¿Fue legalmente ratificado el Magistrado?

FOTO: Congreso del Estado

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso local de nueva cuenta fue escenario de un desaseado y burdo procedimiento mediante el cual operó de facto la ratificación de un magistrado judicial cuyo periodo base de seis años en el encargo, concluyó recientemente.

El procedimiento de ratificación para un segundo y último periodo de seis años más en el cargo se inició en tiempo, cuando el interesado así lo solicitó ante el Congreso local.

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Se trata de un magistrado que llegó al cargo sin contar con carrera judicial, y cuyo mayor mérito para ser inicialmente designado, fue el haber sido empleado incondicional del entonces gobernador en turno; y si bien ostenta un doctorado, el mismo corresponde a una especialidad académica muy lejana al quehacer jurisdiccional que le fue encomendado, lo que establece la falta de idoneidad para el cargo.

Cuestionar lo antes apuntado es ya a estas alturas anacrónico, pero si es un reflejo de la obsoleta normatividad que regula la asignación y ratificación de magistrados, que sigue privilegiando el amiguismo, el compadrazgo, la filiación, y en algunos casos, la complicidad.

De vuelta al proceso legislativo de ratificación, las cosas empezaron mal desde que la solicitud fue turnada a una comisión a la que no le correspondía conocer de la misma, y aunque posteriormente se turnó a la que por normatividad le correspondía, el desaseo quedó evidenciado.

El dictamen que se presentó finalmente resultó contrario a la solicitud de ratificación, pues concluyó con la determinación de NO RATIFICAR al magistrado, pero por la mínima diferencia fue votado en contra, suscitándose así un imprevisto en la norma, pues el procedimiento es muy claro para la designación de magistrado, pero existe un vacío en cuanto hace a la ratificación, ya que no se precisa en la norma constitucional si se debe contar con mayoría simple o mayoría calificada para ello. No concluyó entonces el procedimiento con una resolución clara y precisa respecto a que el magistrado haya sido o no, ratificado. Parece juego de palabras, pero es la triste realidad de nuestro sistema legal estatal en la materia.

Este tipo de lagunas legales forman parte del enorme rezago legislativo que arrastra la presente legislatura, pues están pendientes de armonizar, actualizar y adecuar una enorme cantidad de disposiciones normativas, desde 1996 a la fecha, pero como esta legislatura solo atiende cuestiones relacionadas con la ruidosa minoría privilegiada del arcoíris, el rezago legislativo continuará, y vacíos e inconsistencias legales como la que hoy comentamos, permanecerán en perjuicio de la legalidad y la certeza jurídica en el Estado.

No está prevista la ratificación de facto en nuestra Constitución, tan es así, que requiere una solicitud expresa del interesado y un procedimiento específico, pero en el caso, ante la nefasta combinación de vacíos legales e ignorancia supina de nuestros legisladores, tenemos hoy en el Tribunal Superior de Justicia, un magistrado ratificado sin haber sido ratificado legalmente.

A partir de la próxima resolución judicial que emita el multi referido, la sombra de la nulidad acompañará sus decisiones, y bastará con que un abogado avezado en materia de nulidad lleve el caso ante la Corte, para que en cascada se genere un aluvión de incertidumbre respecto a la legalidad de las sentencias que bajo las circunstancias planteadas sean emitidas.

Y finalmente apuntamos, que al menos dos diputados debieron excusarse de conocer del procedimiento de ratificación en comento, uno que fue a prisión como consecuencia de la acusación que en su contra presentará el jurídico del Estado, entonces a cargo del hoy magistrado, y el diputado que es hijo de otro de los implicados en el mismo caso. Si bien este último no estaba obligado legalmente a excusarse, por decoro debió hacerlo.

