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Comportamiento homosexual en animales no humanos (I)

FOTOS: Cortesía.

SudcaliCiencia

Por Marián Camacho

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La perspectiva de análisis de esta nueva entrega de Sudcaliciencia está basada en el trabajo de los doctores Volker Sommer y Paul L. Vasey, en su libro Homosexual behaviour in animals. An Evolutionary Perspective. El Dr. Sommer es profesor de Antropología Evolutiva en la Universidad de Londres (University College London) y el Dr. Vasey es profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Lethbridge en Canadá.

 

La violación de una “ley” básica de la naturaleza

De acuerdo con Sommer y Vasey, a primera vista, el comportamiento homosexual parece violar una ley básica de la naturaleza: la procreación. La noción de que los organismos existen para reproducirse es un elemento básico de las formas precientíficas de interpretar el mundo, y la teoría evolutiva, desde sus inicios, ha sido elaborada sobre esta idea. En una visión estrictamente Darwiniana, los individuos buscarían maximizar el número de descendientes reproductivamente exitosos y, con esto, la representación de su propia información genética transmitida a las futuras generaciones.

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La selección sexual es el marco teórico clave para interpretar el comportamiento sexual desde una perspectiva evolutiva. Darwin describió la selección sexual como un proceso de reproducción diferencial que ocurre porque los machos varían en su habilidad para adquirir compañeras reproductivas. Él identificó dos mecanismos básicos que influencian la adquisición de pareja. La competencia por pareja ocurre intra-sexualmente (entre los miembros del mismo sexo), entre machos que buscan conseguir hembras, y engloba peleas físicas y amenazas, así como despliegues rituales de cortejo. La elección de pareja ocurre inter-sexualmente (entre los miembros del sexo opuesto), y típicamente involucra hembras que seleccionan al competidor masculino más atractivo.

Por otro lado, las diferencias sexuales en los patrones de adquisición de pareja pueden explicarse en términos de la teoría de la inversión parental. En especies típicas, las hembras invierten más en la descendencia que los machos, dado que ellas no solo participan en la gestación y la lactancia (en el caso de los mamíferos), sino que también proveen la mayoría del cuidado postparto de la descendencia. Esta diferencia limita su tasa de potencial reproductivo, así que, en un momento dado, habrá menos hembras fértiles que machos reproductivamente activos en una población. Así que, en teoría, se espera que los machos compitan con otros machos por el acceso reproductivo a hembras y copulen relativamente sin discriminación. Las hembras deben discriminar entre los compañeros masculinos potenciales, en favor de aquellos que contribuyen más con la calidad y sobrevivencia de la descendencia.

En especies atípicas, como los caballitos de mar y varias especies de aves, los papeles se invierten: los machos proveen la mayor aporte de la inversión parental y son exigentes acerca de las hembras con las cuales copulan, mientras que las hembras compiten entre ellas por parejas masculinas.

Desde la perspectiva de la selección sexual y las teorías de inversión parental, uno puede tener la impresión de que el sexo es sinónimo de reproducción. La teoría de la inversión parental claramente predice que los individuos deben escoger y competir por parejas sexuales, que les confieran la mayor ventaja reproductiva. Así, cuando se tiene la opción, el sexo reproductivo debe preferirse sobre el sexo no reproductivo. Por lo tanto, las parejas del sexo opuesto deben preferirse sobre los compañeros sexuales del mismo sexo, y la competencia por pareja debe ocurrir intra-sexualmente.

Una realidad diferente

En la realidad, muchas especies se involucran en comportamientos homosexuales también. Sin embargo, los animales que se involucran en interacciones sexuales con miembros de su mismo sexo, obviamente, no están en una búsqueda inmediata de objetivos reproductivos, es decir, de procrear. Dado que el comportamiento homosexual parece socavar la reproducción, parece apropiado preguntar por qué los animales se involucran en estos comportamientos.

Los primeros estudios de comportamiento animal, tendieron a descartar la ocurrencia del comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo como caprichos o peculiaridades, e incluso fueron clasificados como manifestaciones patológicas. El uso de sujetos de estudio enjaulados era lo más común y significaba que estas interacciones estaban caracterizadas, invariablemente, como productos anormales del encierro, a diferencia de lo que se encontraba en la naturaleza.

