El derecho humano a la movilidad de los discapacitados

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El 13 de diciembre de 2006, La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la denominada Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es proteger, asegurar y promover el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos, libertades fundamentales y dignidad de las personas con discapacidad.

El 02 de mayo de 2008 dicho tratado internacional fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y desde entonces, las autoridades mexicanas quedaron obligadas legalmente a adoptar todas las medidas necesarias y efectivas para brindar y asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, buscando siempre que se atiendan las necesidades características, -propias de cada persona- para brindarles la máxima independencia funcional en su movilidad

También te podría interesar: Jueces robot

FOTO: Archivo

El derecho humano a la movilidad de las personas con discapacidad motriz se concatena indefectiblemente con el derecho humano a gozar de una vida independiente y a la inclusión plena en la comunidad, en particular, en su ámbito personal de desenvolvimiento social, tal y como lo previene el artículo 19 del tratado internacional en cita, y se constituye en un presupuesto elemental para garantizar el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con discapacidad, atendiendo al principio de autonomía individual que también consagra la misma Convención en su artículo 3 inciso a).

Han pasado ya 15 años y el cumplimiento de las obligaciones que este tratado impone a los órganos de gobierno del estado sudcaliforniano sigue siendo una promesa de campaña inconclusa.

La infraestructura urbana, específicamente la relativa a los accesos a las oficinas públicas y las relativas a la movilidad y el transporte, así como su normatividad reguladora, no han sido debidamente adecuadas para brindar a las personas con discapacidad motriz, las facilidades mínimas indispensables para facilitarles el ejercicio de los derechos de movilidad, independencia, inclusión e integración a la comunidad, derechos fundamentales cuyo ejercicio es presupuesto para el pleno ejercicio de otros derechos humanos tutelados constitucional y convencionalmente, como la igualdad, autonomía, libertad deambulatoria plena y no discriminación, entre otros.

Solo por citar un ejemplo, referiremos el caso de doña Herminia*, persona de la tercera edad con discapacidad motriz, que requiere del apoyo de una andadera mecánica para poderse desplazar. Fue víctima de un delito patrimonial en su domicilio ubicado en el municipio de Los Cabos. Su caso llegó al juzgado penal, y enfrentar el proceso le resultó muy complejo, pues en un arranque de austeridad, el Poder Judicial del Estado cerró el juzgado penal en Los Cabos y trasladó los expedientes al juzgado único del sistema tradicional en La Paz.

Así que, para asistir a las audiencias, doña Herminia tuvo que viajar 200km desde su domicilio al juzgado penal, que se encuentra en la planta alta del Cereso de La Paz. Y aunque el juzgado cuenta con acceso directo desde la calle, los usuarios del sistema deben cruzar todo el patio externo del cereso para ingresar al juzgado, pues por motivos de seguridad el acceso directo del juzgado fue cerrado. Así que doña Herminia tuvo que agregar a su viacrucis procesal el tener que cruzar los 300 metros de ida y vuelta que implica cruzar el patrio externo del cereso, para trasladarse desde el acceso exterior clausurado, hasta las escaleras de acceso al juzgado, cuyo ascenso implica otro complicado esfuerzo, peligroso y extenuante, sobre todo en verano, pues tanto el patio como la escalera de acceso se encuentran a la intemperie.

Una mañana, mientras acompañaba a doña Herminia en su trayecto pedestre de cruzamiento del patio de maniobras externo del cereso, con rumbo al juzgado, pasó a nuestro lado una camioneta de la Policía ministerial con un detenido a bordo. La camioneta se detuvo al pie de la escalera, y de la misma descendieron un detenido y dos agentes ministeriales. Como el detenido iba esposado, los agentes lo ayudaron a subir las escaleras, para presentarlo ante la presencia judicial. Doña Herminia comentó que mientras ella tenía que caminar todo el trayecto y subir sin apoyo la escalera, al detenido lo trasladaban en carro y hasta lo ayudaban a subir las escaleras. Al ver lo anterior, doña Herminia sentenció: Los delincuentes, tienen derechos humanos. Nosotros, las víctimas, no.

Cuando expusimos el caso ante el entonces gobernador en turno, uno de sus auxiliares, asumió el papel de bufón del palacio, y en tono socarrón, soslayando el caso de las personas con discapacidad motriz, refiriéndose a los abogados litigantes dijo no sean flojos, la caminata les sirve de ejercicio. Una carcajada generalizada del cortejo real que rodeaba al gobernador dio por zanjado el tema.

