La polémica Ley de Infancias Trans en BCS. Una mirada desde la diversidad

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El Beso de la Mujer Araña

Por Modesto Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). La iniciativa presentada recientemente en el Congreso del Estado de BCS que, en esencia, permitiría que menores de edad puedan cambiar de nombre y de género en una nueva acta de nacimiento —ello con el consentimiento de los padres, pero también con una alternativa si ellos no lo aprobaran—, ha encendido los ánimos polarizando a la opinión pública. Quien esto escribe, apoya la iniciativa. Te invito a leer sobre este tema desde otro punto de vista que no se ha mediatizado mucho: desde la diversidad sexual.

La controversia se agudizó desde la semana pasada, cuando el Frente Nacional por la Familia (FNF), entre otras organizaciones, se han congregado en el recinto legislativo con su acostumbrado circo mediático tan lleno de pasión como de desinformación, para impedir la aprobación de esta iniciativa. Portan letreros con melodramáticas frases como Con mis hijos no te metas o A mis hijos los educo yo —señor/a: edúquese Usted primero en el conocimiento y respeto a la diversidad—, entre otras que, como también es tradición, oponen la niñez a la diversidad sexual como si fueran antagónicas. Usan a niños y niñas como estandarte de su homofobia. ¡Pobres menores —y adultos— que sientan ser de la diversidad sexual y estén dentro de esas familias, cuánta represión sufrirán!

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Qué dice la propuesta

El dictamen que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales —encabezada por el diputado José María Avilés Castro, donde también están Paz del Alma Ochoa Amador y Luis Armando Díaz—, fechado el 30 de mayo, señala que se trata de una iniciativa ciudadana presentada por Sasha Ceseña Guillins, José Raúl Pérez Aguilar y Ángel Fabián Gaxiola Infante. El proyecto de decreto propone reformar el Artículo 144 Ter y el 144 Quáter del Código Civil del Estado para que una persona no tenga que esperar hasta los 18 años para cambiar su nombre y género en el acta de nacimiento, si así lo quisiera.

La modificación en el Código Civil (Art. 144) diría que: “Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género y cambio de nombre, previa la anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, quienes requieran el reconocimiento de su identidad de género. El reconocimiento respectivo se llevará a cabo ante las instancias y las autoridades correspondientes del Registro Civil del Estado (…) Se entenderá por identidad de género la forma como cada persona se percibe y, por tanto, se da a sí misma, como consecuencia de asumir la convicción y autodefinición de pertenecer a un género determinado, en relación con las construcciones sociales de masculinidad o feminidad”. Se deberá presentar: “Original y copia fotostática de su identificación oficial, excepto cuando se trate de menores de edad, en cuyo caso se deberá presentar la identificación del padre, la madre o persona que tenga la custodia legal y con expresa conformidad de la persona menor”.

Sigue: “Tratándose de personas menores de edad, el Registro Civil con el apoyo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, deberá recabar su consentimiento en el que exteriorice su deseo y conozca los alcances del trámite. Cuando la autoridad del Registro Civil o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado adviertan que el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de la persona en cuestión no sea el óptimo conforme a su edad deberá recabar un dictamen de un especialista médico psicológico solo para el efecto de determinar si comprende el significado y alcance de lo que pretende realizar a efecto de que no sea manipulado. Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento del padre, la madre o la persona que tenga la custodia legal de la persona menor de edad, ésta podrá acudir ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, la cual deberá prestarle asistencia legal para recurrir a la vía jurisdiccional”.

Se ha anunciado ya en diferentes medios, en voz del diputado Avilés Castro, que se harán modificaciones para garantizar la presencia de los padres y que no pierden su patria potestad, y ratificar la asesoría psicológica y legal en el proceso.

Qué dicen (y qué no dicen) los opositores

Los expresivos repudios en contra deforman y mal informan de qué se trata. Parece absurdo decirlo, pero ¡no es una obligación! Es facilitarle este cambio de identidad a un/una menor de edad en la media península, como ya es vigente en otros estados. No se afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes cisgénero —personas que se identifican con el sexo biológico con el que nacieron—; al contrario, se suma un derecho a personas transgénero, que no sienten pertenencia al sexo con el que nacieron. Y que las hay en Sudcalifornia, como en todo el mundo.