En resumen: no sabemos si fue o no fue legalmente ratificado el magistrado de marras, y queda claro que la actual legislatura, es la peor que ha llegado al Congreso de Baja California Sur, integrada -salvo un par de honrosas excepciones- por una caterva de ignorantes desfachatados que solo atienden a intereses facciosos, que usan la diputación como mero trampolín político y que se encuentran al servicio incondicional de la minoría privilegiada.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Delincuentes defienden a violadores de la Constitución

La Última Trinchera

Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Chalecos México, organización pro-panista y de tendencia fascista, así como cuarenta organizaciones civiles más, se ufanan, en un comunicado emitido tras la violenta marcha que hicieron el domingo 28 de mayo pasado en la Ciudad de México (CdMx), de que ellos lograron desalojar al plantón de personas, en su mayoría de la tercera edad, que protestaban de manera pacífica afuera de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); y lo hicieron con actos violentos, esos que los han caracterizado desde que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) alcanzó la presidencia de la república en 2018 con el respaldo en las urnas de más de treinta millones de mexicanos.

La violencia física, es el último recurso en la disputa por una nación y debe serlo en la competencia por cualquier cosa, es el más temible, el menos deseable y el que sin duda generará más violencia; pues el país está dividido, y no precisamente polarizado; pues polarización es cuando fuerzas más o menos equiparables en número se oponen, pero en este caso queda claro, de acuerdo con las últimas encuestas de diarios como Reforma y El Financiero y encuestadoras como Covarrubias y Asociados, Buendía y Marquez, Enkoll, y Demotecnia, que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su proyecto de nación cuatrotransformacionista tienen un respaldo ciudadano de alrededor del 70%.

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Es así que no hay polarización en este país, sino una minoría rijosa, agresiva, violenta e intolerante, magnificada por la cantaleta de la mayoría de los consorcios de comunicación de radio, televisión y prensa escrita; que por cierto hoy guardan silencio ante la violencia generada por la derecha; minoría privilegiada por los sexenios prianistas y neoliberales, que ante el justo proceder de la Cuarta transformación (4T) es capaz de golpear ancianos, destruir un memorial para los bebés quemados vivos, asesinados — destrozaron las cruces con sus nombres—, en la Guardería ABC y romper propiedad privada en un desalojo delincuencial bajo la consigna de la corte no se toca, igual que antes gritaron el INE no se toca y el Conacyt no se toca. En suma, para ellos, la injusticia y la corrupción no se tocan.

Esa oposición minoritaria, violenta e intolerante, logró convocar a tres mil conservadores —les falta músculo para enfrentar a treinta millones— que envalentonados fueron a agredir ancianos que defendían bebés afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron a violentarlos mediante actos delincuenciales, para defender a los más grandes violadores de México: a los magistrados del supremo poder judicial, que operan en contra del pueblo y de la 4T; esos adalides de la justicia, que a pesar de haber jurado respetar y proteger a La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin pudor la violan una y otra vez cada que reciben su quincena, así como todas las retribuciones y lujos económicos como pago por el ejercicio de su profesión.

Son esos magistrados y jueces que se pasan por el arco del triunfo el artículo 127 Constitucional, que en su fracción II a la letra dice: Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Sinvergüenzas que en realidad reciben hasta cuatro o cinco veces más que el monto que gana el presidente de México. Estamos hablando de alrededor de 700 mil pesos mensuales, en un desprecio por la Ley y el proyecto de nación que la mayoría de los mexicanos hemos escogido.

En un país en que opositores delincuentes defienden a magistrados violadores, siendo todos ellos miembros del conservadurismo intolerante, es una fortuna que haya una mayoría ciudadana cada vez más politizada y consciente de la opresión de clase de que ha sido objeto por parte de la minoría conservadora y violenta a la que pertenecen Los Chalecos México y las organizaciones opositoras al Obradorismo.

Polilla política: No le rasquen los huevos al tigre social, porque no le gustan las cosquillas; y sabe que de chalecos a chaquetas hay poca deficiencia.

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Peculado impropio

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El término peculado atendiendo a su raíz etimológica, literalmente significa desfalco, tiene sus orígenes en el derecho romano; deriva del término peculium que representaba la riqueza en ganado (pecus) y por extensión se aplicaba de forma genérica al caudal de bienes en propiedad o posesión de un ciudadano. Dichos bienes se encomendaban generalmente en administración a un empleado, el cual tenía derecho a reservar para sí un porcentaje de las ganancias, o peculio, y cuando el empleado incurría en administración desleal, o desfalco, era severamente sancionado.

