temprana de su crecimiento, la cual requiere que el Estado les brinde a los menores un espacio seguro, armónico, de cuidado y desarrollo personal.

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Agenda Comunitaria

Por Frank Aguirre

La Paz, Baja California Sur (BCS). Empezaré por el final, y estoy seguro que esto se leerá como un cliché, sin embargo, pienso ampliarlo a profundidad en los párrafos siguientes. Debemos estar del lado de la democracia, la transparencia, la libertad y los derechos humanos; ni apoyar al gobierno de Guaidó, ni apoyar al gobierno de Maduro, incluye lo mencionado anteriormente.

Para poder entender cómo se llegó a esta situación en Venezuela, es muy importante reflexionar lo que sucede en dicho país en términos históricos, geográficos, económicos y políticos. Venezuela está localizada en un punto económicamente estratégico que genera intereses empresariales, los cuales rebasan la política internacional. Es imposible pensar en Venezuela y no incluir la palabra “petróleo” en todo esto.

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Petróleo, petróleo y… ¡Más petróleo!

Estados Unidos tiene la tasa más alta de carros por habitante en el planeta, para poder sostener esta sociedad dependiente del petróleo y sus derivados —como el plástico, ropa, cosméticos, etcétera— habría que preguntarse, ¿de dónde viene el petróleo que consume el país norteamericano? Una parte importante viene del Medio Oriente: Arabia Saudita, Qatar, y los Emiratos Árabes Unidos, países con una centena de denuncias anuales de violaciones a los derechos humanos; con ellos, Estados Unidos se ha aliado para obtener hidrocarburos en grandes cantidades.

Cerca de estos países se encuentran aledaños: Irak, recordemos la invasión en 2003 y las posteriores acciones militares para lograr el control de recursos petroleros de dicha nación árabe, y así expandir su posición geoestratégica en Medio Oriente; Siria, tampoco olvidemos que en el 2013, con el desarrollo de nuevos yacimientos petroleros y gasoductos sin la participación de compañías estadounidenses ni europeas, provocó que EUA apoyara a los grupos rebeldes e ingresara sin autorización al territorio Sirio; y Palestina, en su caso hay que señalar que Israel —país que tiene un conflicto histórico-bélico con Palestina y Libia— es el mayor aliado de Estados Unidos en sus decisiones más erráticas.

Después de esta insultante síntesis sobre Estados Unidos, su necesidad de petróleo y los lugares de donde se abastece, ahora pasemos a la temporalidad con lo que se surte de hidrocarburos. El petróleo que viene del Medio Oriente toma 45 días hasta Texas, pero el que viene de la nación americana sólo toma cinco días en llegar —sí, un buen tiempo Estados Unidos compró petróleo a Venezuela. Es muy importante considerar la reducción de costos que representaba traer petróleo de Venezuela y no de Medio Oriente. Con los datos antes compartidos, es impensable no considerar que el gobierno de Donald Trump tiene intereses económicos alejados del fortalecimiento democrático que jura “instaurar”. Hasta aquí en el plano económico e internacional, pasemos a la historia.

De lo sublime a lo ridículo

Desde 1958 y durante 40 años, en Venezuela existió “El Pacto de Puntofijo”,un acuerdo entre dos partidos políticos de derecha que se alternaron el poder entre uno y otro cada elección. Lo que se garantizó durante esos años y a costa de la democracia venezolana, fue proteger el dinero, la estabilidad y la administración del poder en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. No es impensable imaginar la enorme cantidad de protestas que esta situación generó, y por ello no puede se puede olvidar “El Caracazo”, la orden del gobierno para disparar a manifestantes, donde murieron más de 3 mil personas; entre los militares que se negaron a disparar se encontraba el comandante Hugo Chávez Frías, quién en 1998 fue electo presidente de la República de Venezuela.