No obstante, más y más estudios detallados de animales en sus ambientes naturales, hicieron cada vez más difícil descartar todas las interacciones sexuales entre miembros del mismo sexo como excepciones, idiosincrasias, o patologías. Lenta, pero constantemente, una imagen muy diferente emergió. Se ha recabado una evidencia enciclopédica que el comportamiento homosexual se encuentra presente en cientos de especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, insectos, arañas y otros invertebrados. Claramente, lo que una vez se pensó como una aberración, actualmente parece ser un patrón de comportamiento que está ampliamente distribuido en el reino animal.

“Mejor no investigo para que no crean que soy gay”

Desafortunadamente, aunque la teoría acerca del comportamiento homosexual en animales avanzó significativamente, existe una pausa en la línea del tiempo de la investigación sobre el tema. La razón más citada al respecto es que los investigadores son temerosos acerca de reacciones homofóbicas. Algunos investigadores temen ser etiquetados correcta o incorrectamente como gays o lesbianas. Otros imaginan que sus carreras serán impactadas negativamente si sus nombres se asocian con este tipo de temas.

Por otro lado, la carencia de investigación sobre el tema puede deberse a que relativamente pocas especies se involucran en comportamiento homosexual habitualmente, es decir, cotidianamente. Así, un investigador difícilmente puede esperar llevar a cabo un proyecto que busque estudiar un comportamiento particular, si para hacerlo necesita observar a la especie de estudio durante cientos de horas antes de observar un solo ejemplo de este tipo de comportamiento. Ningún fondo económico apoyaría tal investigación y ningún científico sería capaz de sostener una agenda como esa. Así, la mayoría de los estudios de comportamiento homosexual se genera en conjunto con investigaciones de otros temas.

El término comportamiento homosexual en animales

La subjetividad para definir comportamiento homosexual de acuerdo con el contexto, función y motivación, ha sido repetidamente cuestionada y criticada al ignorar la naturaleza multifacética de estas interacciones. Para Sommer y Vasey, el comportamiento homosexual se refiere a los despliegues de cortejo, montaje y/o contacto genital y estimulación entre individuos del mismo sexo. En consecuencia, el comportamiento o actividad homosexual se refiere a los actos o interacciones específicos o particulares. Como tal, este término no implica ningún patrón de por vida, de actividad o exclusividad homosexual, ni tampoco denota ninguna forma particular de relación sexual duradera o monogamia.

Es necesario enfatizar que el comportamiento homosexual en animales no humanos no es, y no debe ser, tomado como sinónimo de orientación sexual, identidad de orientación sexual, preferencia de pareja sexual o categorías de seres sexuales.

Orientación sexual (por ejemplo, heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, asexualidad), se refiere al patrón general de atracción y excitación sexual (o carencia de) del individuo durante algún periodo definido (por ejemplo, adolescencia, adultez, el año anterior). Típicamente, este patrón está caracterizado por múltiples parámetros, incluyendo solicitudes sexuales, contacto sexual efectivo y flujo sanguíneo genital. En humanos, las fantasías sexuales también son utilizadas para caracterizar la orientación sexual, pero los investigadores que estudian a los animales no tienen medios para evaluar fantasías sexuales en sus sujetos de estudio, asumiendo que tal fenómeno exista.

Identidad de orientación sexual, se refiere a la orientación sexual que un individuo considera que tiene. Esta puede o no corresponder con los varios parámetros que caracterizan la orientación sexual de un individuo. Con excepción de los grandes simios, la evidencia de auto-reconocimiento en animales es débil. Por lo tanto, no hay razón para esperar que los animales desarrollen identidades personales basadas en un sentido introspectivo de orientación sexual.

Preferencia de pareja sexual se refiere a la predilección de un individuo por parejas sexuales de un sexo, o de otro, o de ambos, cuando se le da a elegir.

Finalmente, algunas culturas, pero no todas, han creado categorías de seres sexuales, clasificando a la gente basada en sus comportamientos sexuales y/o orientaciones sexuales. El desarrollo de tales esquemas de clasificación, típicamente involucra la presuposición implícita que los tipos particulares de comportamiento sexual y orientaciones sexuales encapsulan la esencia misma de un individuo. Clasificar a los individuos de esta manera resulta en categorías de seres sexuales construidas culturalmente (por ejemplo, el homosexual, el heterosexual, queer, lesbiana, gay, etc.). El comportamiento homosexual en animales no debe ser tomado como evidencia de membresía en alguna de estas categorías construidas culturalmente. No hay evidencia de que los animales no humanos clasifiquen a sus conespecíficos de esta manera, ni tampoco existe una razón particular para esperar que lo hagan.

