FOTO: Congreso de BCS.
La Paz, Baja California Sur (BCS). Con 4 votos a favor y 15 en contra, el pleno del Congreso del Estado rechazó la proposición con punto de acuerdo de la diputada Blanca Márquez Espinoza mediante el cual se buscaba dar continuidad al proceso de la iniciativa con proyecto de decreto presentada el 5 de diciembre de 2023, el cual reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Participación Ciudadana para BCS en Materia de Revocación de Mandato y se expide la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Baja California Sur.
A través de un comunicado oficial, se da a conocer que Márquez Espinoza propuso que el pleno acuerde dar cumplimiento al Artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo respecto a llevarse a cabo la iniciativa referida, “qué razón tiene presentar iniciativas si sólo quedarán en eso, si no serán discutidas, dónde queda el trabajo y estudio realizado en su elaboración, como coloquialmente se dice, se quedan en la congeladora, violando todo lo mencionado”, y lamentó, el tener que acudir a tribuna para exigir que se cumpla con los procesos legislativos, así como el que las comisiones y quien preside la mesa directiva cumplan con sus obligaciones y se discuta.
La Diputada insistió en que el asunto presentado trata de un derecho constitucional y “tiene que ser tratado de manera urgente por este Poder Legislativo, ya que de no ser así, estaremos limitando y dificultando el uso de un derecho que nosotros mismos ya le hemos otorgado a los sudcalifornianos”.
No obstante, el pleno de la XVI Legislatura descartó el punto, toda vez que, en la discusión del tema, el diputado José María Avilés Castro expresó su voto en contra, al enfatizar que no podía ser sometido a consideración al no existir una partida presupuestal para la realización de dicha consulta en 2024: “Los tiempos no están rebasados, hay un dictamen y tenemos que, de manera responsable, emitir en el anteproyecto de presupuesto de 2025 una partida que consolide los gastos con una solicitud presentada”, afirmó.
Añadió que, lo anterior atiende a lo mandatado en el Artículo 16, Párrafo Segundo, de la Ley de Disciplina Financiera, el cual dice a la letra “Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del pleno de la legislatura local deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto”, condición que no se consideró en el punto de acuerdo, dejando sin materia la propuesta presentada por la diputada Márquez Espinoza.
El punto de acuerdo solicitaba que otra comisión agilizará la elaboración del dictamen cuando éste ya está listo, sólo que de acuerdo al proceso legislativo y de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera en su Artículo 16, Párrafo Dos, ningún proyecto de dictamen se puede presentar mientras no se tenga la estimación del impacto financiero, de lo que va a costar un ejercicio. Esto en virtud de que la propia ley indica que en los tres meses después de concluirse los tres primeros años de ejercicio gubernamental, se iniciará con el procedimiento, en esto hay requisitos que no se substancian en poco tiempo, como el de recabar 60 mil firmas de solicitantes de la consulta para que pueda llevarse a cabo la consulta de revocación. Además. el proyecto de presupuesto que se presenta en agosto, debe de incluirse el recurso necesario para esta consulta.
Finalmente, manifestó su sorpresa ante el punto de acuerdo presentado por su homóloga, al mencionar que en la actual legislatura se ha trabajado para ser cuidadosos en la diplomacia y entendimiento antes de hacer planteamientos como el antes presentado, debiendo haber sido consensuado con las y los diputados de las comisiones dictaminadoras; Avilés Castro añadió estar en acuerdo con la consulta, “ya que la revocación de mandato es una herramienta fundamental para la ciudadanía, tan es así que ya se han realizado dos con anterioridad”, indicó.