Otros han esgrimido en contra que, si un menor de edad no puede comprar cigarros o alcohol, porqué la prisa de que sí puedan cambiar su documentación, cuando se trata de eso: de documentos, pero que son importantes, por ejemplo, para continuar sus estudios y no representen una traba al cambiar de grado o de plantel. Además, para este proceso ni siquiera sería requisito cambiar su apariencia, aunque tampoco se opone a quien así quiera hacerlo. No es irreversible: la persona sería libre de asumir su identidad y también de cambiarla más adelante, si es su parecer. Promover que menores de edad sí puedan comprar cigarros o alcohol sí sería un grave error y sí causaría daños; poner “Juan” en vez de “Juana” en un acta de nacimiento no le provocará cáncer ni cirrosis a la persona que lo decida.

Y no es un argumento decir que hay otros temas importantes, que los hay, pero no le resta importancia a éste. No hay que pasar de largo que los derechos de la comunidad LGBT+ son muy recientes, históricamente hay un adeudo para un sector de la población que lo mismo hemos trabajado que pagado impuestos, y cuya historia de represión, odio y violencia han quedado a la sombra. En 2019 apenas se abrió la puerta y los colectivos han sabido saltar a la escena política demandando derechos, que no privilegios.

Sasha Ceseña Guillins, del colectivo Trans BCS en San José del Cabo, en entrevista para este medio, dijo que en el último año se le han acercado alrededor de cinco familias y unos 25 adolescentes de Los Cabos para orientarse sobre qué deben hacer para el cambio de identidad. Hay padres y madres que apoyan el cambio de género de sus hijos e hijas. Aunque el mismo proceso se puede hacer, hay que ampararse y pagar abogados, y las familias no siempre tienen las condiciones económicas para ello. Contó el caso de un chico trans de 16 años, estudiante de preparatoria, hijo de una familia muy religiosa, quien tras un periodo de depresión finalmente logró la aceptación de sus padres, pero hasta la fecha no tiene el acta de nacimiento que desea. Está otro caso, de un niño trans de 12 años, quien ha tenido problemas con sus profesores porque le llaman por su nombre primigenio, y tampoco ha logrado obtener una nueva acta con el nombre con que desea ser llamado. La activista cuenta que a veces es en las propias escuelas donde más se resisten a respetar la identidad de género que asumen sus alumno/as.

Ella misma, como mujer trans, supo de su identidad de género antes de los 6 años, pero dice que eran tiempos de menos información y mayor represión, tiempos donde no se les creía y nadie les daba certeza. Por eso, Sasha es una de las promoventes de esta iniciativa, para mitigar eso que llama “borrado de identidades”. Al preguntarle su opinión sobre lo que el FNF ha gritado en el Congreso de BCS de que “las infancias trans no existen”, enfáticamente dijo: “claro que sí. Las infancias trans son una realidad. Si se acercan a personas que pasan por esta situación, verán que sí existen, que están sufriendo y teniendo limitaciones”.

Esto puede parecer increíble para muchas personas. Muchos adultos lo han de considerar extraño, hasta perturbador o indeseable, pero es cierto: hay personas que pueden sentir desde niños y niñas su diferencia y estar dentro de la diversidad sexual. Si la sola idea te parece angustiante, traslada esa ansiedad a un/a menor de edad que ya sienta que es diferente: ¿no es injusto que, de entrada, les nieguen la existencia? A esos infantes les quedan dos caminos: crecer reprimidos o crecer en un hogar que los comprenda y apoye.