De tal forma, sentados algunos conceptos teóricos fundamentales sobre el tema, en la segunda parte de este artículo abordaremos ejemplos de especies que se involucran en actividad homosexuales rutinarias y que poseen evidencia científica soportada con datos robustos.

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¿Qué son las Licitaciones Públicas?

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Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En México, la manera más fácil de identificar la corrupción es mediante el tema de las licitaciones de obras públicas o adquisiciones de bienes y servicios, las cuales son realizadas por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal. Pero, ¿qué tan importantes y transparentes son éstas?, ¿por qué las licitaciones están en el “ojo de huracán” por parte del Gobierno Federal? Y lo más crítico: ¿realmente gana el mejor postor y el que ofrece el precio más justo para que las dependencias no desembolsen más de lo necesario?.

Se debe partir de que el gobierno, en sus tres niveles, tiene a su disposición un presupuesto previamente programado y autorizado por los respectivos Congresos, esto con el objetivo de hacer el mejor uso del recurso en obras públicas, y que de acuerdo a estudios o proyectos tendrían prioridad en su realización; por lo que las oficinas gubernamentales se convierten en la principal fuente generadora de ingresos y de empleo para muchas personas físicas o morales del ramos de la construcción. Por decirlo de manera coloquial, el gobierno tiene dinero y “debe” darle un buen uso en obras de construcción que impacten en el desarrollo económico y social de la región; pero sobre todo “debe” garantizar que los contratos se realicen en una licitación de acuerdo a la ley y que las personas ganadoras del concurso garanticen que son de perfil adecuado, asimismo, que se trate de la propuesta económica más viable y que cumpla en tiempo y en forma los programas establecidos.

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En un país donde todo los procesos se manejan de manera transparente, se supone que hasta ese punto toda obra pública debe ser ejecutada sin más inconvenientes, sin embargo, pueden existir casos en los que haya un desfase en el tiempo en la entrega. En dichas situaciones, si el problema se debe a causas ajenas al  contratista, la ley marca ciertas prorrogas; en cambio, si es debido a una negligencia de las compañías constructoras, la Ley marca sanciones. En la actualidad, y específicamente en la República Mexicana, se han visto en escándalos varias dependencias gubernamentales y Entidades Federativas, entre las más sonadas se encuentra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Estado de Veracruz. Para entender mejor, cabe señalar que existe una dependencia que regula todo este tipo de transacciones entre contratante y contratado, y es la Auditoria Superior de la Federación (ASF), y ésta a su vez, se basa en la Ley de Licitaciones y Obras Públicas.

En esencia, los tres niveles de Gobierno se rigen bajo las mismas normas y están obligados a publicar todas las obras a licitarse en la página dedicada a la promoción, la cual puede consultarse aquí; en dicho portal se dispone de toda la información útil tanto para los interesados como del público en general. Las licitaciones se dividen en tres tipos: Licitación Pública, por Invitación Restringida y por Adjudicación Directa. Mencionar a detalle de cada una de ellas es hablar principalmente acerca de los montos que se van a contratar, ya que la misma ley marca topes de dinero para cada uno de los supuestos, no obstante, otro factor que se considera para que una obra sea asignada de forma directa, es cuando se trata de una emergencia nacional y donde la obra no puede esperar a todo el tiempo que se llevaría para licitar la obra.

En el caso de Baja California Sur, la Contraloría General del Estado, a través del Artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios, marca los topes de una manera general para las asignaciones, donde se muestran mediante tablas cuales son los montos que se requieren para poder decidir si una obra se licitará públicamente, si se invitará a cuanto menos a tres empresas o si se adjudicará de manera directa. Si una obra no pasa de un monto de 844,990.00 pesos sin IVA, dicha obra se puede asignar a quién el Estado considere que reúne los requisitos indispensables para la ejecución de la misma; si la obra va desde los 844,990.00 hasta los 2 534,700.00 pesos, se pude realizar mediante la modalidad de Invitación Restringida, esto tomando en cuenta al menos a tres compañías; por último, si la obra sobrepasa los 2 534,700.00 pesos, la dependencia contratante está obligada a realizar una licitación pública abierta a todas las persona interesadas.

