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La Paz, Baja California Sur (BCS). “Gracias a esta gesta heroica, podemos hablar de que pertenecemos a un país y a un estado libre y soberano; tenemos una enorme fe en el futuro de Mulegé”, dijo a los habitantes de Mulegé Pueblo, la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, presidenta del Congreso del Estado de Baja California Sur a nombre de los poderes públicos del Estado en la ceremonia oficial de la instalación de la sede de los Poderes Públicos del Estado en el 172 aniversario de la defensa heroica de Mulegé, informó el Congreso del Estado.
En la ceremonia encabezada por representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, la oradora oficial hizo un recuento de los hechos históricos de la gesta enfatizando que “hoy estamos aquí, pueblo y gobierno, para honrar el legado de los valientes héroes que defendieron nuestra tierra de los invasores”.
Afirmó que la historia de Mulegé y Baja California Sur ha sido una constante lucha por lograr un proyecto de país independiente, soberano con justicia, y sobre todo el derecho a conquistar una vida más justa y digna.
A los Muleginos dirigió que los distingue el trabajo cotidiano y productivo, tierra que en el pasado reciente ha sorteado problemas, sigue de pie, y no se deja vencer, “y así debe de ser siempre, no debemos de cambiar, pues tenemos que seguir luchando cada día para ser mejores y trabajar cada día más, por la tierra que tanto nos ha dado”, afirmó.
Es el municipio más grande del estado y el segundo más extenso de todo el país, toma el nombre de esta heroica tierra que se cubrió de gloria al rechazar la invasión estadounidense. Es con el ejemplo de los defensores de Mulegé, donde debemos encontrar las respuestas que nos plantee cualquier circunstancia adversa, aseveró.
En la ceremonia tocó al diputado representante del distrito catorce, Marcelo Armenta dar lectura al Decreto 202 que determina el cambio temporal de la sede de los poderes del Estado durante el día 2 de octubre de cada año y nombra al edificio de la delegación municipal de Mulegé como recinto oficial de los poderes del Estado, el decreto entró en vigor en septiembre de 1980.
