Hasta 8 mil personas esperan en el Choyero Fest. Caifanes: confirmado

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El Beso de la Mujer Araña

Por Modesto Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante el rumor de que Caifanes no vendría a La Paz —incluso, se especuló que Saúl Hernández no estaría—, Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, director del Instituto Sucaliforniano de Cultura (ISC), confirmó este mediodía que la banda de rock sí estará presente, siendo el plato fuerte del Choyero Fest que se realizará el sábado 13 y el domingo 14 de abril de este año. Incluso, explicó que el evento previsto inicialmente para mayo se adelantó, debido a la agenda de este grupo que cerrará la noche del sábado.

En conferencia de prensa, Caballero Gutiérrez señaló que ya se firmó contrato con Caifanes, quienes sólo podían estar en dicha fecha o hasta septiembre, por cual el evento se adelantó. El recinto será el ya anunciado: el estadio Guaycura en La Paz, donde se espera una afluencia de hasta 8 mil personas. Los boletos ya están a la venta y se pueden comprar en TicketMaster.Com.Mx, con un costo de 1800 pesos en gradas, 2,400 en área general y 3,600 en zona fan. Aclaró que cada boleto es para los dos días completos que dura el evento y que se puede entrar, salir y volver a entrar a los conciertos que se deseen con el mismo ticket.

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Hasta el momento, se ha confirmado en la cartelera: para el sábado 13 de abril a Isaías Lucero, Caloncho y Caifanes; para el domingo 14: Lalo Mora Júnior, Hello Seahorse! y Leonardo de Lozzane; además, en cuanto a talentos sudcalifornianos, se tienen confirmados a Duck Fizz, Eduardo García Márquez y Daniel D’Lizanka. En en caso de De Lozanne, interpretará temas como solista, pero también éxitos que tuvos con Fobia y Los Concorde, como una retrospectiva de su carrera; es probable que cante algunos temas que incluirá en un disco como solista que lanzará a mediados de este año.

Más adelante se confirmarán demás grupos o cantantes participantes en el Choyero Fest, sumando un total de 14 artistas que habrán de presentarse; la recepción de propuestas continúa abierta, cerrando el 28 de febrero; ya han recibido peticiones de cantantes de varias partes del país, no sólo de BCS. Los participantes deberán ser grupos musicales o cantantes profesionales que puedan facturar, pues se les pagará por su actuación.

Se hace hincapié que el festival es abierto a todos los géneros musicales, por lo cual, podrían integrarse no sólo bandas de rock, sino también de regional mexicano, como norteño y banda. El Director General del ISC enfatizó que como institución pública apuestan por un público variado, señalando que, actualmente, muchos festivales de música no se enfocan en un sólo género musical.

Más adelante, también, darán a conocer el programa completo y algunas dudas que surjan por el boletaje, dado que es la primera vez que el ISC trabaja con el sistema ticket master. Por ahora, se han anunciado y confirmado ya las cartas fuerte del Choyero Fest, preparándose para recibir a miles de almas en un evento con un total de 24 horas de música, pues cada día habrá conciertos de las 12:00 del día a las 12:00 de la noche. Se confirmó también que habrá venta de alcohol.

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El derecho humano a la movilidad de los discapacitados

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El 13 de diciembre de 2006, La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la denominada Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es proteger, asegurar y promover el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos, libertades fundamentales y dignidad de las personas con discapacidad.

El 02 de mayo de 2008 dicho tratado internacional fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y desde entonces, las autoridades mexicanas quedaron obligadas legalmente a adoptar todas las medidas necesarias y efectivas para brindar y asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, buscando siempre que se atiendan las necesidades características, -propias de cada persona- para brindarles la máxima independencia funcional en su movilidad

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El derecho humano a la movilidad de las personas con discapacidad motriz se concatena indefectiblemente con el derecho humano a gozar de una vida independiente y a la inclusión plena en la comunidad, en particular, en su ámbito personal de desenvolvimiento social, tal y como lo previene el artículo 19 del tratado internacional en cita, y se constituye en un presupuesto elemental para garantizar el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con discapacidad, atendiendo al principio de autonomía individual que también consagra la misma Convención en su artículo 3 inciso a).

Han pasado ya 15 años y el cumplimiento de las obligaciones que este tratado impone a los órganos de gobierno del estado sudcaliforniano sigue siendo una promesa de campaña inconclusa.

La infraestructura urbana, específicamente la relativa a los accesos a las oficinas públicas y las relativas a la movilidad y el transporte, así como su normatividad reguladora, no han sido debidamente adecuadas para brindar a las personas con discapacidad motriz, las facilidades mínimas indispensables para facilitarles el ejercicio de los derechos de movilidad, independencia, inclusión e integración a la comunidad, derechos fundamentales cuyo ejercicio es presupuesto para el pleno ejercicio de otros derechos humanos tutelados constitucional y convencionalmente, como la igualdad, autonomía, libertad deambulatoria plena y no discriminación, entre otros.