Tomando en cuenta las malas experiencias de los “arreglos” en las licitaciones públicas de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando se simuló una licitación para el contrato de equipo de cómputo; así como el caso de Sedesol, donde supuestamente se contrató a instituciones educativas para realizar estudios sobre la situación económica de México; y también en Veracruz, Estado que contrató a empresas fantasmas para realizar servicios que no se llevaban a cabo; esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente hacen su trabajo las auditorias y contralorías respectiva?, o mejor dicho, ¿qué tanto responden los Ministerios Públicos?, si es que éstos realizan su trabajo. La corrupción le cuesta al país pérdidas millonarias, pero indudablemente, el tema de las licitaciones es el terreno propicio para fomentarla. En el futuro tenemos que aprender a dar contratos de obras a empresas honestas, para que las compañías constructoras de todo la República tengan la certeza que no existen ¨arreglos¨ con constructoras “a modo”.

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Las “niñas madre”, víctimas de violencia y abuso

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Sexo + Psique

Por Yaroslabi Bañuelos

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hace algunas semanas, en la provincia de Tucumán, Argentina, se dio a conocer un desgarrador caso que conmocionó a la comunidad internacional: “Lucía”, una pequeña de apenas 11 años, fue forzada a dar a luz a través de una riesgosa cesárea. La menor había sido violada por la pareja de su abuela, y como consecuencia de dicha agresión quedó embarazada; cuando se detectó la gestación, la niña expresó de forma contundente su deseo de interrumpir el embarazo: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Sin embargo, ni los médicos ni las autoridades respetaron la decisión de “Lucía” —seudónimo utilizado por los abogados y los medios de comunicación para proteger la identidad de la menor—   y le administraron medicamentos para acelerar el desarrollo fetal.

Cabe señalar que, aunque el aborto no es legal en Argentina, se puede acceder a éste en casos de violación o cuando la vida de la mujer embarazada corre peligro, o al menos eso se supone, pero, según los abogados de la niña, los funcionarios del hospital no coordinaron la interrupción del embarazo de “Lucía” y vacilaron durante semanas, siendo sometida a la cesárea el miércoles 27 de febrero del presente año. No obstante, el actuar de las autoridades por encima de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no fue la única acción indignante en este caso. Unos días después del parto obligado de “Lucía”, el periódico argentino La Nación publicó un editorial titulado “Niñas madres con mayúsculas”; en dicho texto, el diario aplaude y glorifica a las menores que se han convertido en madres, lo cual queda plasmado en frases como “resulta admirable y emocionante ver desplegarse el instinto materno” o “admiración hacia las niñas madres, madrazas por cierto”.

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Lo más peligroso en esta lamentable situación, es que el editorial de La Nación pasa por alto las circunstancias que provocaron esas gestaciones no deseadas y minimiza la violencia real hacia las niñas y mujeres, ya que en su mayoría se trata de embarazos infantiles forzados, aquellos que ocurren en menores de 14 años, casi siempre productos de violaciones y abusos sexuales reiterados. En gran parte de esos casos, es común que en las naciones en vías de desarrollo y países subdesarrollados a las pequeñas se les niegue una atención médica de calidad y se obstaculice la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La periodista española Berna González Harbour señala en un artículo en El País: “La niña fue forzada dos veces: por su violador, y por quien le impuso la cesárea contra su voluntad”. Asimismo, después del caso de “Lucía”, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) declaró que “el embarazo en la infancia no está vinculado al “instinto materno”, es abuso sexual y por tanto el embarazo es forzado”.

Datos y cifras

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría de ellas vive en situaciones de marginación social y pobreza, sin embargo, datos ofrecidos por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) esa cifra se eleva a 2 millones, y se estima que en 2030 serán tres millones las niñas que afronten un embarazo y un parto. Sin mencionar que más del 80% de esas niñas abandonaran los estudios.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el 2016, en México se registraron casi 400 mil nacimientos de madres menores de 19 años, es decir, estos fueron 17 de cada 100 nacimientos reportados en dicho año, de los cuales, 737 fueron por parte de pequeñas de 10 a 12 años y 8 mil 818 de niñas de 13 a 14 años. En 2017 la cifra aumentó, ya que hubo 9 mil 748 partos de madres que tenían entre 10 y 14 años. Entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene el mayor índice de embarazos infantiles y adolescentes; asimismo, América Latina es, a nivel mundial, la segunda región con más embarazos precoces, sólo superada por la región de África subsahariana.