Actualmente, el término peculado tiene una connotación específica en el campo del derecho penal, y se define como la desviación o utilización de recursos públicos para un fin diverso al objeto legal de dichos recursos.

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En el ámbito federal el artículo 223 del Código Penal Federal contempla tres hipótesis comisivas atribuibles a un servidor público y una cuarta atribuibles a un particular:

1.- Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa;

2.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;

3.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, y

4.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

Las tres primeras hipótesis contemplan como comisor a un empleado público, la cuarta tiene como agente comisor a un particular, y es la figura que se conoce como peculado impropio.

La pena de prisión, dependiendo del quebranto económico causado al patrimonio de la federación, va de los tres meses a los 14 años de prisión, y se incrementa en un tercio más si se trata de fondos destinados para la seguridad pública.

El Código Penal para Baja California Sur, artículo 285 contempla los mismos supuestos y la penalidad va de uno a quince años de prisión, más un tercio en el caso de fondos destinados a la seguridad pública.

El peculado impropio, es un presupuesto relativamente moderno, y tiene su origen en la necesidad de sancionar a particulares a quienes se les encomienda la administración de recursos públicos, actividad que cada día plantea más modalidades, derivadas de la participación cada vez más amplia de particulares en actividades originalmente encomendadas a servidores públicos, pero que en virtud de acuerdos público-privados, actualmente son encomendadas a operadores de la iniciativa privada.

El peculado impropio es un delito considerado de cuello blanco, no violento, y por ende, quienes incurren en su comisión suelen gozar de enormes prerrogativas, entre ellas, el de enfrentar eventualmente en libertad los procesos penales en su contra encausados, sin importar el monto del quebranto económico que lleguen a ocasionar, y encuentran un enorme cobijo en el entreteje de los convenios y acuerdos de colaboración entre instituciones del sector público y el sector privado.

La falta de supervisión adecuada, los intrincados esquemas financieros y complicaciones contables hacen difícil la acreditación del quebranto económico, y la falta de un esquema de fiscalización adecuada del manejo de la cuenta pública, así como la duplicidad de funciones entre organismos públicos con funciones de auditoría, generan enormes zonas grises que hacen compleja la detección de los malos manejos y la distracción de los recursos públicos

La opacidad, falta de controles adecuados y la corrupción son el campo de cultivo adecuado para que cada día se engrose la lista de comisores de peculado impropio, en detrimento patrimonial de las arcas públicas

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Narcoterrorismo Satánico, la crisis del fentanilo y otras fábulas gringas

FOTO: Internet

Colaboración Especial

Por Pablo Chiw

La Paz, Baja California Sur (BCS). Dicen que los números no mienten y este caso no es la excepción, los políticos norteamericanos se han abandonado en un frenesí casi olímpico de rasgarse las vestiduras por la ahora llamada epidemia de fentanilo, hasta el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) escribió el artículo: Fentanilo y la crisis norteamericana de opioides.

La supuesta preocupación es tal que el ex GI Joe y ahora miembro de la cámara de representantes por el segundo distrito de Texas, Dan Crenshaw introdujo una propuesta de ley para autorizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pelear en contra de los responsables del tráfico del fentanilo y o tras sustancias. Siguiéndole el ritmo, la congresista Marjorie Taylor Green comparó a los cárteles mexicanos con Al Qaeda, excepto que los cárteles mexicanos han hecho mil veces más daño a los norteamericanos.

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Increíblemente, la oposición en México parece haber tomado un trabajo de tiempo completo y pagado en dólares como megáfono de las voces gringas más incendiarias, a penas el mes pasado, Demián Zepeda el senador antimexicano por el PAN se puso la casaca de las barras y las estrellas y nos dio una cátedra lingüística al mero estilo de Peña Nieto: Terrorismo es causar acciones de terror para hacer que un gobierno tenga tal o cual acción, o para causar terror dentro de los ciudadanos. Claro que son terroristas y, por cierto, causan más muerte que los supuestamente terroristas oficiales (Infoabe, 2023).

