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Buscarán Cultura y SSPC prevenir violencia y delitos

FOTOS: Secretaría de Cultura

La Paz, Baja California Sur (BCS). Las Secretarías de Cultura y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México firmaron un convenio de colaboración para emprender proyectos culturales con el fin de prevenir la violencia y el delito en zonas de alto riesgo, así como para establecer mecanismos de protección y salvaguarda a fin de garantizar el patrimonio cultural de la nación.

El acuerdo signado por las titulares de Cultura Alejandra Frausto Guerrero, y de la SSPC Rosa Icela Rodríguez Velázquez, establece mecanismos de coordinación para generar acciones que fortalezcan la cohesión social y fomenten la participación comunitaria en territorio nacional, se informó que a través de un boletín de prensa de Cultura.

En su oportunidad, la secretaria Frausto Guerrero destacó el valor de la cultura para el bienestar humano, para tejer una realidad social de más paz y armonía, “cuando uno se reconoce como parte de una comunidad, de una sociedad, de un colectivo, ves al otro, lo respetas, te preocupas por él”.

Este trabajo, agregó, “se realiza a través del programa Cultura Comunitaria, con el que atendemos a miles de niñas, niños y jóvenes para que a través del arte y la cultura transformen su realidad, y no solo sean público de lo que llega a sus municipios o a aquellos lugares donde esa fisura se marcaba de forma más profunda y dolorosa, sino que transformen su realidad y su comunidad; eso es lo que ponemos en la mesa para colaborar con ustedes”. La encargada de la política cultural del país comentó la importancia de que ambas instituciones trabajen en conjunto para la recuperación y defensa del patrimonio cultural que fue extraído del país.

“Durante muchos años fuimos víctimas de saqueo de este patrimonio que está en otros países y que se está recuperando como nunca antes; llevamos más de cinco mil piezas recuperadas. Colaboremos de la mano en la defensa, protección y conciencia de este tema. Si nosotros tenemos cuerpos de seguridad con conocimiento del patrimonio, van a reconocer el valor de esta cultura de la que son parte”, dijo Frausto Guerrero.

La secretaria Rodríguez Velázquez resaltó que con la firma del convenio se promoverán acciones a favor de la cohesión social y la reconciliación. “Una creadora, un artista, una escritora, una bailarina, un músico, una poeta, un arquitecto son grandes promotores de la esperanza, del tejido social y de la paz”. Desde el gobierno, dijo, toca invertir en el potencial creativo para prevenir las violencias y habitar en una nueva realidad de paz, pues así se construye una comunidad y se pone fin a sociedades desiguales.

El documento señala que se implementará una estrategia conjunta a través de acciones de cultura y prevención que atienda las causas que generan la violencia y los delitos que afectan a la convivencia. Se desarrollarán actividades desde lo artístico, así como preventivo que promuevan la convivencia y la reconciliación entre la población y autoridades, además de fortalecer la cultura en los municipios del país.

De igual forma, a través de las actividades culturales e interacción comunitaria, se busca atender los factores de riesgo, principalmente entre niñas, niños y adolescentes, desde un enfoque de Derechos Humanos; y fortalecer la seguridad en las localidades. También, se fortalecerá e impulsará la participación de los sectores sociales, reconociendo el talento local como parte de la estrategia; además de dar impulso a procesos de reconciliación social entre población y autoridades.

Otro objetivo es contribuir a la generación de espacios de paz y desarrollo comunitario con la finalidad de generar un clima de respeto mutuo en la convivencia social, entre otras acciones, se informó a través del boletín de prensa de Cultura.




Del último fracaso panista al temor a Dios por el virus más perrucho

FOTO: Archivo

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El último gran fracaso del gobernador Carlos Mendoza Davis en Baja California Sur —después de perder la entidad a manos de la oposición obradorista—, es la exacerbación de la crisis sanitaria del coronavirus, que se da tras el proceso electoral pasado, pero no sólo fueron las campañas políticas, de todos los partidos, y la elección misma los detonantes de la tercera ola de la Covid-19 que afecta a la entidad. El desastre sanitario es, en gran medida, el resultado del comportamiento del sudcaliforniano promedio, además de otros factores, como el turista irresponsable y el valor del dinero por encima de la salud.