Riesgos y consecuencias

El embarazo temprano pone en riesgo la salud de la joven gestante y del recién nacido, ya que los bebés de madres menores de edad se enfrentan a un 50% más de riesgo en mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida, a diferencia de los bebés de mujeres mayores de 20 años, esto debido al bajo peso al nacer y múltiples complicaciones médicas. De igual forma, la OMS señala que a nivel global, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescente de 15 a 19 años en todo el mundo. Según Unicef, estos casos sobrepasan lo que se considera un “riesgo médico obstétrico”, y abarcan otros problemas de carácter social que afectan de forma grave la integridad psicológica de las niñas. Un embarazo infantil no sólo se trata de atravesar los cambios físicos y emocionales que genera un embarazo normal como lo haría saludablemente una mujer adulta; una niña no cuenta todavía con el desarrollo fisiológico, cognitivo ni emocional para afrontar un alumbramiento, por lo que la gestación se convierte en una tortura tanto física como psicológica para la pequeña.

Hay que reconocer que una niña jamás planea su embarazo, es por ello que el drama de las “niñas madres” no sólo se restringe a la poca o nula educación sexual que existe en las comunidades más pobres, gran parte de estos casos no ocurren por relaciones sexuales consensuadas, son provocados por la situación de desigualdad y violencia generalizada hacia las menores que gobierna en muchos países: violaciones (intrafamiliares), abuso sexual, maltrato, pobreza, marginación, acoso y matrimonios infantiles forzados, entre muchas otras formas de agresión. El año pasado, el ex secretario de Salud, José Narro Robles, declaró que cada día del 2017 hubo dos nacimientos, cuyas madres eran niñas de entre 10 y 11 años. “Pero, ¿cómo es posible? ni biológica, ni moral ni éticamente; esto no está bien”. […] El 70 por ciento de quienes las embarazan — porque las niñas no se embarazan solas, alguien las embarazó— es un adulto de 18 años o más”, dijo Narro Robles en aquella declaración.

No lo olvidemos: las pequeñas que cargan en sus entrañas la pesadilla de la violencia no son “niñas madres”, son niñas violadas, maltratadas, humilladas, torturadas y víctimas de una serie sistematizadas de abusos de todo tipo. El embarazo forzado es una vulneración de los derechos humanos. No existe la maternidad infantil, las pequeñas no tienen la obligación de ser madres, todas las niñas y los niños deben vivir su infancia sin torturas ni sufrimiento, en un ambiente que les permita crecer saludablemente y que favorezca a su desarrollo integral.

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El ejido mexicano: su historia y aportación a la economía nacional (II)

FOTOS: Noé Peralta Delgado.

Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El tema de la propiedad ejidal resulta siempre muy polémico debido al papel que ésta tiene en la actividad económica del país. En lo que respecta a Baja California Sur, se observa que la mayoría de los ejidos aún viven en el atraso económico, muchas veces los ejidatarios poseen amplias superficies de tierra improductivas y sin trabajar; sin embargo, la figura de los ejidos fue fundamental dentro del desarrollo del siglo XX, principalmente estuvo asociada a la Reforma agraria revolucionaria; en la entrega anterior de este artículo se puede profundizar más acerca del origen de los ejidos y su historia.

Para leer la Primera Parte de El ejido mexicano: su historia y aportación a la economía nacional, DAR CLIC AQUÍ

Se dice que no hay malas ideas, sino que las personas que están al frente de éstas son las que ocasionan que dichas ideas fracasen; en la entrega anterior nos quedamos en el año de 1992, cuando se completó el reparto agrario y se dio por finalizado este histórico período, en el que se pretendió hacer justicia y darle a vida al lema La tierra es de quien la trabaja, que hiciera famosa el líder revolucionario Emiliano Zapata. La finalidad de esas causas, eran la reivindicación de los campesinos a los derechos de la propiedad de las tierras labradas.