A modo de recomendación y en caso de que el senador quiera ofrecer argumentos más originales y completamente verídicos, desde esta columna y con absoluto rigor científico, le compartimos que otro motivo para clasificar como terroristas a los cárteles mexicanos es el hecho indiscutible que, en el mundo de las sustancias, a veces ocurre el famosísimo mal viaje. A partir de un estudio de investigación acción participativa entre los compas del barrio, recuperamos el testimonio de múltiples viajeros intergalácticos, ellos nos confesaron que la histórica pálida es tan terrorífica como ver a Xóchitl Gálvez encadenada en la tribuna de Xicoténcatl, como para sacarse los ojos.

Ya sabemos cómo son los gringos de exagerados cuando les conviene, si escuchamos su narrativa pudiéramos pensar que se está viviendo la peste negra en los vecindarios del norte, el Walking Dead versión Netflix, pero resulta que los números no mienten y de acuerdo con cifras del propio CFR, del año 2000 a la última actualización (19 de Abril del 2023), poco más de un millón de personas han perdido la vida por los opioides. En 23 años son 43 mil muertes anuales, bueno, una sola muerte es lamentable bajo cualquier circunstancia, pero si se trata de evitar muertes por sustancias, déjenme decirles que hay otra droga mucho más letal que el fentanilo, de hecho, es más letal que aquella famosísima droga rusa cocodrilo que te dejaba como Michael Jackson después de su cirugía 341, esta droga es tan, pero tan letal que ni todas las demás drogas ilegales juntas le llegan a los tobillos, es más mala que Alfredo Adame dando clases de Tae Kwon do ¿de cual droga estoy hablando?

El tabaco, si, así de simple y sencillo, el tabaco produce, de acuerdo con los datos oficiales del propio gobierno norteamericano más de 480 mil muertes al año. Es decir, casi medio millón de muertes al año. O sea que, en dos años y medio, el tabaco ya mató a más personas que el fentanilo en 23 años. Es tan ridículo utilizar el pretexto de la preocupación por la salud de mi gente para invadir a un país cuando tú mismo estás vendiendo una sustancia ONCE VECES MÁS LETAL.

Bueno, ya sabíamos que para los vecinos del norte la Verdad (con mayúsculas) es una de esas cosas que en realidad no importa, pregúntenle a Sadam Hussein ¿Dónde tenía guardadas sus armas de destrucción masiva? Aparentemente las tenía en el Nintendo (referenciando a Polo- Polo), a nosotres, debe quedarnos claro que el asunto del narcoterrorismo satánico chupacabrero es otra elucubración fantástica del país más violento y abusivo de los últimos cien años, la gran pregunta que dirijo a las y los erudites Sudcalifornianes es: ¿Qué quieren lograr con eso?

Referencias

Cruz, C. (2023, March 8). Damián Zepeda Aseguró que es válido que eeuu Quiera Intervenir en México . infobae. Retrieved May 2, 2023, from https://www.infobae.com/mexico/2023/03/08/damian-zepeda-aseguro-que-es-valido-que-eeuu-quiera-intervenir-en-mexico/

Centers for Disease Control and Prevention. (2020, April 28). Tobacco-related mortality. Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved May 2, 2023, from https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/tobacco_related_mortality/index.htm

Council on Foreign Relations. (n.d.). Fentanyl and the U.S. opioid epidemic . Council on Foreign Relations. Retrieved May 2, 2023, from https://www.cfr.org/backgrounder/fentanyl-and-us-opioid-epidemic

Nueva titular en la Presidencia del Tribunal de Justicia Estatal

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 95 de la Constitución del Estado, el 11 de abril de 2023 será electa la magistrada que presidirá por dos años el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de Baja California Sur.

Se comenta en los pasillos judiciales que un magistrado pretende postularse para el encargo, pese a que el mandato constitucional se lo prohíbe específicamente, argumentando que no se puede aplicar la alternancia de género plasmada en la Constitución, porque la retroactividad está prohibida en materia de aplicación de la ley.