El problema de fondo es concebir a las personas de la diversidad sexual como pervertidos, monstruos, enfermos, anormales, ciudadanos de segunda y personas indeseables. La propuesta de los diputados es facilitar un trámite administrativo, pero los oponentes ven abrirse las puertas del infierno; tal vez imaginen que irán hordas de niños y niñas a cambiarse el sexo, cuando se trata de ayudar a jovencitos/as que viven una enorme desventaja en algo elemental: su identidad de género. Los opositores no dicen qué harían ellos/as con un/una adolescente transgénero o LGBT+ en su hogar, quizás como han sido otros casos: confinamiento en clínicas o campamentos, o “terapias” para quitarles la idea de la cabeza y forzarlos a asumir una identidad con la que no están de acuerdo.

Recordemos el matrimonio igualitario: ¿a qué parejas heterosexuales afectaron las parejas homosexuales que se casaron? Por ello insisto en que el problema de fondo es cultural y es la homofobia, terror trans: un temor irracional de que personas LGBT+ avancemos en derechos y en visibilidad. Somos poco menos que el Diablo para estas personas que protestan por todo lo que tenga que ver con la bandera del arcoíris. Nos ven como un problema y una amenaza.

En resumen, la denominada Ley de Infancias Trans en BCS no es una obligación y no afectará en nada al infante cisgénero, es facilitar un trámite a los casos de infancia y adolescencia transgénero (y pongan este letrero en una pancarta: “PARA QUIEN ASÍ LO QUIERA”), además de dar el reconocimiento a su existencia. No vulnera en absoluto a los menores de edad y no descarta a los padres en el proceso —pero sugiere un camino en caso de que los padres no apoyen al menor en su decisión. No deberían decir que el Congreso del Estado es un enemigo de la familia, porque ese concepto no le pertenece a nadie, ¿quién dice que la única forma de familia es papá, mamá, hijos e hijas? Sí podrían decir que la legislatura es gay friendly, eso como que sí les va.

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¿Fue legalmente ratificado el Magistrado?

FOTO: Congreso del Estado

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso local de nueva cuenta fue escenario de un desaseado y burdo procedimiento mediante el cual operó de facto la ratificación de un magistrado judicial cuyo periodo base de seis años en el encargo, concluyó recientemente.

El procedimiento de ratificación para un segundo y último periodo de seis años más en el cargo se inició en tiempo, cuando el interesado así lo solicitó ante el Congreso local.

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Se trata de un magistrado que llegó al cargo sin contar con carrera judicial, y cuyo mayor mérito para ser inicialmente designado, fue el haber sido empleado incondicional del entonces gobernador en turno; y si bien ostenta un doctorado, el mismo corresponde a una especialidad académica muy lejana al quehacer jurisdiccional que le fue encomendado, lo que establece la falta de idoneidad para el cargo.

Cuestionar lo antes apuntado es ya a estas alturas anacrónico, pero si es un reflejo de la obsoleta normatividad que regula la asignación y ratificación de magistrados, que sigue privilegiando el amiguismo, el compadrazgo, la filiación, y en algunos casos, la complicidad.

De vuelta al proceso legislativo de ratificación, las cosas empezaron mal desde que la solicitud fue turnada a una comisión a la que no le correspondía conocer de la misma, y aunque posteriormente se turnó a la que por normatividad le correspondía, el desaseo quedó evidenciado.

El dictamen que se presentó finalmente resultó contrario a la solicitud de ratificación, pues concluyó con la determinación de NO RATIFICAR al magistrado, pero por la mínima diferencia fue votado en contra, suscitándose así un imprevisto en la norma, pues el procedimiento es muy claro para la designación de magistrado, pero existe un vacío en cuanto hace a la ratificación, ya que no se precisa en la norma constitucional si se debe contar con mayoría simple o mayoría calificada para ello. No concluyó entonces el procedimiento con una resolución clara y precisa respecto a que el magistrado haya sido o no, ratificado. Parece juego de palabras, pero es la triste realidad de nuestro sistema legal estatal en la materia.

Este tipo de lagunas legales forman parte del enorme rezago legislativo que arrastra la presente legislatura, pues están pendientes de armonizar, actualizar y adecuar una enorme cantidad de disposiciones normativas, desde 1996 a la fecha, pero como esta legislatura solo atiende cuestiones relacionadas con la ruidosa minoría privilegiada del arcoíris, el rezago legislativo continuará, y vacíos e inconsistencias legales como la que hoy comentamos, permanecerán en perjuicio de la legalidad y la certeza jurídica en el Estado.