A la fecha, la gran mayoría de instalaciones públicas con oficinas en plantas superiores, carecen de mecanismos adecuados de apoyo para el acceso de las personas con discapacidad.

El derecho humano a la movilidad de las personas con discapacidad motriz es asignatura pendiente en Baja California Sur.

* El nombre es ficticio, el hecho es real

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Jueces robot

FOTO: Archivo

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para las ciencias informáticas, la inteligencia artificial se define como la Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico.

En términos llanos, es una herramienta tecnológica que a través de la aplicación de una combinación de algoritmos busca la creación de máquinas que emulen las capacidades humanas.

También te podría interesar: Las fallidas campañas contra la violencia

Al inicio de la tercera década del siglo XXI la llamada inteligencia artificial ha incursionado exitosamente en prácticamente todos los campos del saber humano, y la administración de justicia no es la excepción entre los ámbitos de su aplicación.

El tema despierta enorme inquietud entre los estudiosos del derecho, particularmente en temas relacionados con los derechos humanos.

Mas allá de conflictos éticos, es importante analizar las repercusiones que en el ámbito nacional puede tener el uso de la IA en materia de administración de justicia, que para los detractores implica una seria amenaza a la privacidad y seguridad de las personas, y el riesgo de generarse una toma generalizada de decisiones injustas, discriminación, falta de objetividad, de sentido común y de humanismo.

Para sus promotores, la IA representa una valiosa herramienta que permitirá abatir sustancialmente el enorme rezago que arrastran todos los ámbitos de la administración de justicia y la simplificación de los procedimientos, lo que significaría un ahorro significativo en tiempo y costo.

La cuestión más álgida en el tema es la factibilidad de robotizar la impartición de justicia, mediante la aplicación de la IA a la resolución de conflictos mediante la emisión de sentencias.

En algunas naciones tecnológicamente avanzadas, los jueces robot ya son una realidad. En la República Popular de China, en tratándose de delitos menores, la resolución de los casos está a cargo de máquinas robóticas coloquialmente denominadas jueces robot, que a través de la aplicación de sofisticados algoritmos, tomando como base la información jurídico legal y criterios de aplicación pre establecidos de que fueron alimentados, sin importar la cantidad de información que para cada caso se requiera, de manera automatizada se encargan de realizar en fracción de segundos las operaciones de análisis evaluación y dictaminación que en el caso de los jueces humanos llevan meses e incluso, años realizar.

Con la implementación de los llamados jueces robot, se plantean atractivas ventajas, entre las que destaca la velocidad con que se emiten las resoluciones, lo que en términos estadísticos se traduce en economía y eficacia.

Por tratarse de máquinas que responden automáticamente a criterios programados, la uniformidad de criterio en las resoluciones está garantizada, por lo que se evita la emisión de criterios contradictorios y conflictos largos y costosos en la tramitación de recursos procesales.

FOTO: Internet

Se dice también que las máquinas son insobornables, por lo que se estima que su implementación abatiría la corrupción en la administración de justicia.

En este punto, en contrapartida se afirma que, si bien las máquinas son incorruptibles, quienes las manejan no lo son tanto.

Otra ventaja significativa es el abatimiento de la carga de trabajo y la solución prácticamente inmediata de conflictos sometidos a la dictaminación de los jueces robot, lo que garantiza la tan anhelada justicia pronta y expedita.

En contra de la implementación de los jueces robot, inmediatamente después de la elevadísima erogación que inicialmente implica la implementación, mantenimiento, soporte y actualización de la costosa tecnología que significa su funcionamiento, está la visión de quienes consideramos que el humanismo y el sentido de justicia indispensables para analizar, evaluar y dictaminar a partir de las variables personalísimas de las partes que cada caso implica, nunca podrán ser sustituidos por una máquina robótica.

Donde consideramos impostergable la tecnificación cibernética es en la simplificación del manejo, recepción, almacenamiento y distribución de la información y los procedimientos inherentes, en donde el sistema judicial de Baja California Sur presenta un atraso tecnológico de 11 años en comparación a otras entidades de la República.