Solo por citar un ejemplo, referiremos el caso de doña Herminia*, persona de la tercera edad con discapacidad motriz, que requiere del apoyo de una andadera mecánica para poderse desplazar. Fue víctima de un delito patrimonial en su domicilio ubicado en el municipio de Los Cabos. Su caso llegó al juzgado penal, y enfrentar el proceso le resultó muy complejo, pues en un arranque de austeridad, el Poder Judicial del Estado cerró el juzgado penal en Los Cabos y trasladó los expedientes al juzgado único del sistema tradicional en La Paz.

Así que, para asistir a las audiencias, doña Herminia tuvo que viajar 200km desde su domicilio al juzgado penal, que se encuentra en la planta alta del Cereso de La Paz. Y aunque el juzgado cuenta con acceso directo desde la calle, los usuarios del sistema deben cruzar todo el patio externo del cereso para ingresar al juzgado, pues por motivos de seguridad el acceso directo del juzgado fue cerrado. Así que doña Herminia tuvo que agregar a su viacrucis procesal el tener que cruzar los 300 metros de ida y vuelta que implica cruzar el patrio externo del cereso, para trasladarse desde el acceso exterior clausurado, hasta las escaleras de acceso al juzgado, cuyo ascenso implica otro complicado esfuerzo, peligroso y extenuante, sobre todo en verano, pues tanto el patio como la escalera de acceso se encuentran a la intemperie.

Una mañana, mientras acompañaba a doña Herminia en su trayecto pedestre de cruzamiento del patio de maniobras externo del cereso, con rumbo al juzgado, pasó a nuestro lado una camioneta de la Policía ministerial con un detenido a bordo. La camioneta se detuvo al pie de la escalera, y de la misma descendieron un detenido y dos agentes ministeriales. Como el detenido iba esposado, los agentes lo ayudaron a subir las escaleras, para presentarlo ante la presencia judicial. Doña Herminia comentó que mientras ella tenía que caminar todo el trayecto y subir sin apoyo la escalera, al detenido lo trasladaban en carro y hasta lo ayudaban a subir las escaleras. Al ver lo anterior, doña Herminia sentenció: Los delincuentes, tienen derechos humanos. Nosotros, las víctimas, no.

Cuando expusimos el caso ante el entonces gobernador en turno, uno de sus auxiliares, asumió el papel de bufón del palacio, y en tono socarrón, soslayando el caso de las personas con discapacidad motriz, refiriéndose a los abogados litigantes dijo no sean flojos, la caminata les sirve de ejercicio. Una carcajada generalizada del cortejo real que rodeaba al gobernador dio por zanjado el tema.

A la fecha, la gran mayoría de instalaciones públicas con oficinas en plantas superiores, carecen de mecanismos adecuados de apoyo para el acceso de las personas con discapacidad.

El derecho humano a la movilidad de las personas con discapacidad motriz es asignatura pendiente en Baja California Sur.

* El nombre es ficticio, el hecho es real

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Polarización, la palabra del año según la RAE que en México no pegó

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Colaboración Especial

Por Pablo Chiw

La Paz, Baja California Sur (BCS).L a palabra polarización tiene su raíz etimológica en el sustantivo latino polus, que significa polo o extremo. El sufijo -ización proviene del latín -izatio, que indica la acción de hacer o el proceso de convertirse en algo. De acuerdo con la RAE fue la palabra del año a nivel mundial en términos de presencia en el lenguaje social.

Milagrosamente, la polarización se fue de México

Si cuando ganó AMLO las elecciones presidenciales hace 5 años el país se notaba profundamente dividido entre izquierda y derecha, hoy en día las y los derechairos le hicieron el fuchi al prefijo dere y se quedaron en chairos. Es más, ahora hasta la candidata de la derecha Berta Xóchilt Gálvez resultó más izquierdista que el Che Guevara al autodefinirse como indígena blanca izquierdista Marxista Trotskista y lo que se le sume en los meses por venir.

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La izquierda es trending topic y quien no se suba al Tren Maya de la zurdopolític se queda fuera de la jugada. Así las cosas, hasta en el PRIAN de Claudio X Gonzales están pensando en ponerse huarache con suela de llanta ponchada para apantallar hasta al mismo Fernández Noroña.

En los Unites Esteits el diario San Diego Union Tribune le da a doña Claudia Sheinbaum un majestuoso y envidiable 66% en la intención de voto para las elecciones presidenciales, mientras que diversos portales en internet ponen al Pedro Infante de la política mexicana Andrés Manuel Papi López Obrador como el segundo mejor presidente del mundo entero.