No está prevista la ratificación de facto en nuestra Constitución, tan es así, que requiere una solicitud expresa del interesado y un procedimiento específico, pero en el caso, ante la nefasta combinación de vacíos legales e ignorancia supina de nuestros legisladores, tenemos hoy en el Tribunal Superior de Justicia, un magistrado ratificado sin haber sido ratificado legalmente.

A partir de la próxima resolución judicial que emita el multi referido, la sombra de la nulidad acompañará sus decisiones, y bastará con que un abogado avezado en materia de nulidad lleve el caso ante la Corte, para que en cascada se genere un aluvión de incertidumbre respecto a la legalidad de las sentencias que bajo las circunstancias planteadas sean emitidas.

Y finalmente apuntamos, que al menos dos diputados debieron excusarse de conocer del procedimiento de ratificación en comento, uno que fue a prisión como consecuencia de la acusación que en su contra presentará el jurídico del Estado, entonces a cargo del hoy magistrado, y el diputado que es hijo de otro de los implicados en el mismo caso. Si bien este último no estaba obligado legalmente a excusarse, por decoro debió hacerlo.

En resumen: no sabemos si fue o no fue legalmente ratificado el magistrado de marras, y queda claro que la actual legislatura, es la peor que ha llegado al Congreso de Baja California Sur, integrada -salvo un par de honrosas excepciones- por una caterva de ignorantes desfachatados que solo atienden a intereses facciosos, que usan la diputación como mero trampolín político y que se encuentran al servicio incondicional de la minoría privilegiada.

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Delincuentes defienden a violadores de la Constitución

La Última Trinchera

Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Chalecos México, organización pro-panista y de tendencia fascista, así como cuarenta organizaciones civiles más, se ufanan, en un comunicado emitido tras la violenta marcha que hicieron el domingo 28 de mayo pasado en la Ciudad de México (CdMx), de que ellos lograron desalojar al plantón de personas, en su mayoría de la tercera edad, que protestaban de manera pacífica afuera de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); y lo hicieron con actos violentos, esos que los han caracterizado desde que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) alcanzó la presidencia de la república en 2018 con el respaldo en las urnas de más de treinta millones de mexicanos.

La violencia física, es el último recurso en la disputa por una nación y debe serlo en la competencia por cualquier cosa, es el más temible, el menos deseable y el que sin duda generará más violencia; pues el país está dividido, y no precisamente polarizado; pues polarización es cuando fuerzas más o menos equiparables en número se oponen, pero en este caso queda claro, de acuerdo con las últimas encuestas de diarios como Reforma y El Financiero y encuestadoras como Covarrubias y Asociados, Buendía y Marquez, Enkoll, y Demotecnia, que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su proyecto de nación cuatrotransformacionista tienen un respaldo ciudadano de alrededor del 70%.

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Es así que no hay polarización en este país, sino una minoría rijosa, agresiva, violenta e intolerante, magnificada por la cantaleta de la mayoría de los consorcios de comunicación de radio, televisión y prensa escrita; que por cierto hoy guardan silencio ante la violencia generada por la derecha; minoría privilegiada por los sexenios prianistas y neoliberales, que ante el justo proceder de la Cuarta transformación (4T) es capaz de golpear ancianos, destruir un memorial para los bebés quemados vivos, asesinados — destrozaron las cruces con sus nombres—, en la Guardería ABC y romper propiedad privada en un desalojo delincuencial bajo la consigna de la corte no se toca, igual que antes gritaron el INE no se toca y el Conacyt no se toca. En suma, para ellos, la injusticia y la corrupción no se tocan.

Esa oposición minoritaria, violenta e intolerante, logró convocar a tres mil conservadores —les falta músculo para enfrentar a treinta millones— que envalentonados fueron a agredir ancianos que defendían bebés afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron a violentarlos mediante actos delincuenciales, para defender a los más grandes violadores de México: a los magistrados del supremo poder judicial, que operan en contra del pueblo y de la 4T; esos adalides de la justicia, que a pesar de haber jurado respetar y proteger a La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin pudor la violan una y otra vez cada que reciben su quincena, así como todas las retribuciones y lujos económicos como pago por el ejercicio de su profesión.