Con Hugo Chávez como presidente, la democracia en Venezuela fue de lo sublime a lo ridículo; los avances y logros van desde la reducción de la pobreza del 54% al 23% en el 2012, la disminución de la mortalidad infantil en un 50%, las matrículas universitarias pasaron de 800,000 a 2,600,000 bolívares, lo que se tradujo en 75 universidades públicas y la erradicación del analfabetismo en todo el país. En 2002 hubo un intento de golpe de Estado fallido fomentado por el gobierno norteamericano de aquella época, y un posterior sabotaje económico a través de las industrias petroleras, lo cual orilló a Venezuela a una transición en su administración micro y macroeconómica hacia una administración de Estado.

Por estas razones, Venezuela cerró su política económica exterior y redujo cada vez más la construcción de un desarrollo social. Debido al boicot industrial de algunas empresas que al reducir los productos de necesidades básicas para el país, generaron un descontento masivo al que el gobierno de Nicolás Maduro sólo ha sabido responder con represión en vez de hacerlo con procesos de democracia participativa; a esto hay que sumar la infinidad de denuncias por actividades, procesos y numeralia fraudulenta durante sus elecciones más recientes.

Guaidó y sus aliados

Pasemos a Juan Guaidó, pues es importante no perder de vista a la oposición Venezolana y quienes la respaldan. Guaidó, en las recientes semanas se fue a una plaza, convocó a miles de personas y ahí se autoproclamó “Presidente encargado”. ¿Les recuerda a alguien? No hace muchos años Andrés Manuel López Obrador hizo exactamente lo mismo en el Zócalo de la capital de México, posterior al fraude electoral de Felipe Calderón. Creo, por congruencia, queridos Lectores, quienes con mofa y razón criticaron esta acción del actual Presidente, no pueden ahora respaldar la anticonstitucional “presidencia” de Guaidó en Venezuela.

Guaidó, un ingeniero con posgrado en Administración Pública, y con un reconocimiento social por su activismo en la defensa del voto y la construcción de democracia participativa vecinal, viene de un partido llamado Voluntad Popular, de donde han emanado opositores de renombre, pero también es un espacio de representación plagado de irregularidades y problemas judiciales, así como de presos políticos a los cuales el gobierno de Maduro nunca ha podido aportar las pruebas por las que se les condena.

Los primeros respaldos a Guaidó han llegado de quienes se caracterizan por ser gobiernos abiertamente racistas, sexistas, clasistas, homofóbicos, como el de Donald Trump o Jair Bolsonaro. Si consideras que coincides con ellos, es de suma importancia preguntarte, estimado Lector o Lectora, ¿cuál es tu nivel de empatía y solidaridad con quienes sufren la represión y la violencia de gobiernos de este tipo? Sí, es verdad, hay una enorme frustración porque se cree que no apoyar el golpe de Estado en Venezuela es respaldar el gobierno de Nicolás Maduro, y tal cosa dista de toda verdad y realidad.

Pareciera que existen dos polos, por un lado el de los países que buscan a toda costa tumbar a Maduro e imponer a Guaidó, y por el otro el de quienes buscan que la situación precaria, opaca y represiva de Venezuela continúe como está, pero justo en medio hay una enorme postura cargada de memoria histórica, que penosamente tendré que sintetizar.

¿Hay una tercera opción?

La organización colectiva e influencia política de la oligarquía —sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada— en América Latina, se ha caracterizado por diversos tipos de “acción política empresarial”; las primeras tres de las siguientes prácticas han sido más comunes en el pasado y en los períodos de crisis:

1) Protestas y revueltas.

2) Golpes de Estado.

3) Invasiones militares.

4) Elecciones con acomodos empresariales a partidos o candidaturas populistas.

5) Candidaturas y gobiernos conservadores.

