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Ius et ratio
Por Arturo Rubio Ruiz
La Paz, Baja California Sur (BCS). En teoría, mentir bajo protesta de decir verdad ante un juez federal mexicano en un juicio de amparo, implica enfrentar una pena que va de los 2 a los 8 años de prisión. En Canadá, por una conducta equivalente, la pena alcanza los 14 años; lo que nos hace suponer que, en México, quien miente ante la autoridad federal será severamente sancionado, pero, en la práctica, con una dádiva de seis mil pesos y en abonos, un canadiense puede burlarse descaradamente de la justicia mexicana y quedar impune.
Y es que conforme a las reglas procesales, mentir ante la autoridad judicial federal en un juicio de amparo, es considerado un delito de bagatela, es decir, de poca importancia, y es del tipo de delito que permite evitar el juicio y la sanción, si el imputado se acoge al beneficio de la suspensión condicional, es decir, presta un servicio social, se somete a ciertas condiciones y, concluido el tiempo de suspensión, que puede ser de seis meses a tres años, queda absolutamente libre, como si no hubiera cometido delito alguno.
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La suspensión condicional (Art. 191 CNPP) es una medida magnífica para evitar que se saturen los tribunales con juicios de menor cuantía, pero en el otorgamiento de este beneficio los jueces deben centrar el foco de atención en la proporcionalidad y en la reparación del daño, lo que no ocurre en los tribunales federales cuando el evento generador de la causa tenga su origen en el fuero común, como es frecuente que ocurra en los juicios de amparo, derivados de hechos competencia de los juzgados estatales.
Proporcionalidad en la compensación e integralidad en la reparación del daño. Si estos aspectos no son atendidos por los jueces de control, la suspensión condicional se convierte en etiqueta de impunidad, y el mensaje que se manda al gobernado es que, en México, un extranjero puede burlarse de la justicia mexicana y, con una mísera dádiva pagadera en abonos chiquitos, quedar impune para seguir birlando incautos.
En el caso concreto, un ciudadano canadiense residente en territorio nacional, miente en tres juicios de amparo consecutivos, con el objeto de evitar su comparecencia ante un juez del orden común que lo enjuicia por un delito de fraude por un monto superior al millón de pesos. Gracias al procedimiento delictivo de mentir ante los jueces de amparo, obtuvo consecutivas suspensiones que le permitieron evadir la citación judicial, y suspender hasta por siete ocasiones la audiencia ante el juez de control del fuero común, que le instruye un proceso de fraude. Retrasó con ello más de un año la acción de la justicia, afectó a sus víctimas y a todo el sistema de administración de justicia del fuero común, pues iniciar y suspender una audiencia tiene un elevado costo en recursos humanos y materiales, y no solo afecta a las víctimas del caso en concreto sino a todos los usuarios, pues ese tiempo y recursos bien pudieran aplicarse para otros casos en curso.
Como los jueces de amparo se dieron cuenta que mentía en sus demandas, dieron vista al Ministerio Público Federal, y así se le fincó responsabilidad por el delito de falsedad en el juicio de amparo.
Fiel a su estilo, el canadiense difirió consecutivamente las audiencias de su juicio por falsedad, y cuando ya le resultó inevitable afrontarlo, solicitó el beneficio de la suspensión condicional, misma que le fue otorgada, a cambio de un “servicio social” consistente en entregar tres despensas al DIF municipal, por el equivalente a dos mil pesos cada una. Es decir, que, pagando seis mil pesos en abonos, queda totalmente exonerado de un delito que en su país le hubiera implicado purgar una pena de hasta 14 años (132, Criminal Code, Federal Law).
Es lamentable que los jueces penales federales pierdan de vista la proporcionalidad y racionalidad al otorgar estos beneficios, y no cuantifiquen adecuadamente la reparación del daño.
En el caso, dijo el resolutor, no hay daño que reparar, porque la víctima fue la sociedad. ¿No hay daño que reparar? ¿Y el costo horas hombre, y gasto de recursos materiales que implicó el suspender las audiencias de juicio, tanto en el fuero común como en el fuero federal? ¿No es un costo social? ¿No lo pagamos los contribuyentes? Durante el juicio, al canadiense se le asignó un traductor, que cobra por hora y que se paga con nuestros impuestos, ¿Eso no tiene costo?
Las víctimas del fraude tienen la vía civil para pelear en corte el pago de la reparación del daño acreditable por todas estas vicisitudes procesales que les ocasionó el falsario, pero el costo que pagaremos nosotros, los contribuyentes -vía impuestos-, por toda la parafernalia y accesorios de tantas audiencias iniciadas y suspendidas, ese costo no será reparado, porque para el juez de la causa, “no hay daño que reparar”.
Se le dijo al juzgador que seis mil pesos en abonos no cubrían ni remotamente todo el daño que a la sociedad le había causado el falsario, pero como el principal daño fue en el fuero común, no era de su competencia velar por repararlo.
Es muy grave que, en los casos de conexidad, como el que comentamos, donde se ven afectados bienes y valores tanto del fuero federal como del fuero común, los jueces ignoren el principio de integralidad al momento de resolver sobre el beneficio de la suspensión condicional, pues si bien es cierto que hay diversos fueros competenciales, lo cierto es que se trata de la misma sociedad y la afectación es innegable.
Deberemos exigir al Consejo de la Judicatura Federal, que se establezcan lineamientos que exijan a los jueces federales que cuando otorguen beneficios como la suspensión condicional, se aseguren de aplicar en la reparación del daño, la proporcionalidad y la integralidad, a efecto de evitar que dicho beneficio se constituya en una franquicia de impunidad, porque el mensaje que se manda al delincuente, es que con una dádiva barata y en abonos, se evade olímpicamente la acción de la justicia.
Así las cosas, un viejo conocido nuestro, el canadiense de marras, agrega otra estrella más a su palmarés de impunidad. Tiene años burlándose de la justicia mexicana, y Los Cabos es el paraíso en que construye su emporio criminal, al abrigo de la impunidad que le genera la blandengue interpretación de nuestras leyes, por un lado y la alta corruptibilidad de algunas de nuestras autoridades.
El beneficiario de tantas bondades permisivas, saltó a la fama en 2016 cuando estando alcoholizado, volcó un deportivo de lujo en San José del Cabo, privando de la vida en el evento a su acompañante. A consecuencia de tal acto, un menor quedó en orfandad. Para evitar la acción de la justicia, se acogió entonces a otro de los beneficios que otorga el sistema de justicia: firmó un acuerdo reparatorio (art 186 CNPP) y quedó en absoluta libertad, pero… a la fecha, no ha cubierto el pago integral de ese acuerdo, lo cual es una burla al sistema, y en breve se reaperturará esa causa en su contra; desde luego, él gozando de la libertad, pues las bondades del sistema así se lo permiten. Simultáneamente, enfrenta en el fuero común un proceso por el delito de fraude, y otro más por el mismo delito, en el sistema acusatorio, y en su contra se integran lentamente, muy lentamente, dos carpetas más por el mismo delito.
Este habilidoso pájaro de cuenta, sabe que nuestro sistema judicial tiene muchos recovecos y más huecos que un cerco viejo, para beneplácito de quienes delinquen sistemáticamente.
Tenemos mucho que hacer en materia de política criminal aplicada a la administración de justicia, antes de que Baja California Sur, y en particular Los Cabos, se convierta en el paraíso de los extranjeros defraudadores y burladores de la ley.
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