Son esos magistrados y jueces que se pasan por el arco del triunfo el artículo 127 Constitucional, que en su fracción II a la letra dice: Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Sinvergüenzas que en realidad reciben hasta cuatro o cinco veces más que el monto que gana el presidente de México. Estamos hablando de alrededor de 700 mil pesos mensuales, en un desprecio por la Ley y el proyecto de nación que la mayoría de los mexicanos hemos escogido.

En un país en que opositores delincuentes defienden a magistrados violadores, siendo todos ellos miembros del conservadurismo intolerante, es una fortuna que haya una mayoría ciudadana cada vez más politizada y consciente de la opresión de clase de que ha sido objeto por parte de la minoría conservadora y violenta a la que pertenecen Los Chalecos México y las organizaciones opositoras al Obradorismo.

Polilla política: No le rasquen los huevos al tigre social, porque no le gustan las cosquillas; y sabe que de chalecos a chaquetas hay poca deficiencia.

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Peculado impropio

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El término peculado atendiendo a su raíz etimológica, literalmente significa desfalco, tiene sus orígenes en el derecho romano; deriva del término peculium que representaba la riqueza en ganado (pecus) y por extensión se aplicaba de forma genérica al caudal de bienes en propiedad o posesión de un ciudadano. Dichos bienes se encomendaban generalmente en administración a un empleado, el cual tenía derecho a reservar para sí un porcentaje de las ganancias, o peculio, y cuando el empleado incurría en administración desleal, o desfalco, era severamente sancionado.

Actualmente, el término peculado tiene una connotación específica en el campo del derecho penal, y se define como la desviación o utilización de recursos públicos para un fin diverso al objeto legal de dichos recursos.

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En el ámbito federal el artículo 223 del Código Penal Federal contempla tres hipótesis comisivas atribuibles a un servidor público y una cuarta atribuibles a un particular:

1.- Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa;

2.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;

3.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, y

4.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

Las tres primeras hipótesis contemplan como comisor a un empleado público, la cuarta tiene como agente comisor a un particular, y es la figura que se conoce como peculado impropio.

La pena de prisión, dependiendo del quebranto económico causado al patrimonio de la federación, va de los tres meses a los 14 años de prisión, y se incrementa en un tercio más si se trata de fondos destinados para la seguridad pública.

El Código Penal para Baja California Sur, artículo 285 contempla los mismos supuestos y la penalidad va de uno a quince años de prisión, más un tercio en el caso de fondos destinados a la seguridad pública.

El peculado impropio, es un presupuesto relativamente moderno, y tiene su origen en la necesidad de sancionar a particulares a quienes se les encomienda la administración de recursos públicos, actividad que cada día plantea más modalidades, derivadas de la participación cada vez más amplia de particulares en actividades originalmente encomendadas a servidores públicos, pero que en virtud de acuerdos público-privados, actualmente son encomendadas a operadores de la iniciativa privada.

El peculado impropio es un delito considerado de cuello blanco, no violento, y por ende, quienes incurren en su comisión suelen gozar de enormes prerrogativas, entre ellas, el de enfrentar eventualmente en libertad los procesos penales en su contra encausados, sin importar el monto del quebranto económico que lleguen a ocasionar, y encuentran un enorme cobijo en el entreteje de los convenios y acuerdos de colaboración entre instituciones del sector público y el sector privado.

La falta de supervisión adecuada, los intrincados esquemas financieros y complicaciones contables hacen difícil la acreditación del quebranto económico, y la falta de un esquema de fiscalización adecuada del manejo de la cuenta pública, así como la duplicidad de funciones entre organismos públicos con funciones de auditoría, generan enormes zonas grises que hacen compleja la detección de los malos manejos y la distracción de los recursos públicos

La opacidad, falta de controles adecuados y la corrupción son el campo de cultivo adecuado para que cada día se engrose la lista de comisores de peculado impropio, en detrimento patrimonial de las arcas públicas

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Las Cenicientas de lo Laboral y la Psicología del Opresor

FOTOS: Internet

Colaboración Especial

Por Pablo Chiw

La Paz, Baja California Sur (BCS). La neutralidad de la ciencia es un mito, está claro y en las ciencias del comportamiento humano no es la excepción, al contrario, todo ministerio de guerra que se respete tiene su departamento de psicología.