Hay muchos motivos por los cuales la izquierda está de moda, quizá porque ahora tenemos dos refinerías que hace unos años no teníamos o porqué en lugar de caerse en pedazos la economía, como deseaban las élites nacionales y pronosticaban las agencias internacionales, el país se consolido en el top 10 de las potencias mundiales, a lo mejor y es porque el salario mínimo fue llevado a máximos históricos y ahora la gente tiene más dinero en sus bolsillos, igual y haya influido que millones de mexicanos y mexicanas reciban sus becas del bienestar o simple y sencillamente sea porque el tío Richy de grupo Azteca tuvo que pagar los miles de millones de pesos que le debía a la Hacienda pública pero el caso es que la mayoría de quienes habitan en México están felices con la cuarta transformación y su súper peso pesado que salió bueno para los chingadazos en el cuadrilátero de las divisas internacionales.

En fin, ahora la izquierda en México está de moda, se pasea glamurosa por cielo en la flotilla de Mexicana de Aviación, por tierra a través de los rieles del espectacular Tren Maya y por los fondos marítimos en el Titanic naufragundo de Bertha Xóchilt Gálvez.

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Jueces robot

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para las ciencias informáticas, la inteligencia artificial se define como la Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico.

En términos llanos, es una herramienta tecnológica que a través de la aplicación de una combinación de algoritmos busca la creación de máquinas que emulen las capacidades humanas.

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Al inicio de la tercera década del siglo XXI la llamada inteligencia artificial ha incursionado exitosamente en prácticamente todos los campos del saber humano, y la administración de justicia no es la excepción entre los ámbitos de su aplicación.

El tema despierta enorme inquietud entre los estudiosos del derecho, particularmente en temas relacionados con los derechos humanos.

Mas allá de conflictos éticos, es importante analizar las repercusiones que en el ámbito nacional puede tener el uso de la IA en materia de administración de justicia, que para los detractores implica una seria amenaza a la privacidad y seguridad de las personas, y el riesgo de generarse una toma generalizada de decisiones injustas, discriminación, falta de objetividad, de sentido común y de humanismo.

Para sus promotores, la IA representa una valiosa herramienta que permitirá abatir sustancialmente el enorme rezago que arrastran todos los ámbitos de la administración de justicia y la simplificación de los procedimientos, lo que significaría un ahorro significativo en tiempo y costo.

La cuestión más álgida en el tema es la factibilidad de robotizar la impartición de justicia, mediante la aplicación de la IA a la resolución de conflictos mediante la emisión de sentencias.

En algunas naciones tecnológicamente avanzadas, los jueces robot ya son una realidad. En la República Popular de China, en tratándose de delitos menores, la resolución de los casos está a cargo de máquinas robóticas coloquialmente denominadas jueces robot, que a través de la aplicación de sofisticados algoritmos, tomando como base la información jurídico legal y criterios de aplicación pre establecidos de que fueron alimentados, sin importar la cantidad de información que para cada caso se requiera, de manera automatizada se encargan de realizar en fracción de segundos las operaciones de análisis evaluación y dictaminación que en el caso de los jueces humanos llevan meses e incluso, años realizar.

Con la implementación de los llamados jueces robot, se plantean atractivas ventajas, entre las que destaca la velocidad con que se emiten las resoluciones, lo que en términos estadísticos se traduce en economía y eficacia.

Por tratarse de máquinas que responden automáticamente a criterios programados, la uniformidad de criterio en las resoluciones está garantizada, por lo que se evita la emisión de criterios contradictorios y conflictos largos y costosos en la tramitación de recursos procesales.

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Se dice también que las máquinas son insobornables, por lo que se estima que su implementación abatiría la corrupción en la administración de justicia.

En este punto, en contrapartida se afirma que, si bien las máquinas son incorruptibles, quienes las manejan no lo son tanto.

Otra ventaja significativa es el abatimiento de la carga de trabajo y la solución prácticamente inmediata de conflictos sometidos a la dictaminación de los jueces robot, lo que garantiza la tan anhelada justicia pronta y expedita.

En contra de la implementación de los jueces robot, inmediatamente después de la elevadísima erogación que inicialmente implica la implementación, mantenimiento, soporte y actualización de la costosa tecnología que significa su funcionamiento, está la visión de quienes consideramos que el humanismo y el sentido de justicia indispensables para analizar, evaluar y dictaminar a partir de las variables personalísimas de las partes que cada caso implica, nunca podrán ser sustituidos por una máquina robótica.

Donde consideramos impostergable la tecnificación cibernética es en la simplificación del manejo, recepción, almacenamiento y distribución de la información y los procedimientos inherentes, en donde el sistema judicial de Baja California Sur presenta un atraso tecnológico de 11 años en comparación a otras entidades de la República.