No podemos olvidar a los estudiantes, artistas, curas y disidentes durante la dictadura de Augusto  Pinochet en Chile, y como estos sucumbieron siendo secuestrados, torturados, fusilados y desaparecidos por los militares chilenos, como el caso de Víctor Jara y cientos de miles de más personas. Tampoco puede pasar desapercibido el golpe de Estado que sucedió en la década de los 60’s con Rafael Videla en Argentina, durante el periodo de gobierno militar se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos, se aplastó la libertad de prensa y reprimió severamente la oposición política.

Hay que recordar que en Argentina, posterior al golpe de Estado, a la Junta Militar le era pertinente eliminar a todos aquellos individuos que fueran “traidores” al régimen, no necesariamente tenían que ser guerrilleros marxistas leninistas: cualquiera con un pensamiento político era perseguido. Así murieron sindicalistas, políticos, artistas, intelectuales, poetas, entre muchos. Incluso murieron personas que nada tenían que ver con una corriente política de izquierda o de derecha, tan sólo tuvieron la mala suerte de aparecer en las listas que perseguía el régimen militar. Una de las formas de acabar con la oposición consistía en drogar y llevarse en avionetas a los “inculpados”, para después arrojarlos desde grandes alturas, con la intención de que murieran por el impacto en la caída contra el mar o ahogados por el influjo de las drogas a las que habían sido sometidos. Se estima alrededor de 30, 000 desapariciones durante dicho periodo.

Comparto estos datos históricos porque es humanamente imposible apoyar un golpe de Estado en Venezuela aunque el respaldo venga de Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemania y España, mucho menos conociendo las antecedentes de éstos. Además que no sólo es inconstitucional, si no ilegal bajo la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA); sin embargo, tampoco es atinado continuar las cosas bajo las condiciones en las que el gobierno de Maduro se victimiza, inclusive con el respaldo de Italia, Rusia, Bolivia, Grecia, Austria, Nicaragua y China.

En las cuartillas anteriores he compartido el contexto de ambos polos sobre este tema, y cómo sus antecedentes nos acercan a un punto central, en el que coincido con lo que mencionan varios intelectuales, entre ellos Chomsky y Zayas: la solución es una negociación como en tiempos pasados, cuando países latinoamericanos con sociedades polarizadas políticamente no podían resolver sus diferencias. Pepe Mujica afirma que a “Estados Unidos le importa un carajo la democracia […] y a Maduro tampoco“, y coincido.

Debe realizarse un llamado a elecciones totales, supervisadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con intermediarios de alta credibilidad internacional para el diálogo, como pueden ser el mismo Pepe Mújica, Antanas Mockus o Bernie Sanders, y una lista interminable de figuras con experiencia en mediación y procesos de paz, ya que el diálogo y las negociaciones transparentes son lo que nos acerca a la democracia, a la libertad y la satisfacción de los derechos humanos. ¿De qué lado estar ante la crisis de Venezuela? Del lado de la humanidad.

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Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Las primeras minas en la historia de la civilización humana, fueron hechas principalmente para extraer los metales que los antiguos pobladores usaban con el propósito de fabricar herramientas diversas. Como parte fundamental en la historia mundial, la minería ha estado muy ligada al desarrollo económico del planeta, tanto así que no existiría la revolución industrial sin la existencia de este ramo.

Sin embargo, resulta en una situación paradójica, ya que la minería es uno de los sustentos principales en el ámbito industrial y es al mismo tiempo, una actividad primaria muy cuestionada. Como definición breve y completa, tenemos que la minería es “una actividad económica del sector primario que permite la extracción y explotación de los minerales que se encuentran en el suelo y subsuelo”. Pero, ¿por qué es tan satanizada en tiempos recientes?

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Seríamos muy ingratos al no reconocer la aportación de la minería en los avances de la civilización humana, tanto así que en plenas Guerras Mundiales, los alemanes y los franceses se disputaron la región del Ruhr —área cercana a estas dos naciones—, porque el ser propietario implicaba tener acceso al carbón, el cual es necesario para la producción de acero, y por consecuencia, del poderío mundial.