El espíritu mismo de la psicología es la manipulación del comportamiento humano, se suponía que para bien de la humanidad, lo que se va a problematizar en este artículo es la utilización de la investigación psicológica para la explotación laboral de las personas.

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¿Para qué se usan los descubrimientos de la Psicología?

Los y las psicólogas observan, describen, analizan, entienden y modifican la conducta, desarrollan múltiples estrategias e intervenciones para lograr su objetivo, a veces una simple pregunta basta para desencadenar un cambio significativo en el comportamiento de una persona.

La capacidad para manipular es oro molido para las empresas, el error, sin embargo, es creer que tal manipulación se limita a la hora de diseñar anuncios publicitarios, en realidad, va más allá y se trata de un uso mucho más vil: la explotación laboral.

Psicología de la Motivación

¿Qué te emociona? ¿qué anhelas? ¿qué sueñas? ¿qué deseas? ¿qué te excita? ¿qué te mueve? La psicología de la motivación encuentra aquellos deseos inconscientes que impulsan la conducta, las empresas contratan psicólogos/as, para que vayan a convencer a las y los trabajadores que sus deseos y carencias afectivas se resolverán si aumentan la productividad de la empresa. Un obrero con la camiseta bien puesta trabaja el doble, se queda horas extras no remuneradas, aguanta abusos, violencias, contratos raquíticos, instalaciones peligrosas, se lleva trabajo a la casa, acude a juntas, juntas y más juntas y más juntas. A pesar de que nada de esto termine mejorando su salario.

Los cursos de motivación personal que dan las empresas explotadoras son en realidad instrumentos para la explotación laboral, los cuales terminan, inauditamente, responsabilizando al trabajador por su situación de precariedad y no a la empresa que año con año aumenta su récord de ganancias históricas pero que sigue pagando salarios mínimos. Es una cosa de locos.

Secuelas Mentales de la Manipulación

El pobre es pobre porque quiere, si en verdad te lo propones nada es imposible, el límite lo pones tú, si eres como un ratón siempre encontrarás tu queso, no es explotación es experiencia laboral, Will Smith vivía en un baño y luego se hizo ejecutivo, los diamantes se crean a presión, el que persevera alcanza, llénate de ideas positivas y saldrás adelante, la vida es para el trabajo y el descanso para la eternidad, mentalidad de tiburón estómago de ratoncito, si no comes no engordas, se el primero en llegar y el último en irte.

Los slogans que se derivan de estas conferencias se convierten en mantras que protegen a las personas que los repiten de cualquier posibilidad de reflexión, un optimismo oscuro que les condena a la opresión, son personas que habitan en la fantasía de ser descubiertos y recompensados por su fidelidad a la empresa, una especie de Cenicientismo laboral donde el trabajador deja la vida en el lugar de trabajo con la esperanza de que su príncipe azul (el patrón), le extienda la mano y lo levante del fango.

La realidad es devastadora, sobre todo cuando tenemos patrones como Ricardo Salinas Pliego:

Como buen fifí fui al Palacio de Hierro, Liverpool y otros lugares a buscar lavadora para mi casa en la playa, pero me recomendaron ir a Elektra (Cozumel) para conseguir un buen deal y el asociado Jorge me consiguió un excelente producto (Comentario).

Ser fifí no es comprar en Liverpool, ser fifí es ser lo suficientemente inteligente para hacerse rico, no para aparentar serlo (Respuesta de Ricardo Salinas Pliego).

En esta conversación por Twitter, nos damos cuenta que los millonarios, evidentemente desprecian a la gente que explotan, si no los despreciaran entonces no los explotarían.