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Las fallidas campañas contra la violencia

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El siglo XXI se ha caracterizado por la constante tendencia alcista en los índices de la violencia en todos los entornos sociales, laborales y familiares de Baja California Sur. Estadísticamente, estudios practicados desde la iniciativa privada y organismos no gubernamentales, refieren coincidentemente un incremento en los indicadores de violencia en todos los campos de medición estadística: sexual, familiar, escolar y laboral.

Ante esta escalada, la respuesta oficial ha sido únicamente la simulación, el discurso y la publicitación de una costosa y estéril campaña mediática denominada párale a la violencia contra las mujeres, cuyos nulos resultados, estadísticamente irrelevantes, ponen de manifiesto la incompetencia, desinterés, apatía, falta de coordinación interinstitucional y la impericia en el tema, de quienes tienen a su cargo el compromiso inaplazable de erradicar la violencia de la cotidianeidad sudcaliforniana.

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El problema debe entenderse y atenderse desde un enfoque integral y con programas y acciones interinstitucionales, incorporando a la sociedad civil organizada en todas las fases del programa.

Entendemos que la violencia debe erradicarse integralmente, acorde a los lineamientos que presupone la seguridad pública, en los niveles de prevención, detección, disuasión, combate, persecución y sanción.

El primer campo, la prevención involucra definitivamente a todos los núcleos de la sociedad civil en su conjunto, y no existe en la entidad ningún programa de acción que incluya a los padres de familia participando en estos ejercicios, coordinados por autoridades escolares.

Después del hogar, las escuelas son las incubadoras más prolijas de violencia en todas sus variantes, y no hay programas tendientes a prevenirla, evitarla y erradicarla. Ningún centro escolar tiene un protocolo específico para contener y en su caso proscribir la difusión de videogramas y videojuegos entre los estudiantes, ni existe coordinación entre padres de familia y autoridades escolares tendientes a combatir estas actividades intra y extraescolares.

Pareciera que la premisa fundamental en el combate a la violencia: la mejor manera de combatirla, es prevenirla, no ha sido entendida por nuestras autoridades.

En el único ámbito en que se ha hecho énfasis es en el último escalón del esquema: la sanción. Pese a que es incuestionable el hecho de que aumentar las penas no inhibe el delito, nuestros egregios legisladores locales lo único que saben hacer es aumentar penalidades, simulando así estar combatiendo la violencia. Y ante este panorama, los encargados de la procuración de justicia responden a los casos mediáticamente relevantes, solicitando penas ejemplares, y muchas veces, a pesar del malestar colectivo, los casos quedan impunes por la deficiente redacción de las leyes, que generan vacíos y contradicciones legales.

En el ámbito laboral, no contamos con protocolos de prevención y atención a la violencia. Por citar un ejemplo, en algunos casos paradigmáticos ocurridos en un hotel, los empleados detectan manifestaciones de violencia entre huéspedes, que escalan rápidamente y terminan en feminicidio.

El estudio de la mecánica del evento, en muchos casos, nos dice que pudo evitarse el evento, si los empleados del hotel hubieran aplicado un protocolo específico, que permitiera a las autoridades policiales preventivas y/o persecutoras, intervenir antes de que el evento concluyera en un deceso, pero lo cierto es que no existen esos protocolos, los prestadores de servicios no están capacitados, los dueños de la industria hotelera no están dispuestos a invertir en capacitar a su personal. El resultado: Hechos delictivos relacionados con violencia, siendo prevenibles, evitables y erradicables, alcanzan niveles de fatalidad, como es el caso de feminicidios, sin que haya un interés real de empresarios y autoridades por aplicarse al respecto en el campo de la prevención.

Todos los programas escolares en la entidad deben incluir materias relacionadas con la prevención y erradicación de la violencia. El hogar y la escuela son los templos en los que se forjan las conductas violentas, y son los campos menos atendidos en este sentido por nuestras autoridades.

Los centros de trabajo, de reunión, de esparcimiento, deben contar con protocolos específicos, funcionales y adecuados para atender oportunamente cualquier indicativa de violencia, y debemos contar con canales de comunicación eficientes para que la autoridad policial preventiva intervenga de manera oportuna. Los pozos se deben tapar antes de que los niños se ahoguen.

Mientras todo el esfuerzo oficial se siga aplicando en simplistas campañas mediáticas, discursos y maquillaje estadístico, todo esfuerzo por prevenir y erradicar la violencia seguirá siendo estéril.

Es necesario integrar una comisión interinstitucional, multidisciplinaria que elabore los protocolos de prevención de la violencia, de aplicación específica en cada campo de la interacción social en la entidad. Si no prevenimos la violencia, nunca la vamos a eliminar.

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