—–

Las fallidas campañas contra la violencia

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El siglo XXI se ha caracterizado por la constante tendencia alcista en los índices de la violencia en todos los entornos sociales, laborales y familiares de Baja California Sur. Estadísticamente, estudios practicados desde la iniciativa privada y organismos no gubernamentales, refieren coincidentemente un incremento en los indicadores de violencia en todos los campos de medición estadística: sexual, familiar, escolar y laboral.

Ante esta escalada, la respuesta oficial ha sido únicamente la simulación, el discurso y la publicitación de una costosa y estéril campaña mediática denominada párale a la violencia contra las mujeres, cuyos nulos resultados, estadísticamente irrelevantes, ponen de manifiesto la incompetencia, desinterés, apatía, falta de coordinación interinstitucional y la impericia en el tema, de quienes tienen a su cargo el compromiso inaplazable de erradicar la violencia de la cotidianeidad sudcaliforniana.

También te podría interesar: Vacío legislativo: Impunidad garantizada

FOTO: Internet

El problema debe entenderse y atenderse desde un enfoque integral y con programas y acciones interinstitucionales, incorporando a la sociedad civil organizada en todas las fases del programa.

Entendemos que la violencia debe erradicarse integralmente, acorde a los lineamientos que presupone la seguridad pública, en los niveles de prevención, detección, disuasión, combate, persecución y sanción.

El primer campo, la prevención involucra definitivamente a todos los núcleos de la sociedad civil en su conjunto, y no existe en la entidad ningún programa de acción que incluya a los padres de familia participando en estos ejercicios, coordinados por autoridades escolares.

Después del hogar, las escuelas son las incubadoras más prolijas de violencia en todas sus variantes, y no hay programas tendientes a prevenirla, evitarla y erradicarla. Ningún centro escolar tiene un protocolo específico para contener y en su caso proscribir la difusión de videogramas y videojuegos entre los estudiantes, ni existe coordinación entre padres de familia y autoridades escolares tendientes a combatir estas actividades intra y extraescolares.

Pareciera que la premisa fundamental en el combate a la violencia: la mejor manera de combatirla, es prevenirla, no ha sido entendida por nuestras autoridades.

En el único ámbito en que se ha hecho énfasis es en el último escalón del esquema: la sanción. Pese a que es incuestionable el hecho de que aumentar las penas no inhibe el delito, nuestros egregios legisladores locales lo único que saben hacer es aumentar penalidades, simulando así estar combatiendo la violencia. Y ante este panorama, los encargados de la procuración de justicia responden a los casos mediáticamente relevantes, solicitando penas ejemplares, y muchas veces, a pesar del malestar colectivo, los casos quedan impunes por la deficiente redacción de las leyes, que generan vacíos y contradicciones legales.

En el ámbito laboral, no contamos con protocolos de prevención y atención a la violencia. Por citar un ejemplo, en algunos casos paradigmáticos ocurridos en un hotel, los empleados detectan manifestaciones de violencia entre huéspedes, que escalan rápidamente y terminan en feminicidio.

El estudio de la mecánica del evento, en muchos casos, nos dice que pudo evitarse el evento, si los empleados del hotel hubieran aplicado un protocolo específico, que permitiera a las autoridades policiales preventivas y/o persecutoras, intervenir antes de que el evento concluyera en un deceso, pero lo cierto es que no existen esos protocolos, los prestadores de servicios no están capacitados, los dueños de la industria hotelera no están dispuestos a invertir en capacitar a su personal. El resultado: Hechos delictivos relacionados con violencia, siendo prevenibles, evitables y erradicables, alcanzan niveles de fatalidad, como es el caso de feminicidios, sin que haya un interés real de empresarios y autoridades por aplicarse al respecto en el campo de la prevención.

Todos los programas escolares en la entidad deben incluir materias relacionadas con la prevención y erradicación de la violencia. El hogar y la escuela son los templos en los que se forjan las conductas violentas, y son los campos menos atendidos en este sentido por nuestras autoridades.

Los centros de trabajo, de reunión, de esparcimiento, deben contar con protocolos específicos, funcionales y adecuados para atender oportunamente cualquier indicativa de violencia, y debemos contar con canales de comunicación eficientes para que la autoridad policial preventiva intervenga de manera oportuna. Los pozos se deben tapar antes de que los niños se ahoguen.