Desde que la pandemia alcanzó a BCS, y se registraron los primeros casos de contagios, así como muertes en marzo de 2020, el gobierno de Mendoza Davis tomó distancia del Gobierno Federal y de los lineamientos de la Secretaría de Salud, al grado de desechar el semáforo COVID de cuatro colores y sustituirlo por uno de seis niveles, con dos naranjas y dos amarillos, además del verde y del rojo, en el que las restricciones a las actividades económicas y de esparcimiento son menos estrictas. Entonces, pocos fuimos los detractores de tal decisión, pues era evidente que dicho semáforo tenía el propósito de privilegiar al turismo y la actividad comercial por encima de la salud de las personas, ya que dicha actividad es, en la media península sureña, la principal fuente económica. Sin embargo, hoy queda claro que privilegiar al turismo de la manera en que el Gobierno Estatal y los empresarios lo han hecho ha derivado en una afectación mayor: el detrimento de la salud de los sudcalifornianos y la muerte de varias centenas de estos.

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Tras la primer ola COVID-19 que azotó al país, el Gobierno Estatal desoyó en varias ocasiones los llamados federales a ubicar a la entidad en el semáforo naranja; y mantuvo al Estado en los dos tonos amarillos la mayor parte del tiempo. El año pasado, cuando la Secretaría de Salud ubicaba a Sudcalifornia en naranja desde octubre, el Gobierno del Estado esperó hasta finales de diciembre para decretar el color naranja más permisivo, y así se mantuvo hasta mediados de enero, cuando la elevó al siguiente nivel naranja, lo que derivó en que febrero sea hasta ahora el mes más letal por coronavirus en BCS. Con la retirada del invierno y el descenso de contagios y de muertes, se volvió a decretar el nivel amarillo en marzo. Vinieron las campañas políticas, las vacaciones de Semana Santa y el Día de las Madres, la gente se relajó en los cuidados elementales, principalmente, en la sana distancia. Entonces los contagios se incrementaron y la federación nos ubicó otra vez en naranja, pero el Gobierno Estatal esperó hasta que la situación se salió de control en Los Cabos para subirnos a las tonalidades naranjas.

A la par de las aglomeraciones por los eventos electorales, en los que se pudo ver a militantes y simpatizantes con cubrebocas y sin éste —incluidos algunos candidatos tomados de las manos o abrazados para la foto—, en el espacio público la gente comenzó a dejar de lado las restricciones y fue cada vez más claro el acercamiento entre las personas, inclusive sin usar cubrebocas. Durante este tiempo se incrementó la aplicación de las vacunas, se inoculó a los mayores de sesenta años con dos dosis, así como a parte del sector de cuarenta y cincuenta años de edad; y aunque la aplicación de ellas protegió al sector más vulnerable ante la enfermedad, parece haber tenido un efecto de generación de falsa seguridad entre toda la población, pues se hizo más evidente la desatención de las normas de distanciamiento social, de higiene en los establecimientos comerciales y del uso del cubrebocas.

El municipio más relajado en todos los sentidos ha sido Los Cabos, por ello es lógico que ahí se iniciara la exacerbación de la crisis. La mayoría de los turistas que llegan a la entidad lo hacen por vía aérea en el municipio cabeño, de entre estos visitantes son muchos los renuentes a mantener las normas de distanciamiento y menos a usar el cubrebocas; se aglomeran en restaurantes y bares, muchos de estos establecimientos no siguen los protocolos de seguridad sanitaria, pero dinero es dinero y el turista lo trae al Estado. Así como entraron los turistas, sin restricción sanitaria alguna, lo hicieron las nuevas variantes más agresivas de la COVID-19, mismas que ya están afectando a la población local. En este sentido es plausible creer que ya están vacunados, al menos la mayoría, pues entre los enfermos leves y los graves son pocos los casos de extranjeros, lo que no los exime de ser portadores y transmisores del virus.