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FOTO: Archivo

Sobre el particular, debe precisarse que la aplicación en 2023 de una reforma vigente desde 2021 no puede considerarse retroactiva, pues el supuesto de aplicación es posterior a la entrada en vigor de la norma, pero suponiendo sin conceder que hubiera retroactividad, la misma sería irrelevante, porque la única retroactividad que está prohibida por nuestra carta magna, es la que se aplica en perjuicio de una persona (Art 14 párrafo primero CPEUM), y en el caso, la aplicación de la alternancia de género en modo alguno perjudica a nadie, y por el contrario, actuar contra la paridad de género no solo violenta la norma constitucional local apuntada, sino que conculca todo el marco de igualdad sustantiva y equidad que consagran tanto nuestra Carta Magna como los diversos tratados internacionales sobre la materia suscritos por México.

Son dos las magistradas que pueden resultar electas por sus pares, ambas con carrera judicial, sólida formación académica, experiencia forense y excelente reputación. Una de ellas será electa y enfrentará el enorme reto que implica el encargo.

Es urgente sanear y reestructurar el poder judicial en el Estado. En particular, romper el coto de poder construido en torno al magistrado presidente saliente, y sanear todos los procedimientos, eliminando la secrecía y ocultamiento en la actividad jurisdiccional.

• Debe romperse de tajo la tendencia ascendente que a nivel nacional ubica a los jueces como los servidores públicos más corruptos, solo superados en esa infame categoría, por los agentes de tránsito

De 2017 a 2022 la percepción ciudadana aumenta respecto al elevado índice de corrupción judicial. Después de la inseguridad pública, la corrupción es la principal preocupación ciudadana en México (ENVIPE 2022 ver gráfica). Debe privilegiarse la carrera judicial y eliminar las designaciones por dedazo, compadrazgo o amiguismo, a través del concurso por oposición, para que lleguen a las altas responsabilidades en la administración de justicia, únicamente los servidores públicos más preparados y de perfil adecuado.

FOTO: INEGI

• Debe democratizarse la elección del representante de los jueces como integrante del Consejo de la Judicatura, debe ser electo por los propios jueces y no designado por los magistrados. De igual forma debe ciudadanizarse la integración de la porción mayoritaria, para evitar que dicho Consejo, siga siendo un instrumento de simulación y control al servicio del presidente en turno.

• Debe transparentarse el manejo del multimillonario fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, el cual debe ser auditado por el Congreso del Estado, por tratarse de fondos de administración pública. Existe un acuerdo al respecto emitido por el Congreso del Estado, que duerme el sueño del olvido, y que fuera promovido en su periodo por el entonces diputado Silvestre de la Toba (QEPD) que debe cumplirse en sus términos pues estamos en el siglo de la transparencia y ningún recurso público debe administrarse con opacidad secrecía y discrecional, con que lo hizo durante casi doce años el presidente saliente. Habremos de insistir ante el Congreso que cumplan con lo decretado -auditar el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia-, y dejen de fingir demencia al respecto.

• Debe privilegiarse el uso de las herramientas tecnológicas disponibles actualmente, para superar los 8 años de atraso que ubican a nuestra entidad por debajo de la media nacional en digitalización y comunicación a distancia, y dotar a todas las áreas de actividad procesal de equipo de cómputo de vanguardia y acceso a internet propio (ya no colgarse de otras dependencias) que permitan la optimización en los servicios relacionados con la administración de justicia

• Eliminar en lo posible la enorme diferencia de criterios que actualmente existen y que generan una enorme sobrecarga de trabajo. Al respecto es imperativo regresar a los conversatorios entre los operadores procesales. La unificación de criterios evitará recursos, controversias y costosas dilaciones procesales. Conversatorios periódicos entre magistrados, jueces persecutores, defensores y asesores jurídicos públicos y particulares permitirá sentar bases objetivas y funcionales que identifiquen y unifiquen en lo posible conceptos torales en la interpretación normativa, de manera que en la academia, la palestra, la tribuna, el aula y en justicia alternativa se asigne la misma interpretación a normas sustantivas y objetivas.

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