Mientras todo el esfuerzo oficial se siga aplicando en simplistas campañas mediáticas, discursos y maquillaje estadístico, todo esfuerzo por prevenir y erradicar la violencia seguirá siendo estéril.

Es necesario integrar una comisión interinstitucional, multidisciplinaria que elabore los protocolos de prevención de la violencia, de aplicación específica en cada campo de la interacción social en la entidad. Si no prevenimos la violencia, nunca la vamos a eliminar.

—–

Vacío legislativo: Impunidad garantizada

FOTOS: Intenet

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El rezago legislativo que acumula el Congreso sudcaliforniano se ha convertido en un auténtico manto de impunidad garantizada para quienes delinquen en la entidad, específicamente en materia de delitos cometidos por personas jurídicas.

El 30 de noviembre de 2015, entró en vigor en Baja California Sur el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 421 establece la posibilidad de ejercitar acción penal en contra de las personas jurídicas particulares.

También te podría interesar: Inmunidad procesal e impunidad

FOTO: Archivo

Lo anterior significa que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización.

Entendemos por persona jurídica la organización pública o privada, legalmente reconocida, con derechos y obligaciones, con nombre y patrimonio propio, con capacidad de ejercicio en el ámbito de los objetos sociales legalmente registrados en su acta constitutiva.

Al contar con personalidad y patrimonio propio, las personas jurídicas son susceptibles de persecución y sanción penal cuando incurren en hechos delictivos, y de ahí que se estableciera en el Código Nacional de Procedimientos Penales un capítulo especial para su procedimiento.

El 17 de junio de 2016 se reformó y amplió el numeral en cita, y a efecto de respetar la soberanía de los estados en materia de delitos del fuero común, se agregó un párrafo que establece que Las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la federación y de las entidades federativas.

Siete años después, el Congreso local sudcaliforniano no ha incorporado al código penal, el listado de delitos por los cuales se puede fincar responsabilidad penal a las personas jurídicas. En consecuencia, todos los delitos que han cometido y sigan cometiendo, quedan y quedarán impunes, debido principalmente a la negligencia de nuestros legisladores locales, que se han dedicado a legislar preferentemente en favor del grupo del arcoíris, y han dejado en el abandono el grave rezago legislativo que enfrenta la entidad.

Actualmente operan en Baja California Sur diversas personas jurídicas que se dedican al fraude inmobiliario y al despojo, sabedores de la impunidad plena que les brinda la omisión legislativa de nuestros diputados.

Pese a los diversos señalamientos que desde la academia hemos formulado a nuestros legisladores, la omisión legislativa es la constante y el rezago se acumula.

Tenemos cuerpos normativos estatales pendientes de armonizar, actualizar, homologar y adecuar, desde el siglo pasado, pero sin restar importancia a la carga que ello representa, consideramos que al menos en materia penal deberían hacer un alto en su campaña a favor de la minoría privilegiada del arcoíris, y atender a la imperiosa necesidad de incorporar al código penal el catálogo de delitos por los que procede la acción penal en tratándose de hechos atribuibles en comisión a las personas jurídicas.

No estamos hablando de una modificación que requiera un sesudo trabajo de integración. Con que hagan lo que mejor saben hacer: copiar-pegar, es suficiente. Eso sí, lean bien antes de publicar, no vayan a cometer la misma pifia que en el 2015 cuando copiaron el código penal de Yucatán al elaborar un proyecto de Código Penal para esta entidad, y propusieron como delito grave en Baja California Sur la quema de selvas, plantíos de henequén y bloqueo de vías férreas.

Les sugerimos que tomen como modelo el catálogo de delitos cometidos por personas jurídicas que contemplan los códigos penales del Estado de México (Artículos 11 Bis a 11 Quinquies) y de Quintana Roo (Artículos 18 Bis a 18 Nonies)

En este punto hacemos una invitación a los periodistas de investigación, y a la sociedad en general para que se cuestione a nuestros diputados sobre los motivos que tienen para mantener el vacío legal que hoy en día genera impunidad total a las personas jurídicas, y cuestionar al gobernador, garante de la legalidad en el Estado, sobre los motivos que le impiden exhortar al legislativo a cumplir con su obligación de actualizar el marco legal penal en el Estado, y así poner fin a la impunidad garantizada de que actualmente gozan empresas dedicadas al despojo y fraude inmobiliario en Baja California Sur.