En la BCS y en México, hay un gran sector social que aún no está vacunado y en este tenemos a los más jóvenes. Los hospitales de Los Cabos y de La Paz están siendo saturados por pacientes que en su mayoría tienen una edad entre los 30 y los 49 años, los que están en sus treintas todavía no han sido vacunados y los que están en sus cuarentas apenas tienen una dosis de la vacuna. Además, aún hoy se está completando el esquema de vacunación de los mayores de 50 años y de este grupo también hay un considerable número de personas que están ingresando a los nosocomios como pacientes COVID.

La estrategia de contención del Gobierno Estatal panista contra el coronavirus, basada en más pruebas de detección que en el resto del país, para localizar a los contagiados y aislarlos para evitar la propagación del mortífero virus, sólo fue en parte efectiva en la primera oleada de contagios, cuando la gente estuvo resguardada y acató las normas de distanciamiento, con esto el Comité de Salud Estatal, que el Gobernador presumió como verdaderamente, científico, ha quedado evidenciado en su incompetencia; pero que se puede esperar de un grupo de científicos liderados por Víctor George Flores, un secretario de Salud que aduce que la tercera ola de la COVID-19 es causada por “la falta de temor a Dios de los jóvenes” y por que las variantes del virus que han llegado a Sudcalifornia son, y cito textual: “las más perruchas”.

Si a un Gobernador presuntuoso y soberbio, agregamos un Secretario de Salud risible y una población, en su mayoría, inconsciente de la gravedad de la pandemia, que cansada de más de un año de crisis sanitaria hoy se vuelca a las calles para divertirse, satura antros junto a extranjeros tarambanos y pasea como si de cualquier tarde veraniega se tratara, pues tenemos el escenario perfecto para que un virus cada vez más letal lleve a BCS al colapso sanitario y económico. Estamos en alerta máxima, pues ya se han rebasado las cifras de más contagiados y de casos activos de agosto del año pasado durante la primera ola de contagios y de enero de este año cuando nos avasalló la segunda ola. De continuar el agravamiento de la crisis será inevitable el confinamiento del color rojo, aunque ese sea el color del más rotundo fracaso panista en el Estado. Sin embargo, puede ser que a pesar de todos nuestros muertos el Gobernador prefiera un naranja más turístico.

Polilla política: El Gobernador presume que somos la entidad con menos letalidad por la COVID-19, pero no dice que estamos entre los diez estados con más muertos por cada cien mil habitantes.

Los gráficos fueron hechos por Luis Eduardo Chávez Gamboa con datos oficiales de la Secretaría de Salud Estatal.

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Sentenciados por delitos familiares o sexuales no serán servidores públicos en BCS

FOTO: Diario El Independiente

La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un boletín de prensa del Congreso de BCS se informó que, Diputados locales aprobaron importantes reformas a diversas leyes que impactan en beneficio de la protección de hijos que dependen de pensiones alimentarias, así como para impedir que quienes ejercen los tipos de violencia sean las mismas personas en quienes se deposite la confianza del pueblo para eliminarla.

Por lo que cualquier persona que aspire a ser Gobernador, Diputado, secretario de Estado, Procurador de Justicia, Magistrado de Justicia, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, consejeros del Instituto de Transparencia, presidente, consejeros y magistrados electorales, Auditor Superior de la Federación, así como titulares de dependencias de la administración pública estatal, no deberán tener antecedentes como sentenciados por delitos de violencia familiar, contra la libertad sexual, ser responsables de violencia institucional o ser deudores alimentarios.

Se trata de reformas a las leyes que rigen cada uno de los cargos, tales como la Constitución del Estado, la Ley Electoral, de transparencia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Civil Estatal, propuestos por la Diputada María Rosalba Rodríguez López.

Agrega como atribuciones del Consejo de la Judicatura la creación de los Registros de Deudores Alimentarios y el de Responsables de Delitos sentenciados por delitos contra la libertad sexual y/o violatorios de la intimidad corporal. Las propuestas de reformas y adiciones fueron consensadas con representantes de dicho poder, así como asociaciones civiles. La iniciativa fue aprobada por unanimidad de las legisladoras y los legisladores presentes, concluye el boletín de prensa del Congreso del Estado.