Otro ejemplo más reciente es el caso de Mauritania, país africano que posee uno de los yacimientos de hierro más grande del mundo, ubicado en medio del desierto del Sahara, en la región de Zuérate, donde hasta hace poco no había ni vestigio de vida. Dicho sitio, aparte de poblar un área muy inaccesible, representa uno de los más altos ingreso para esa nación, que por cierto presume también de tener el tren más largo del mundo, por donde se mueven toneladas de hierro hasta el puerto de Nuadibú. Partiendo de los ejemplos anteriores, aún nos seguimos preguntando, ¿qué mal ha causado la minería para que en muchos países le nieguen el uso de suelo?

Con el objetivo de hacer una comparación y entrar en detalle, vamos a ejemplificar con el caso de una empresa que produce refresco de cola, y la cual hace campañas y más campañas para que la gente consuma sus productos, a sabiendas que no traen ningún beneficio para la salud. Lo mismo pasa a las empresas mineras; no se puede crear una mina en cualquier parte del mundo sin que vaya afectar la estructura, el suelo y el hábitat ecológico, ya que una mina altera la superficie terrestre para buscar su objetivo, y muchas veces, a expensas de utilizar grandes cantidades de agua, del entorno para sus procedimientos químicos, y resultando en una grave contaminación cuando no se tienen las regulaciones necesarias.

Una buena parte de la población cree —y con razón—, que ya no cabe otra mina en el mundo o que ya tenemos suficiente con las minas existentes, pero la opinión de empresarios y de algunos gobiernos, es todo lo contrario: consideran que se ocupa de este sector para avanzar en las economías regionales. Una cosa sí es innegable, que el instrumento que regula este tipo de actividades es el Plan Municipal de Desarrollo, precisamente de ahí se emana la reglamentación del uso de suelo, lo que viene a crear o rechazar posibles áreas para instalar minas.

¿Minería en BCS?

No se puede juzgar a un municipio si éste pretende crear o ampliar zonas mineras, o si son comunidades que dependen totalmente de esta actividad; imaginemos que en Guerrero Negro quisieran cerrar o restringir la salinera, probablemente el pueblo estaría condenado a desaparecer. La otra cara de la moneda se presenta cuando tenemos un municipio autosuficiente y con grandes áreas de conservación, sería lamentable que lo echaran a perder.

Para el caso de Baja California Sur existe la Ley de  Desarrollo Urbano, reformada el 31 de diciembre del 2006 y publicada en el Diario Oficial del Estado, de allí, en su artículo 58, capitulo II, aparece de forma explicita los tipos en los que se debe ordenar el suelo y sus reservas territoriales, se clasifican en las siguientes: Zonas Urbanas, Zonas de Conservación, Reservas Territoriales, Provisiones para la Creación de Centros de Población y Áreas Rurales.

A la par, cada municipio debe de tener un Plan de Desarrollo Interno acorde a su realidad, pudiéndose reformar en caso de que el Cabildo así lo requiera. No obstante en todos y cada uno de los reglamentos, se debe de tener mucho cuidado de no cambiar Zonas de Conservación, por áreas de minerías, porque estaríamos condenando al planeta a su deterioro, sería como aprobar la tala de algún bosque para instalar una empresa maderera.

En noticias recientes, ha habido muy malas experiencias en el manejo del medio ambiente por parte de las minerías, esto que no quiere decir que todas las empresas mineras sean iguales, sin embargo, hay que agregar las condiciones de trabajo de los empleados. México ya tuvo una amarga experiencia en el accidente de la mina Pasta de Conchos, acaecida el día 19 de febrero del 2006, en la región de Nueva Rosita, Coahuila, donde fallecieron sepultados 65 mineros.

En el sitio de internet Quimtia, aparecen detallados los ocho pasos a seguir por una empresa minera, para ser amigable con el medio ambiente; considero que si viviéramos en un mundo donde todo sale como dicen los manuales, no tuviéramos problemas para autorizar la creación de nuevas minerías.

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