FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, sostuvieron un encuentro para supervisar el avance del nuevo hospital de Santa Rosalía, en materia de infraestructura y equipamiento, el cual beneficiará a los habitantes del municipio de Mulegé.

Ante autoridades del sector salud, el mandatario estatal recordó que su administración recibió esta obra con un gran rezago, por lo que gracias al respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se continuó, reafirmando el compromiso con la salud pública a fin de garantizar una atención de calidad para la población sin seguridad social.

Durante su visita en la entidad, el Director General del Seguro Social informó que, actualmente, el inmueble cuenta con un progreso en su edificación del 98%, el cual contará con 30 camas, nueve consultorios, laboratorio, servicio de urgencias e imagenología, lo que representa una inversión por parte del Gobierno de México de más de 233 millones de pesos.

Estas son acciones que Federación y Estado emprenden de manera conjunta para que la población de bajos recursos ejerza su derecho a servicios de salud oportunos y de calidad, puntualizó Robledo Aburto. La intención es que antes de concluir el mes de septiembre, se consolide el IMSS Bienestar en Baja California Sur, sobre todo en el tema de infraestructura, personal y abasto.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado, por medio de la Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción, emitió la convocatoria para la elección de una persona comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (ITAI BCS).

En rueda de prensa, integrantes de dicha comisión, diputada Gabriela Cisneros Ruiz, presidenta, diputada María Luisa Trejo Piñuelas, secretaria y el diputado José María Avilés Castro, secretario enunciaron los requisitos entre los cuales destacan: Ser ciudadano mexicano y residente en el Estado, por lo menos cinco años antes del día de su elección; poseer el día de la designación, título profesional, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, y tres años de experiencia en el ejercicio profesional; no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; entre otros, los cuales podrán ser consultados en el sitio web www.cbcs.gob.mx.

Ahí mismo, Cisneros Ruiz precisó importante la participación conjunta entre sociedad y entes responsables de la transparencia y certeza del ejercicio público y del uso de los recursos, por lo que, como presidenta de la comisión de transparencia continuará trabajando en alentar la participación de la población, para fortalecer al ITAI BCS y contar con la estructura completa, a fin de realizar con certeza las resoluciones a petición de las solicitudes presentadas por la ciudadanía.

Quienes aspiren al cargo tendrán del 24 al 28 de junio de 2024, como fecha límite para el registro de documentos en la oficina de la diputada Cisneros Ruiz, ubicada en el Edificio del Congreso del Estado, en Isabel La Católica y Nicolás Bravo, Centro, en La Paz, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes; la elección de terna y la presentación del dictamen ante el pleno del Congreso, se realizará a más tardar el 16 de julio de 2024.

FOTO: SEP BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de garantizar el servicio educativo para todas y todos los estudiantes de Baja California Sur, la Secretaría de Educación Pública (SEP BCS) lleva a cabo la construcción de dos escuelas primarias, una en la colonia Miranda, en San José del Cabo, y la otra en La Ballena, en Cabo San Lucas, dio a conocer Edgar Ruelas Andrade, director de este nivel académico.

El servidor público de la SEP BCS comentó, a través de un comunicado de prensa, que se tiene ya la cimentación de las aulas donde se atenderán tres grupos en el turno matutino y tres en el vespertino, con proyección inicial para atender a más de 400 estudiantes en los dos planteles. El objetivo es ampliar las instalaciones conforme crezca la población escolar.

La edificación terminará antes del inicio de actividades escolares del periodo 2024-2025, indicó Ruelas Andrade, agregó que estas acciones educativas son un impulso importante para las familias cabeñas que recorren grandes distancias para llevar a sus hijos a la escuela.

Finalmente, añadió que el incremento poblacional que cada año se observa en la matrícula educativa, principalmente en el municipio de Los Cabos, hace necesaria una búsqueda permanente de soluciones tales como la construcción de edificios y nuevas aulas en los diferentes niveles de enseñanza.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con base en una solicitud de particulares, la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado presentó una iniciativa para contemplar en la legislación estatal, delitos que cometen personas jurídicas, entre ellos corrupción de menores, tráfico de influencias, cohecho, robo de vehículo, fraude y delitos ambientales, entro otros.