No obstante, cuando el Gobierno de México inició el reparto agrario entre los campesinos, paralelamente debió introducirse un sistema de educación y profesionalización de la actividad agrícola entre los beneficiados de este programa. El reparto de tierras “entre quienes la trabajan” en esencia no está mal, pero fue la estrategia en la que se dio dicha distribución la que no funcionó; para entender mejor la situación, tomemos como ejemplo el caso de un padre que tiene la necesidad de repartir sus riquezas y propiedades entre sus hijos, ahora imaginemos que los vástagos carecen de educación, preparación y objetivos; cualquiera sabe que dicha riqueza está condenada al fracaso. Algo semejante sucedió con los ejidos.

Mientras se repartían tierras a todo lo largo y ancho de la República Mexicana, se ofrecían créditos accesibles y apoyos económicos para adquirir equipo o invertir en la siembra, por lo que el ejidatario “sobrevivió” durante ese tiempo gracias a la generosa ayuda de los gobiernos en turno a cambio de tener a los campesinos y comunidades dentro “del huacal político”, incluso se empezaron a forjar lideres ejidales que usaban a sus agremiados para beneficio propio, ya sea en cargos políticos o para conseguir buena vida económica familiar. Cuando ya no quedaban propiedades por repartir, después de 36 años de altibajos en la distribución de predios a ejidatarios, llegamos al 6 de enero de 1992, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación que se dio por concluida la repartición de terrenos y sucede lo inimaginable para los precursores de la Reforma Agraria, ya que se modificó el Sistema de Propiedad Ejidal y se inició el proceso de privatización con la incorporación de las tierras al mercado, o dicho de otra manera, los predios comunales podrían ser negociados entre particulares y vendidos a cualquier persona.

Aquel 6 de enero del 92, cuando se publicó la reforma del Artículo 27 constitucional, se dio el siguiente argumento: “el campo ocupa un programa integral de apoyo para capitalizarlo, abrir opciones productivas y construir medios efectivos que protejan la vida en comunidad”. Para emitir una opinión al respecto hay que establecernos en un contexto, ya que los tiempos no son los mismos en 1917 —fecha que inició la repartición de propiedades ejidales— que en la actualidad, ni en México ni en el mundo. Mientras que al inicio del siglo pasado los avances tecnológicos y las luchas sociales eran muy diferentes a hoy en día, encontramos que el sistema comunal de tierras que se ejerció en México no obtuvo los resultados esperados, no obstante, tampoco se puede aprobar una venta indiscriminada de predios por parte de los ejidos, sobre todo porque estas propiedades pueden caer en manos de empresas mineras o empresas extranjeras. En Baja California Sur, dicha situación se presenta mayormente en la parte sur del Estado, en donde han surgido conflictos entre ejidatarios y particulares por ver quién se queda con más tierras, pero no para trabajarlas, sino para venderlas a empresas turísticas extranjeras.

Asimismo, es notorio que gran parte de la población mexicana carece de una cultura de superación personal y que posee una escasa mentalidad emprendedora, lo que provoca que el dinero —producto de las ventas de tierras ejidales— no les dure mucho a los ejidatarios vendedores, y más si recordamos que originalmente los predios se repartieron por el principio de confirmación, lo cual significa que se otorgan terrenos a campesinos que nunca habían tenido propiedades, no cabe duda que cuando no nos cuestan las cosas, no las valoramos tanto.

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La Carretera Transpeninsular y sus accidentes automovilísticos

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Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS).  Hablar de la carretera transpeninsular “Benito Juárez”, es hablar de la historia reciente de la península de Baja California y las dos Entidades que la conforman: Baja California —convertido en Estado el 16 de enero de 1952— y Baja California Sur —decretado el 8 de octubre de 1974. No hay habitante peninsular que no haya transitado esta carretera, o que no tenga anécdotas qué contar, y hasta la mala experiencia de presenciar o vivir un percance automovilístico.

Si la carretera tuviera la posibilidad de comunicarse, sin duda nos relataría muchas historias de amor, aventuras, paseos en familia, pero también nos contaría sobre tragedias ocasionadas por los accidentes de auto. Y es de suponer que, debido a la indiferencia del mexicano, al no atender a los señalamientos que se instalan sobre los lados del camino, suceden la mayoría de las tragedias, y sobre todo, probablemente bajarían las cifras de decesos por volcaduras o choques entre vehículos.

