FOTO: Congreso del Estado.
La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado tiene, desde hoy, la encomienda de analizar la iniciativa con proyecto de decreto que propone dar uniformidad y coherencia normativa para acceder a diversos cargos públicos relevantes como: el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Magistrada o Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa; Auditoría Superior del Estado; Secretario de Despacho; Procurador General de Justicia; Fiscal Anticorrupción; Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
Lo anterior, luego de que el diputado José María Avilés Castro presentara este martes 18 de junio una iniciativa que implica reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, así como otros ordenamientos que integran el marco jurídico de la Entidad.
La propuesta homologa en todos los casos la exigencia de que sean ciudadanas o ciudadanos mexicanos por nacimiento, evitando que una ciudadana o ciudadano mexicano por naturalización, es decir un extranjero, pueda acceder a cualquiera de esos cargos públicos.
La intención de homologar para todos los casos el requisito de la residencia efectiva en el Estado con que se debe contar antes de la designación para cualquiera de esos cargos públicos, se sugiere que sean como mínimo dos años de residencia previa.
Y es que actualmente, en la Constitución Política del Estado se establecen las bases normativas para acceder a diversos cargos públicos relevantes cuya forma de designación o elección no emana de forma directa de la voluntad popular, esto es, no existe de por medio un proceso electoral, tal como es el caso de quienes aspiren a ejercer el cargo de Comisionada o Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Magistrada o Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, titular de la Auditoría Superior del Estado, Secretario de Despacho, Procurador General de Justicia, Fiscal Anticorrupción, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
Durante su intervención en tribuna, el legislador explicó que hizo una comparación sobre los requisitos que hoy en día se establecen para cada uno de los cargos referidos, advirtiendo que no guardan coherencia normativa respecto de dos requisitos básicos que son: la ciudadanía y la residencia efectiva en el Estado antes de la designación. A manera de ejemplo, nuestra constitución federal, al día de hoy, contempla como requisito para ser ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ostentar la calidad de ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento.
Otro de los fines que persigue la iniciativa de la bancada de Morena, es establecer que la edad mínima requerida para ser miembro del Consejo de la Judicatura y titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sea de 30 años, homologando así dicho requisito con el que ya se exige actualmente para quienes aspiren a ser comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o para quienes pretendan ser titular de la Auditoría Superior del Estado.
En adición, los miembros o integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que no sean magistradas o magistrados del Tribunal Superior de Justicia el requisito de la edad mínima sea como ya se señaló anteriormente, de 30 años, ajustándose también como consecuencia de esto a cinco años como mínimo el requisito de la antigüedad del título y cédula profesional de la licenciatura en derecho.