—–

Inmunidad procesal e impunidad

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Incuestionablemente, la corrupción es el peor cáncer que padece la administración pública de los tres niveles en nuestro País, y encuentra su cobijo en la impunidad, pues históricamente la cifra de casos de corrupción judicialmente sancionados es estadísticamente insignificante, de ahí que se estime en el imaginario popular, que la corrupción es incombatible.

Para abatir el marco de impunidad que cobija a la corrupción, debemos exigir transparencia, claridad en el ejercicio de la cuenta pública y eliminar todos los procedimientos secretos, pues el ocultamiento en el quehacer oficial y todo ejercicio de gobernanza decisorio, debe realizarse de cara al pueblo y no a puerta cerrada.

También te podría interesar: Impunidad y procesos penales

La corrupción cuenta además con el valioso apoyo del llamado cómplice infalible conformado por todo ciudadano que, teniendo conocimiento de un acto de corrupción, elige guardar silencio en lugar de denunciarlo. La apatía, indiferencia y desinterés ciudadano, es pues, otro factor que genera impunidad.

En ese orden de ideas, la participación ciudadana es fundamental en el combate a la corrupción, y por más voluntad política que hipotéticamente pudiera tener una administración pública, sin el aporte ciudadano resulta imposible acabar con la corrupción, pues para acabar con la impunidad debemos denunciar toda acción u omisión gubernamental que se constituya en acto de corrupción.

Es por eso que, todo gobernado debe participar en ejercicios de contraloría ciudadana, y si se lleva a cabo de manera colectiva, organizada y sistematizada, las posibilidades de éxito se multiplican.

Es el caso de la denuncia que formulamos en contra del expresidente municipal paceño, por su participación comisiva en los delitos de uso indebido de atribuciones y coalición de funcionarios, cuando a través del Cabildo que presidía, otorgó un uso de suelo ilegal a un desarrollo inmobiliario cuya concreción amenazaba gravemente el abasto de agua potable en la zona urbana paceña, y comprometía el funcionamiento de los servicios públicos municipales, dada la magnitud del megaproyecto urbano, el cual se pretendía desarrollar en una zona de reserva ecológica estratégica contemplada en el Plan de Desarrollo Urbano.

Cuando todavía era presidente municipal el imputable, formulamos la denuncia, y aportamos los datos de prueba necesarios para poder acreditar que los hechos denunciados tienen al menos la apariencia de delito, y resulta presumible la participación comisiva del investigado y sus cómplices.

El Ministerio Público investido de Fiscal Anticorrupción cuenta con los elementos procesales formales y materiales necesarios para judicializar el caso e imputar al investigado, pero en estos momentos no es posible, porque gracias al cargo de representación que ostenta -actualmente es diputado federal por Baja California Sur, bajo las siglas de Morena-, goza de inmunidad procesal, no es posible procesarlo penalmente, mientras se desempeñe como representante de elección popular, pues mientras dure en ese encargo, goza de inmunidad procesal (fuero).

Es necesario para retirarle la inmunidad procesal, que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emita una declaratoria de procedencia” o desafuero.

En el caso concreto, la solicitud de declaratoria de procedencia ya fue solicitada por el agente del Ministerio Público investido en la figura de Fiscal Anticorrupción de Baja California Sur, y se radicó en la Comisión Instructora bajo el número de expediente LXV/HCD/DP/02/2023 asignado por la Secretaría General de la actual legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Serán 4 diputados federales, dos de Morena, uno del PRI y uno del PAN los que recibirán todas las pruebas que se ofrezcan dentro de un plazo perentorio, concluido el cual dictaminarán si existen suficientes datos de prueba para proceder penalmente contra el investigado, o en su defecto, si la imputación les resulta notoriamente improcedente, la Cámara decidirá si se desecha la solicitud, y en tal supuesto el procedimiento podrá reanudarse, si posteriormente aparecen motivos para ello que así lo justifiquen.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su cargo y quedará sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes. En el Caso, lo será el Juez de Control del sistema penal acusatorio de Baja California Sur.

La declaratoria de procedencia (desafuero) no prejuzga sobre la responsabilidad penal del imputado, solo le retira la inmunidad procesal (fuero) para que sea juzgado por los tribunales judiciales competentes.

—–