Aunque la petición de la ciudadana Ana Berta Sandoval Ojeda y el ciudadano Juan Manuel Urquidez Rangel no presentaba las formalidades de una iniciativa ciudadana, la comisión estimó necesario hacer las reformas y adiciones que correspondan al Código Penal para el Estado, por lo que a través de un dictamen sometido a consideración del Pleno, se cumplió con la obligación de dar respuesta a la petición de particulares, sirviendo como iniciativa con proyecto de decreto.

“Consideramos que se trata de un asunto importante, y que es necesario hacer en su caso las reformas y adiciones que sean necesarias al Código Penal estatal, a fin de contemplar el catálogo de delitos por los que las personas jurídicas serán responsables penalmente en acatamiento al Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales”, puntualizó en tribuna el presidente de la comisión, diputado José María Avilés Castro.

La propuesta adiciona un Artículo 29 Bis y un Artículo 283 Bis al Código Penal para el Estado, para establecer que delitos cometidos por personas jurídicas a quienes se les podrán imponer consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los delitos: de corrupción de personas menores de edad o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho (artículo 169), tráfico de influencia (artículo 283), cohecho (artículos 284), tráfico de personas menores de edad (artículo 194), robo de vehículo (artículo 228 Bis), robo equiparado de vehículo de motor (artículo 228 Ter), fraude (artículo 239) y fraude específico (artículo 241), encubrimiento por receptación (artículo 256), operaciones con recursos de procedencia ilícita (artículo 263), ocupación o invasión de área ambiental (artículos 365), cambio ilícito del uso de suelo (artículo 366), depósito ilícito de residuos (artículo 367), extracción ilícita de materia ambiental (artículo 368), provocación de incendio  (artículo 369), tala ilícita, (artículo 370) y delito ambiental genérico (artículo 371). Así mismo en artículo 283 Bis contempla el delito de tráfico de influencias equiparado.

La propuesta fue remitida por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su respectivo análisis y dictaminación.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado tiene, desde hoy, la encomienda de analizar la iniciativa con proyecto de decreto que propone dar uniformidad y coherencia normativa para acceder a diversos cargos públicos relevantes como: el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Magistrada o Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa; Auditoría Superior del Estado; Secretario de Despacho; Procurador General de Justicia; Fiscal Anticorrupción; Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

Lo anterior, luego de que el diputado José María Avilés Castro presentara este martes 18 de junio una iniciativa que implica reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, así como otros ordenamientos que integran el marco jurídico de la Entidad.

La propuesta homologa en todos los casos la exigencia de que sean ciudadanas o ciudadanos mexicanos por nacimiento, evitando que una ciudadana o ciudadano mexicano por naturalización, es decir un extranjero, pueda acceder a cualquiera de esos cargos públicos.

La intención de homologar para todos los casos el requisito de la residencia efectiva en el Estado con que se debe contar antes de la designación para cualquiera de esos cargos públicos, se sugiere que sean como mínimo dos años de residencia previa.

Y es que actualmente, en la Constitución Política del Estado se establecen las bases normativas para acceder a diversos cargos públicos relevantes cuya forma de designación o elección no emana de forma directa de la voluntad popular, esto es, no existe de por medio un proceso electoral, tal como es el caso de quienes aspiren a ejercer el cargo de Comisionada o Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Magistrada o Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, titular de la Auditoría Superior del Estado, Secretario de Despacho, Procurador General de Justicia, Fiscal Anticorrupción, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

Durante su intervención en tribuna, el legislador explicó que hizo una comparación sobre los requisitos que hoy en día se establecen para cada uno de los cargos referidos, advirtiendo que no guardan coherencia normativa respecto de dos requisitos básicos que son: la ciudadanía y la residencia efectiva en el Estado antes de la designación. A manera de ejemplo, nuestra constitución federal, al día de hoy, contempla como requisito para ser ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ostentar la calidad de ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento.

Otro de los fines que persigue la iniciativa de la bancada de Morena, es establecer que la edad mínima requerida para ser miembro del Consejo de la Judicatura y titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sea de 30 años, homologando así dicho requisito con el que ya se exige actualmente para quienes aspiren a ser comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o para quienes pretendan ser titular de la Auditoría Superior del Estado.

En adición, los miembros o integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que no sean magistradas o magistrados del Tribunal Superior de Justicia el requisito de la edad mínima sea como ya se señaló anteriormente, de 30 años, ajustándose también como consecuencia de esto a cinco años como mínimo el requisito de la antigüedad del título y cédula profesional de la licenciatura en derecho.