En BCS; Prohíben terapias de conversión y aprueban cambio de género en actas de nacimiento

FOTO: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). En sesión extraordinaria, el Congreso de BCS aprobó dos iniciativas en beneficio de la comunidad LGBTIQ+, la primera de ellas para prohibir el sometimiento de personas a cualquier forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos por motivo de su orientación sexual o de su identidad de género, y la segunda, incorpora el derecho de cualquier persona de solicitar una nueva acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género.

A través de un boletín de prensa del Congreso de BCS se informó que, ambas iniciativas fueron propuestas en diferente tiempo por la diputada Mercedes Maciel, y sus dictámenes presentados por la comisión permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas fueron dispensados de segunda lectura y aprobados por unanimidad de 14 votos de diputadas y diputados asistentes.

La primera propuesta reforma la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y adiciona un artículo al Código Penal Estatal, para proteger los derechos humanos y evitar tratamientos de conversión,  que son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como prácticas de tortura, además de que transgreden los derechos humanos fundamentales, son violentos y discriminatorios, expuso la iniciadora.

La segunda iniciativa reforma y adiciones el articulo 39 del Código Civil Estatal estableciendo el derecho de una nueva acta de nacimientos para cambio de género a cualquier persona mayor de edad que requieran el reconocimiento de su identidad.

El levantamiento se realizará en la Dirección Estatal del Registro Civil o en el lugar en el que se llevó a cabo la declaración de nacimiento. Se procederá de inmediato a hacer la anotación y la reserva correspondiente. En el caso de que se realice en el Registro Civil, éste dará aviso a aquél donde se encuentre el acta de nacimiento primigenia. El cambio de nombre y género, no libera ni exime de las obligaciones o responsabilidades contraídas con la identidad anterior, concluye el boletín de prensa del Congreso de BCS.




Propone Diputada local capacitar a servidores públicos en perspectiva de género

FOTO: Internet

La Paz, Baja California Sur (BCS). En sesión ordinaria del Congreso del Estado de BCS, la Diputada Sandra Moreno Vázquez propuso la creación de la Ley de Capacitación en Materia de Género, Prevención y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, a fin de que todos los servidores públicos, de los tres poderes, Ayuntamientos, así como de los organismos autónomos del Estado se capaciten en tal materia.

La iniciadora puntualizó que actualmente, muy pocos servidores públicos no cuentan con formación en materia de género y de combate a la violencia, por lo que afirmó que la ruta efectiva para lograrlo es la concientización en materia de género, para que, de esta manera, las políticas públicas, acciones o contacto con la ciudadanía en general cuenten con perspectiva de género, se informó a través de un boletín de prensa del Congreso de BCS.

La diputada presentó cifras alarmantes del incremento de delitos en contra de las mujeres, contra las libertades sexuales, la familia y los menores, sin que las autoridades, en ninguno de los órdenes de gobierno, encuentren una estrategia eficaz para combatirlo.

De acuerdo a la incidencia delictiva de 2015 a 2020, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, tuvieron un incremento del 115.3%, al registrarse 314 en 2015 y 676 en 2019, mientras que al 31 de julio del 2020 se han registrado 425. Los delitos contra la familia, tuvieron un incremento del 68.9%, de 2 mil 271 en 2015 a 3 mil 836 en 2019, mientras que, al 31 de julio del 2020 se han registrado mil 889.

El delito de violencia familiar tuvo un incremento del 54.5%, al pasar de mil 691 en 2015 a 2 mil 612 en 2019, mientras que, al 31 de julio del 2020 se han registrado mil 405 delitos. En tanto que el delito de violencia de género en todas sus modalidades registró un delito en 2016 y 14 delitos en 2019. Al 31 de julio del 2020 se han registrado 5 delitos.  La iniciativa fue turnada a la comisión de Igualdad de Género para análisis y dictaminación, concluye el boletín de prensa del Congreso del BCS.