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Hay que decirlo, la mayoría de los accidentes se pueden evitar si el conductor tiene más conocimiento y respeto hacia las señales de tránsito, ya que según cifras de organismos especializados en el tema, el 90% de los accidentes de tránsito son provocados por el factor humano por si sólo o asociados a otros factores; se trata de un porcentaje muy alto que se puede prevenir, precisamente, atendiendo al conductor.

FOTO: Comefilm

La carretera transpeninsular “Benito Juárez”, cuyo nombre oficial —dentro de la nomenclatura usada por la Federación—  es Carretera Federal No. 1, tiene una historia muy interesante, que inicia en el año 1934, en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, con un pequeño tramo entre Tijuana  y Ensenada; esto fue parte del Plan Pro-Territorios Federales para fortalecer el sentimiento nacional entre las regiones lejanas del país. Todavía pasarían muchos años para la inauguración de dicha carretera, el acto oficial se llevó a cabo durante la visita del presidente Luis Echeverría Álvarez, del 30 de noviembre al 5 de diciembre del año 1973. Con ello se acabó el aislamiento de los territorios que conforman la península de Baja California.

Como aportación técnica, a la carretera transpeninsular se le dio el “número 1” debido a que en nuestro país, la ciudad de Tijuana (esquina Noroeste) se toma como punto origen de todas las carreteras federales, donde las autopistas en dirección Norte-Sur llevan el número non, mientras que las que van en orientación Este-Oeste llevan un número par, y aunque muy pocas personas conozcan este dato, la transpeninsular es el origen de toda la numeración. Como dato histórico final, se le llamó Benito Juárez porque el año de 1973 fue declarado como “Año de Benito Juárez”, y todo lo que se inauguraba tenía el nombre de este héroe de la historia mexicana.

Pero regresando al tema de los accidentes automovilísticos, en tiempos recientes, la carretera transpeninsular es un foco rojo por la cantidad de desgracias humanas que han sucedido, sobre todo en un tramo específico, me refiero al intervalo carretero que va desde El Valle de Vizcaíno a Guerrero Negro, por la zona norte del estado de Baja California Sur. Dicho tramo forma parte del corredor Santa Rosalía-Guerrero Negro y consta de 221 kilómetros, asimismo, posee entre 6.10 y 6.20 metros de ancho de calzada (superficie total de rodamiento).

Si suponemos que con el tiempo el “hombro de la carretera” se va desgastando, encontraríamos que el camino llega a tener sólo 6 metros de ancho, esto precisamente entre el ejido Vizcaíno y Guerrero Negro, la parte más crítica de dicho tramo. Como dato digno de medición, cabe señalar que un tractocamión con remolque y pipa, el cual acarrea combustible, mide 2.50 metros de ancho y suponiendo que éste avanza a una velocidad de 80 km/hr, el momento de cruce con otro tractocamión similar debe ser auténtica adrenalina.

Otro ejemplo de los accidentes en la transpeninsular, es el ocurrido el martes 12 de febrero del 2019, donde perdieron la vida dos funcionarias del gobierno estatal y otras dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad; este percance trascendió hasta medios informativos nacionales, creando una reflexión sobre la cantidad de víctimas mortales que han existido y que, desgraciadamente, han sido bastantes.

Nadie se imaginó el desarrollo económico que tendría la región y según anécdotas de los lugareños, la carretera transpeninsular se construyó pensando en la poca población —lo cual era lógico en aquella época— y por el poco presupuesto que se contaba; sin embargo, los tiempos cambian y a poco más de 45 años de aquella legendaria inauguración sucedida en el Paralelo 28, donde se dan la mano actualmente como buenos vecinos los Estados de Baja California y Baja California Sur, ya es tiempo de poner los ojos en la ampliación del camino mediante una bien elaborada modernización de carreteras.

Estos cambios ya se están viviendo en el tramo de La Paz a Ciudad Insurgentes, donde la calzada tiene un ancho de 12 metros muy suficientes, para que la Carretera Federal No. 1 o carretera transpeninsular siga contando hermosas historias de estas tierras, tan lejanas del centro de la República.

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